sábado, 21 de abril de 2018

El Gobierno liberalizará más torres de control si sigue el pulso de los controladores aéreos

MADRID.- Nuevos vientos de huelga sobrevuelan el espacio aéreo español. Amenazas estivales que a algunos les suena a la misma música escuchada hace ahora casi ocho años. Eran otros tiempos... y otro Gobierno. Pero las protestas laborales no entienden de ideologías. Ayer, los controladores del aeropuerto de Barcelona-El Prat anunciaron que irán a la huelga este verano, recoge hoy Abc

Los trabajadores reclaman un aumento de la plantilla, que consideran insuficiente para afrontar el tráfico que se genera en la instalación, que se encuentra en cifras récord. Unos paros -en principio, de 24 horas y a partir del próximo 20 de junio-, que podrían concluir, de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, en un nuevo caos aéreo con efectos devastadores para el turismo español y en el que los verdaderos damnificados son millones de pasajeros.
Así, según ha podido saber Abc de fuentes próximas al Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Gobierno baraja la posibilidad de «desempolvar» un modelo de concesiones a empresas privadas que retomaría la paralizada liberalización del sector de las torres de control aún en manos públicas, siguiendo los planes iniciados por el equipo de Fomento que encabezaba el socialista José Blanco en 2010. 
Como resultado, un total de 12 torres de control fueron privatizadas durante los siguientes años, si bien las de los grandes aeropuertos españoles, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Gran Canaria, se mantuvieron en manos del Estado.
Y es que entonces, en plena efervescencia del conflicto entre el exministro Blanco y los controladores aéreos -que afectó a 700.000 pasajeros y por la que el gremio ha tenido que pagar 15 millones de euros-, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un proceso de liberalización en los servicios de control del tráfico aéreo. 
La anterior administración se escudaba en el argumento de que gracias a la entrada de gestores privados, AENA tendría la posibilidad de rebajar los costes de navegación y, con ello, aligerar «las tasas», que pasaban por ser «las más altas de toda la Unión Europea».

Refuerzos de Enaire

No obstante, las mismas fuentes aseguran que España no puede permitirse un segundo verano caótico, precisamente en El Prat, ya que el año pasado fue el personal de los controles de seguridad el que frenó su actividad en protesta por sus bajas retribuciones y unas condiciones de empleo que consideraban impropias. La situación llegó hasta el punto de que el Gobierno tuvo que recurrir a la Guardia Civil para mantener los controles de seguridad en el aeródromo.
Para evitar un enredo similar ambas partes han mostrado su voluntad de diálogo. Así lo sostuvo ayer Enaire, matriz de AENA, tras conocer las amenazas de huelga de los controladores. En concreto, el gestor de la navegación aérea española, aseguró que reforzará con 58 controladores la plantilla en Cataluña este verano, tanto en el centro de control como en las torres de los aeropuertos (Barcelona-El Prat, Gerona-Costa Brava y Reus). De esta forma, la cifra de controladores contabilizados alcanzará los 450 efectivos el 1 de agosto de 2018.
«La torre de control del Aeropuerto de Barcelona-El Prat incrementará la plantilla en 37 controladores más que en agosto de 2017, de los cuales 14 controladores estarán plenamente operativos y habilitados, lo que supone un incremento neto de la plantilla operativa del 21% respecto al verano pasado», destacó la compañía, que puntualizó que estos trabajadores proceden de las convocatorias de empleo público de 2016 y 2017.  
Enaire responde así a una de las principales reivindicaciones de los controladores: la escasa renovación de las plantillas.
La visión de los controladores es distinta. Según fuentes sindicales, estas dos convocatorias se realizaron tras diez años en blanco, por lo que estos empleos no representan una solución «a corto plazo». 
A ello se une que, según el colectivo, los procesos de formación se han visto lastrados en los por la apertura parcial del mercado. «Antes del 2010, toda la formación recaía en el Ministerio de Fomento, que concedía becas para impulsar la captación de nuevos trabajadores. Ahora todo este proceso es privado, lo que ha repercutido en la renovación del personal», señalan estas fuentes. Como consecuencia, la edad media de los controladores aéreos españoles se sitúa en los 50 años, «una de las más altas de Europa».
Respecto a las condiciones laborales, las mismas fuentes aseguran que «el aumento de vuelos previsto para el verano en El Prat va a ser exponencial, lo que va a obligar a la plantilla a trabajar siete días de cada ocho y no tener un minuto de descanso en toda la jornada laboral».
Lo cierto es que no es la primera vez que los controladores denuncian exceso de trabajo. A finales de 2016, los sindicatos constataban una «sobrecarga» similar a la señalada ahora. La salvedad es que estas condiciones fueron denunciadas en torres de titularidad privada, no pública. 
Las reivindicaciones de los controladores, por tanto, no se dirigían al Gobierno, sino a FerroNATS, el primer operador comercial de control de tráfico aéreo en España con nueve torres. En ningún caso se habló de la posibilidad de convocar una huelga.
El anuncio de ayer, en cambio, fue tajante. Y reavivó viejos fantasmas, como los que hacen referencia al sueldo de los controladores aéreos. Según ha podido saber Abc, estos trabajadores tienen un salario medio que puede rondar los 240.000 euros anuales.

Pedro Sánchez recupera la guerra del agua de Zapatero

MADRID.- "Nuestro objetivo es el fin de los trasvases y apostar por las desaladoras. Ha llegado el momento de poner fin a la improvisación. No hay que hacer política con el agua, sino una política del agua".

Ese es el texto del mensaje enviado a la red social Twitter por el secretario general del PSOE, que resume sus palabras en un acto celebrado en Albacete con los socialistas castellano-manchegos. Poco después, el tuit de Pedro Sánchez era celebrado por Cristina Narbona, presidenta del PSOE y enterradora del Trasvase del Ebro como ministra de Medio Ambiente en el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, recuerda hoy Libertad Digital.
Las palabras de Sánchez son toda una declaración de guerra contra el sector agrícola del Sureste español, que deja en una situación muy complicada a los socialistas valencianos, murcianos y almerienses. Pero es que, además, la ligereza de Sánchez al hablar de un tema que, obviamente, desconoce, lo ha llevado a protagonizar uno de los patinazos más sonados de los últimos tiempos.
Lo que ignora el líder socialista es que, de "poner fin a los trasvases", como pretende, quedarían automáticamente sin suministro para el consumo humano toda el área metropolitana de Barcelona (Trasvase Ter-Llobregat), el área metropolitana de Valencia (Trasvase Júcar-Turia), Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota y Puerto de Santa María (Trasvase Guadiaro-Guadalete), 25 municipios vizcaínos cercanos a Bilbao (Trasvase Zadorra-Ebro-Arratia), 54 municipios de Castilla La Mancha (Trasvase Tajo-Guadiana) y otros 89 municipios de Alicante, Murcia y Almería (Trasvase Tajo-Segura).
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura brinda estos datos a Pedro Sánchez, para que aclare si pretende acabar con los más de cuarenta trasvases existentes en la actualidad o su inquina va dirigida exclusivamente contra los usuarios y regantes de la cuenca del río Segura, el único con déficit estructural en España y de cuyo caudal depende la supervivencia de miles de familias dedicadas a la agricultura.
Para una mejor comprensión de las dimensiones de su metedura de pata, los regantes levantinos incluyen este mapa con los 16 trasvases más importantes que en estos momentos existen en España, de cuyo mantenimiento depende el abastecimiento diario de millones de personas.

Una asociación nacional de interinos recurre las oposiciones de Educación

MADRID.- La Asociación Nacional de Interinos y Laborales ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación. Y adelanta también que hará lo mismo con las sanitarias, porque ambas sacan a concurso plazas de la oferta para la estabilización del empleo.

Esta organización, que aglutina a más de 2.000 interinos y que preside el abogado Manuel Martos, ha recurrido previamente el acuerdo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó hace un año con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF para la estabilización del empleo, con el objetivo de reducir hasta el 8% la tasa de temporalidad en la administración. Para ello se permite la convocatoria en los próximos años de una oferta pública de empleo de 250.000 plazas en el conjunto del país, para convertir trabajos interinos en fijos y reducir así la temporalidad.
Ha sido el sistema elegido para la convocatoria, el de concurso-oposición, el motivo por el que la plataforma nacional ha decidido recurrir el acuerdo, porque desde su punto de vista perjudica a los interinos, especialmente a los de mayor edad y que llevan años trabajando. Y motivo por el que está recurriendo los diferentes procesos selectivos convocados en las comunidades autónomas que conllevan la salida de plazas extras para la estabilización del empleo.  
«La estabilización del empleo se puede realizar a través de un proceso de consolidación, que es el que reclamamos, por medio de un concurso de méritos», explica Manuel Martos. «Porque el sistema de concurso-oposición fijado no solo exige aprobar un examen, sino que, además, fija una puntuación máxima por los años de experiencia; en definitiva, no permite que se valoren todos los años de trabajo de los interinos», añade. De hecho, la fase de oposición será un 60% de la nota y la de concurso, el 40% restante. «Ni siquiera se ha establecido para la oferta extraordinaria que busca estabilizar el empleo un 50-50», critica Manuel Martos.
La asociación asegura que, por eso, en el caso de las plazas que conforman el plan de estabilización del empleo no se cumplen los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Estos interinos explican que los criterios de mérito y capacidad han sido probados sobradamente en personas que tienen una larga trayectoria laboral. Y, en cuanto a la igualdad, afirman que un interino que desarrolla su labor diariamente no puede competir en condiciones de igualdad con un joven recién licenciado. No solo por la disposición de tiempo para estudiar, muy reducida cuando se trabaja, sino porque la capacidad de retención y aprendizaje se ve mermada con el paso de los años.
Por eso consideran que ahora, cuando la administración tiene que resolver por mandato de Europa un problema que ha generado, reducir la temporalidad por no llevar a cabo ofertas acordes con la realidad en los últimos años, no debe perjudicar a los interinos. «No estamos pidiendo que no entren los jóvenes en el sistema, estamos pidiendo que a los profesores con más años y experiencia docente se nos facilite otra vía, creemos que nuestra labor realizada durante años nos da el derecho a exigirla», dice Dalia Gómez.
«No competimos en igualdad de condiciones, se deben consolidar personas y no plazas», afirma María José Altamirano.
«Lo que quieren hacer es un ERE encubierto. Hemos demostrado que valemos para dar clases, hemos recorrido muchos kilómetros por toda Extremadura para que, ahora, nos echen a la calle sin más», concluye Felipe Dávila.

Sigue la guerra por el Trasvase en las filas socialistas

LORCA/TOLEDO/MURCIA- El secretario general del PSOE lorquino, Diego José Mateos, ha dicho hoy en un comunicado de prensa que "no le importará enfrentarme a la dirección actual" del partido, que hasta ahora siempre había defendido el Tajo-Segura, su continuidad, e impulsado las desaladoras.

 Mateos ha hecho este comunicado después de que el pasado viernes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la dirigente socialista y exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se mostrasen contrarios a los trasvases y más partidarios de la desalación.

El dirigente lorquino ha advertido que el Partido Popular siempre ha venido criticando las plantas desalinizadoras, las cuales, según manifiesta en la nota de prensa, "se han convertido en la única solución a la sequía actual, especialmente tras la aprobación del memorándum del trasvase".

Maetos defiende la compatibilidad de los trasvases y las desaladoras, como elementos para combatir la necesidad de agua, "le pese a quien le pese".

"Poner fecha al fin de los trasvases es aceptar lo que el Partido Popular ya hizo con el Memorándum del trasvase Tajo-Segura, con el que vergonzosamente limitaron el caudal en época de sequía", añadió.

Mateos dice defender a "ultranza" el trasvase Tajo-Segura, y no admite que se resten recursos hídricos "de los ya escasos que disponemos".

Además ha asegurado que su posición es "clara y firme". En este sentido, asegura que por encima de todo, " defiendo a Lorca, defiendo a los regantes lorquinos y a mí no me importará enfrentarme a la dirección actual de mi partido".

Por su parte, el diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha José Luis Escudero ha dicho hoy que la culpa de que Murcia pida un trasvase extra del Tajo, añadido al triple trasvase ya iniciado, es del "Memorándum de la traición a Castilla-La Mancha que en su día firmó Cospedal".

En un comunicado, Escudero ha asegurado que "ya estamos hartos del saqueo del agua" que está llevando a cabo el Gobierno central con el "silencio cómplice" del PP castellano-manchego, y ha dejado claro que los pueblos ribereños del Tajo "tienen el mismo derecho a su desarrollo económico que el Levante".

Ha resaltado que frente al desarrollo que ha experimentado el Levante "gracias al agua que ha llegado desde Castilla-La Mancha, hemos podido comprobar como los ribereños han ido perdiendo población, negocios y turismo".

Sin embargo, lo más lamentable, ha argumentado, son las oportunidades "pérdidas" de los dirigentes del PP para sumarse a una defensa de nuestro agua "que hacen todos menos ellos".

Por otro lado, la portavoz del PPRM, Nuria Fuentes, ha dicho hoy que Diego Conesa, " ha querido quedar bien con los murcianos" con sus manifestaciones a favor del trasvase del Tajo, "pero no ha explicado si va a pedir a Pedro Sánchez que cambie su no" en su visita el próximo fin de semana a Molina.

"Ya está bien de medias palabras, hay que pronunciarse claro, en Murcia sabemos lo que el PSOE opina de trasvases, lo demostraron eliminando el del Ebro", ha aseverado.

Así, la portavoz de los 'populares' ha vuelto a recordar al PSOE que "el trasvase es irrenunciable y mientras gobierne el PP no renunciaremos a él".

La Fundación Guadalquivir pone en aprietos al PSOE de Susana Díaz

CÓRDOBA.- A Susana Díaz se le acumulan los escándalos que salpican a su partido y/o a su gobierno. El de los ERE, que se juzga en la Audiencia de Sevilla, es el más paradigmático, pero no el único. El fraude de la formación sigue, pese a la versión oficial, en investigación en varios juzgados, lo mismo que Invercaria. Y la supuesta falsificación de documentos en la Consejería de Educación no contribuye a despejar los nubarrones de corrupción. Y hay más.
Por si fuera poco, en las últimas semanas un juzgado ha confirmado que la Fundación Guadalquivir, muy ligada al PSOE cordobés y que se nutría de subvenciones de la Junta, cobraba mordidas a sus propios trabajadores, según publica hoy El Mundo

El enésimo caso de corruptelas en el seno socialista ha vuelto a avivar los ataques de la oposición y amenaza con hacer saltar por los aires la estrategia de la presidenta de marcar distancias con los escándalos y desvincularlos del PSOE actual. Al mismo tiempo, ha dado alas a la oposición.
En la última sesión plenaria del Parlamento andaluz, la coordinadora de Podemos, Teresa Rodríguez, emplazó a Díaz a explicara si esta fundación -afín al PSOE- iba a dejar de recibir las subvenciones de las que ha disfrutado desde su puesta en marcha. Pero Díaz se revolvió y demostró hasta qué punto está nerviosa.
La presidenta acusó a Rodríguez de «sectarismo ideológico» por traer al Parlamento «un caso de hace muchos años» y salió al paso enumerando las diferentes acciones que su partido estaba llevando a cabo para luchar contra la corrupción. Nada más.
Como la justicia no entiende de tiempos, es ahora cuando el Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha obligado a la Fundación Guadalquivir Futuro a devolver las cantidades sustraídas a los trabajadores, que eran contratados a través del programa Emplea Joven del Gobierno andaluz.
En total, 5.755 euros que la Fundación tendrá que devolver a tres exempleados tras obligarles a «donar» esa cantidad. «Es como apadrinar a un niño», justificaba el entonces presidente de las Juventudes Socialistas de Córdoba, Cristian Menacho, hijo de Ángeles Muñoz, presidenta de la Fundación y postulante en la lista del PSOE a las elecciones municipales de 2011. Ambos están imputados.
Según el Juzgado de lo Social de Córdoba, ha quedado probado que la fundación procedió al «desvío de la parte de la subvención obtenida para el pago de los salarios» a favor «de la propia empresa» mediante «un sistema que pretendía dar apariencia de legalidad a la actividad» para, «de manera fraudulenta, conseguir el fin prohibido por la norma».

Denuncia de ex trabajadores

El verano de 2016, los extrabajadores de la Fundación rompieron su silencio y comunicaron a la Junta de Andalucía la situación por la que estaban pasando. La posterior Inspección de Trabajo ratificó lo que los exempleados venían denunciado desde hacía meses, sin que antes les hubiesen escuchado.
El caso de Yris Escobar es sólo una gota de agua en este lago y cuyo testimonio pudo conocerse en el programa Malas compañías de La Sexta. Después de viajar desde su lugar de origen, esta madrileña -embarazada de seis meses en el momento en que fue contratada en la Fundación Guadalquivir- pasó a vivir en Córdoba. Trabajo como fisioterapeuta y su empleo «iba a consistir en ir a domicilio» para tratar a aquellas personas «que no podían pagarse un tratamiento de fisioterapia».
Sin embargo, desde un primer momento empezó a ver cuestiones extrañas que le hicieron dudar de lo que la Fundación Guadalquivir estaba llevando a cabo. El primer día ya le dijeron que tenía que tratar a Muñoz y, más tarde, al vicepresidente de la asociación, José Antonio González, y a los familiares de éste. En aquel momento pensó que aquello «no era normal». 
«Si se emprende un proyecto social, lo normal es destinarlo a lo que debería ir: a tratar a la gente que no tiene recursos», argumenta.
En segundo lugar, Escobar mencionó los 400 euros que tuvo que «donar» ya que no trabajaba las ocho horas del contrato, sino seis, «ya que no había trabajo para ocho». La fisioterapeuta explica que «tenía que devolver todos los meses ese dinero por las horas que no iba a trabajar. Hubo protestas y ella [Ángeles Muñoz] decía que no le importaba cerrar el chiringuito si hacíamos jaleo».
A final de cada mes, Escobar cobraba un sueldo de 1.800 euros, de los que 400 tenía que «donar» a la fundación.
 «Decían que íbamos a firmar un contrato y que con eso podíamos decir en Hacienda que hacíamos una donación voluntaria, pero luego no hubo ni firma de lo que se había entregado», asegura. Comenta que no tiene «ni idea de lo que se hacía con ese dinero» pero si «fuera para ayudas sociales, ese dinero estaría justificado». 
Escobar sí se libró de ir a mítines de Pedro Sánchez como algunos de sus excompañeros, que sí lo hicieron «obligados».
A este caso no le ha faltado de nada. Desde mordidas a extrabajadores a virus informáticos que eliminan datos financieros pasando por el acoso a políticos de otros partidos y a la prensa. Todo ello acompañado del séquito de vecinos del barrio Guadalquivir que han acompañado a los socialistas a las puertas de los tribunales al grito de «el barrio, unido, jamás será vencido».
Un cóctel explosivo con el que no contaba Susana Díaz y que podría amargarle una campaña electoral que podría estar a la vuelta de la esquina.

La Generación Z cambiará las estrategias de las empresas y los hábitos de consumo

MADRID.- Los na­tivos di­gi­ta­les, glo­ba­les, mul­ti­ta­rea, hi­per­co­nec­tados y muy pre­coces a la hora de con­sumir pueden cam­biar los es­quemas que hasta en­tonces te­níamos en todos los ám­bi­tos. También en el em­pre­sa­rial. Estos con­su­mi­dores que acaban de ate­rrizar en el mer­cado han obli­gado a las marcas a cam­biar de es­tra­tegia de ma­nera ra­di­cal. Una di­ná­mica que irá a más a me­dida que au­menten sus re­tri­bu­ciones una vez que en­tren de lleno en el mer­cado la­bo­ral. La ca­rrera ya ha co­men­zado, según Capital Madrid

Aunque haya varios factores que vayan de la mano de la generación anterior, los millennials, existen muchas características que hacen a los Z únicos. Sin embargo, lo destacable y lo que puede afectar al ámbito empresarial en los próximos años es los hábitos de consumo que desarrollan y que, efectivamente, terminarán repercutiendo a la hora de conformar líneas estratégicas por parte de los equipos gestores.
Sin ir más lejos, Klik & Pay, la plataforma de pagos digitales especializada en Pymes que permite a las pequeñas y medianas empresas vender online a nivel internacional en más de 15 monedas, 11 idiomas y todo tipo de medios de pago, daba su punto de vista en cuanto a cuáles son las costumbres de esta generación. Una manera de comprar que, evidentemente, cambiará los esquemas de las compañías para conseguir captar mayor facturación y clientela.
  Así, los Z tienen una mentalidad absolutamente cortoplacista y que no compromete su libertad. De hecho, se decantan por el el uso del débito en sus compras. Ha crecido en un ambiente de crisis económica que ha asentado en su consciencia el hecho de que los créditos no pagados ocasionan problemas en el corto plazo. 
La visión de la Generación Z es cortoplacista, por ello, prefieren pagar sus compras a débito para no endeudarse. Y si las cantidades son altas, en lugar de pagar a crédito prefieren optar por el pago diferido en lugar del crédito, de esta manera mantienen su "libertad" financiera y huyen de los sistemas tradicionales de financiación que consideran de la vieja escuela. Así pues, las empresas que se enfocan a los medios de pago ya están en procesos de innovación para conseguir llamar la atención de estos jóvenes que vienen apretando muy fuerte.
Por su parte, las ventas online admiten muchas más formas de pago que el clásico pago directo a débito/crédito con tarjeta y las nuevas generaciones reclaman cada vez opciones más diversificadas en este sentido. 
Si bien es cierto que la generación Z prefiere pagar a débito, exige nuevas formas diferentes a la habitual introducción de los datos bancarios.  
Además, no hay compra que realicen sin haber hecho cinco comparaciones en otras tiendas online distintas. De esta manera, las compañías no tendrán más remedio que seguir adaptándose al entorno digital y tener aún mayor competitividad con respecto a sus homólogas.
En esta línea, esta generación revisa con mucho detalle lo que adquieren o no, pero también investiga cuidadosamente las opiniones de otros usuarios y, en concreto, las de los influencers. Aunque el precio es un elemento clave, su importancia desaparece si el producto ha sido recomendado por un influencer a través de sus redes sociales. Por tanto, las empresas deberán dedicar más atención aún a la difusión por estos canales. Más de lo que ya lo están haciendo.

Inmediatez y exceso de información
Esta generación quiere estar “sobre informada” ya no de la tipología del producto que adquiere, sino también del origen de la empresa, por qué se ha creado unos productos en concretos, con qué objetivo, cuáles son las recomendaciones para utilizarlos, cuándo se va a producir el cobro de su compra, cuánto tiempo tardará en ser enviado y entregado su pedido online, etc.
De modo que las firmas del futuro deberán tener mucho cuidado en aras de comunicar correctamente lo que vende. Asimismo, la inmediatez y la transparencia son características clave de esta generación, si perciben opacidad en el proceso, se sentirán defraudados y no solo no volverán a comprar, sino que se asegurarán de que su grupo de amigos. Algo que afecta a la toma de decisiones empresariales.

Medio millar de personas participan en una visita guiada por la defensa de las murallas de Almería

ALMERÍA.- Cerca de quinientas personas participaron en la actividad gratuita, abierta a toda la ciudadanía, organizada por la asociación Amigos de la Alcazaba. La asociación conmemoró el Día Nacional de los Castillos invitando a una reivindicativa ruta 'Por Las Murallas de Almería', título que también encabeza el manifiesto promulgado, donde solicitan la preservación, actuación y puesta en valor inmediata de este patrimonio que da fe de la historia milenaria de la ciudad de Almería, según recoge Ideal

Partiendo desde Puerta de Purchena, recorrieron el Cerro de San Cristóbal, La Chanca y Alcazaba, con la guía de expertos como Lorenzo Cara, Valeriano Sánchez, María Teresa Pérez, Alfonso Ruiz, Juan Díaz, José Campoy y Francisco Verdegay.
Desde la Asociación recuerdan que «en 40 años de democracia ni el Ayuntamiento de Almería ni la Junta de Andalucía apenas han vuelto su mirada a las murallas almerienses, con la excepción destacada de la restauración de la milenaria muralla de la Hoya que culminó con esa lamentable imagen de las dos torres heridas de acero corten; una imagen pseudomoderna de la muralla milenaria que rechina tanto que desde entonces es irreproducible en los carteles turísticos de la ciudad». 
Por el contrario, «en lo único que sí parecen estar de acuerdo es en su decidida falta de colaboración institucional, llegando a veces al esperpento de rebuscar documentos históricos que acrediten la no-responsabilidad propia en la conservación de las murallas almerienses. 
A la Junta de Andalucía y su Delegación Territorial de Cultura hay que recordarles que las competencias que tienen transferidas no se escogen a la carta y según los intereses del momento, que la ley les reconoce las competencias exclusivas del patrimonio fortificado, su tutela, protección y conservación. 
Y al Ayuntamiento de Almería, aunque no sea titular de estos vestigios, advertirle que es responsable de las actuaciones que se hacen en sus entornos protegidos, así como del deber de vigilar y denunciar su deterioro, cooperar activamente en la conservación y potenciar los valores culturales de este patrimonio defensivo».
En el manifiesto entregado ayer a todos los asistentes y pronunciado durante la visita, que también contó con las 'banderas negras' de la asociación y una actuación musical en la que la letra de 'La Tarara' se ha convertido en un canto de defensa a la Alcazaba, la asociación pide la restauración y disfrute cultural de nuestras murallas medievales del barranco de la Hoya, Cerro de San Cristóbal y de La Chanca, puesto que «deben convertirse en uno de los objetivos estratégicos de la ciudad. Tras tantos años de olvido, deterioro y abandono, ha llegado el momento de volver la mirada hacia nuestras murallas milenarias».
El entorno norte de la Alcazaba que durante siglos quedó al margen de los intereses urbanísticos de la ciudad ofrece la oportunidad única de conservarlo íntegramente, actuando exclusivamente en su limpieza, adecentamiento y regeneración paisajística, así como integrando los elementos arqueológicos y etnográficos que aún se conservan. 
«Por ello pedimos que cualquier actuación que se realice en todo este entorno se haga con esa visión de conjunto, incluyendo la dos zonas del Barranco de la Hoya, y tenga como prioridad absoluta el protagonismo de este patrimonio fortificado y su entorno por encima de cualquier solución arquitectónica. Los lamentables precedentes que ya tenemos deberían constituir suficiente experiencia. No podemos permitirnos destrozar, deteriorar ni desvirtuar más el corazón de nuestro patrimonio». 
De igual forma, Amigos de la Alcazaba exige «la prometida reversibilidad de las torres de acero corten en el Barranco de la Hoya», así como «la dignificación de los restos fortificados del Barrio de La Chanca, marginados como el propio barrio y su patrimonio, integrándolos en el mismo planteamiento general que los del Cerro de San Cristóbal y el barranco de la Hoya, restaurándolos, adecentando y protegiendo sus entornos y poniéndolos en valor y visualizar y hacer visitables los restos de murallas rescatados por la arqueología y aquellos que están integrados en construcciones modernas».

Día de los Castillos

Amigos de la Alcazaba recuerda que «pese a que nuestras murallas están protegidas por Ley desde hace casi 70 años (las del Cerro de San Cristóbal son Monumento Nacional desde 1931); pese a que la Ley de Patrimonio Histórico reconoce su extraordinario valor, de forma que cualquier resto fortificado es declarado como Bien de Interés Cultural; pese a que las murallas son uno de los símbolos históricos más importantes y reconocidos de una ciudad, las murallas de Almería, las que se salvaron de la destrucción general de 1855, se mantienen en el más profundo olvido de las autoridades municipales y andaluzas».
En 1949 un Decreto declaró la protección legal de todos los castillos y sistemas fortificados de España: «Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento». 
La ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 asumiría este legado y protegió este patrimonio declarando todas estas fortificaciones como Bienes de Interés Cultural. Amigos de la Alcazaba, que es la Delegación Provincial de la AEAC - Asociación Española de Amigos de los Castillos (la delegación más numerosa junto a Madrid) asumió el grito de alarma de este patrimonio, adquiriendo desde su fundación el compromiso de la difusión, disfrute y defensa del patrimonio castellológico almeriense.

Llarena, déjalo ya / Xavier Sardà *

Llarena, déjalo ya. En otra ocasión será, pero esta vez el Estado está perdiendo la partida. Vamos, que si de lo que se trataba era de volver a la legalidad y solucionar el enorme conflicto político surgido en Catalunya, el Gobierno y la justicia no vais ni al compás ni bien encaminados.

Llarena, déjalo ya porque Montoro acaba de tener un nuevo arrebato egocéntrico y dice que, de malversación, nada. Vamos, que los 'indepes' tienen razón. Un ministro del Gobierno deja claro a la defensa de Puigdemont el camino a seguir y de paso se limpia las manos en tu toga.


​Llarena, déjalo ya porque en la reforma del Código Penal del 95 se eliminó la figura de la Declaración Ilegal de Independencia por considerar que se trataba de una antigualla. De paso, en aquel 95, a los delitos de Sedición y Rebelión, Izquierda Unida le añadió el concepto de necesaria “violencia”. Así andas tú buscando obcecadamente una violencia sin la cual puede que no cristalicen las acusaciones.

Llarena, déjalo ya porque tus euroórdenes son básicamente fallidas.  La confianza entre las judicaturas europeas parece haber pasado a la historia en el tema Puigdemont y compañía, para natural deleite y fruición del universo 'indepe'.


Llarena, déjalo ya porque el ejecutivo de Rajoy esconde su incapacidad política tras tu toga. Si en España en lugar del actual presidente del Gobierno, hubiésemos tenido un estadista, seguramente no deberías estar en tu solitario y enmarañado laberinto judicial. Un silencio autista e indolente ha dado aire y fuerza al 'procés'.


Llarena, déjalo ya porque la desproporción judicial puede, paradójicamente, beneficiar a los acusados. Veremos qué dice el Constitucional, que podría retirar la competencia al Supremo y el asunto iría a la justicia ordinaria.

La tormenta perfecta


Llarena, déjalo ya porque según informaciones de última hora la Guardia Civil te habría ocultado los datos que demostrarían que no hubo malversación el 1-0. Zoido dice que de eso nada y que sí hubo malversación. Pura coordinación, vamos.


Llarena, déjalo ya porque el Partido Popular y el Gobierno de España están hasta las cejas de casos de corrupción. Un presidente del Gobierno capaz de enfrentar un problema de la gravedad y dimensión del catalán debería ser moralmente intachable y ética, estética y dialécticamente irreprochable. El 'caso Cifuentes' es la guinda del pastelazo todo.


Llarena, déjalo ya porque esta idea de España que se respira últimamente es -como alguien ha dicho acertadamente- muy del Capitán Alatriste. Sin quitarles ninguna responsabilidad a los independentistas por sus inmensos errores ni por sus pasos en falso, es cierto que la reacción del Estado resuena a los “novios de la muerte”. La tormenta perfecta e inacabable.


(*) Periodista


Periodistas amenazados / Guillermo Herrera *

Cuando escribí mi artículo sobre “Periodistas del misterio” me dejé en el tintero algunos casos de compañeros presionados que merecen reconocimiento público. La oscuridad gana poder cuando nos acojonamos, y lo pierde cuando publicamos sus secretos.
 
El caso más reciente es el del director de “La Tribuna de Cartagena”, Josele Sánchez, al que le han ofrecido mucho dinero para que deje de investigar el posible asesinato de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander.

Josele prepara más capítulos, centrados en la trama colombiana, del narcotraficante Jesús Samper, de la familia del que fue presidente colombiano. Por otro lado denuncia una campaña de acoso y amenazas hacia su persona por parte de individuos y colectivos.

Si lo hubiera aceptado, no nos hubiéramos enterado de nada, porque también hay periodistas sobornados, como en toda familia hay un garbanzo negro. Se les distingue porque son muy aburridos: tratan temas anodinos que no molesten el poder, y a veces se les ve mucho el plumero cuando hacen la pelota.

El caso más dramático es el del periodista y abogado Juan Ignacio Blanco, compañero de mi promoción, a quien le arruinaron la vida, la carrera, y hasta le provocaron un cáncer, por tratar de investigar el crimen de las niñas de Alcácer, igual que hicieron con el padre de Miriam por el mismo motivo. En su momento me solidaricé con él a través de un artículo de opinión.

También fue amenazado el famoso periodista y escritor Juan José Benítez (cuyos libros me encantan, y están prohibidos por el Opus Dei) para que no investigara determinadas conspiraciones, pero él no quiso arriesgar la seguridad de su familia. No se lo reprocho, porque la familia es lo primero.

Una secta amenazó también al periodista Pepe Rodríguez, especializado en sectas, pero él se defendió depositando ante notario una información comprometedora sobre dicha secta, con la orden de hacerla pública en el caso de que le ocurriera algo malo. Desde entonces no han vuelto a molestarle.

A Javier Sardá le cerraron sus “Crónicas marcianas” porque quiso invitar a Alberto Canosa a su programa, el personaje más censurado en todos los medios de comunicación. Canosa es abogado e investigador de enigmas y misterios, pero nadie quiere que hable de la Cueva de Hércules en Toledo o de los cuerpos de gigantes enterrados en rocas.

El propio Iker Jiménez engañó a Alberto Canosa cuando le sacó información sobre la Cueva de Hércules, para publicarla en su programa, sin mencionar para nada a su autor y descubridor, porque está absolutamente prohibido por los de arriba.

Canosa tuvo que autoexiliarse en Alemania porque le mataron a su abogado y fue engañado por Antena-3 cuando firmó un contrato ante notario que nunca cumplió, porque la cadena fue amenazada de cierre también por “los de arriba”.

Precisamente el infarto súbito del doctor Jiménez del Oso llegó justo en el momento el que quiso entrevistar a Alberto Canosa. A él no lo han podido asesinarle porque está muy protegido.

Por tocar estos temas, el periodista Santi Prados recibió una amenaza de muerte por teléfono, cuya grabación escuché. En cambio a la investigadora Virtu Pontes le quemaron el ordenador y hasta intentaron volverla loca por el mismo motivo.

A mi no me han amenazado nunca, pero me han ‘aconsejado’ paternalmente que no toque algunos temas “por mi propio bien”.

¿Libertad de expresión? ¡Ja! Estamos dominados por mafias de poder como en la edad media, y al que se sale del rebaño van a por él.

Son malos tiempos para la ética, pero todavía quedan muchos héroes anónimos y conocidos que son ejemplo de integridad y que merecen todo honor y respeto por la gente de bien.

Los casos deben ser infinitos, pero yo sólo conozco unos pocos, y he querido dar testimonio de ellos para iluminar la oscuridad con el conocimiento público. Joaquín Abad me llamó “paranoico retorcido” pero la triste realidad de este oficio de tinieblas me da la razón.

Cuando dije que la investigación de enigmas y misterios es el trabajo más apasionante que conozco, olvidé añadir que puede ser tan adictivo como una droga y tan peligroso como un trapecio. Por eso nos aconsejaban “no te metas en estos temas que te vas a volver chalado”.



(*) Periodista