martes, 15 de octubre de 2013

La promotora del hotel del Algarrobico recuerda que aún siguen sin resolver sus dos recursos al retracto de Junta

ALMERÍA.- La promotora del hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, Azata del Sol, ha advertido este martes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aún debe pronunciarse en los dos recursos que la constructora y su matriz, Azata, interpusieron contra el derecho de retracto ejercido por la Junta sobre las fincas en las que se levanta el establecimiento y ha emplazado a su resolución.

   Fuentes de la empresa han indicado hoy que ambos recursos impugnan "el mismo acto administrativo" al que el TSJA ha dado validez en una primera sentencia contra el Ayuntamiento de Carboneras y ha remarcado el hecho de que se haya fallado este "en primer lugar" cuando es "posterior en el tiempo" a los presentados por Azata y Azata del Sol.
   "Recordamos que todavía hay dos recursos al mismo acto que no han sido resueltos aun cuando tenían un numero de registro anterior y el del Ayuntamiento entró bastante después", ha trasladado la promotora, para la que hay "muchos aspectos llamativos" en el asunto.
   Cabe recordar que el TSJA ha dictaminado en una sentencia, contra la que cabe casación ante el Tribunal Supremo (TS), que la Junta de Andalucía es propietaria de los terrenos sobre los que se levanta el hotel, fincas que adquirió por 2,3 millones de euros mediante retracto en septiembre de 2006 con el fin, según indicó el entonces presidente, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer "desaparecer" el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
   En sus recursos, la empresa hace hincapié en que las cinco fincas objeto de litigio y que conforman los sectores ST-1 y ST-2 fueron adquiridas en 1999 a las sociedades Río Alías y Parque Club Algarrobico, está última "participada por la Junta de Andalucía".
   Recoge, en esta línea, que, en el contrato de compraventa, "las partes vendedoras, entre ellas la Junta, hacían constar que las fincas objeto de la escritura no estaban enclavadas en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, no existiendo limitación urbanística alguna que impidiese el desarrollo del planeamiento y del plan parcial".
   Apunta, asimismo, que la comunicación preceptiva de la transmisión de dichas fincas en 1999 "debía hacerla, según marca la ley, el vendedor y no comprador". Cabe recordar que el procedimiento administrativo de retracto se inició en 2006 cuando la Consejería de Medio Ambiento aseguró haber constatado "que no fue informada", lo que, según argumentó, le habría "impedido la oportunidad de ejercer el derecho de tanteo, conforme marca la ley, y en su caso de retracto también previsto en el ordenamiento".
   Esa "irregularidad" alegada por la administración autonómica en 2006 es la que, según el TSJA en su sentencia del pasado día 7, habilitó a la Junta andaluza para ejercer el derecho de retracto y pasar a adquirir la propiedad por la cantidad en que fue escriturada en la transmisión anterior.

La Plataforma en defensa del Tajo y Alberche, de Talavera, denuncia ante la Comisión Europa el impacto del trasvase al Segura

TALAVERA DE LA REINA.- La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche, de Talavera de la Reina, ha interpuesto este lunes una queja ante la Comisión Europea denunciando el impacto que tiene el trasvase Tajo-Segura sobre 14 espacios protegidos de la Red Natura 2000 de Castilla-La Mancha y Madrid. 

   La Plataforma, según ha informado en un comunicado, ha aportado en su denuncia numerosas pruebas científicas que demuestran que estos espacios protegidos se encuentran en mal estado de conservación debido al bajo caudal de los ríos Tajo y Alberche, a unos regímenes muy alejados del natural y a un exceso de contaminación.
   La Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche cree que esta queja "supondrá un antes y un después" en la gestión del Tajo y del trasvase Tajo-Segura. En ella se aportan pruebas "contundentes" que demuestran que se está vulnerando la directiva de hábitats "debido a la deplorable gestión hidrográfica del Tajo y sobre todo por el trasvase Tajo-Segura".  
   El coportavoz de la Plataforma, Miguel Méndez, considera que "tendrá que ser lejos de España donde se resuelva este problema, ya que algunos intereses económicos del Levante no sólo tienen secuestrado el Tajo, sino las voluntades de nuestros gobiernos" y ha añadido que "las pruebas científicas son tan contundentes que Europa no tendrá más remedio que actuar".
   A su juicio, "el trasvase obliga a que los ríos Tajo y Alberche estén casi secos y la concentración de los contaminantes no permitan la supervivencia de las especies y de los hábitats por los que se declararon los espacios protegidos".
   Por su parte, Miguel Ángel Sánchez, otro de los portavoces de la Plataforma ha aclarado que "el Ministerio tenía obligación de evaluar el efecto de la gestión del Tajo y especialmente de los trasvases y ventas de agua, sobre los espacios protegidos de la Red Natura 2000, y no lo hicieron ya que sabían que eso haría imposible trasvasar agua".
   En este sentido, ha apuntado que "la aprobación de una normativa asociada al Memorándum secreto entre Murcia, Valencia y el Ministerio no haría más que dar una nueva prueba contundente a favor de la queja. La plataforma no tardará ni una hora en aportar cualquier acto de desarrollo del Memorándum a la Comisión Europea".

El peaje en las autovías 'salvaría' a las autopistas en quiebra "sin rescate", según Aseta

MADRID.- La decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra serían "rentables" y no necesitarían así ser "rescatadas" si el Gobierno impusiera el cobro de un peaje por circular por la red de autovías de alta capacidad.

   Así lo aseguró el presidente de la Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas (Aseta), José Luis Feito, quien en el caso de las radiales de Madrid, actualmente en concurso de acreedores, garantizó que serían viables si sus sociedades concesionarias cobraran peaje por los tramos de la carretera de circunvalación M-50 de la capital que tienen asociados.
   En cuanto a la situación que atraviesan estas y otras cinco vías de pago, la patronal considera que contaban con dos mecanismos de apoyo (las cuentas de compensación y los préstamos participativos) para un "horizonte temporal destacado, hasta que se articulara un peaje en las autovías".
 "En ese momento serían rentables sin necesidad de rescate", aseveró Feito.
   En el caso de las cuatro vías radiales de Madrid, el presidente de Aseta recordó que los contratos de construcción y explotación llevaban incluidos la ejecución y el mantenimiento de un tramo de la M-50, si bien libre de peaje para los usuarios.
   "Si la M-50 estuviera tarificada, si las concesionarias de las radiales no tuvieran que pagar de su cuenta de resultados su construcción y mantenimiento, las radiales serían viables, incluso a pesar de las salvajadas que se han hecho", declaró Feito en referencia a los sobrecostes que afrontaron por las expropiaciones y las "excesivamente optimistas" previsiones de tráfico.
   Aseta ha instado hoy al Gobierno a articular el cobro de peaje en las autovías actualmente gratuitas, con el fin de recaudar hasta 10.000 millones de euros y evitar que su mantenimiento caiga sobre los Presupuestos.
   En rueda de prensa, Feito aseguró desconocer el modelo que finalmente adoptará el Gobierno para solventar la situación que atraviesan las cuatro radiales y otras cinco autopistas de reciente construcción que también están en riesgo de quiebra.
   No obstante, en caso de que finalmente se integren en un sociedad pública y tengan que contar con recursos públicos, recordó que la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA) que también se constituyó para rescatar autopistas, "devolvió con creces la aportación pública con su posterior privatización".
   Además de las radiales, entre las vías con problemas se encuentran la Madrid-Toledo, la Ocaña- La Roda, la Cartagena-Vera o la circunvalación a Alicante. En la actualidad, el Ministerio de Fomento trabaja para integrarlas en una eventual sociedad, en la que las actuales concesionarias de las vías se repartirían el 20% del capital social.

Lluvias y bajada de temperaturas desde el próximo fin de semana en toda Andalucía

SEVILLA.- La entrada de una borrasca "profunda" desde el Norte de la Península Ibérica provocará a partir del próximo sábado 19 de octubre lluvias y una bajada significativa de temperaturas en la comunidad autónoma andaluza, según ha confirmado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Luis Fernando López Cotín.

   De esta manera, ha confirmado que esa perturbación, "que esperábamos, pues es típicamente otoñal y absolutamente normal en estos días", ocasionará un cambio "importante" en las condiciones del tiempo desde el próximo fin de semana.
   En lo tocante a la probabilidad de precipitaciones, éstas serán prácticamente nulas hasta el sábado. Así, si bien en la región oriental las posibilidades son menores --llegando incluso al 0 por ciento en Almería, y sin sobrepasar el 30 por ciento en Jaén--, a partir de esa jornada en la occidental son mucho mayores: 80 por ciento en Huelva, 75 por ciento en Sevilla y Cádiz y 45 por ciento en Córdoba.
   Asimismo, respecto a las temperaturas, y tras una curva ascendente generalizada a lo largo de la semana, la mayor caída en las temperaturas máximas se registrará en Sevilla, con hasta ocho grados menos, pasando de 30 grados centígrados el viernes a 22 el sábado; siete en Córdoba, bajando de 30 a 23; cinco en Cádiz, de 28 a 23; cuatro en Granada, Huelva y Jaén; uno en Málaga; y la subida de un grado en Almería.

La Junta esperará a que no haya más fallos sobre el Algarrobico para actuar con "seguridad jurídica"


SEVILLA.- La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha asegurado que la administración autonómica esperará hasta "la última sentencia" para proceder a actuar, bajo criterios de "seguridad jurídica", en el caso del hotel de Azata del Sol, en El Algarrobico, Carboneras, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha pronunciado dándole la razón y, con ella, la propiedad de los suelos donde se alza el complejo. 

   En declaraciones a los periodistas, Serrano ha recordado que la reciente sentencia del TSJA, que se pronuncia sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consistorio de Carboneras contra el derecho a retracto establecido por la Consejería, "no es la última que esperábamos", puesto que aún debe haber pronunciamiento respecto a los recursos que, sobre la misma base, ha interpuesto la promotora Azata.
   Asimismo, el último fallo también puede ser recurrido en casación, según ha recordado la titular andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ha aseverado que la Junta mantendrá "la misma postura" en la que trabaja desde hace años, según la cual se pretende la regeneración de la zona, ya que el proyecto del hotel "no es viable ni medioambiental ni administrativamente".
   De este modo, según Serrano, la Junta esperará hasta "la última sentencia" para "ejercer lo que la autoridad judicial nos mande y lo que se debe hacer allí: la recuperación medioambiental de la zona".
   El TSJA ha dado validez, en una resolución, al derecho de retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece que el suelo es, por tanto, de titularidad pública.
   La sentencia establece que el derecho de retracto es conforme a derecho y designa al delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería para que, en nombre de la Junta andaluza, "formaliza las escrituras de compraventa o, en su defecto, actas de pago y ocupación", así como la demás documentación necesaria para la "total inscripción" de las cinco fincas que componer los sectores ST-1 y ST-2 de El Algarrobico en "los registros pertinentes".
   Apunta, al hilo de esto y con respecto a la posibilidad o imposibilidad de restaurar los terrenos a su estado primitivo, que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio "es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas del derecho de retracto".

IULV-CA urge a la Junta de Andalucía a iniciar el derribo de hotel del Algarrobico

ALMERÍA.- La coordinadora provincial de IULV-CA y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, ha instado este lunes a la Junta a poner en marcha "los mecanismos necesarios" para la demolición del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y ha considerado que "ya no valen más burdas excusas acerca de que hay que esperar más sentencias ni nada similar".

   En un comunicado, Martín ha trasladado que espera que "se actúe de inmediato" para restaurar la zona y devolverla al estado anterior a su construcción y que no se "demore más su demolición" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya dado validez al derecho de retracto ejercido sobre los terrenos en 2006 por el Gobierno andaluz, que los adquirió por 2,3 millones de euros.
   "Esperamos que se cumpla el acuerdo entre los gobiernos andaluz y estatal", ha señalado para, a continuación, recordar que las dos administraciones acordaron cofinanciar un estudio para determinar el coste de la demolición, el tratamiento de residuos y la posterior regeneración de la zona.
   En diciembre de 2012 se aprobó una Proposición no de Ley instando al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dirigirse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a fin de proceder, con carácter de urgencia y en el entorno de colaboración institucional que posibilitó el acuerdo alcanzado entre ambas administraciones, en julio de ese mismo año, para la recuperación de la playa del Algarrobico.
   Por ello, Martín ha registrado una pregunta oral dirigida a la Comisión de Medio Ambiente en la que interpela acerca de qué situación en la que se encuentran los acuerdos adoptados con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por qué calendario ha establecido la Consejería de Medioambiente para dar cumplimiento a la PNL aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía, y en consecuencia proceder a la demolición del Algarrobico mediante un plan de empleo para el municipio de Carboneras "habida cuenta --destaca-- de que la titularidad de los terrenos es de la Junta de Andalucía".
   Subraya que la demolición del hotel del Algarrobico es "legalmente posible" y "forma parte del acuerdo de gobierno al que IU ha llegado con el PSOE en la Junta de Andalucía", por lo que insta de nuevo a iniciar cuanto antes los trámites junto con el gobierno central para proceder a la recuperación del espacio natural de Carboneras "que nunca debió vulnerarse".

Derriban dos de las casas de británicos en suelo no urbanizable de Cantoria

CANTORIA.- Dos de las cuatro viviendas edificadas en el paraje Las Terreras, en Cantoria, por las que ha renunciado a su acta de concejal el exalcalde Pedro Llamas tras ser inhabilitado en firme han sido demolidas este lunes para dar cumplimiento tanto a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería como a la vía administrativa emprendida por la Junta, que ya daba vía libre a su derribo en 2007.

   La actuación responde a la petición de ejecución forzosa realizada por la Junta andaluza el pasado mes de agosto y a la que dio respuesta el tribunal de la Sección Segunda en una providencia de 10 de septiembre en la que señalaba que no había "inconveniente en que se dé inicio en la reposición de la realidad física alterada al coincidir los pronunciamientos" tanto de la vía penal como de la vía administrativa.
   En virtud de la autorización de actuaciones para restablecer la legalidad urbanística, la Junta ha procedido este lunes a la demolición de dos de estas viviendas, una todavía mera estructura, tras alcanzar un acuerdo con los propietarios, a los que se dio un plazo de dos meses para abandonar la casa, según han indicado fuentes de la administración autonómica.
   La actuación, que ha transcurrido con "normalidad", deberá ser sufragada por el promotor de las viviendas vendidas a ciudadanos británicos, al que la Junta pasará la factura, y que también, según la sentencia confirmada en mayo por el Tribunal Supremo (TS), deberá indemnizar a los compradores "de buena fe".
   En agosto de 2004, la Junta abrió un expediente sancionador contra el constructor a raíz de una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por el desmonte de los terrenos sin autorización y que terminó con la imposición de multa y la obligación de la reposición del medio "a su ser y a su estado anterior".
   Esta orden fue desobedecida y se construyeron las cuatro edificaciones residenciales en suelo no urbanizable de carácter rural sin licencia municipal que las amparase y sin ser autorizables al estar realizadas sobre suelo cuyo destino no estaba relacionado con fines forestales, agrícolas o ganaderos, por lo que se inició otro expediente administrativo.
   La sentencia a la que se ha dado cumplimiento este lunes, después de un providencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 10 de septiembre en la que se comunicaba que no había inconveniente para que se procediera a la reposición de la legalidad física, sí estipulaba que los propietarios de las casas debían ser indemnizados por el promotor, F.P.M., quien deberá correr, asimismo, con los gastos de la demolición.
   Fuentes de la administración autonómica han indicado hoy que, tras requerimientos para la ejecución voluntaria de la vía administrativa, mediante oficios en 2007 y en 2012, los derribos no se habían acometido, por lo que tras confirmar el pasado mes de mayo el Supremo la ilegalidad de la construcción, la administración recurrió a la vía penal.
   Las mismas fuentes han precisado que las costas de derribo correrán a cargo del promotor, condenado a cárcel, que también tendrá que sufragar la demolición de las otras dos viviendas levantadas en la parcela 200 del paraje Las Terreras para restablecimiento de la legalidad urbanística alterada.
   El exalcalde de Cantoria está condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.

Costas ordena el derribo de un chiringuito ilegal en Mojácar y multa a su dueño con más de 21.600 euros

MOJÁCAR.- El Servicio Provincial de Costas ha ordenado demoler un chiringuito ilegal ubicado en una playa de Mojácar a cuyo propietario ha sancionado con 21.613,56 euros por una infracción administrativa tipificada como grave debido a la ejecución no autorizada de obras en zona de dominio público marítimo-terrestre. 

   La resolución sobre la que cabe recurso de alzada obliga a J.F.G.L., vecino de Garrucha, a demoler y retirar del espacio invadido las obras realizadas para dejar los terrenos como estaban antes de la actuación. En este sentido, según recoge el anuncio del Boletín Oficial de la Provincial (BOP), el multado cuenta con 15 días para ello, ya que en caso contrario, la Administración actuará de oficio e impondrá las multas coercitivas que estime.
   La actuación que ha motivado este expediente consistieron en instalar un chiringuito no autorizado en servicios de temporada de 2012 con una ocupación total de 315,96 metros cuadrados aproximadamente compuesto por cerramiento de madera con solera de hormigón, techado y cerrado con madera, para aseos, cocina, barra de bar y comedor de 152,76 metros cuadrados.
   Asimismo, la instalación ubicada entre los mojones 80 y 82 de la Playa del Descargador, está dotada con terraza con techo de brezo sobre tarima de madera de 139,06 metros cuadrados y un cerramiento de barbacoa con techo de chapa de 24,14 metros cuadrados. 
La multa impuesta deberá ingresarse en el Tesoro Público.

El alcalde de El Ejido avisa de un "panorama muy complicado en infraestructuras y empleo" sin ayuda de la Junta

EL EJIDO.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha advertido este lunes de que la "carga financiera" de 360 millones de euros que arrastran las arcas municipales auguran un "panorama muy difícil y complicado" si no se adoptan las medidas de carácter extraordinario que ha solicitado a la Junta andaluza y ha avisado de que están en cuestión el mantenimiento de las infraestructuras que dan soporte al tejido productivo y el empleo en la empresa mixta de servicios municipales (Elsur).

   "Necesitamos ayuda porque la situación económica tiene carácter excepcional ya que deriva de una presunta malversación de caudales públicos", ha asegurado Góngora en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, para solicitar el respaldo de la Administración autonómica ante lo que ha tildado de "economía de subsistencia para hacer frente a un sinfín de deuda que va a mantener hipotecadas a las arcas municipales en los próximos años"
   Góngora ha destacado al caso excepcional del Ayuntamiento de El Ejido que se encuentra en una "situación de pre-quiebra" debido a esa "extrema debilidad económica que padece y que --ha añadido-- está poniendo en peligro la viabilidad de la institución local derivada de un grave caso de corrupción política que lo diferencia del resto de ayuntamientos" en alusión a la presunta trama de corrupción empresarial y política que investiga en caso 'Poniente' bajo mandato del PAL y del exregidor Juan Enciso.
   En esta línea, ha lamentado que desde la Administración autonómica no se reconozca ese carácter excepcional, "como en su día lo tuvo el municipio de Marbella que también estuvo inmerso en un caso grave de corrupción" y ha destacado el "enorme esfuerzo" para hacer viable el funcionamiento del Ayuntamiento, "adoptando medidas de reajuste y contención del gasto" que están haciendo equipo de gobierno y ciudadanos.
   En concreto, el Ayuntamiento ha solicitado un préstamo de 25 millones de euros que serían reintegrados por el consistorio tras un periodo de carencia e interés conveniado entre ambas administraciones, en un plazo de doce años con cargo a su participación en los ingresos del Estado y de la Comunidad con el objetivo prioritario de que pueda afrontar su situación actual y "reconducir la deriva económica heredada sin perjudicar a sus vecinos y sin hipotecar el futuro desarrollo del municipio".
   Según Góngora, ha trasladado "la necesidad imperiosa" de un compromiso "político y firme" por parte de la Junta de Andalucía para aprobar de "manera urgente" la concesión de dicho préstamo, "que podría resultar fundamental para, además de aliviar las asfixiadas arcas municipales, reducir el impacto del ERE de la empresa mixta de servicios Elsur, que en la actualidad afecta a 119 trabajadores y posibles planes de jubilación para mayores de 55 años que podría afectar a más de 67 trabajadores".
   Al hilo de esto, ha indicado que el Gobierno ha dado "muestras de buen predisposición" en este asunto al haber adoptado "ya algunas medidas de apoyo y estar estudiando la puesta en marcha de otras adicionales".
 "Por ello, entendemos que es necesario que El Ejido obtenga, igualmente, el respaldo de la Junta para dejar definitivamente atrás una situación que viene limitando en gran manera las posibilidades reales de un municipio de más de 100.000 habitantes, cabecera de comarca y pueblo pujante, generador de empleo y que tanto aporta a la provincia para su crecimiento", ha remarcado.
   Por último, durante el transcurso del encuentro se han tratado otros asuntos relativos a la gestión municipal e igualmente condicionados por la situación económica. Así, por ejemplo, se ha trasladado a Ferrer la solicitud a la Junta de reinvertir una subvención mal gestionada por el PAL en la creación de un centro de atención infantil temprana.
   El primer edil ha instado al Gobierno autonómico a que la cantidad de 409.243 euros que el Ayuntamiento está devolviendo a causa de la inadecuada gestión de una subvención de 2008 que en su momento se realizó por el anterior gobierno del PAL, "se reinvierta en el municipio para financiar la construcción de un centro de atención infantil temprana, para lo que el propio Consistorio podrían a disposición del proyecto el suelo necesario".

La Junta lo reconoce pero...

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, ha manifestado este lunes que el Gobierno andaluz reconoce la situación "excepcional" que atraviesa el Ayuntamiento de El Ejido, para el que el grupo parlamentario popular ha solicitado un préstamo de 25 millones de euros, si bien ha explicado que la Junta "no da ayudas extraordinarias a los ayuntamientos" puesto que las competencias en financiación local corresponden al Gobierno central.
   Así lo ha señalado Ferrer después de haber mantenido este lunes una reunión con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), con quien ha abordado esta cuestión y a quien ha recordado, según ha apuntado, que es el Gobierno central a quien corresponde "exclusivamente" las cuestiones de financiación a los ayuntamientos.
   El Ayuntamiento de El Ejido ha declarado que presenta una situación financiera de "pre-quiebra" ya que su deuda "es superior a los 300 millones de euros siendo su presupuesto de ingresos anual, correspondiente a 2013, de 82 millones de euros", de manera que ha achacado su situación a la trama de corrupción municipal investigada en el marco de la operación 'Poniente' bajo el anterior gobierno local (PAL), por la que supuestamente se habría sufrido un "perjuicio patrimonial" de hasta 150 millones de euros.
   Ferrer, quien ha enmarcado la reunión con el regidor en términos de "cordialidad", ha señalado que la Junta de Andalucía ofrece a todos los ayuntamientos unos determinados fondos para inversiones de carácter no finalista a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), de forma que El Ejido recibirá al finalizar 2013 un total 4.140.538 euros; una cantidad que se abona en cuatro pagos trimestrales --el último fue el 1 de octubre-- que es similar a la que se destinó en 2012.
   La delegada ha incidido en que "son muchos los municipios" que "lo están pasando mal" y por ello la Junta de Andalucía trata de "ayudarlos a todos por igual, independientemente de su tamaño o de las circunstancias que les haya hecho llegar a la situación de excepcionalidad".
   La máxima responsable del Ejecutivo autonómico en Almería ha incidido además que "desde las competencias de la Junta" también se ha hecho un "esfuerzo especial" para con El Ejido en materia de caminos rurales, salud y educación mediante diferentes acciones, de forma que ha recordado al regidor ejidense la posibilidad  de acogerse a un decreto ley promovido por el gobierno destinado a salvar a los ayuntamientos en crisis.

La Junta creará una norma para identificar la calidad del aceite de oliva, que facilite las exportaciones

ANTEQUERA.- La presidenta de la Junta ha anunciado que su Ejecutivo trabaja en una norma para identificar la calidad del aceite de oliva y así facilitar las exportaciones y reforzar la marca Andalucía en el mercado internacional.

   Así, durante su intervención este lunes en Antequera (Málaga) en la entrega de premios a la calidad del aceite de oliva, otorgados por Dcoop, la mayor cooperativa agroalimentaria andaluza surgida de la fusión de Hojiblanca y Tierras Altas, ha subrayado que este tipo de uniones son "fundamentales para ganar liderazgo y diferenciarnos en el mercado".
   Para ello, ha continuado, "hay que apostar por la innovación, la integración, la cooperación y también por la internacionalización", para lo cual, ha reiterado, "tenemos que ser más fuertes, grandes y competitivos".
   Díaz, quien ha felicitado a los ganadores de estos premios a la calidad del aceite, cooperativas de los municipios malagueños de Almargen, Fuente de Piedra y Alameda y del cordobés Adamuz, ha resaltado que el desarrollo económico andaluz "necesita empresarios como vosotros, gente que arriesgue para crear empleo y riqueza". En esa tarea, ha asegurado, "vais a tener la colaboración y cooperación del Gobierno andaluz".
   En este sentido, ha considerado "fundamental" eliminar las trabas administrativas, de manera que no se pierda "ni un solo empleo o proyecto porque la administración no sea ágil"; mejorar el acceso al crédito financiero, para lo que la Junta "seguirá apostando por los fondos reembolsables". También ha aludido a la importancia de "ganar tamaño y tener una estructura competente, de ser competitivos para la comercialización y sobre todo eficaces".
   Díaz ha incidido en que hay que contar con una estructura económica "fuerte y eficaz" y mejorar las estructuras de promoción y comercialización del aceite dentro y fuera. "Nos queda mucho por hacer, pero podemos hacerlo juntos", ha aseverado, recordando que ha recuperado la Consejería de Agricultura, "para dar cercanía y proximidad".
   Aunque la fusión que ha dado lugar a Dcoop "no ha estado exenta de dificultades", la presidenta andaluza ha sostenido que la iniciativa "unida al talento va a permitir seguir siendo líderes a nivel mundial". "Sois un ejemplo del empuje del sector agroalimentario y un símbolo de la capacidad de los andaluces cuando nos ponemos por delante metas a conseguir", ha apostillado.
   Durante el acto también ha intervenido la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien ha destacado el trabajo del Ejecutivo central y del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en la negociación de la Política Agraria Común (PAC).
   Ha hecho hincapié en que la PAC es "la base del olivar andaluz en Bruselas" y en que ha sido "un año fructífero en el que se ha trabajado por una fiscalidad mejor, por un almacenamiento privado y se está trabajando en la no reutilización de los envases".
   "Desde el Gobierno hay muchas cosas por hacer y está al lado del sector porque es una de sus prioridades", ha manifestado Crespo, quien se ha mostrado "contenta" por que las ayudas directas al olivar "han sido buenas y el Ministerio ha hecho una negociación muy importante".
   Susana Díaz se ha referido a la Política Agraria Común y a los "flecos" que quedan, pero que pueden determinar "cómo queda el traje". Así, ha esperado la colaboración del Gobierno de España que, "si se hace realidad, el resultado final debe ser bueno para Andalucía y los intereses del sector", al tiempo que ha recalcado que los agricultores andaluces "necesitan precios justos".
   "Tenemos la obligación de seguir apoyando al sector olivarero", ha apuntado, al tiempo que ha reiterado que el movimiento cooperativo "representa la mejor manera de hacer empresa". A su juicio, la agricultura en la región es un segmento estratégico: "no por ser tradicional es menos importante, tiene capacidad de arrastre de muchos municipios y es fundamental en el desarrollo rural que permite la cohesión social y territorial de Andalucía".