ALMERÍA.- El juez instructor del caso 'Facturas' por el
que se investigan en Almería presuntos delitos continuados de
malversación de caudales públicos y malversación con la emisión de
"facturas ficticias" en el Patronato de Turismo bajo el anterior mandato
ha elevado a 19 los imputados, entre los que figuran desde el comienzo
del procedimiento el exvicepresidente de la Diputación Luis Pérez (PSOE)
y el exgerente Francisco Iglesias.
Entre los nuevos imputados figuran siete administradores de
agencias de viajes y de una empresa de tecnología, a quienes los últimos
informes de la Policía Judicial incorporados a la causa atribuye la
facturación "aparentemente irregular" de bienes y servicios al Patronato
por importes superiores a 4.000 euros, y tres asesores del equipo de
gobierno entre 2009 y 2011 que, según esos mismos informes, "pudieron
disfrutar de bienes y servicios con cargo al Patronato sin justificación
aparente alguna y sin tener, en principio, relación con el mismo".
Los nuevos imputados son los administradores de Viajes Viconos, de
Grupo J126, de Sportur Agencia de Viajes Vertical, de Viajes Bernardo, y
de Tecnología y Comunicaciones Móviles, así como Juan Antonio Bisbal,
José Andrés Soler y Teresa María Rojas.
El auto dictado por el magistrado Luis Durbán el día 20 indica que los informes policiales con los
que se intenta determinar el destino de 460.000 euros de dinero público
que se abrían abonado presuntamente mediante un centenar de facturas
"ficticias", recogen "también nuevos hechos de apariencia delictiva" con
respecto a las personas que ya figuraban imputadas en la causa, y
resuelve que deben prestar de nuevo declaración en sede judicial.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción nº 6 acordó en
julio de 2013 imponer prisión provisional eludible bajo una fianza de
12.000 euros Pérez Montoya, así como a la exsecretaria del Patronato
Provincial de Turismo María Teresa González y al empresario almeriense
Joaquín Conde. Junto a ellos, mantuvo los cargos a la esposa del
exnúmero dos de la Diputación, a Francisco Iglesias y a su esposa, al
director de una agencia de viajes, Arístides Javier Martos, y a una
pareja de amigos del exgerente.
Los informes elaborados por la Policía Judicial adscrita a la
Fiscalía Superior de Andalucía señalan también a otras 23 personas que,
según remarca el juez, también podrían haber disfrutado de bienes y
servicios con cargo al Patronato de Turismo "sin justificación aparente
alguna", lo que supone que habrían incurrido en un posible delito de
malversación aunque, matiza, ya prescrito.
Según explica, en la "mayor parte" de los casos han trascurrrido
más de tres años desde su comisión, en concreto hasta diciembre de 2010,
y las cuantías de las facturas no superan los 4.000 euros, por lo que
estima el instructor que les sería de aplicación el subtipo atenuado del
artículo 432.3 del Código Penal para decidir no dirigir la causa contra
ellos y citarlos a declarar en calidad de testigos.
"Aunque el plazo de prescripción no forma parte del tipo penal, lo
cierto es que merece la consideración de ley penal a los efectos
analizados pues del mismo depende, a la postre, la aplicación práctica
de los tipos", sostiene, si bien deja la puerta abierta a que la
administración perjudicada, en este caso la Diputación Provincial, pueda
ejercitar acciones por la vía civil contra ellos.
Junto a los 23 testigos con estas particularidades, el auto
resuelve la citación a declarar como testigos a la espera de fijar un
calendario, de otras 18 personas, incluido el expresidente de la
institución, el socialista Juan Carlos Usero, el exgerente del Patronato
Antonio Cantón y la exdiputada provincial del PSOE Caridad Herrerías.
En el marco de la instrucción, ya han prestado declaración en calidad de
testigos otras diez personas, la mayoría de ellos trabajadores de la
institución.
El actual equipo de gobierno de la Diputación (PP) remitió en
enero de 2013 a la Fiscalía un expediente en el que se incluían facturas
por un valor de 44.500 euros abonadas por el Patronato de Turismo y
correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros
datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de
trabajadores del patronato que no los realizaron.
En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente,
Javier Aureliano García, se especifican, al menos, ocho viajes a lo
largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich, Edimburgo o Madrid
presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta
doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en
el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas
facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento
extrajudicial de crédito.
Con posterioridad a esta denuncia, desde la Diputación de Almería
se remitió al juzgado 99 facturas más "supuestamente falsas" por valor
de cerca de 400.000 euros y sobre viajes supuestamente realizados
durante las mismas fechas para que se incorporaran a la causa.
Esta última aportación fue detectada a raíz del informe policial
que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el
exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis
Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.
La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia
contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la
Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de
Andalucía para investigar los hechos tras detectar posibles
"irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito bajo mandato socialista.
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