sábado, 16 de noviembre de 2013

La influencia del euro y de la desunión política en la crisis / Ángel Tomás Martín *

La economía pública, en un mercado globalizado, tiene una influencia directa en la economía real: el conjunto de empresas y servicios de cada uno de los componentes de la Europa Comunitaria. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los socios que la componen están solo parcialmente unidos. Acatar una sola moneda sin someterse al mismo tiempo a una unión política, financiera y fiscal, ha sido un error que hemos pagado muy caro y de difícil solución que, además, se alargará en el tiempo puesto que costará sufrimiento y sacrificios readaptar las estructuras individuales a las comunes obligatorias.

Que se mantenga la fortaleza del Euro, basada en un colectivo de economías dispares y en muchos casos contrapuestas, frente al Dólar, respaldado por un solo país, está provocando problemas graves a las economías más débiles de la Eurozona. La sobrevaloración perjudica de manera directa al comercio exterior e interior, al encarecer los costos productivos y ello explica la desindustrialización que en el último quinquenio ha supuesto para España. Por otro lado a EEUU le interesa un mercado de la importancia de Europa, y para ello necesita un dólar fuerte frente a una moneda más débil y fluctuante como la nuestra; de ahí la urgencia de no quedar indefensos ante las decisiones de la Reserva Federal.

Esta relación entre el Euro y el Dólar fuerza a la devaluación interna de los países periféricos mediante políticas restrictivas y el incremento de la presión fiscal, con el fin de reducir precios para volver a ser competitivos, pero puede causar un efecto de dificilísima reparación y de un alto costo social: desempleo, recesión, escasa financiación y endeudamiento desproporcionado. Este es el estado de la cuestión. Ningún país europeo ha logrado superar de forma estable el crecimiento del 2,5% sobre el PIB necesario para crear empleo y riqueza.

La presión inflacionista desigual, la obligada devaluación interna (la monetaria es inviable por razones obvias), mediante medidas duras y lesivas pero imprescindibles a que nos obliga una disciplina común, la falta de control presupuestario durante un largo periodo de crecimiento desproporcionado que se suponía interminable (basado en casi un solo sector como ha sido el de la construcción), y la repercusión de un mundo financiero especulativo global de dificilísimo control, han sido las principales causas de la crisis que aún padecemos y de la que costará años volver a la normalidad. No es realista proclamar que hemos tocado fondo y el crecimiento está a la vuelta de la esquina. Hemos de ser pragmáticos y entender que el endeudamiento colectivo exige de nuevos sectores de riqueza donde invertir y crear puestos de trabajo, y sobre todo del tiempo necesario para reducir nuestro endeudamiento. Imprescindible que todos lo comprendamos, que nos dejemos de discusiones ideológicas, que no perdamos el tiempo como hemos hecho hasta ahora y afrontemos la situación mediante unión, esfuerzo, trabajo, sacrificio e inversión.

No es un criterio individual o personal, coinciden en ello los mejores economistas actuales europeos y americanos, y en situaciones semejantes lo expresaba Krugman en la década de los noventa "soy escéptico a que un proyecto con grandes carencias se consolide y no pueda derivar en graves consecuencias aún más difíciles de superar”.

Países de nuestro entorno como Suecia o Reino Unido toman sus propias decisiones y se defienden de la influencia nefasta que produce una economía con moneda única, pero sin cohesión legal unitaria e incapaz de conseguir una posición estable del Mercado Único en el que están integrados.

En nuestro país, como en aquellos otros que necesitan imponer la austeridad para volver al crecimiento, la adopción de medidas dolorosas domésticas con una tasa elevada de desempleo, se torna en lentitud para conseguir la estabilidad, evitando el ajuste del empleo del sector público, aún pendiente, y el deterioro del bienestar general.

Este fenómeno puede obligar a algún país de la Unión a negarse a continuar imponiendo recortes por encima de los ya efectuados, desoyendo las órdenes comunitarias y retrasando su aplicación. Los resultados desastrosos que ocasionaría son imprevisibles.

(*) Economista y empresario

Cajamar completa la emisión de cédulas hipotecarias por importe de 750 millones a un precio de colocación de 3,76%


ALMERÍA.- Cajamar Caja Rural ha completado con éxito una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 750 millones de euros a un plazo de cinco años y a un precio de colocación del 3,764 por ciento, según ha indicado la propia entidad.

   La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Cajamar con una respuesta "muy positiva" tanto a nivel de inversores internacionales, con un 71,5 por ciento de la demanda como nacionales, que representaron el 28,5 por ciento restante.
   Se trata de la segunda operación de este tipo que Cajamar ha realizado en 2013 en el mercado mayorista. En la primera, el pasado mes de mayo, también de cédulas hipotecarias, fueron 500 millones de euros los que se colocaron.
   La fortaleza de la demanda de las cédulas hipotecarias de Cajamar, con peticiones de inversores que han superado los 1.000 millones de euros, ha permitido rebajar el precio de las cédulas a un diferencial de 114 puntos sobre el soberano del Reino de España al mismo plazo.
   Cajamar ha valorado la buena acogida que ha tenido la emisión y la rapidez con la que ha sido colocada, lo que a juicio de la entidad demuestra la "confianza" de los inversores europeos en Cajamar; "una confianza que viene avalada por la buena gestión de los activos de la entidad, así como por los prudentes controles del riesgo y por la calificación otorgada por las agencias de rating a esta operación".
   Para llevar a cabo la operación, la entidad ha recurrido a los servicios de Crédit Agricole, Nomura, Santander y Société Générale.

Crean una asociación regionalista en Almería para reivindicar su "hecho diferencial"

ALMERÍA.- Un grupo de "almerienses que no se sienten andaluces" ha creado una asociación regionalista al estimar que existe un "hecho diferencial suficientemente notable para la creación de "una comunidad autónoma exclusiva".

   La iniciativa ciudadana, que remarca que el movimiento "no es nuevo" y alude a la Transición "cuando surgieron voces" a favor de esta "autonomía uniprovincial", nace de las redes sociales y cuenta con "más de 3.140 seguidores", según ha informado el presidente, Jesús Muñoz.
   En un comunicado, Muñoz ha precisado que pretende "aunar un sentimiento que siempre ha estado latente en parte de la sociedad almeriense" y ha señalado que el crecimiento de seguidores que se han ido congregando en torno a la página 'Almerienses que no se siente andaluces' es "espectacular".
   Ha lamentado que en las últimas tres décadas "ha continuado existiendo una falta de conexión y de nexos en común con Andalucía" y ha subrayado que el regionalismo almeriense "no es un movimiento independentista o nacionalista". "Simplemente trata de conseguir las mismas cotas de autogobierno que poseen las regiones de Cantabria, La Rioja, Murcia, Navarra o Madrid y posee los mismos sentimientos autonomistas de los españoles que crearon las primeras autonomías", ha explicado.
   En esta línea, ha apuntado que, a su juicio, es "imposible que nadie ame algo que no conoce" y con este fin ha preparado un calendario de actividades que contempla charlas, publicaciones y visitas con la que pretenden difundir la cultura almeriense entre los ciudadanos. "Almería lleva sumida en un colonialismo cultural desde hace unos 70 años y son muchas las generaciones que han olvidado su herencia".

La eventual privatización de AENA puede poner en peligro la viabilidad del aeropuerto de Almería

ALMERÍA.- El consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, ha reclamado este viernes al Ministerio de Fomento la elaboración de un "plan conjunto" para afrontar la futura privatización de AENA sin que se ponga en "peligro" la "viabilidad" de aeropuertos como los de Almería, Granada-Jaén, Córdoba o Jaén que, según ha remarcado, "en estos momentos son deficitarios".

   En declaraciones a los periodistas en Almería ha trasladado la "preocupación" del Ejecutivo andaluz ante el proceso iniciado por el Gobierno que preside Mariano Rajoy para introducir capital privado que podría llegar hasta un 60 por ciento de la participación en la citada sociedad estatal y ha demandado una línea de actuación conjunta entre ambas administraciones.
   "Para el turismo internacional es muy importante la conectividad aérea y en eso estamos trabajando desde la Junta andaluza pese a no tener competencias si bien --ha subrayado-- sería de esperar más colaboración por parte de AENA y Ministerio de Fomento o, incluso, un plan conjunto".
   Rodríguez ha advertido de que la privatización significa "poner en manos de intereses privados" una red de infraestructuras "estratégica" y ha reiterado la "preocupación" por el futuro de aeródromos como los de Almería, Córdoba, Granada-Jaén o Jerez y por el hecho de que esta medida "pueda poner en peligro la viabilidad de los aeropuertos andaluces con menos tráfico".
   Para el consejero andaluz, "generalmente" la iniciativa privada "solo pretende la rentabilidad inmediata" pero no "a lago y medio plazo" que es lo que, según ha subrayado, precisa el sector turístico. "Es incompatible normalmente con el objetivo de los inversores que apuesten por hacerse con esta infraestructura", ha considerado.
   Por último, ha trasladado que desde el Gobierno andaluz, además de "llamar la atención sobre este hecho", se seguirá trabajando para "buscar nuevos vuelos y garantizar la viabilidad porque así nos garantizamos la de la conectividad en la Comunidad Autónoma".

El Gobierno central cifra en 2,3 millones la solución definitiva a la regresión de las playas de Costacabana y El Toyo

ALMERÍA.- El proyecto de Recuperación Ambiental de las Playas de Costacabana y El Toyo, en Almería, requerirá una inversión aproximada de 2,3 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Dirección General de Sostenibilidad en la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien ha destacado que este importante proyecto supone "una solución definitiva" a los graves problemas de regresión y erosión de estas dos playas y "nuevas posibilidades turísticas en esta zona de la capital".
   Crespo ha hecho estas afirmaciones tras la firmar del firma del acuerdo por el que se adjudica a la empresa Estudio 7 la elaboración del estudio de redacción del proyecto, que contará con un presupuesto de 31.864,03 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se espera esté concluido antes del verano de 2015.
   A la presentación del acuerdo también han asistido el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, el delegado de la empresa Estudio 7, Jorge Martín Vivas y la presidenta de la Asociación Bahía de Costacabana, María del Carmen Montes.
   Crespo ha destacado que la elaboración de este estudio persigue dos objetivos fundamentales: establecer las actuaciones necesarias para estabilizar estas dos playas y estudiar cómo debe ser la adecuación del entorno para favorecer su conservación y disfrute por parte de los usuarios.
   En esta línea, ha indicado que se trata de "un primer paso fundamental" para desarrollar un proyecto futuro que permitirá solucionar de manera definitiva los problemas de erosión y regresión de las playas de Costacabana y El Toyo. Además, ha explicado que el proyecto que se desprenda de este estudio supondrá un "gran beneficio medioambiental para el entorno costero", al tiempo que favorecerá "el impulso turístico de la zona permitiendo desarrollar una actividad económica generadora de empleo".
   Crespo ha trasladado que el proyecto tendrá un carácter definitivo a medio y largo plazo, por lo que evitará "las constantes regeneraciones de arena que se han venido produciendo año tras año con la llegada del verano en estas playas, que no resolvían el problema y que, además, han supuesto, sólo en la playa de Costacabana, un gasto de más de dos millones de euros desde el año 2005 en reposiciones de arena".
   Para Crespo, esta iniciativa es "una muestra más" del compromiso y la apuesta del Gobierno de España con el litoral almeriense. En este sentido, ha recordado que en 2013 la inversión de la Dirección General de Sostenibilidad en la Costa y el Mar en Almería ha ascendido a 2,4 millones de euros, con proyectos fundamentales, como la Recuperación Ambiental del Delta del Río Andarax en el Paseo Marítimo de la capital y los trabajos de regeneración y mantenimiento de las playas de la provincia. En 2014 se han presupuestado tres millones de euros para continuar con el control de la regresión del litoral y las dotaciones para el acceso y uso público de la costa almeriense.
   Ha hecho alusión, al hilo de esto, a la reunión mantenida en Madrid con el Director General de Sostenibilidad en la Costa y el Mar, Pablo Saavedra, en la que se acordó "dar un impulso decidido" a proyectos cruciales" para la provincia de Almería.
   También se acordó estudiar actuaciones de protección y recuperación de las playas de El Lance de la Virgen, Guainos Bajos y La Caracola, en el municipio de Adra, donde se analizará la posibilidad de ejecutar unos espigones puntuales en estas playas urbanas que permitan estabilizar la línea de costa para que las aportaciones de arena que se realicen en el futuro sean más eficaces. De igual modo, se abordó la propuesta de una actuación en la playa de Balanegra (Berja) que permita acometer un proyecto que ofrezca una solución a los problemas de la regresión del litoral en esta entidad local.
   Por último, al margen de estas medidas, Crespo ha informado que "se continuarán realizando trabajos para la mejora" de las playas en otros municipios de la provincia que contemplen la regeneración y la aportación de arena durante la época estival "con el fin de mejorar la costa almeriense en los meses de mayor afluencia turística".

Condenan al Ayuntamiento de El Ejido a pagar 1,2 millones por no certificar unas obras ejecutadas en 2007

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de El Ejido ha sido condenado a pagar 1,2 millones de euros después de que un juzgado haya dado la razón a la empresa adjudicataria de las obras del vial sur de la localidad, quien presentó una demanda tras no haber percibido las certificaciones de la actuación, por valor de 770.000 euros.

   Según ha indicado el Consistorio ejidense en una nota, la sentencia condena al Ayuntamiento a abonar las certificaciones, indemnizaciones e intereses de demora generados por el impago del Consistorio. La empresa ha solicitado la ejecución del fallo, que fue dictado en diciembre 2011, de forma que el Consistorio tendrá que hacer frente a la cantidad antes de junio de 2015.
   El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera (PP), ha explicado que el Consistorio "se ve ahora obligado a tener que abonar más de 1.200.000 euros a la empresa que ejecutó los trabajos" al tiempo que ha lamentado que el anterior equipo de gobierno no pagara las certificaciones correspondientes" ya que esto ha generado un sobrecoste del 65 por ciento, según ha calculado.
   El actual equipo de gobierno ha tratado de negociar con la empresa para refinanciar la deuda, si bien sus reuniones han resultado "infructuosas".
 "La gestión del PAL vuelve a causar un grave perjuicio a las arcas municipales", ha insistido el portavoz, quien pese a todo, a puntualizado que gracias a la defensa judicial del Consistorio, se ha conseguido rebajar en 200.000 euros la petición inicial.

Absuelto de prevaricación el alcalde de Sorbas tras retirar el fiscal la acusación

ALMERÍA/SORBAS.- El Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería ha dictado sentencia absolutoria para el alcalde de Sorbas, José Fernández Amador (PP), después de que el fiscal retirase su acusación por la que interesaba penas de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación especial por autorizar la construcción de tres viviendas supuestamente sobre suelo no urbanizable y de especial protección al estar incluido en el área de Sierra Cabrera declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC).

   El Ministerio Público ha adoptado esta resolución después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase por la vía contencioso-administrativa que el suelo sobre el que se levantan las edificaciones tiene la calificación de "urbano no urbanizable", lo que hacía inviable mantener la acusación por presunto delito de prevaricación, según han informado fuentes judiciales.
   La acusación particular, ejercida por el grupo municipal del PSOE, también ha retirado en el transcurso de la vista su acusación, formulada a raíz de la denuncia que interpuso el Ministerio Público contra el regidor y también contra el promotor de la obra, un ciudadano británico identificado como John David W.S. y la directora técnica, Paula P.U., ambos por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
   Tras esto, la jueza ha resuelto dictar 'in voce' sentencia absolutoria para los tres y para el técnico municipal que elaboró el informe preceptivo favorable, también procesado, y ha declarado la firmeza de la misma después de que las partes personadas confirmasen que no iban a interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería.
   La Fiscalía acusó a Fernández al considerar que concedió licencia municipal de obras en julio de 2006 para edificar tres viviendas unifamiliares en la pedanía sorbeña de Los Pérez "a sabiendas de su injusticia" ya que conocía que el suelo tenía calificación de no urbanizable. Sostenía que el regidor había usado como respaldo un informe elaborado por el técnico, quien, a su juicio, también era conocedor de que la parcela quedaba dentro de la zona de afección de la Sierra de Cabrera, catalogada como LIC por sus valores medioambientales.
   En el escrito de acusación se interesaba la demolición de lo construido y la asunción del coste por parte de John David W.S. y Paula P.U. La tasación oficial cuantificaba la actuación en 9.443,95 euros pese a que tan sólo se cimentó en solar.
   La sentencia del TSJA, firme y que ha invalidado esta acusación, sostiene que "el contenido de las Normas Subsidiarias (NNSS) de ámbito provincial de Almería permiten calificar como urbano el suelo donde se ubica la construcción objeto de la licencia" y argumenta que "suelo cuestionado" es urbano en base a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Ordenación de Urbanismo de Andalucía (LOUA) "sobre los requisitos exigidos no cumulativos".
   Según subraya, "las únicas obras que requiere la parcela son las de enganche a suministros, lo que cumple los requisitos que exige la disposición transitoria segunda" de esta ley. Reprocha a la Junta andaluza que no facilitase a lo largo del proceso "ningún respaldo probatorio" sobre la procedencia de la revisión de oficio del acto administrativo mediante el que se concedió la licencia o sobre la nulidad del citado acto y rechaza que, tal y como aseguró, indujese a la formación "de nuevos asentamientos" en el término municipal.

Primera declaración

El alcalde de Sorbas, José Fernández Amador (PP), ha valorado el fallo por el que finalmente ha quedado absuelto de un delito de prevaricación y contra el territorio después de que se declarara en firme la legalidad de una licencia de obras para construir ocho viviendas unifamiliares en la pedanía de 'La Mela', si bien ha lamentado que el proceso ha mantenido "paralizado" la concesión de licencias en las pedanías del municipio durante seis años.
   El regidor sorbeño ha manifestado que desde que se inició el procedimiento ha vivido "seis años de mucha incertidumbre" aunque con "la confianza clara desde el primer día" en la legalidad del procedimiento seguido para conceder la licencia de obras. No obstante, ha lamentado que además se solicitara la imputación de un técnico municipal y un inversor extranjero, interesado en edificar dichas viviendas.
   El también diputado provincial ha considerado que los cuatro diputados del PSOE que se presentaron como acusación particular en el proceso tendrán que dar "muchas explicaciones" de por qué han "perjudicado al municipio de Sorbas". "Llevamos seis años con nuestras pedanías paralizadas sin poder construir viviendas nuevas. A mí me han querido hacer daño, pero han perjudicado al municipio", ha manifestado el regidor.
   Con esto, Fernández Amador ha remarcado que "la justicia ya ha dicho que el suelo es urbano", por lo que ha instado a la Junta a que deje de "empeñarse en lo contrario" y así se permita el desarrollo urbanístico de las pedanías de Sorbas.
   El Ministerio Público ha adoptado esta resolución después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase por la vía contencioso-administrativa que el suelo sobre el que se levantan las edificaciones tiene la calificación de "urbano no urbanizable" al situarse a menos de un kilómetro y medio del núcleo urbano, lo que hacía inviable mantener la acusación por presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
   La Fiscalía también ha retirado la acusación que pesaba los concejales del equipo de gobierno José Martínez y José Ramos y la exedil Ana Idañez para quienes se pedía 15 meses de cárcel y nueve meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.
   La acusación particular, ejercida por el grupo municipal del PSOE, que se personó en la causa a raíz de la denuncia que formuló la Fiscalía, se ha sumado a esta medida, por lo que la jueza ha dictado 'in vocce' sentencia absolutoria y ha declarado la firmeza de la misma tras comunicar las partes que ninguna tenía intención de recurrir.

La Consejería de Fomento y Vivienda evita más de 310 desahucios en un año en Almería

ALMERÍA.- La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado 313 desahucios en un año en la provincia de Almería y ha abierto un total de 474 expedientes desde que se puso en marcha la oficina provincial del Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda.

   "Ha cumplido su objetivo fundamental: que las personas que acuden a nosotros para evitar su desahucio permanezcan en sus viviendas", ha resaltado en un comunicado la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Encarna Caparrós, que ha afirmado que estos resultados demuestran que cuando la administración "rompe la neutralidad y se pone de parte de las víctimas de la crisis, es posible hacer políticas efectivas a su favor".
   En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 77 personas, el 16,2 por ciento del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad. Es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones. El servicio prestado por el Programa evita preventivamente a las familias verse en situación de riesgo de vulneración de su derecho a la vivienda.
   La parte fundamental del Programa es la intermediación. Un total de 313 personas han sido atendidas en esta fase, el 66,03 por ciento del total, y todas han evitado su desahucio. "Se trata de familias que quieren pagar, pero que no pueden y que gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas a pesar de mantener una deuda con las entidades financieras", ha indicado Caparrós.
   De estas 313 familias, 291 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.
   En esta misma fase de intermediación, 22 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.
   "Estos resultados ponen de relieve que la política sí puede cambiar las cosas a favor de los trabajadores, pero no deben llevar al triunfalismo", ha afirmado Caparrós, quien ha recordado que "los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo sustenta no legislen a su favor".
   En la fase de protección del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, la Consejería ha abierto 84 expedientes, un 17,7 por ciento del total de casos atendidos. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda. .
   Caparrós ha destacado el "fuerte impulso" que ha dado a la fase de protección del Programa la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio.