Expertos del CSIC temen un verano masificado de medusas

BARCELONA.- Hace dos semanas la Costa Brava amanecía completamente teñida de azul, algo muy parecido a lo que ha ocurrido durante las últimas horas en los litorales de Barcelona y Tarragona. Las velella velella, una especie de medusa de pequeñas dimensiones y de color azul intenso, se cuentan por cientos de miles –o quizás por millones– varadas en nuestras playas. Un fenómeno sin muchos precedentes que no deja de sorprender a la comunidad científica, que ve excepcional la gran cantidad de ejemplares que han llegado arrastradas por corrientes de aire, según recoge hoy La Vanguardia.

Se trata de unos hidrozoos que cumplen en la costa su ciclo de vida. A varias millas mar adentro, estos animales suben por las noches del fondo marino para alimentarse en la superficie y es ahí donde, debido a su característica veleta, son transportadas por las brisas hacia la costa, donde mueren varadas en la playa. 

Según Josep Maria Gili, profesor investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del Mar de Barcelona, nunca antes se había registrado una llegada tan masiva de estos ejemplares, “algo excepcional que demuestra el desequilibrio que se está produciendo en los océanos, debido especialmente a la sobrepesca”. 

Para este experto, la falta de depredadores naturales, como las tortugas, atunes y demás peces de grandes dimensiones, propician la superpoblación de esta especie que, además, no cuenta con competidores a la hora de comer plancton, por la reducción de la población de peces de pequeño tamaño. 

Las particulares condiciones climáticas que se registran también podrían haber favorecido su proliferación, ya que incluso se habría detectado un avance en la época de reproducción y eclosión de estos animales. Por este motivo, Gili cree que “no se debe descartar la llegada de más concentraciones”, al menos durante los próximos 15 días.

Aunque parezca alarmante y preocupante el aspecto que ofrecen las playas tras la llegada de estos animales, su presencia es inofensiva para las personas. Posee baja capacidad urticante y por lo tanto con muy poco o ningún efecto sobre los humanos. 

Por este motivo, las autoridades no han tomado medidas excepcionales para su limpieza, “ya que la naturaleza hará su curso con estas medusas y en cuestión de unos días habrán desaparecido de las playas”, explica el biólogo Eduard Marqués. 

“Su descomposición y erosión servirán de alimento para otras especies animales”, añade.

Las velella velella o las barquitas de San Pedro, nombre popular que recibe esta especie, frecuenta la costa catalana, así como buena parte de la cuenca mediterránea. Son muy frecuentes especialmente entre los meses de marzo y mayo. No se trata de una medusa libre, sino de una colonia flotante de pólipos especializados. Está compuesta por un disco ovalado azul y una vela triangular o semicircular perpendicular al disco, que es lo que guiará a cada ejemplar hacia tierra. Estos ejemplares pueden alcanzar los ocho centímetros de diámetro.

Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas prevén que, si las circunstancias no cambian, “si las medusas de la primavera han llegado en abundancia a nuestras playas, también lo hagan así las medusas del verano”. 

De modo que las precauciones que deberán tomarse de cara a la temporada de baño tendrán que ser más importantes. De hecho, las estadísticas que recogen los expertos reflejan que la presencia de medusas en verano en la costa “es muy fluctuante porque varía en función de muchos factores”, pero que en líneas generales “podría decirse que va en aumento”. 

Una observación que va en concordancia con los factores ambientales que les son favorables, muchos de ellos resultantes del cambio climático, como los inviernos suaves, las primaveras poco lluviosas y los veranos cálidos, según reza en el Tercer informe sobre el cambio climático en Catalunya, elaborado por la Generalitat de Catalunya y l’Institut d’Estudis Catalans.

Desde el Instituto de Ciencias del Mar pueden presumir de desarrollar uno de los proyectos científicos más importantes del Mediterráneo, un exhaustivo programa que trata la problemática de las proliferaciones de medusas en las playas y los efectos en la salud humana. 

Por ello, junto a la Obra Social de la Caixa, han impulsado una interesante herramienta que facilitará el baño a miles de personas durante el próximo verano. Se trata de una página web (medjelly.com) y de una aplicación para dispositivos móviles (iMedJelly) con información a tiempo real donde se advertirá de la presencia de medusas en nuestro litoral, su abundancia y si es recomendable el baño en su presencia. 

Además de advertencias, la ficha técnica de las principales medusas mediterráneas y ciertos consejos ante la picada de una de ellas. 

El negocio bancario en España sería una ruina sin comisiones

MADRID.- Los cinco grandes bancos es­pañoles ga­naron 1.923 mi­llones de euros por su ne­gocio ban­cario en España du­rante el primer tri­mestre de este año. Sin los 2.265 mi­llones de co­mi­siones netas que re­cau­daron de sus clien­tes, ha­brían te­nido que dar pér­di­das. La caída de los már­genes de in­tere­ses, por los bajos ti­pos, se com­pensa con un peso cada vez mayor de las co­mi­siones que co­bran por co­mer­cia­lizar pro­ductos no ban­ca­rios, ya que las pro­ce­dentes de ser­vi­cios si­guen ba­jando por la com­pe­tencia entre en­ti­da­des, según recoge hoy Capitalmadrid. 

Que 28 de cada 100 euros de margen bruto obtenido en España por los cinco grandes bancos (Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia y Sabadell) provenga ya de las comisiones, supone, ni más ni menos, que el negocio bancario clásico sigue tocado. Pero es que aún hay más. Si se desgaja la cuenta de ingresos se ve cómo por cada 100 euros de margen de intereses, estas entidades recaudan otros 52 por comisiones. Y esto es lo que provoca que sin esta partida los bancos estarían en pérdidas.

Pero para lograr todo esto sin que los clientes se enfaden y cambien de banco, las entidades financieras han ideado sistemas de lo más variopinto para cobrar comisiones y mantener a salvo la cuota de mercado. El que mejor les ha salido ha sido el de mantener fuera del balance los productos que más rentables son por la vía de las comisiones, lo que infla la recaudación sin dañar la relación con la clientela. ¿Cómo se consigue esto? Pues comercializando fondos de inversión, fondos de pensiones y gestión de carteras o sociedades Sicav. Ninguna de estas cosas es negocio bancario, pero los bancos se las ofrecen a los clientes para asegurarse el nivel de ingresos.

Entre los cinco grandes bancos, al finalizar el primer trimestre de este año manejaban 1,2 billones de euros de recursos de clientes. De ellos, 872.536 millones de euros eran recursos que podrían denominarse bancarios (cuentas corrientes y depósitos a plazo, fundamentalmente) y los 318.824 millones restantes estaban fuera de los balances. Aunque aquí también hay distintas formas de contabilizar las cosas, ya que, por ejemplo, CaixaBank considera recursos de clientes dentro de balance los pasivos por contratos de seguro, mientras que el Santander hace lo propio con los fondos de inversión.

En cualquier caso, y para unificar las cuentas evitando distorsiones, si consideramos como recursos de la clientela puramente bancarios la cuenta de depósitos, se ve cómo la entidad que gana por goleada en la búsqueda de productos que le den comisiones es CaixaBank, que tiene el 34% de los recursos totales de clientes fuera de balance. Le sigue el Sabadell, con el 32%, y a continuación se sitúan Santander y BBVA (27%). Cierra la lista Bankia con un 18%. La media de estos cinco grandes es del 28%.

En cuanto a lo que suponen las comisiones sobre el margen bruto, y siempre según las cuentas oficiales del negocio bancario en España de estas entidades a 31 de marzo último, quien gana aquí es el Santander, que por cada 100 euros de margen bruto, un total de 33 proceden del cobro de comisiones. Le siguen CaixaBank y Bankia (28% en ambos casos), y cierran la lista BBVA y Sabadell, con un 26% y un 25%, respectivamente. La media de los cinco grandes es, como en el caso de los recursos fuera de balance, del 28%.

El caso del Santander, sin embargo, es algo especial. Según señalan fuentes del sector a Capitalmadrid, la introducción de la Cuenta 1,2,3 en su negocio de depósitos, ha modificado la estructura de ingresos. Esta cuenta cobra unas comisiones fijas de mantenimiento a todos los clientes, aunque después estos pueden compensarlas a través de ingresos por intereses, dependiendo del saldo medio que mantengan en ella. Esa estrategia comercial asegura el cobro de comisiones que con el tiempo va compensando la caída inicial que se produce en el margen de intereses cuando se implanta la cuenta y los clientes migran hacia ella.

Regresando a las cifras globales, los bancos no suelen desglosar de dónde proceden las comisiones que se apuntan en sus cuentas de resultados. La entidad que más pormenores ofrece es CaixaBank, pero tampoco en este caso se puede ver el grado de detalle que aclare cuánta parte de estos ingresos proceden de productos de dentro y fuera de balance. O para ser más exactos, qué parte viene del negocio bancario puro y duro. Sin embargo, el Banco de España sí tiene los datos, extraídos de las cuentas que supervisa, y que llevan mucho más grado de detalle.

La última estadística oficial de la autoridad supervisora española a estos efectos es la del 31 de diciembre de 2017. Según sus datos, y con cifras medias del año 2017, el 37,8% de los ingresos por comisiones de la banca española en su conjunto procedían de comercializaciones de productos. La cifra es 7 puntos superior al 31,7% que recaudaron las comisiones por servicios bancarios en el conjunto del año pasado, y se encuentra a años luz del 7,3% que supusieron las de gestión de acciones en Bolsa. El resto de las comisiones (23,2%) provienen de gestión, depósitos y mantenimiento de activos de clientes, fundamentalmente.

Las fuentes consultadas por Capitalmadrid afirman, a este respecto, que la entrada de España en el euro supuso un antes y un después en el negocio bancario. “Los tipos de interés en mínimos históricos -señalan- han provocado cambios profundos en la estructura de ingresos de las entidades financieras, que ven cómo es imposible aumentar el margen entre lo que se cobra por los créditos y lo que se paga por los depósitos, que es de lo que vive el margen de intereses”. De esta manera, el cobro de comisiones, no sólo se ha convertido en algo fundamental, sino que también ha sufrido una evolución profunda.

Una vez más, los datos son los que más luz pueden arrojar sobre estos cambios. En el año 2000, con el euro recién estrenado como moneda de curso legal, los ingresos por servicios bancarios suponían el 52,7% de las comisiones cobradas (21 puntos más que ahora), mientras que las comercializaciones de productos se quedaban en el 24% (casi 14 puntos menos que ahora).

Las comisiones por operar en Bolsa en nombre de los clientes suponían el 15,2% de las comisiones totales cobradas (algo más del doble que ahora) y el resto era infinitamente menor, ya que se quedaba en un exiguo 8% frente al 23,2% actual. Puede comprobarse, pues, cómo el cambio de las circunstancias del negocio bancario ha variado también notablemente de dónde viene el dinero que los bancos cobran por comisiones.

La crisis y las prohibiciones reducen a su mínimo histórico los festejos taurinos en España

MADRID.- Los festejos taurinos que se celebran en España caen un 60% desde el año 2007. Diez provincias han dejado de celebrarlos. El 9,5% de los españoles declara haber ido a los toros: el 40% dice no tener ningún interés en la materia y un 20%, que no entiende la fiesta.

¿Qué tienen en común Gerona, Lérida, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Ceuta? Ninguna de estas provincias celebra festejo taurino alguno. Al menos no lo hacen desde el año 2011, cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comenzó a elaborar las estadísticas de asuntos taurinos con datos desagregados a nivel provincial. A este listado se sumaron un año más tarde, en 2012, Barcelona y Orense. Y en 2016, el último del que se ofrecen datos oficiales, tampoco se organizaron eventos relacionados con la tauromaquia ni en La Coruña ni en Lugo.

En total son una decena las provincias que han dicho adiós a este tipo de festejos en los últimos siete años. Ni ha habido corridas de toros o corridas mixtas con rejones, ni becerradas, ni festivales (lidia de reses despuntadas), ni novilladas, ni rejoneo, ni toreo cómico, ni festejos mixtos (espectáculos que incluyen al menos dos de los mencionados anteriormente). Estas son todas las categorías que contempla la estadística estatal y en todas ellas, para las provincias citadas, el dato es el mismo: cero.

La despedida a la tauromaquia en estos puntos geográficos, sumado al descenso generalizado de los espectáculos taurinos en el resto del país, ha provocado una caída de más del 60% de los festejos taurinos desde el 2007. En aquel año se celebraron 3.651 y en 2016 bajaron hasta los 1.598.

Esto supone que, mientras en el año 2007 tuvieron lugar más de 10 festejos taurinos al día, en 2016 solo fueron cuatro. La mayoría, 386, fueron corridas de toros; seguidas de novilladas sin picadores (262), festivales (215) y novilladas con picadores (200).

El secretario de la asociación Unión de Toreros (UT), Iñigo Fraile, achaca el descenso a la crisis económica. En este sentido, aclara que "el descenso se debe, principalmente a que se celebran menos festejos fuera de feria, que eran mucho más numerosos en épocas de bonanza".

De las 52 provincias que existen en España, diez han roto su relación con la tauromaquia. De las 42 restantes, dos son las que concentra la mayor parte de los festejos taurinos: Madrid con 251 y Toledo con 128. Entre ambas representan el 24% del total de espectáculos taurinos celebrados en España. 

Junto a Salamanca (92), Ávila (82) y Cuenca (79) aglutinan casi el 80% de todos los festejos del país. Castilla La Mancha y Castilla y León se posicionan como las dos comunidades autónomas en las que más eventos de este tipo se celebran. A nivel autonómico les siguen Andalucía, Madrid y Extremadura. La distribución se ha mantenido inalterable desde que existen estadísticas oficiales.

En plena caída de los festejos taurinos, el Gobierno aprobó la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural en el año 2013. Sin embargo, en el preámbulo del propio texto legislativo se matiza el apoyo social a la decisión estatal en los siguientes términos: "La sociedad española es muy diversa y dentro de esa diversidad encontramos grandes aficionados y a su vez muchos ciudadanos que han manifestado su preocupación por el trato que reciben los animales durante los espectáculos taurinos".

Uno de los efectos inmediatos que tuvo la entrada en vigor de esta norma fue la inclusión de los festejos taurino en las encuestas de hábitos y prácticas culturales en España, que realiza cada cuatro años el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. La primera, y hasta el momento única, en la que aparece esta materia corresponde a la serie 2014-2015 (en noviembre se publicará la nueva). 

En ella se constata el escaso público que respalda estos eventos, pues solo el 9,5% de los encuestados dijeron haber acudido a un espectáculo taurino en el último año. Para Fraile no se trata, ni mucho menos, de un dato preocupante. "Creo que es un porcentaje positivo tratándose de una actividad de ocio y teniendo en cuenta que son estas actividades las que primero se reducen en épocas de crisis", comenta.

En la encuesta también llama la atención que 2 de cada 10 personas que sí presenciaron un espectáculo de este tipo reconocieron haberlo hecho con entrada gratuita. Una información a la que el secretario de UT no da mucha credibilidad.

Frente al 9,5% que sí asistió a festejos taurinos, hay un 90,5% que no lo hizo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.

El apoyo gubernamental es una de los argumentos que explican el crecimiento del número de escuelas taurinas y de profesionales mientras se produce un descenso generalizado de los festejos en todo el país. En el caso de las escuelas se percibe un notable incremento a partir del año 2013, cuando se aprueba la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural y el Plan PENTAURO que incluye, entre otras medidas, apoyar la capacitación de profesionales taurinos. 

Una causalidad que admite Iñigo Fraile, secretario de la asociación Unión de Toreros (UT), quien añade otro motivo: "Ha habido un fomento de las escuelas taurinas, pero creo que el aumento también se debe vincular a la organización de clases prácticas. Resultan más baratas de organizar que un festejo en sí mismo en el que puedan practicar y enfrentarse a un escenario real los jóvenes que se inician".

Los (pocos) casos en los que el autónomo sí puede prejubilarse

MADRID.- La jubilación anticipada para los trabajadores por cuenta propia también existe, aunque no es muy común. En este artículo de Cinco Días se explica cuáles son los casos en los que un autónomo puede prejubilarse.

Según explica la empresa Plus Ultra Seguros la primera condición que hay que cumplir para poder realizar esta gestión es ser “mutualista”. Además de cumplir una serie de requisitos comunes

• Pueden solicitarlo dos años antes de la edad que reglamentariamente sea de aplicación, que actualmente es de 65 años y 6 meses. No obstante, en unos años la edad de jubilación se fijará en los 67 años, por lo que los autónomos podrían prejubilarse a los 65.
• Estos profesionales por cuenta propia deberán acreditar un periodo de cotización efectiva de, al menos, 35 años; siendo dos de ellos correspondientes al periodo de 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud o al momento de cese.

Una vez se aceptada la jubilación anticipada, estos autónomos experimentarán una reducción en la cuantía a percibir que va del 2% por trimestre para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses hasta el 1,625% por trimestre para aquellos que hayan cotizado más de 44 años y medio.

Eso sí, según explica la empresa anteriormente citada hay excepciones en lo que respecta al periodo de cotización de algunos colectivos, como son los del sector agrario o los autónomos contratados a tiempo parcial.

También podrán acogerse quienes se hallen en uno de estos dos grupos, ambos con una edad de 60 años.

• Profesionales que se acogieron al Régimen Especial de la Minería del Carbón a día 1 de abril de 1969 y cotizasen a alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón a día de 31 de enero de 1969 o con anterioridad.
• Quienes estuvieran en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar a día de 1 de agosto de 1970.

Los jóvenes y las clases medias vuelven a adquirir viviendas

BARCELONA.- La recuperación económica y las subidas de los precios inmobiliarios han disparado el interés de los españoles por cambiar de vivienda: un 37% se plantea mudarse a corto o medio plazo, para emanciparse, para pasar del alquiler a la propiedad o para buscar una vivienda mejor o más grande, según publica hoy La Vanguardia. 

Sin embargo, según un estudio sobre la demanda de vivienda realizado por la inmobiliaria Casaktua, lo más destacado es la vuelta de las clases medias y de los más jóvenes a la compra de vivienda: el presupuesto de los nuevos compradores ha bajado un 7%, hasta los 172.000 euros, en el conjunto del estado, y aún más, un 22%, en Catalunya, donde ahora el presupuesto de quienes buscan vivienda es de 185.000 euros, frente a los 237.000 euros del año pasado.

“Es una buena noticia: en los ­últimos años los compradores han sido familias de alto poder adqui­sitivo, que buscaban una vivienda de mejora, o inversores, mientras que ahora la percepción de que la economía va mejor ha hecho llegar a nuevos compradores, con pre­supuestos más bajos”, señala Chus de Miguel, directora de inmuebles de Casaktua. 

Además, destaca, “la mitad de quienes buscan vivienda han empezado a hacerlo este año y sólo un 22% lleva más de un año buscando”.

Casaktua destaca que frente a los años anteriores se ha producido un giro de las preferencias de quienes buscan vivienda a favor de la compra. “Parecía que había habido un cambio de mentalidad a favor del alquiler, pero realmente la cultura de la compra es muy fuerte, y ha sido impulsada por años de ayudas fiscales. Además, el parque de pisos en alquiler es de mala calidad y los pisos buenos suelen ser caro”, añade.

El motivo decisivo en el cambio de preferencia hacia el alquiler, sin embargo, es que con las últimas subidas las rentas en Madrid y Barcelona se han superado ya los precios de 2008, por lo que la cuota de una hipoteca media es más baja que un alquiler: según Casaktua, el alquiler medio en España es de 469 euros mensuales, mientras que una hipoteca media es de solo 442 euros, un 6% inferior. 

En Catalunya, sin embargo, la diferencia llega al 18% a favor de la hipoteca: cuesta de media 491 euros frente a una renta media de 581 euros. Además, el 22% de los inquilinos de Catalunya señalan que les han subido la renta. “El 73% de los encuestados considera ahora que comprar es mejor que alquilar”, señala de Miguel.

La entrada, sin embargo, es el gran freno en estos momentos en el acceso a la propiedad: el 58% de quienes buscan una vivienda en alquiler reconoce que lo hace por motivos económicos. “Las entidades financieras están más abiertas a dar hipotecas, pero muy raramente superan el 80% del valor de tasación, y eso con avales, con muchos avales”, señala de Miguel. 

A su juicio ahora “sólo es posible conseguir una hipoteca por el 100% si el piso es del banco”. Sin embargo, el 44% de quienes buscan comprar una vivienda tienen menos de 30.000 euros de ahorro, y otro 21% entre 30.000 y 60.000 euros. “Existe una brecha entre los ahorros acumulados y la cantidad que se necesita para dar una entrada”, reconoce de Miguel.

En el otro extremo, sigue siendo fuerte el deseo de los particulares de comprar vivienda como in­versión (un 10% de quienes buscan comprar lo hará por este motivo). El perfil de estos inversores es tra­bajadores por cuenta ajena, de entre 45 y 54 años y con unos ingresos familiares de entre 3.000 y 4.500 euros mensuales. 

Estos inversores, señala Casaktua, tienen entre 100.000 y 150.000 euros de ahorro disponible y buscan viviendas de hasta 150.000 euros, para no haber de endeudarse. Su principal propósito es alquilar la vivienda (33%) aunque un 14% busca ponerla en alquiler turístico y otro 12% espera reformarla y revenderla.

Tener una vivienda no requiere sólo pagar la hipoteca o el alquiler: los gastos de suministros y similares suponen para los propietarios una carga media de 371 euros mensuales, y algo menos (286 euros) para los inquilinos.

Según el estudio realizado por Casaktua, los propietarios españoles gastan al mes de media 104 euros en energía (gas y electricidad), 41 en agua y basuras, 66 en gastos de comunidad, 72 en telecomunicaciones, 20 en el seguro del hogar, 30 en el IBI y 36 en pequeñas reparaciones y mantenimiento. 

Para los inquilinos la factura es inferior, porque en general sus viviendas son más pequeñas y porque no tiene que pagar el seguro ni el IBI. En grandes capitales como Barcelona estos gastos son aún mayores: el seguro es más caro para viviendas más caras, y el IBI y las tasas de basura son también más altas.

Los bancos abaratan hipotecas pero niegan al Banco de España estar asumiendo más riesgos

MADRID.- La oferta de créditos hipotecarios da señales de dar un giro en sentido opuesto al volumen de créditos malos acumulados en los balances de los bancos y paralelo al que las entidades bancarias esperan que aplique el Banco Central Europeo (BCE) a los tipos de interés.

El Banco de España ha advertido en su último informe sobre el mercado bancario que las entidades han comenzado a relajar sus políticas de riesgo crediticio en la contratación de estos créditos. Los bancos, sin embargo, han restado importancia al aviso. «No sacrificamos rentabilidad por clientes» fue la respuesta de Banco Santander, Sabadell y Bankinter a la amonestación del supervisor bancario español, según El Mundo.
El único en admitir un giro en su política comercial fue el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, al subrayar que su capacidad para medir sus propios riesgos es lo que les permite tener «unas ofertas comercialmente muy atractivas», atendiendo «al perfil de cada cliente». Unas palabras en clara alusión a las hipotecas al 100% que comercializa desde marzo.
El límite de riesgo, al contrario que en la época previa a la crisis, parece estar situado unánimemente en el 80% del valor de tasación. Incluso BBVA ve un error que la banca conceda hipotecas con una financiación superior al 80% del valor del inmueble. 

Y aunque el Euribor se sitúa actualmente en un -0,19%, las entidades no pueden disimular su esperanza de que la política monetaria europea se normalice en el próximo año, es decir, que los índices de referencia de sus carteras crediticias sumen al margen de intereses, su principal negocio.
De hecho, más que disimular, señalan que ya están haciendo los preparativos. Así lo indicó Torres Vila cuando reconoció que el grupo ya está variando su estrategia financiera de compra de bonos de cara a una subida de tipos.
Por su parte, Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, se muestra convencido de que el BCE ya está allanando el camino y de que la Bolsa premiará generosamente el cambio de perspectivas de negocio en la banca, que ganó 4.586 millones hasta marzo.

A mediados del pasado mes de abril, BBVA dio respuesta a entidades como Bankinter o Santander, que en febrero habían rebajado el diferencial sobre el Euribor en su oferta hipotecaria a un 0,99%. La entidad, que parece decidida a recuperar terreno en el mercado español, no espera a materializar el próximo mes de septiembre su acuerdo para liberar su balance de 13.000 millones de euros y ha rebajado el diferencial hasta el 0,89%.
«No estamos dispuestos a rebajar nuestro listón de riesgo; queremos contratar hipotecas con gente que nos devuelva el crédito», ha señalado, por su parte, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.
Si BBVA es capaz de arrastrar al resto de bancos, se verá en las próximas semanas. A las entidades supervivientes de la crisis les ha costado 10 años, la presión constante del BCE y el Banco de España y miles de millones sanear los balances de créditos y activos heredados de la burbuja inmobiliaria. Ahora que desde 2014 se han deshecho de 100.000 millones de euros en créditos dudosos y están cerca de concluir el proceso, no les interesa subir demasiado rápido la tensión en el que es su mayor mercado crediticio.
Mientras agotan su paciencia, los bancos han encontrado el modo de esperar recurriendo a negocios alternativos, como los seguros o los fondos, o recortando los costes.
Así es como Banco Sabadell ha presentado un aumento del 32,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado; Caixabank ha hecho lo propio disparándolos un 74% y BBVA, un 11%. Si el margen de intereses, que es el principal negocio, apenas creció un 2%, buena parte de la mejora de los resultados bancarios procedió de reducir a cerca de la mitad las dotaciones para insolvencias.
Por este motivo, todos los grandes bancos cotizados, a excepción de Bankinter, tienen previsto acelerar la venta de carteras improductivas y reducir el «problema inmobiliario» a una cuestión «inmaterial» en sus balances, según han manifestado Santander y BBVA.
Bankinter, por su parte, tiene medido al día lo que supondría un cambio de tendencia en el Euribor: una subida de un punto porcentual en los tipos de interés supondría inyectar 120 millones de euros en su margen de intereses.

Las Autonomías prevén quedarse este año con otros 2.600 millones de las herencias

MADRID.- Los gobiernos autonómicos prevén quedarse este año con más de 2.600 millones de euros de las herencias que reciban los españoles. Es la cifra de conjunto que sale de computar las previsiones de ingresos fiscales recogidas en los presupuestos autonómicos de este 2018 y recopiladas por Abc. A la cabeza se sitúa Cataluña, que aspira a desbancar a Andalucía como la región que más recauda por Sucesiones. 

En cifra neta, el año pasado la Generalitat catalana propinó a las herencias un mordisco fiscal de 458,71 millones de euros. Y este 2018 prevé dar una vuelta de tuerca más y elevar la recaudación por Sucesiones hasta los 483 millones de euros. Andalucía, que en 2017 lideró el «ráking» con 470 millones, este 2018 prevé recaudar algo menos de 400 millones de euros -tras las rebajas tributarias aprobadas finalmente en Andalucía para este impuesto-.
Pese al creciente rechazo social que genera este gravamen, y las movilizaciones ciudadanas que se han emprendido para exigir su supresión, durante el último año el agregado autonómico no solo no redujo la recaudación de Sucesiones sino que la aumentó. 

Varias regiones han optado por ir reduciemdp la presión fiscal, por aumentar las bonificaciones y exenciones tributarias sobre las herencias. Pero otras mantienen su carga impositiva, en algunos casos después de haberla incrementado en los últimos años.
El resultado de conjunto es que, en 2017, la recaudación global fue un 1% superior a la de 2016. Ascendió a 2.725,5 millones de euros. Y esto sin contar el País Vasco, cuyos tributos son gestionados por las diputaciones forales y el dato no consta en el informe de ejecución presupuestaria autonómica del Ministerio de Hacienda.

Maíllo asegura que el acuerdo del PP sobre el agua llegará "muy pronto" y "con trasvases"

MURCIA.- El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha anunciado que "muy pronto" el Partido Popular presentará el acuerdo interno que han alcanzando para llegar a un pacto del agua que, según ha dicho, incluirá los trasvases. Dicho esto, ha recalcado que su formación tiene "claros" dos conceptos: solidaridad y consenso.

En una entrevista en el Canal 7 de la televisión murciana, Maillo ha señalado que es "imprescindible" garantizar el agua para el conjunto de los españoles. Tras asegurar que el agua es un "bien escaso", ha indicado que hay que "aplicar la solidaridad" y el "trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes" en territorios como el de Murcia.

El 'número tres' del PP ha afirmado que ese "acuerdo interno" dentro de su formación está "muy cerca", en el "99,9 por ciento", porque solo está a expensas de la firma y, después se lo trasladarán al PSOE porque es "un tema de Estado". Aunque no ha querido poner una fecha concreta, no ha descartado que puedan presentarlo públicamente en un gran acto en el mes de mayo o junio.

"Es un pacto a nivel interno que estamos muy cerca de alcanzar y donde aparece claramente la realidad de Murcia. Esa realidad que tiene que ser en forma de trasvase", ha afirmado, para añadir que su partido tiende "la mano" al PSOE para llegar a un acuerdo porque "el futuro" en zonas como Murcia o Almería está "en juego".

Además, ha recordado que el PP ya puso en marcha en su día el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que derogó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. "Siempre hemos tenido un planteamiento a nivel nacional", ha aseverado, para añadir que es el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el que dice "una cosa" en Murcia y "otra" en Albacete, algo que, a su entender, provoca "incertidumbre".
También ha criticado que el secretario general del PSOE se centre principalmente en las desaladoras y ha añadido que "no se puede hacer descansar ahí" todo el "problema" porque es "ineficiente y no sirve". Por eso, ha llamado a llegar a un acuerdo porque "no es un tema de un solo territorio" sino de "todos".

Antonio inolvidable / Luis Herrero *

Aún humeaban las ruinas del partido que había acumulado más parcelas de poder en la historia democrática de España. La corrupción había convertido la política en un campo de sal. Las empresas periodísticas, a través de redacciones partisanas subvencionadas con dinero público, habían generado la más burda y perversa instrumentalización informativa de la prensa europea. 

Jóvenes periodistas se dejaban llevar a diario al abrevadero donde se ventilaban ajustes de cuentas y batallas de poder. Proliferó una nueva raza de extraños y bufos debates televisivos que reinventaban obsesivamente la actualidad. Muchos informadores se hicieron cortesanos y los quioscos se atiborraron de propaganda.

Entre los estertores agónicos de aquel fin de ciclo, la izquierda más radical acunó el anhelo del sorpasso y la derecha emergente horadó el butrón que le daba acceso al Gobierno.

Así recuerdo la España de hace veinte años, cuando el siglo XX boqueaba su último aliento y Antonio Herrero se ahogó de repente. Ocurrió el 2 de mayo de 1998. Ahora, dos décadas después, con motivo de este doloroso aniversario, algunos amigos me han preguntado cómo estaría narrando él, si siguiera en el micrófono, la crónica de este tiempo que nos toca vivir. No hace falta imaginar la respuesta. Basta sencillamente con recordar cómo se enfrentó al desafío de su época, a la vez tan lejana y tan parecida a la actual.

Antonio fue, ante todo, un periodista valiente que jamás se puso al servicio de una causa que no estuviera dictada por su conciencia. Fue un hombre libre y luchó hasta el límite de sus fuerzas para que los demás lo fuéramos cada vez un poco más. Ese fue el proyecto, en lo personal y en lo profesional, que inspiró su vida. Y nunca lo prostituyó. 

Ni ante el halago de quienes se arrimaron a él por el confort de su sombra, ni ante la insidia de quienes se la tenían jurada desde el principio, ni ante las amenazas de quienes se la juraron nada más completar el trayecto que les condujo a la Moncloa. Tenía tanta hambre de libertad y de independencia que toda ración le parecía pequeña. Por eso combatió siempre en el límite mismo del exceso. En lo bueno y en lo menos bueno, pero sobre todo en lo bueno: en la entrega, en la pasión, en el ideal y en la lealtad a su jerarquía de valores.

No se rindió nunca. Ni siquiera en los instantes terribles de su último forcejeo, cuando todo el soplo de vida que cabía en sus pulmones se anegó de agua mientras buceaba en el mar de Marbella. Diga lo que diga la ciencia forense, estoy convencido de que la úlcera sangrante no fue la causa de aquel accidente, sino la consecuencia de la última batalla por sobrevivir. 

Antonio debió aferrarse a la vida con tanta ansiedad, incluso en el lance de la muerte, que a su cuerpo de luchador infatigable se le descosieron las costuras de las entrañas. Y ahí se acabó todo. Creo firmemente que murió tal y como había vivido: tratando de asomarse a la superficie, de ganar altura, de levantar la cabeza por encima de la adversidad en busca de bocanadas de aire que le permitieran vivir a chorros, con aquella intensidad exagerada que no he encontrado, ni antes ni después, en ningún otro ser humano.

Le echo de menos todos los días de mi vida, por mucho que su recuerdo me devuelva siempre a la exigencia de la lucha. He nacido con la innata inclinación a escurrirme del lío. Por eso era Antonio, a la vez, amigo y complementario. Nunca dejó que mi vocación por el sosiego se saliera con la suya. Cuando le miraba de reojo, honradamente convencido de que ya habíamos llegado al final de la carrera, me arrancaba con el gesto -y con el ejemplo- una zancada más. Y luego otra. Y otra después de la última. Tanto fue así que viví los últimos años a su lado con la permanente sensación de estar siempre en tiempo de prórroga. A su lado aprendí que el combate no acaba nunca.

Hace veinte años se nos prometió que el triunfo electoral del PP, cimentado sobre las cenizas de la corrupción del felipismo, traería un nuevo orden -principios y regeneración democrática- a la vida política española. Pocas cosas duelen más, a la luz del legado de Rajoy, que aquel amargo recuerdo. Los nuevos gobernantes también nos dijeron que serían capaces de aceptar con naturalidad un combate limpio entre las dos pes que más veces han acabado a tortas en la historia: política y periodismo. 

Demasiado bonito para ser verdad. No podía serlo. Ni siquiera me dio tiempo a decirle a Antonio -lo supe la noche antes de su muerte- que el instinto liberticida de los recién llegados había puesto precio a su cabeza. Pero no hacía falta. Él lo supo antes que nadie. Por eso murió cargado de juventud, apretando en el puño lo que fue su asignatura más querida: la dignidad.

Aquella tarde del 2 de mayo no tuvo suficiente aire en los pulmones para resistir, pero entregó su voz como una espada limpia y desnuda. Durante 25 años su voz insobornable estuvo en la calle, en las ondas, en el monte, en los quirófanos, en los desfiles, en las guerras, en los goles, en las matanzas y en la vida. Sobre todo en la vida. Así le recordaré mientras viva, aunque su recuerdo me devuelva a la fatigosa convicción de que nunca hay paz para los guerreros.

(*) Periodista

https://www.libertaddigital.com/opinion/luis-herrero/antonio-inolvidable-84975/amp.html

La Audiencia Nacional reabre el caso sobre los 467 millones que CAM perdió en el 'ladrillo'

MADRID.- Un nuevo caso judicial se cierne sobre la cabeza de los antiguos responsables de la gestión de Caja Mediterráneo (CAM). La Audiencia Nacional ordenó reabrir la causa por la participación de la entidad en once sociedades inmobiliarias, entre ellas varias en Almería, lo que le habría generado pérdidas de 467 millones de euros, al ver indicios de un «plan criminal grupal» para generar «réditos» a sus gestores.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal revoca así el archivo por prescripción decretado el pasado mes de marzo por la juez Carmen Lamela a instancias de la Fiscalía y da la razón al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que inyectó 5.249 millones de dinero público en la caja antes de su venta.

La fiscal Belén Dorremochea entendía prescrita una presunta administración desleal por parte de los investigados, antiguos miembros de la Comisión de Control de la caja y de su participada, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Argumentos que ahora rechaza la Sala que preside la juez Ángela Murillo, al valorar que, en virtud del Código Penal vigente entonces, los hechos constituirían una «serie separada de operaciones de deslealtad» en la que también encajaría la apropiación indebida, lo que permitiría ampliar el plazo de las investigaciones.

En este sentido, afirma que es «precipitado» acordar el archivo a falta de nuevas pruebas que podrían mostrar, entre otros descubrimientos, los réditos obtenidos al «trasladar el riesgo de las operaciones especulativas a CAM». 

Según el relato, existen alternativas que permitirían aumentar la duración de las pesquisas, como son la estafa cualificada y la asociación ilícita al tratarse de una «trama grupal que puede superar la mera codelincuencia».

Los magistrados perciben una «mecánica hecha por determinados administradores bancarios en torno a TIP (...) que se reitera en el tiempo, con el objeto de apoderarse de beneficios rápidos en la adquisición de solares mediante urdimientos torticeros». 

Todo ello habría repercutido en la caja «perjudicándola en unas pérdidas irreversibles que superan los 405 millones de euros» y con el «oportuno reparto de roles, entre los que el papel de algunos investigados no es desdeñable ni accesorio».

El tribunal estima, por tanto, que no existe prescripción mientras el delito más grave no haya expirado, pues las operaciones, aunque fueron ejecutadas en diversos años, «exteriorizan una secuencia» en virtud de un plan que afecta siempre a la misma víctima -la entidad-, generando un «enorme perjuicio» a CAM y unos «réditos rápidos a sus gestores».

Las pesquisas se iniciaron en 2015 a instancias del FGD, al que el último informe aportado por el Banco de España señala como único perjudicado por el quebranto.

Se trata de once proyectos inmobiliarios en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que supusieron una inversión de 594,2 millones y que generaron pérdidas por importe de 467 millones (el 78%), de los cuales 405,6 millones son irreversibles.

Cifras que, critica el escrito del organismo, «reflejan la calidad de la gestión realizada con el agravante de que los socios obtuvieron un lucro injustificado teniendo en cuenta que todos resultaron fallidos».

Detalla además la operativa, por la que el socio le vendía a la sociedad que tenía constituida con la CAM el suelo a desarrollar, «a un precio notoriamente superior al de coste», satisfecho mediante un préstamo concedido por la propia entidad. De este modo, cobraban por el suelo vendido como si se hubiera realizado el proyecto íntegro, obteniendo una ganancia no justificada, dado que los beneficios «eran sólo una mera expectativa».

Rajoy tiene casi despejado el camino hasta 2020, pero total ¿para qué? / José Oneto *

Cuentan que las instrucciones que el miércoles dio Rajoy a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, cuando se dirigía a la Puerta del Sol para pactar la salida de Cristina Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad, fue tajante: “Dile que la quiero fuera antes de las doce”. 

Y, efectivamente, a las doce menos cuarto, comparecía Cristina Cifuentes, toda vestida de blanco, anunciando su dimisión porque no podía más tras el cerco y la ofensiva a la que estaba siendo sometida, “por tierra mar y aire“, según ella desde que accedió a la Presidencia del PP y de la Comunidad y comenzó a denunciar la corrupción en su propio partido. Después, un máster inexistente y un vídeo comprometedor, hizo el resto…

Ese día, a las doce, Mariano Rajoy quería anunciar que se había llegado a un acuerdo con el PNV para que el partido vasco votase en contra de las seis enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, primer y decisivo paso para la aprobación final, que a estas alturas, es el gran  desafío político de Rajoy. Un desafío que le permitirá agotar la legislatura. 

Y para ese anuncio feliz, debió pensar que tenía que arreglar “lo de Cifuentes”. Y que tenía que arreglarlo antes del mediodía en que entraría por la puerta principal del Congreso y le preguntarían, no por los Presupuestos, sino por Cifuentes y su posible dimisión, antes de la moción de censura.

El PNV, que tanto había insistido en que no aprobaría los Presupuestos hasta que se levantase el artículo 155, de intervención por el Gobierno central de la Generalitat de Cataluña, se olvidaba del polémico artículo y salvaba al Soldado Rajoy (ver republica.com PNV: Salvar al Soldado Rajoy), como lo salvó hace un año, con los Presupuestos de 2017 gracias al Cupo y a una inversión gigantesca en infraestructuras, como ha ocurrido este año, que el partido vasco ha querido reconciliarse con los pensionistas, y no solamente con los del País Vasco, asumiendo con habilidad, sus reivindicaciones.

Así, este año de nuevo, salvaba hoy al soldado Rajoy (176 votos a favor, y 174 en contra) a cambio de que el soldado de la Moncloa aceptase subir las pensiones de acuerdo con el IPC (algo que, decía que era imposible porque ya el IPC no se utilizaba como referencia en ningún país de Europa) y porque no había fondos económicos suficientes para una revalorización de las pensiones, aplicando ese criterio de subida que era el que han venido reclamando millones de pensionistas que, durante semanas, han salido a las calles de las ciudades españolas (especialmente en Bilbao), exigiendo que la tan traída y llevada recuperación. Llegase también a ellos.

Ante la sorpresa de este nuevo balón de oxígeno de los nacionalistas vascos que le permitirá a Rajoy agotar la legislatura en 2020, después de prorrogar los Presupuestos de ahora, el año que viene, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha aclarado que el pacto con el presidente Rajoy conlleva dos consecuencias políticas: “Ganamos tiempo para Catalunya y evitamos que Ciudadanos llegue a La Moncloa en otoño”, ha señalado. Para el dirigente vasco si no hubiera habido acuerdo sobre los Presupuestos, habría un adelanto electoral en el otoño, que es lo que quiere Ciudadanos “y no le vamos a hacer nunca el caldo gordo a Ciudadanos”. 

“Somos -ha añadido- incompatibles con Ciudadanos y no queremos que lleguen a la Moncloa. Sería un desastre para Euskadi, para el Estado y hasta para Europa. No tengo relación con Rivera, ni buena ni mala”, ha subrayado Ortuzar, el nuevo aliado de Rajoy…

Ahora se abre el periodo de enmiendas parciales que culminará el próximo 24 de mayo. Si entonces se mantiene la votación de este jueves con el voto de Nueva Canarias (hoy también ha votado a favor del Gobierno Pedro Quevedo de Nueva Canarias debido, según ha dicho, a un error) el Gobierno y su Presidente tiene el camino despejado hasta las elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales. 

Pero eso, en un panorama de crisis política en el Partido, realmente devastadora, por la corrupción, y por la parálisis. Una parálisis que Rajoy ha conseguido transmitirte a todas las estructuras de poder.

(*) Periodista y economista


https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/04/26/5531/

Hacienda subirá el impuesto a los carburantes y elevará su precio en nueve autonomías (Andalucía)

MADRID.- El Ministerio de Hacienda prepara un aumento de los impuestos que gravan los carburantes que amenaza el bolsillo de millones de conductores repartidos en nueve autonomías diferentes. Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y en estos momentos se encuentra en plena tramitación parlamentaria, según El Mundo. 

El cambio consiste en la supresión del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. La crisis de los últimos años y la necesidad de algunas regiones de disminuir sus déficit fiscales llevó a que un total de hasta siete comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña y Galicia- situaran durante los últimos años el gravamen en su rango máximo de 4,8 céntimos por litro, creando una serie de fronteras fiscales entre las propias regiones que rompe la unidad de mercado.

Sólo el efecto de este impuesto hace que en estas regiones cada repostaje saliera 2,6 euros más caro que en las cinco -Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja- que han aguantado la crisis sin elevar este gravamen a sus habitantes y a los transportistas que aprovechan sus rutas para llenar sus depósitos en estas autonomías. El resto de autonomías ha optado por situar este impuesto en un tramo intermedio que va desde lo 1,7 céntimos por litro en Madrid a los 4 céntimos de Asturias.

Ahora sin embargo serán todos los conductores de estas nueve autonomías quienes verán como el litro de gasolina sube con fuerza en el surtidor si los Presupuestos Generales del Estado salen adelante como están redactados en estos momentos. El plan de Hacienda es «garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y los carburantes, integrando el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario», según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se traduce es suprimir el tramo autonómico y sumar esos 4,8 céntimos por litro al tramo estatal del impuesto, tanto en las autonomías donde ahora mismo está vigente como en las que no. Esto elevará hasta 7,2 céntimos por litro el tramo especial del impuesto sobre hidrocarburos, que ahora mismo está situado en 2,4 céntimos. Es decir, se suma de forma generalizada los 4,8 céntimos de tramo autonómico. A esta cantidad se añadirían por otro lado una carga de 43,1 céntimos por litro de gasolina y de 30,7 céntimos de gasóleo. Los nuevos impuestos entrarían en vigor el 1 de enero de 2019 si los Presupuestos son aprobados.

Hacienda justifica el incremento de la presión fiscal sobre los carburantes en el cumplimiento de la normativa europea que prohibe la existencia de fronteras fiscales entre los territorios de un mismo país, explican a este diario fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. El ministerio argumenta, por otro lado, que el cambio está vinculado al cumplimiento de la Ley General de Unidad de Mercado que busca romper las barreras económicas entre autonomías.

El tema de las fronteras fiscales en el precio de los carburantes viene arrastrándose desde el año 2012, cuando el Gobierno suprimió el conocido como céntimo sanitario para introducir un triple tramo del Impuesto Especial de Hidrocarburos: general, especial y autonómico. Este cambio permitió a las autonomías modificar sus propios tributos sobre los carburantes para estimular sus ingresos públicos durante los peores años de la recesión.

El cambio iba en contra de la directiva europea que prohíbe la «regionalización» del impuesto, si bien España confiaba en que el reglamento comunitario fuera modificado para acoger la excepcionalidad geográfica del país. Sin embargo, las pretensiones españolas se vieron tumbadas por la postura en contra de otros Estados como Alemania, Bélgica y Polonia, explican fuentes jurídicas.

El incremento de presión fiscal sobre los carburantes a nivel autonómico se suma a la propuesta que ha realizado el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Energía para abordar la transición del país hacia un modelo energético menos contaminante. Una de las principales medidas propuestas por este grupo consiste en el aumento de un 28% del precio del gasóleo para automoción para financiar la tarifa de la electricidad y el mantenimiento de las carreteras.

Las grandes petroleras se mostraron ayer muy críticas con la subida de la presión fiscal sobre el gasóleo que proponen los expertos. El presidente de la patronal AOP -que reúne a grupos como Repsol, Cepsa o BP-, Luis Aires, calificó de "chapuza" la propuesta de subir el precio del litro de diésel -acercándolo a los 1,4 euros por litro- y propuso que la reforma fiscal sobre este sector se aborde tras un debate «con criterio».

«Estamos completamente en desacuerdo con la propuesta de subir el gasóleo un 28%. No se pueden hacer chapuzas porque el gasóleo ahora no está de moda», señaló Aires en un encuentro con medios. Las petroleras consideran que en el campo fiscal -el que más ruido ha hecho tras la publicación del informe- tiene un «claro sesgo eléctrico» con respecto a los carburantes.

La Eurocámara cierra la investigación sobre la subasta de medicamentos de Andalucía

BRUSELAS.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido cerrar la investigación sobre sistema de subasta de medicamentos de Andalucía que había llegado hasta la institución comunitaria a través de la denuncia de la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), según publica hoy Abc.

En concreto, 15 eurodiputados de esta comisión parlamentaria han preferido cerrar el caso, mientras que otros diez eran partidarios de mantener abierta la petición. Esta votación se ha producido después de un debate casi exclusivamente entre eurodiputados españoles. 

El PSOE e Izquierda Unida han defendido el sistema de subastas de medicamentos de la Junta, mientras que los representantes del PP han criticado duramente la medida.
La delegada del Gobierno andaluz en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, ha tomado la palabra para subrayar que se trata de un modelo que ha sido avalado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional. 

Además, ha asegurado que «ha generado un ahorro al sistema sanitario» que «revierte en el conjunto de la sanidad pública andaluza».

En la misma línea se ha expresado la eurodiputada del PSOE Soledad Cabezón, quien manifestado que, a través de este sistema de subastas, la Junta negocia de forma «pública y transparente» el precio de los medicamentos, así como que «el negocio y los márgenes de beneficios que tenían los farmacéuticos» ahora van al sistema sanitario andaluz.
También ha defendido este sistema la eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina, quien ha deseado que «se generalice» y los Gobiernos centrales organicen subastas para «tener mayor capacidad de negociación con las farmacéuticas».
La Comisión Europea también ha intervenido en el debate para reiterar que la competencia en la organización del sistema sanitario y de su financiación reside en los Estados miembros, por lo que organizar un sistema de subastas «está completamente en las manos» de los países.
Antes de que los grupos políticos iniciaran el debate, la presidenta de Afaran, Teresa Martín, ha denunciado que con el sistema de subastas los pacientes de Andalucía «están discriminados» con respecto al resto de pacientes españoles porque tienen a su disposición 533 medicamentos frente a los 10.000 de otras comunidades autónomas. 

 Además, ha explicado que los laboratorios que ganan las licitaciones «no tienen capacidad suficiente de fabricación de medicamentos, lo que produce desabastecimiento».
En defensa de los argumentos de la asociación de farmacéuticos se han pronunciado varios eurodiputados del PP. La andaluza Teresa Jiménez-Becerril, por ejemplo, se ha preguntado de forma retórica por qué el sistema no existe en otra región española «si es considerada por todos como una maravilla».
Por su parte, la eurodiputada popular balear Rosa Estarás ha acusado a la delegación socialista de querer «abortar» la intervención de Afaran en la Eurocámara y ha criticado que el sistema de subastas de medicamentos incumple el principio de igualdad entre andaluces y entre andaluces y españoles y restringe la libre competencia y la libre circulación.
Asimismo, el eurodiputado de Ciudadanos Javier Nart ha señalado que «la idoneidad del sistema de subastas de medicamentos en Andalucía debe medirse alrededor de una mesa de diálogo, no en una pelea ideológica que solo refleja las mochilas que arrastran los participantes», agregando que «los diputados socialistas y populares no han dejado la mejor de las imágenes en una cámara acostumbrada al diálogo y a los acuerdos políticos».
Por su parte, Isabel Albás, portavoz de sanidad de Ciudadanos en Andalucía, ha lamentado «la desigualdad que plantea este sistema con relación al resto de regiones en España; si fuera tan bueno se estaría aplicando en todas las autonomías», y ha propuesto «reunir a todos los sectores afectados, laboratorios, profesionales farmacéuticos y pacientes y buscar una normativa que garantice la igualdad de los pacientes y no vulnere la competitividad e innovación en un sector industrial clave».

La ley andaluza que impulsa la educación en igualdad arranca su tramitación

SEVILLA.- "Tenemos que perseguir una generación de hombres y mujeres libres del machismo". Con estas palabras resumió esta tarde la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, el objetivo que persigue la reforma de la ley de igualdad andaluza, tal como recoge Público. 

La norma que esta tarde inició su tramitación en el Parlamento de Andalucía —sin oposición de los grupos parlamentarios— y que el PSOE quiere tener aprobada cuanto antes, a más tardar en julio o septiembre, supondría, de aplicarse en toda su potencia, el fin de cierta impunidad machista, y le daría un fuerte impulso a una educación en igualdad que aún se discute en ciertos sectores sociales.

Si se aprueba la ley en su formulación actual, cualquiera puede dirigirse al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y presentar una queja. La Junta deberá investigar a fondo el asunto. Podrán imponerse sanciones de hasta 120.000 euros en el caso de comportamientos intimidatorios, degradantes u ofensivos que atenten contra la dignidad de una mujer. 

Si el IAM considera que los hechos son un delito, en lugar de la sanción, remitirá el caso a la Fiscalía. Esto supondría, de ponerse en práctica, un mayor grado de protección para las mujeres del que hasta ahora tenían y podría ser, en algunos casos, otra vía, tal vez más amable, para escapar de situaciones insoportables.

El régimen de sanciones le da más valor a las obligaciones que impone la ley a la administración, a las empresas y a los ciudadanos y, en cierto sentido, implica que la igualdad ya no dependerá de la voluntad de la gente, porque si se producen comportamientos machistas, y estos son denunciados, la Junta de Andalucía estará habilitada para sancionarlos.

Podemos e IU reprocharon al Gobierno andaluz su tardanza en traer la reforma al Parlamento, criticaron inconsistencias técnicas en el proyecto de ley, reclamaron más dinero para poder implementar la norma e instaron de manera enérgica a cumplir con ella, porque no se fían en absoluto de que se vaya a desarrollar de manera efectiva. 

"Esta ley lleva esperando desde 2015. Por fin ha llegado. Que en Andalucía y en el resto del país no hay igualdad no hace falta acreditarlo. No es solo el éxito de la huelga feminista. Estamos en un entorno europeo en que la prostitución, la explotación sexual de las mujeres forma parte del PIB".

Lamentablemente, ha sido una década de incumplimientos. No se ha cumplido con la ley del año 2007. El plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres está caducado desde 2013. Hay que aprobar un plan cada cuatro años. Y en estos años, desde que caducó, las mujeres no hemos ido hacia delante", dijo Elena Cortés (IU).

"La inclusión de un régimen sancionador me plantea problemas, seguramente no se ha hecho todo lo bien que se debía desde 2007, porque la realidad es la que es. No hace falta traer las cifras. La ley ha fallado en lo esencial y por eso hablamos de un régimen sancionador ahora. Nos vamos a la aplicación práctica. Solo hemos tenido un plan, caducado en 2013. Vamos a tomarnos la igualdad en serio y eso depende de su gobierno y no solo de lo que hagamos aquí. Esto no es un anuncio, la norma debería de estar concediendo derechos, herramientas a las mujeres", dijo la diputada Esperanza Gómez, de Podemos.

Ciudadanos y PP también criticaron la tardanza en tramitar las mejoras. La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet afirmó: "Queda muchísimo que hacer por educar en igualdad. Es verdad que la herramienta más poderosa es la educación. Existe una feminización de la pobreza. Los contratos precarios son femeninos y hay una insultante minoría de mujeres en los puestos de dirección. Cualquier paso que se dé, bienvenido sea. Peor es una reforma que viene con retraso".

Por su parte, Ana Vanesa García Jiménez, del PP, manifestó: "Por fin llega a la cámara este texto. Se lo hemos pedido en numerosísimas ocasiones. Nos regimos por calendarios electorales que es a lo que nos tiene acostumbrados la presidenta. Nos llama la atención el informe jurídico y el informe económico. Significa que este texto es un brindis al sol. Marca de la casa del PSOE. Muchos golpes de pecho, muchas palabras. Es necesario actualizar esta ley pero también creemos que es muy importante cumplir la ley. Hagamos una buena ley, útil, entre todos". Soledad Pérez, del PSOE, cerró el debate que había abierto la consejera y defendió la norma y su régimen sancionador: "Cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo".

La norma establece mejoras sobre la ley del año 2007 en los siguientes ámbitos.

En el ámbito educativo

"Tenemos la necesidad de una formación especializada. La coeducación va a marcar a niños y niñas. Solo a través de una educación en igualdad se va a alcanzar una sociedad respetuosa con la igualdad", dijo la consejera.

Cada centro docente deberá elaborar planes "que fomenten la construcción de las relaciones de mujeres y hombres sobre la base de la igualdad". Cada colegio e instituto de Andalucía contará con una persona responsable de coeducación, con formación específica, que de acuerdo con la dirección, impulsará la igualdad de género y facilitará un mayor conocimiento de la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. 

Se incorporarán al aprendizaje métodos para la resolución pacífica de conflictos, la gestión de las emociones y de modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y en el respeto a la igualdad de hombres y mujeres.

La administración, a través de programas con enfoque de género, abordará los contenidos relacionados con la educación sexual y afectiva, la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. El profesorado estará obligado a poner en conocimiento de la dirección indicios o sospechas de una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna o cualquier profesional de los mismos.

Una comisión en la que participará el Instituto Andaluz de la Mujer, junto con la consejería de Educación, vigilará el lenguaje, las imágenes y los contenidos de los materiales curriculares y los libros de texto que se utilicen en el ámbito del sistema educativo de Andalucía. La inspección educativa evaluará el cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Si estas medidas no se cumplen, o se produce discriminación en centros públicos, incluidos los concertados católicos, la Junta podría imponer sanciones además de obligar a su cumplimiento.

Cada universidad deberá contar con su plan de igualdad y deberá promover cátedras y unidades de igualdad de género.

En el ámbito laboral

La norma persigue combatir la brecha salarial. Se exigirán a las empresas planes de igualdad y planes para acabar con la discriminación salarial. Se promoverá la inclusión de medidas de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación y la jornada parcial. La inspección de trabajo deberá elaborar un plan específico para acabar con la discriminación salarial y podría imponer sanciones por estos temas. 

La norma obligará a la Junta a no firmar convenios ni a subvencionar a empresas que discriminen. Tampoco el Servicio Andaluz de Empleo no podrá tramitar ninguna oferta de empleo discriminatoria.

En el ámbito sanitario

La norma prevé de forma genérica, que requerirán de desarrollos posteriores, el impulso de medidas que eviten los embarazos no deseados "con especial atención a las mujeres adolescentes" y la contribución "al empoderamiento en la toma de decisiones respecto a la anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, el parto y el puerperio". 

Y persigue además corregir cualquier discriminación que pidieran sufrir hoy en día las mujeres lesbianas o que no tengan pareja por una orden del ministerio de sanidad dictada en 2014 que les viene a negar la reproducción asistida: "El sistema sanitario público de Andalucía garantizará el pleno derecho a las técnicas de reproducción asistida a las mujeres, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o identidad".

Cristina Cifuentes mantuvo bastantes encontronazos con los partidos andaluces, incluido el PP

SEVILLA.- Cristina Cifuentes no fue una dirigente estimada en Andalucía, ni siquiera dentro de su propio partido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que acaba de dimitir hace unas horas, era uno de los pocos apoyos territoriales que le quedaba a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, enfrentada desde hace años con Juanma Moreno y Javier Arenas, cuenta hoy mismo http://www.diariodesevilla.es. 

Cospedal hubiera preferido que a Juan Ignacio Zoido le hubiese sucedido alguien de su propia familia política al frente del PP andaluz, pero Rajoy frustró la operación. Pero lo que terminó por enemistar a Moreno con Cifuentes no fueron las pugnas internas, sino las alusiones de la ya ex presidenta a los andaluces.

A finales de 2017, durante un debate parlamentario, Cifuentes dijo que los madrileños estaban pagando la educación y la sanidad de los andaluces, por culpa de un sistema de financiación autonómica "injusto" e "impuesto" por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Esto motivó críticas desde todos los partidos andaluces, incluidos el PP. Su secretaria general, Dolores López, le pidió una rectificación. Cifuentes siempre presumió que la bonanza económica de Madrid se debía a una supuesta magnífica gestión, aunque obviaba que la capitalidad del país beneficia el asentamiento de las mayores compañías en su territorio. 

Había comenzado a calar en Madrid un discurso similar al iniciado por Convergencia en Cataluña en el sentido de que había que limitar el flujo desde las comunidades ricas, aquellas donde más se recauda, hacia las pobres, flujo que es inherente a la función redistribuidora del Estado.

Madrid, según explicó después Cifuentes, pagaba 3.000 millones de euros al fondo de garantía de los servicios básicos, y de éstos, 1.000 iban a parar a Andalucía y el resto a comunidades, como Galicia o Castilla-Léon.

Un año antes de esto, en enero de 2017, y durante la Conferencia de Presidentes, Cifuentes y la presidenta Susana Díaz tuvieron un agarre dialéctico, también a cuentas de la fiscalidad autonómica. Madrid bonifica la totalidad del impuesto de sucesiones y aun así recauda más. Susana Díaz le acusó de ‘dumping’ fiscal y solicitó que este tipo de impuestos estuviese homogeneizado. 

Finalmente, Andalucía, por acción de Ciudadanos, siguió el camino de Madrid y bajó este impuesto.

Pero en esa conferencia hubo algo más. Colaboradores de Cifuentes publicaron un tuit donde se leía: "Cuando disfrutas con tu trabajo y cuando no". Era el pie de una imagen donde se veía a Cifuentes sonriente y a Susana Díaz, más seria. 

Aquello provocó bastante malestar. “No estoy para contestar sobre tonterías”, respondió el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en ese momento.

Para redondear estas relaciones, Cifuentes le arruinó a Juanma Moreno la conferencia nacional que hace un mes celebró el PP en Sevilla. Ideada como una plataforma de lanzamiento de su candidatura a la Junta, Cifuentes se convirtió en la estrella, un agujero negro que atrajo todos los focos a causa del falseamiento de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. 

Fue ella la que abrió la convención con una rueda de prensa sobre este título y fue ella la quien forzó los plausos de los congresistas para blindarse ante la dimisión que solicitaba Ciudadanos. De nada le ha servido.

'Primark' abrirá este año una nueva tienda en Almería

VALENCIA.- La firma irlandesa Primark prevé abrir nuevas tiendas este año en Sevilla y Almería, y otra, sin fecha a la espera de encontrar donde ubicarla, en Bilbao, según ha anunciado el director general de la compañía para España y Portugal, Stephen Mullen.

En una entrevista, Mullen ha explicado que España es el segundo mercado para la marca tanto en número de ventas y tiendas como en empleados, y hasta el momento las aperturas se han realizado en centros comerciales, salvo algunas excepciones como Madrid o el establecimiento que tienen previsto abrir en Valencia el 13 de junio, que será el número 45 de la marca en este país.

Precisamente, uno de los objetivos de la compañía en este país es alcanzar el equilibrio que tiene en otros lugares entre tiendas urbanas y las ubicadas en centros comerciales, una estrategia que le está costando en España por las dificultades para encontrar locales del tamaño que busca Primark, de unos 6.000 o 7.000 metros cuadrados.

Una «tendencia» de la firma, ha dicho Mullen, aunque admite que en España «está costando» llegar a situar las tiendas al 50 % en los centros urbanos y en los centros comerciales.

El directivo también ha recordado las colaboraciones que mantienen en otras ciudades con cafeterías o centros de belleza, una manera de «potenciar» el servicio al cliente.

Primark opera más de 350 tiendas en once países: Irlanda, Reino Unido, Portugal, España, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Francia, Italia y Estados Unidos, y cuenta con más de 73.000 empleados.

El Tribunal Supremo rebaja el margen de error de los radares de Tráfico

MADRID.- El Tribunal Supremo ha establecido que los radares móviles de Tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación en trípodes o en coches parados tienen un margen de error del 5 % y no del 7 %, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos.

Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.

La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos -fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión.

En el caso planteado en este recurso de casación -señalan los magistrados- dicho porcentaje es relevante pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado.

De hecho, el juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.

La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%“.

Y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.

Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.

Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.

Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".

Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.

Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.

Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".

Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.

Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.

"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".

Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".

En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".

Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.

Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".

Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.

El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.

El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo. 

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 

Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 

El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 

Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 

El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 

 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 

Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 

En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 

Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 

Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 

Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.

 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 

También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega

China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 

En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.