lunes, 23 de abril de 2018

Presupuestos 2018: cómo afectarán a la pensión

MADRID.- Las pensiones de los trabajadores autónomos son, en líneas generales, la más reducidas del grueso de los pensionistas.  De hecho, la pensión media del autónomo alcanza los 646,30 euros mensuales según establece la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) y 720,09 euros conforme a lo aportado por el Ministerio de Empleo, una cifra limitada, según recoge infoautonomos.eleconomista.es.

Estas cifras son motivo de reivindicaciones por parte del colectivo y tienen que ver con el incremento de la pensiones contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 aún a falta de aprobación y puesta en marcha.
¿A cuánto asciende ese incremento en la pensión del autónomo?
Desde la asesoría online de Infoautónomos analizamos la subida y las razones por las que las prestaciones por jubilación de los autónomos son tan estrechas.
El pasado verano nos hacíamos eco de que las intenciones del Gobierno pasaban por un incremento anual en las pensiones del 0,25%, el mínimo establecido por ley. Esta subida básica se mantendría hasta el año 2022 pero las peticiones populares ha obligado al ejecutivo a dar un giro de tuerca en las Cuentas Públicas de 2018 y finalmente el incremento será mayor de lo esperado.
La partida presupuestaria para estas prestaciones sociales alcanza 127.110 millones, un 3,5%  más que en 2017, periodo en que el aumento de las pensiones fue de apenas 0,25%.
El porcentaje de incremento de las pensiones en 2018 queda establecido de la siguiente forma:
  • 3% de incremento en las pensiones mínimas y no contributivas
  • 2% para las pensiones de viudedad
  • 1.5% para pensiones por debajo de 700 euros mensuales
  • 1% para pensiones entre 700 y 800 euros mensuales
Como ya hemos indicado, la pensión media del autónomo no alcanza los 700 euros, por tanto, según lo indicado con anterioridad,  el incremento estimado para estas pensiones es del 1,5% . Este aumento revalorizará diez euros mensuales la cuantía de la pensión.
Sin embargo, la subida se queda corta; una gran parte de los autónomos seguirán cobrando una pensión tan estrecha que no alcanza los 735 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si tomamos como referencia la aportación de UPTA,  la pensión media del autónomo pasará de los 646,30 euros actuales a 655,99 euros.
El menor de los incrementos previstos, el del 1% se aplicará sobre las pensiones entre 700 y 800 euros.
La pensión media del autónomo varía entre los 640 y 720 euros en función de la fuente de información y el periodo establecido.
Sin embargo, en lo que no hay variación es en la brecha existente entre la pensión del autónomo y el asalariado que llega a ser de 500 euros.  Esta diferencia abismal es uno de los principales motivos por lo que el trabajador por cuenta propia continúa cotizando tras alcanzar la edad de jubilación en lo que se conoce como jubilación activa.
La falta de un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales da lugar a que el 80% de los autónomos esté cotizando, hoy por hoy, por la base mínima lo que redunda en unas coberturas sociales muy limitadas, especialmente la pensión del autónomo que es irriosoria si  el trabajador siempre ha cotizado por la base mínima.
Desde Infoautónomos recomendamos optar por cotizaciones superiores a la mínima cuando los resultados de la actividad económica lo permitan y muy fundamentalmente conforme el autónomo se aproxime a la edad de jubilación.

Rota será un cuartel estratégico de la UE tras el ‘Brexit’

MADRID.- Rota ya es la mayor base de la Armada española y, probablemente, de la US Navy en el sur de Europa. Tras el Brexit, en marzo próximo, se convertirá también en uno de los cinco cuarteles generales estratégicos (OHQ) de la UE, en sustitución de Northwood (Reino Unido), lo que supondrá una inversión de 1,5 millones y la incorporación de unos 50 militares europeos. Rota aspira también a relevar a Northwood al mando de operación Atalanta de lucha contra la piratería, según revela hoy El País.

El ejercicio Milex 18, que se desarrolla desde el pasado 13 abril hasta el próximo miércoles, servirá para certificar a Rota como cuartel general operacional de la UE, listo en todo momento para ejercer el mando de cualquier misión u operación en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).
Nadie duda de que Rota superará con creces el examen ya que la base naval, que alberga cuatro destructores lanzamisiles estadounidenses y el cuartel general de la Flota española, está preparada para misiones más exigentes que las “no ejecutivas” a las que se limita la UE. Coincidiendo con este ejercicio, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, junto a una amplia delegación de diplomáticos y representantes militares de la UE y la OTAN visitará este lunes la base.
Con su designación, Rota se sumará a otros cuatro cuarteles generales que ya tiene la UE: París (Francia), Postdam (Alemania), Larissa (Grecia) y Roma (Italia). Y sustituirá a Northwood, cuando Reino Unido salga de la Unión. Estos cuarteles están a mitad de camino entre el Estado Mayor de la UE, en Bruselas, y al mando de la fuerza en el teatro de operaciones.
Defensa estima en 1,5 millones la inversión necesaria para acomodar el nuevo cuartel general, en el que trabajarán 95 militares, la mitad españoles y el resto de los 26 países socios. Gran parte del coste lo pagará la UE, según las fuentes consultadas.
Pero España no quiere que Rota sea un cuartel general solo sobre el papel o inactivo y pretende que herede de Northwood el mando de la Operación Atalanta de lucha contra la piratería, que desde 2009 desarrolla la UE en el Cuerno de África.
Esta aspiración tropieza, sin embargo, con la competencia de Italia, que quiere llevarse el mando de Atalanta a Roma, desde donde se dirige la Operación Sophia de lucha contra el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo central. El argumento italiano es que agrupar las dos misiones en un mismo cuartel general facilita las sinergias y ahorra costes. Justo lo contrario de lo que argumentó en su momento para oponerse a que Sophia se dirigiera desde Northwood.
Consciente de que la batalla no está ganada, España se ha buscado un poderoso aliado. Según adelantó Abc, Cospedal y su homóloga francesa, Florence Parly, remitieron el pasado 28 de marzo a la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, una carta en la que presentaban la candidatura conjunta de Rota, que asumiría el mando de la EUNavfor Somalia, y la base francesa de Brest, que se haría cargo del Centro de Seguridad Marítima del Centro de África (MSCHOA). Este centro, también ubicado en Northwood, vigila permanentemente el tráfico marítimo desde el golfo de Adén hacia el mar Rojo.
España considera que tiene argumentos sobrados para reclamar el mando de la Operación Atalanta. No solo fue uno de los más firmes impulsores de su puesta en marcha, sino que ha sido el único país que ha mantenido una presencia permanente en el teatro de operaciones, con la participación de 37 buques de la Armada y 31 destacamentos del Ejército del Aire durante la última décda. Actualmente, España aporta el buque de aprovisionamiento Patiño y un avión de patrulla marítima P3 Orion desplegado en Yibuti.
Más allá de la Operación Atalanta, España es el único país que ha participado en todas las operaciones de la UE y en este momento es su mayor contribuyente: un 30% de todos los efectivos de las misiones militares europeas son españoles.
La base de Rota tiene, además, acreditada su “eficacía, experiencia, accesibilidad, seguridad y garantía de disponibilidad”, en palabras del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fernando Alejandre.
Los expertos coinciden en que el traslado a Rota del mando de la operación Atalanta sería lo más lógico desde el punto de vista militar y lo más justo desde el punto de vista político. Pero el Ministerio de Defensa no se fía y por eso ha buscado la complicidad de Francia y el apoyo de Alemania. La última palabra la dirá, previsiblamente en mayo, la italiana Mogherini.

La banca analiza instalar oficinas multimarca en zonas rurales

MADRID.- El proceso de cierre de oficinas es imparable. No así el del recorte de las plantillas de las entidades financieras. Eso es al menos lo que aseguran tanto en el sector financiero como entre los supervisores bancarios. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, reiteró el pasado día 10 de abril en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, que España cuenta “con muchas oficinas en comparación con Europa”, razón por la que el proceso de cierres debe seguir. Durante el pasado año entre bancos y antiguas cajas de ahorros clausuraron 1.379 oficinas al situar su número total en 27.320 locales, según datos que publica hoy Cinco Días.

Nada que ver, no obstante, con los 4.286 cerrojazos que se dieron en 2013, el mayor de la historia. En total, desde que se inició la crisis financiera en 2008 hasta 2017 la red comercial del sector se ha reducido de media un 40%, aunque si solo se analiza el de las entidades asociadas a CECA el porcentaje se eleva a un 44,5%.
Pero las tendencias han ido variando a lo largo de la década de crisis. Así, mientras que inicialmente, el declive de las cajas de ahorros, con sus necesidades de ayudas públicas, desembocaron en una fuerte reestructuración de estas instituciones, ahora son los bancos los que están desprendiéndose de un mayor número de locales. El pasado año los bancos asociados a la AEB prescindieron de 734 agencias, para situar su número en España en 15.074. En el caso de las antiguas cajas los cierres ascendieron a 645 oficinas al contar en diciembre de 2017 con 12.246 oficinas.
En cuanto a las plantillas, el goteo de salidas se mantiene en el sector desde 2009, aunque, como es lógico se va atenuando, aunque el recorte de empleo sigue siendo significativo. En 2017 salieron 4.019 empleados entre bancos y antiguas cajas, número bastante inferior a los 8.551 trabajadores que tuvieron que abandonar sus puestos en 2016, o a los 18.443 que salieron en 2013, el mayor número de la historia como consecuencia del ajuste sufrido en las cajas.
Pero al contrario de lo que pasa en el cierre de oficinas, el goteo de salidas en las entidades asociadas a la CECA siguen siendo superiores. En 2017 dejaron su trabajo en estas firmas 2.398 personas, para situar el número de empleados en 72.344. Mientras que la cifra de despidos se reduce a 1.621 si se analizan solo los bancos de la AEB. 
En conjunto, la plantilla de bancos y excajas ha disminuido un 31,6% en el sector desde 2008, aunque el porcentaje se eleva al 39,3% si únicamente se tiene en cuenta a las firmas adheridas a CECA. Solo en 2017, el recorte de plantilla se sitúa en un 2,1%, que se eleva a un 3,2% en el caso de las asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Varias fuentes financieras aseguran que tras estos drásticos recortes, “las salidas seguirán, pero serán mucho más moderadas”. Fuentes sindicales, de hecho, mantienen que “la fusión de las redes de Santander y Popular supondrá también salidas de empleados, pero estamos convencidos de que serán inferiores a ajustes anteriores”. 
La razón, la firma que preside Ana Botín no quiere cerrar demasiadas oficinas urbanas. Además, está embarcada en un proyecto para crear sucursales mucho más grandes, que necesitan más empleados por agencia.
Un estudio del BCE señala que en España el número medio de empleados por sucursal es de 6,5, frente a los 13,1 del conjunto de Europa. Por cierto, Santander ha comenzado a fusionar unas 200 sucursales suyas con las de Popular. 
Fuentes sindicales aseguran que esta iniciativa se debe a que una gran parte de estas oficinas estaban prácticamente al lado, y lo que ha hecho la entidad que preside Ana Botín es trasladar a los trabajadores de Popular a la agencia de Santander, pero con sus ordenadores y con sus clientes. 
“Aún no es una unión de redes por su fusión. En el caso actual los empleados de Popular y Santander pueden compartir local, pero no clientes”, explican estas fuentes.
Volviendo al tema inicial, este cierre masivo de oficinas en la última década ha provocado que 1,3 millones de españoles de zonas rurales, según datos de 2016, hayan sido excluidos financieramente al no tener oficinas bancarias en su zona de residencia. 
Las últimas estadísticas del Banco de España indicaban que hasta un 70% de los pueblos de menos de 100 habitantes, y más de la mitad de los pequeños municipios de todo el país ya no tienen sucursal en sus territorios.
Esta exclusión financiera ha logrado sensibilizar a las entidades, o puede que haya sido por alguna recomendación de los supervisores, pero lo cierto es que en el sector se ha abierto un debate para buscar vías de colaboración entre el conjunto de los bancos. Una de las ideas es crear oficinas multimarca en las zonas rurales, aquellas donde no hay sucursales para que el cliente pueda realizar su operativa.
El proyecto pasaría por compartir locales, pero cada entidad se turnaría en días de la semana. Esta iniciativa, gestada entre los bancos de la AEB, o por lo menos comentada por esta asociación, no sería la única fórmula de colaboración que analiza la banca.
Compartir centros tecnológicos, incubadoras y aceleradoras fintech, crear una tarjeta de crédito común, o plataformas como ocurrió con la aplicación de pequeños pagos inmediatos Bizum o con la fusión de los tres medios de pago existentes hasta ahora (Servired, 4B y Euro 6000), forman parte de este debate abierto para estrechar la colaboración en el sector financiero, que permitirá ahorrar costes.

La banca vendió 50.758 millones en ladrillo tóxico a los fondos en el 2017

BARCELONA.- España lideró el año pasado la venta de carteras de hipotecas morosas en Europa, con la venta de créditos con un valor nominal de 50.758 millones de euros (de los 104.000 millones que se traspasaron en toda Europa), según el estudio sobre el inmobiliario problemático elaborado por la consultora Evercore que recoge La Vanguardia

En el 2017 el Santander, con la venta del ladrillo del Popular a Blackstone por 30.000 millones de euros, y BBVA, con la venta de una cartera de 13.000 millones a Cerberus, se situaron entre los cinco mayores vendedores de Europa. “Es previsible que este año y el que viene volvamos a ser líderes en la venta de inmuebles adjudicados e hipotecas morosas” señala Íñigo Laspiur, director de Finanzas Corporativas de la consultora CBRE. “Ahora mismo ya hay carteras en venta por más de 8.000 millones”.
Durante los primeros años de la crisis financiera, fueron las entidades de Irlanda y Gran Bretaña quienes lideraron la venta de activos inmobiliarios adjudicados, pero ahora han tomado el relevo los bancos españoles e italianos (líderes en operaciones en el primer trimestre de este año). “La regulación del BCE, que dispara las provisiones y sobre todo las directrices contables que les obliga a aumentar las dotaciones de capital, están acelerando las ventas de los activos tóxicos”, señala Laspiur. Las ventas, además, se ven impulsadas por la recuperación del mercado inmobiliario y por el alto nivel de provisiones que ya han realizado los bancos. “En la mayoría de ventas las entidades bancarias ya ganan dinero, o al menos no pierden”.
Laspiur explica que a esto contribuye que los fondos están aceptando precios más altos por el ladrillo tóxico español: si en el 2013, cuando la Sareb empezó las primeras ventas en bloque, exigían retornos del 15% anual para comprar los activos, ahora las rentabilidades han bajado hasta apenas el 8% cuando compran créditos hipotecarios sobre inmuebles de calidad.
Las ventas de carteras de activos, por su gran tamaño, están en manos de muy pocas entidades. “Solo Blackstone, Cerberus, Apollo y Lone Star pujan por carteras de más de 5.000 millones de euros, mientras que en operaciones más pequeñas están también muy activas firmas como Bain Capital, Oaktree o el Deutsche Bank”, señaló Laspiur. Esta falta de competencia permite a los fondos comprar inmuebles a un precio muy por debajo del de mercado. “No es sólo por una cuestión de tamaño –añade–. Los fondos asumen el riesgo de gestionar las deudas (con una negociación con el deudor o en los tribunales) para acceder a la propiedad del inmueble. Es un proceso sofisticado, que atrae a pocas empresas”. Para las entidades financieras, sin embargo, “la venta de activos adjudicados y créditos morosos en grandes paquetes les permite acelerar su saneamiento y liberar recursos, porque vendiéndolos uno a uno tardarían años”.
Laspiur señala que el 2017 marcó un punto de inflexión en la estrategia de los bancos de desinvertir en el ladrillo. “Antes se estaban haciendo operaciones pequeñas. Sareb, por ejemplo, el más activo, ha hecho más de 30 ventas, seguido por el Sabadell, CaixaBank y Bankia. El año pasado, sin embargo, Santander y BBVA crearon un vehículo (una sociedad) al que aportaron sus activos malos, y lo vendieron quedándose una participación minoritaria, lo que les permite a la vez desconsolidar los activos y retener parte de la propiedad para beneficiarse de las subidas de precios que está viviendo el mercado inmobiliario”, señala Laspiur. “Es una fórmula muy buena, y creo que vamos a ver más operaciones este año”. A su juicio, serán la Sareb, CaixaBank y Sabadell las entidades que van a liderar las ventas del ladrillo este año.
En conjunto, las entidades financieras del sur de Europa concentran ahora el grueso de los inmuebles adjudicados y créditos morosos de Europa, según los datos de la consultora Evercore, que prevé que este año se cierren operaciones por valor de unos 80.000 millones, con España de nuevo a la cabeza (en estos momentos supone el 78% de las carteras en venta en Europa, según la consultora). España, recuerda Íñigo Laspiur, empezó la limpieza del ladrillo de las entidades financieras en el 2013, tarde respecto a los países anglosajones, pero antes que Italia o Grecia, que apenas han empezado. “Los grandes fondos miran al sur”, señala. Los italianos Monte de Paschi y Banca Marche estuvieron ya el año pasado entre los vendedores más activos, mientras que en Grecia los cuatro grandes bancos están bajo presión de las autoridades comunitarias para acelerar su saneamiento.
El banco malo español o Sareb es el mayor propietario de Europa de activos tóxicos, según Evercore, con unos activos adjudicados por 75.000 millones, por delante del de Irlanda (le quedan 27.000 millones) y Reino Unido (20.000). Los bancos más afectados son italianos (Intesa San Paolo, Unicredito, Atlante Fund y Monte dei Paschi) y griegos (Pireus y Alpha). En España es el Sabadell, con activos adjudicados y créditos morosos de 14.000 millones, que tras los saneamientos son apenas 4.000.

Renta 2017: ¿Cómo tributa el rescate del plan de pensiones?

MADRID.- Durante toda la vida laboral, el plan de pensiones es de las pocas cosas que provocan una sonrisa a la hora de hacer la declaración porque las aportaciones son de las escasas cosas que deducen directamente.

Pero los planes de pensiones se convierten en un disgusto fiscal en el momento de rescatarlos. Porque no es cierto que las aportaciones a planes de pensiones estén exentas de tributar como algunos piensan, lo que ocurre es que se difiere su tributación hasta el momento del rescate. Y es entonces cuando llega el susto. 
En principio, los planes de pensiones están pensados para ser rescatados en el momento en que el contribuyente se jubila. Pero durante la crisis, el Gobierno ha modificado la ley en varias ocasiones para ser algo más flexibles con la liquidez de este tipo de ahorro. 
En la actualidad es posible rescatar el plan de pensiones en casos de especial vulnerabilidad del contribuyente como invalidez, desempleo de larga duración, enfermedad grave, defunción del contribuyente en cuyo caso los herederos pueden rescatarlo, o desahucio de la vivienda habitual.
Además, en reforma del IRPF de 2015 Gobierno aprobó una modificación legal, cuyo reglamento acaba de ser aprobado, para permitir que las aportaciones realizadas antes de 2015 puedan ser rescatadas, sin ninguno de los requerimientos anteriores, pasados 10 años. Es decir, en 2025.

Son rentas del trabajo

Pero sea cual sea el motivo del rescate, el tratamiento fiscal es el mismo. Todo el dinero rescatado de un plan de pensiones se considera o, al menos, se trata como si fuera un rendimiento del trabajo y tr ibuta el tipo marginal del contribuyente, entre el 19% y el 45%.
Por lo tanto, rescatar un fondo de pensiones de una sola vez puede significar que la factura fiscal sea más alta que toda la rentabilidad obtenida a lo largo de la vida del fondo. 
Y es que si un contribuyente declara 25.000 euros anuales y tiene en el plan de pensiones un fondo de 80.000 euros que decide rescatar de golpe, su base imponible ascenderá hasta los 105.000 euros en un año, en el que pasará de tributar un 16% de tipo efectivo de IRPF a un 34%.

Rescatarlo de golpe, penaliza

Con estos datos, la opción de jubilarse y rescatar de golpe todo lo aportado al plan de pensiones es la menos aconsejable. Para atenuar el impacto fiscal, lo mejor es rescatarlo en forma de renta recibiendo cantidades periódicas o esporádicamente según le interese.
También se puede hacer una fórmula mixta parte en capital y parte en renta. Esta fórmula es especialmente aconsejable para aquellos contribuyentes que hubieran realizado aportaciones a un plan de pensiones antes del 1 de enero de 2007, puesto que para ellos todavía sigue vigente la ley anterior según la cual se aplica una reducción del 40% a las cantidades rescatadas de un plan de pensiones en forma de capital. De esta forma solo se paga el 60% de impuestos y no el 100%.

El año de la jubilación, no es el mejor para recuperar el ahorro

Para poder acceder a este trato fiscal excepcional, el contribuyente que se haya jubilado en 2017 tiene que rescatar el plan de pensiones o parte de él en forma de capital durante los tres años posteriores a la jubilación o al motivo por el que lo rescata.
La premisa no es valadí. En el caso que el motivo del rescate sea la jubilación, conviene darse un plazo y no rescatar el plan en mismo año de esa contingencia. Puesto que ese año todavía habrá ingresado parte de su sueldo y la cuantía a consignar en la declaración como rentas del trabajo será más alta que en años venideros cuando como pensionista sus ingresos por “rentas del trabajo” que así se considera también la pensión serán seguro más bajos.

La recuperación económica no llega a la escuela pública pero sí a la concertada

MADRID.- Por segundo año consecutivo, el gasto público en enseñanza concertada marcó un récord. En 2016, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas gastaron en concierto 6.055 millones de euros, casi 140 más que en 2015 y la cifra más alta de la serie histórica que arranca en 1992, según la Cadena SER. 

Con respecto a 2009, el año en el que ha habido más inversión educativa en España, el gasto en concertada ha subido en casi 165 millones de euros. Si hacemos la comparación con 2012 - cuando el Partido Popular llegó al Gobierno - ha aumentado en 346, 6 millones (un 6,11%).
La enseñanza pública, sin embargo, aún sigue por debajo de los niveles precrisis: en 2016 se alcanzaron los 41.500 millones, 6.400 millones menos que en 2009. Con respecto a 2012 la inversión en educación pública supera ya en 753 millones la que había entonces aunque sigue muy lejos de sus mejores años.
A las cifras de inversión hay que añadir que el número de alumnos entre 2009 y 2016 ha aumentado en la enseñanza pública en 493.449 (un 9,85%). En los centros privados - que incluye concertados y no concertados - ha subido en 176. 165 (7,2%).
El sociólogo de la Educación, José Saturnino Martínez, ve en estas cifras el reflejo de una apuesta ideológica especialmente en algunas comunidades autónomas: "Está aumentando la concertada en comunidades como Madrid que están dando más facilidades para que se abran plazas en la concertada y hay una visión de la pública más como subsidiaria de la iniciativa privada en educación".
Madrid y Murcia son las comunidades donde más ha aumentado el gasto en conciertos en los últimos siete años, aunque en 2016 la subida fue generalizada. Solo bajó a la inversión en este tipo de centros en Castilla-La Mancha respecto al año anterior.

Prisión provisional para el parricida de El Ejido por presunto asesinato y malos tratos

EL EJIDO.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de El Ejido ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre que el pasado viernes fue detenido por la muerte de su hijo de nueve años en este municipio, un crimen que será tramitado como un caso de violencia de género.

El juez investiga al presunto parricida por un delito de asesinato, un delito de maltrato hacia su pareja y un delito contra la integridad moral de otro hijo de 12 años, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) en un comunicado.
Entre la pareja no constan antecedentes por malos tratos que hayan sido denunciados pero la causa será tramitada, sin embargo, como un caso de violencia de género tanto por el presunto maltrato inflingido a su pareja como por el hecho de que la muerte del propio hijo tuvo la intención de hacer daño a su madre.
El detenido se entregó el pasado viernes a la Guardia Civil por presuntamente acabar con la vida de su hijo de nueve años de una puñalada en el núcleo poblacional de Balerma, adscrito al municipio de El Ejido y fue trasladado hasta el cuartel de Santo Domingo.
Los hechos tuvieron lugar antes de las 16,15 horas del viernes en el número 61 de la calle del Mar, cerca del paseo marítimo de la localidad costera, si bien el cuerpo sin vida del menor fue levantado poco antes de las 20,00 horas con la llegada de la comitiva judicial.
Hasta el lugar se desplazó un equipo de emergencias sanitario que no pudo hacer nada para salvar la vida del menor y que tuvo que trasladar hasta el Hospital de Poniente de El Ejido a la madre del fallecido y a su hermano porque ambos sufrían una severa crisis de ansiedad.
El detenido, de nacionalidad rumana al igual que su esposa, se encontraba en el interior de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo del menor, quien, al igual que su hermano, había nacido en el país. Según los primeros indicios, la madre estaba trabajando cuando sucedieron los hechos.
A la espera de esclarecer los hechos, el titular de Primera Instancia e Instrucción 4 de El Ejido, en funciones de guardia, ha decretado el secreto sobre las actuaciones.
Centenares de vecinos acudieron el sábado a la Plaza de La Torre de Balerma, en la que se guardaron cinco minutos de silencio en señal de duelo por este niño de nueve años.
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, acudió al acto junto a miembros de la Corporación y cientos de vecinos, que se sumaron al dolor de los familiares, amigos, profesores y compañeros de clase de la víctima, según informó el Ayuntamiento en un comunicado.
El alcalde quiso lamentar «este trágico y terrible hecho que ha dejado consternado al núcleo de Balerma, y sumido a los vecinos en un profundo dolor ante el cruel parricidio de este menor», y aseguró que esta familia de origen rumano «estaba asentada en el municipio, ya que llevaba muchos años residiendo y conviviendo en esta localidad».
Igualmente, Góngora señaló que «es difícil concebir o llegar a entender cómo un padre puede arrebatar de forma tan cruel la vida a un niño indefenso y pequeño» y quiso, una vez más, trasladar en nombre de todos los ejidenses «las condolencias a la familia, especialmente a la madre y el hermano, allegados y compañeros de la víctima, en estos momentos tan duros y trágicos para ellos».
Por último, Ayuntamiento de El Ejido han informado de que han puesto a disposición de la madre y el hermano del menor fallecido una vivienda, ya que en la que residían se encuentra precintada. Además, ha ofrecido apoyo psicológico a los familiares.

La Guardia Civil describe el "descontrol" de los ERE

SEVILLA.- El responsable del grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descrito este lunes el descontrol del sistema de ayudas de los ERE al no existir solicitudes, requisitos, norma reguladora y omitirse "no sólo la fiscalización previa sino el control posterior de la ayuda".

El juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un procedimiento específico con el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, según la Fiscalía, de forma arbitraria y eludiendo los controles ha entrado hoy en una nueva fase con el inicio de la comparecencia de los casi 150 testigos previstos.
El primero de ellos ha sido el responsable de la unidad de delincuencia económica de la UCO al frente de la investigación desarrollada desde el 2011, quien ha señalado que fue "muy difícil" realizar dicha tarea porque "faltaba mucha documentación" relativa a la concesión de las ayudas de los ERE.
Y es que según ha declarado el agente, durante dicha investigación la Guardia Civil constató que no había "solicitudes" de las ayudas ni "ninguna motivación", "no había requisitos" para acceder a las mismas, "no hay norma reguladora por parte de la administración" y no constaba fiscalización de las ayudas.
"Este procedimiento no solamente omitía la fiscalización previa sino el control posterior de las ayudas", ha defendido, ya que no se crearon las comisiones de seguimiento previstas en el convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA/IDEA a partir del cual se utilizó a dicha agencia como "caja pagadora" de las ayudas con fondos que Empleo le hacía llegar mediante transferencias de financiación.
No obstante, ha señalado que dicho sistema comenzó a usarse en 1999 ante un problema planteado por la Intervención respecto a unas ayudas a la empresa Cárnicas Molina con el fin de "agilizar todo, y dentro de la agilidad entra la discrecionalidad y como había problemas con la fiscalización crítica, van a este procedimiento".
Un sistema que "no lo idea el señor Guerrero", en alusión al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, sino que "le viene dado" por sus "superiores" y en el que aparecen desde el principio "una pluralidad de conseguidores" que buscaban a comités de empresa, sindicalistas y empresas a las que les ofrecían reajustes de plantilla financiados por la Junta.
Las mediadoras Vitalia y Uniter, el bufete Villasís o el exsindicalista Juan Lanzas son algunos de esos "conseguidores" que aparecen desde los primeros ERE subvencionados y se repiten en muchos de ellos.
Según el agente de la UCO, constan en la investigación declaraciones que coinciden en indicar que "Uniter entra de la mano de Antonio Fernández y Vitalia de la mano de Guerrero" así como transferencias de dinero de Vitalia a Guerrero o "listas de regalos" para políticos de la Junta.
Preguntado sobre el conocimiento de ese sistema por parte de todo el Gobierno andaluz, el guardia civil ha dicho entender que de la existencia de las ayudas "eran conscientes" y del "procedimiento exacto" ha defendido que en las modificaciones presupuestarias para incrementar la partida del programa, el Consejo de Gobierno puede ver "que se están cambiando partidas de un tipo de fiscalización a otro tipo y se especificaba para qué eran" dichas modificaciones.
Para este testigo, "detectan un problema y el Gobierno toma una decisión que se ve refrendada a través de las modificaciones presupuestarias" que pasan diferentes vistos buenos.
Por ello, a su juicio, el sistema de pago de las ayudas vía IDEA mediante transferencias de financiación -sin fiscalización previa y cuyo uso era "inadecuado" según la Intervención- "el Gobierno en general debería saberlo" cuando además viene reflejado en las modificaciones presupuestarias que "pasan demasiados filtros y se perpetúa a lo largo de tantos años".
Además, según el agente, las declaraciones tomadas a Guerrero dejan claro que los diferentes consejeros se interesaban por las ayudas a empresas de sus respectivas provincias como en el caso del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que "participaba en reuniones con colectivos de trabajadores y empresas" de Jaén.
La declaración de este testigo continuará este martes, ya que este lunes sólo le han preguntado el fiscal, el abogado del PP-A y los letrados que defienden al expresidente José Antonio Griñán y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

La cabecera del Tajo trasvasará 38 hm3 al Segura tras aumentar su capacidad

TOLEDO.- Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han sumado en una semana 81,22 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, con lo que disponen de 647,66, por encima de los 645 que marca el nivel legal por el que pueden trasvasarse al Segura 38 al mes, en lugar de 20 cuando tiene de 400 a 645.

Tienen ahora el 26,17 por ciento de su capacidad total de embalse, que es de 2.474 hm3.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 5 de abril la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del pasado día 3 por el que autoriza transferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses, a razón de 20 mensuales, a través del acueducto Tajo-Segura, dado que el nivel no superaba esos 645 que permite ampliar la cantidad que se transfiere a 38.
Según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía tiene esta semana 344,397 hectómetros cúbicos de agua embalsada, que son 37,60 más que la semana pasada, lo que supone el 21,01 por ciento de su capacidad total de embalse, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.
A su vez, la reserva de agua en el pantano de Entrepeñas ha subido 43,91 hectómetros cúbicos, de forma que almacena 303,27 hectómetros cúbicos, el 36,31 por ciento de su capacidad total, que se sitúa en 835 hectómetros cúbicos.
Hace un año por estas fechas los pantanos de cabecera del Tajo almacenaban 406,45 hectómetros cúbicos, es decir, un 16,42 % de su capacidad total de embalse.
En la totalidad de la cuenca hidrográfica del Tajo, los embalses almacenan esta semana 8.127,95 hectómetros cúbicos de agua, que son 363,46 más que la pasada semana y suponen el 73,84 por ciento de la capacidad total de almacenaje, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.

La 'bomba Valls': ganar Barcelona para el constitucionalismo / Jesús Cacho *

Desnortado en el laberinto catalán, el Gobierno Rajoy trabaja en una salida pactada (“En Catalunya estamos haciendo todo lo posible para que se recupere la normalidad y sensatez”, dijo ayer el pasmado) con ciertos sectores de Convergencia y el respaldo de personajes de la banca y el empresariado, para colocar en la presidencia de la Generalitat a Elsa Artadi –la chica de Mariano, como él mismo reveló ante lo de Ana Rosa-, con Mas-Colell como conseller en cap, fórmula que permitiría al doliente levantar el campo del 155 y salir pitando hacia los jardines de Moncloa donde todo es paz y sosiego. 

Es la enésima versión de la “operación diálogo” de la que ayer hablaba aquí José Alejandro Vara, que explicaría episodios tan vergonzosos como el más reciente de Montoro, –un mandao de la vicepresidenta Soraya, la virreina catalana- asegurando que en la preparación del referéndum del 1-O no se utilizó un euro público. Quienes conocen el paño vienen a decir, sin embargo, que esa es una soberana tontería, puro wishful thinking, porque en Cataluña habrá un presidente/a al gusto de Puigdemont y de la máxima confianza de Puigdemont, con un vicepresidente de ERC, y la abstención de CUP.


En los círculos constitucionalistas catalanes se sigue apostando, con todo, por la celebración de nuevas elecciones autonómicas a pesar de lo que el independentismo se juega en el envite, y ello porque la división en el universo indepe es tan grande, el odio entre unos y otros tan visceral, que no hay forma de unir las piezas rotas del jarrón del prusés. Haya o no elecciones, o termine aflorando ese Gobierno títere a las órdenes de Puchimón, lo que parece claro es que el 155 seguiría operativo, dispuesto a prolongar el parón de facto en que vive la Comunidad desde hace tiempo. 

Nada de esto interesa ya a esos sectores constitucionalistas que en Barcelona y Cataluña llevan años soportando el chaparrón totalitario del prusés. Ellos están en otra derivada, muy alejados de las cuitas cobardes, entreveradas de traición, que mantienen paralizado al Gobierno Rajoy. En un escalón de más altura, ellos están ya empeñados en la gran operación política que viene, en la que el constitucionalismo –que cada vez tiene menos que ver con el Gobierno Rajoy- se lo juega todo a una carta: la toma de la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2019, justo un año a partir de ahora, un envite que puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra la lacra independentista.

La bomba explotó el viernes, con el anuncio de que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, baraja la posibilidad de presentar su candidatura a esa alcaldía como cabeza de lista por Ciudadanos en las municipales del próximo año, respondiendo a una invitación formulada por Albert Rivera

 “Me he metido en este debate porque soy nacido en Barcelona, hijo de catalán, y porque también quiero dar a Cataluña y a España mis orígenes”, explicó el viernes en Los Desayunos de TVE. “España es un Estado democrático de Derecho con una Constitución de las más democráticas que existen en el mundo, pero no hay posibilidad para Catalunya de salir de España”. 

Esta es la gran operación en la que C’s, junto a Sociedad Civil Catalana y otras organizaciones opuestas al rodillo indepe, llevan meses trabajando en silencio, muy de espaldas a Soraya y sus cuitas con el preso de Estremera. Esta es la llama de la esperanza que el viernes prendió en millones de españoles, dentro y fuera de Cataluña, porque a nadie se le oculta que estamos hablando de un candidato excepcional, que haría de la de C’s una lista ganadora.

Romper el espinazo del separatismo

Todos los partidos del arco parlamentario catalán consideran las municipales de mayo del 19 como el envite decisivo. Para todos se trata de una cita crucial. Ocupar la alcaldía de Barcelona supondría para el independentismo un espaldarazo casi definitivo; conquistar Barcelona para el constitucionalismo, por el contrario, significaría romper el espinazo del separatismo, cerrando probablemente la puerta a ese tipo de aventuras en toda Europa y dando paso al restablecimiento de la normalidad democrática, con un alcalde y un Ayuntamiento capaces de servir a todos los barceloneses y no solo a la minoría indepe

 Desde hace meses, los sectores constitucionalistas antes citados han estado sondeando la posibilidad de formar una candidatura transversal, como se dice ahora, integrada básicamente por nombres de C’s y del PSC, con el apoyo de independientes de prestigio y el respaldo por fuera o a posteriori del PPC. Pero lo que sobre el papel podría imaginarse como una apuesta a caballo ganador, en la práctica se ha demostrado imposible. Las resistencias son infinitas, como infinita es la desconfianza mutua.

Esa realidad terminó reorientando los trabajos en la dirección de un pacto poselectoral mediante el cual PSC y PPC pasaran a apoyar, dentro del mismo o por fuera, a un Gobierno municipal liderado por C’s como lista a priori más votada. El PSC tiene ya su candidato prácticamente elegido. Se trata de Jaume Collboni, un representante de esa “izquierda caviar” a la que ayer aludía aquí Miquel Giménez, incapaz de despertar el menor entusiasmo entre los descendientes de aquella emigración que décadas atrás conformó el cinturón rojo de Barcelona en busca de una vida mejor. 

“No es mal candidato, pero no despierta muchas simpatías”. Por su parte, el PPC, con el nombre de Andrea Levy revoloteando, parece decidido a presentar de nuevo a Alberto Fernández, de los Fernández & Fernández de toda la vida, la finca de los hermanos Fernández Díaz, asumiendo con resignación la posibilidad de que el PP pueda quedar fuera del Ayuntamiento, y ello porque el centro derecha en Cataluña no es ahora el PP, sino C’s.

Y en esto estalló la bomba Valls y la posibilidad cierta de rescatar del fango a la gran Barcelona que fue antes de que cayera en manos de la extrema izquierda, de una Ada Colau dispuesta a poner la ciudad al servicio de su turbio negocio político. El cambio de la calle dedicada al Almirante Cervera, un héroe de la guerra de Cuba respetado por los vencedores de la batalla naval de Santiago, por un titiritero como el tal Rubianes y su “puta España”, ha sido la última humillación a la que esta señora ha sometido a una ciudad antaño espejo de tolerancia. 

La doña no pasa por su mejor momento. Su proyecto estelar, la multiconsulta promovida por sus Comunes, supuestamente llamada a ser un hito de participación ciudadana a costa de dilapidar 3,6 millones del erario público, ha sido tumbada días atrás por la oposición municipal. Privada de apoyos desde que decidiera romper el pacto de Gobierno que mantenía con el PSC, y con el respaldo de apenas 11 concejales -una cifra del todo insuficiente para plantear una gestión municipal autónoma-, la Colau afronta su último año de mandato en la mayor de las soledades.

El gran enemigo de Valls no será Colau

El gran enemigo de Valls y C’s no será obviamente Colau y sus muy loables artes y oficios (“Fregar suelos o vender pescado son trabajos tan dignos y respetables como el de alcaldesa. También trabajar en una verdulería”), sino un nacionalismo que ya trabaja con la idea puesta en una lista única capaz de situar a un separatista al frente del Ayuntamiento, lista que tras la irrupción en escena de Valls hay que dar por cierta, por difícil que pueda resultar su concreción. 

Ese va a ser el envite. Recuperar la ilusión de aquella Barcelona del 92, la de los Juegos Olímpicos, un evento que le puso en el mapa de las ciudades más atractivas del mundo. La importancia de lo que ocurra en mayo del 19 es obvia. Barcelona es la rada sobre la que descansa toda Cataluña, con un efecto tractor brutal sobre la Comunidad. La ciudad y su hinterland cuentan con cerca de 5 de los 7,5 millones de habitantes que pueblan la región, y el Ayuntamiento dispone de capacidad suficiente para formular políticas capaces de surtir un efecto arrastre definitivo sobre la vida económica, política y social catalana.

Se trata de convertir la antaño llamada Ciudad Condal en un espacio de libertad y progreso, una especie de Comunidad autónoma al estilo de la de Madrid en el corazón de la Cataluña rural y carlista. Esa sería la gran victoria de la candidatura Valls, que muy probablemente vendrá avalada por una serie de personalidades independientes y de prestigio dispuestas a devolver a la ciudad el papel que siempre jugó como adelantada del desarrollo y la liberalidad española. 

Hacer de Barcelona el faro capaz de iluminar la Europa mediterránea, para desde allí recuperar un clima de normalidad democrática que dote al constitucionalismo de un relato integrador susceptible de atraer a una buena parte de los catalano-parlantes que en los últimos tiempos se han sentido atentados por la inclemente propaganda independentista. Es la gran jugada que escondía la broma de Tabarnia. Ese sería el triunfo de Tabarnia.


(*) Columnista