jueves, 3 de octubre de 2013

Sin Bruselas, la recuperación industrial es imposible / Ángel Tomás Martín *

La Comisión Europea, al fin se ha convencido de que el único camino para la recuperación de la economía pasa necesariamente por recuperar el tejido industrial perdido, e impulsar su crecimiento de forma acelerada, o se distanciará de los países más avanzados que ya han superado el crecimiento del dos por ciento sobre el PIB. 

En nuestro caso, la realidad es que la política económica ha sido desacertada y carente de visión, al no tomar las medidas necesarias para, por un lado, contener la desaparición y deslocalización de empresas industriales, que ya ha superado el treinta por ciento en el último quinquenio, y para evitar el insostenible desempleo y el altísimo endeudamiento público, situado ya cerca del 95% del PIB.

Con independencia de adelgazar el tamaño de la estructura estatal y autonómica, y la simplificación de nuestro sistema burocrático, se nos reclama: protección y fomento a la innovación e investigación, y un más ágil y efectivo acceso al crédito, imprescindibles para estimular nuestra dormida capacidad del sector productivo y de la inversión exterior en el mismo.

El impulso al sector industrial es el motor principal que puede llevarnos al crecimiento económico, a la creación de puestos de trabajo especializados, y a la disminución del endeudamiento público. La inacción y aplazamiento en la toma de medidas urgentes que hagan posible su prioridad, es un error imperdonable. La continua subida de impuestos como única solución para hacer frente al creciente endeudamiento, es necesaria para cumplir con las obligaciones contraídas, pero un error para el desarrollo económico, puesto que reduce el consumo, merma la capacidad empresarial, aumenta el paro y frena la inversión interior y sobre todo la exterior. 

El fomento industrial y su crecimiento son imprescindibles para la subida de la renta nacional y del bienestar social, y el exceso de carga fiscal merma la competitividad, perjudica la exportación e impide la creación de puestos de trabajo estables. Es necesario que fluyan nuevas ideas para nuevas políticas económicas que regeneren el sector industrial y eliminen el crecimiento continuo de la fiscalidad. Esto último es lo más fácil pero demuestra la carencia de ideas para encontrar el camino que facilite el cumplimiento a los requerimientos de Bruselas. No debemos olvidar que la planificación, la construcción de naves, instalaciones, maquinaria, etc., requieren financiación y tiempo, por tanto la destrucción industrial es de muy difícil recuperación y ésta necesita de estímulos.

Recordemos que en los años setenta San Juan de Puerto Rico alcanzó el liderazgo económico del Caribe, y fue la ubicación geográfica preferida por los emprendedores de EEUU. Se acometió el plan urbano sobre el que se asentó su famosa Milla de Oro, atrayendo industrias en base a las exenciones tributarias vigentes. Puerto Rico como Estado Asociado de EEUU, se vio obligada a derogar dichas exenciones, a partir de lo cual, en tan sólo tres años, la Milla de Oro perdió su esplendor convirtiéndose en una auténtica desolación industrial, con repercusión sobre el turismo, el comercio minorista, el bienestar social y la recaudación fiscal.

 La apreciación del euro está limitando nuestra competitividad, al fundamentarse las exportaciones, en mayor medida, en los precios antes que en la alta calidad de los productos. Es un argumento adicional para que los Países del Norte, que son beneficiarios de la situación, insten a Bruselas para que sean sensibles a nuestro problema de desindustrialización.

En la actualidad, los Estados que regeneran la actividad productiva se están convirtiendo en líderes de la economía global, como es el caso de EEUU y Canadá, entre otros, sin olvidar El Foro de Asia-Pacífico, en el que sus líderes crean alianzas para protegerse ante la decaída de Europa promoviendo medidas de desarrollo industrial sostenible y de regulación comercial competitiva. En la Comunidad Europa, en menor escala, lo están consiguiendo Polonia, Rumanía, Letonia y Estonia. El resto de los veintiocho ha destruido industria en el último quinquenio, y de ahí que Bruselas esté despertando y empiece a exigir a sus socios acciones urgentes y efectivas para detener la desaparición industrial, y medidas estructurales que propicien su creación. Es evidente que si Europa no reacciona su riqueza languidecerá, haciendo imposible su reactivación.

Alemania y Francia ya han iniciado su gran reforma para la promoción industrial. España, con un sector industrial en plena caída y en los últimos puestos de la clasificación recientemente publicada, no tiene otra opción que despertar, estudiar y acometer cuantas medidas sean necesarias para que el crecimiento sea real y no encubierto e imposible. Con independencia de apoyar la investigación, la creatividad, la innovación, el crédito y la reducción del costo energético, una reforma fiscal en profundidad que contenga una disminución de impuestos capaz de hacer atractiva la inversión interna y sobre todo externa hacia la actividad productiva, es incuestionable, de lo contrario podemos hacer un país de Estado rico con ciudadanos pobres, cuando lo deseable sería lo contrario.

España cuenta con una ubicación geográfica excelente, pero no aprovechada y con ausencia de alianzas internacionales inteligentes, consecuencia de la falta de modernización y efectividad de nuestra organización exterior, embajadas, consulados y oficinas. Sin embargo, el impulso industrial debe apoyarse en componentes de la actual coyuntura de nuestra economía. Hay un importante flujo monetario procedente del exterior, como: grandes inversores destacados, Fondos Internacionales sólidos, e inversores menores, atraídos por una oferta inmobiliaria de bajos precios, especialmente en costas, con la perspectiva de obtención de beneficios una vez iniciada la recuperación.

Ésto unido al saneamiento avanzado del sistema financiero, demanda al Estado una bajada de impuestos impulsora del crecimiento y la implantación industrial.

Para hacerlo posible, es necesario compensar la caída de la recaudación que originaría la política fiscal protectora, por un alargamiento de los plazos de amortización de la Deuda Pública, que permitiera mantener unos presupuestos generales del Estado equilibrados y viables. Nada de lo expuesto, como posible única solución a nuestro desarrollo, sin un acuerdo de Bruselas que nos exige medidas urgentes para la contención de la destrucción industrial y el inicio de su crecimiento. Su apoyo y nuestro esfuerzo colectivo permitirán alcanzar el éxito de lo que no podemos aplazar, "conseguir un tejido empresarial sólido, creciente y competitivo".

(*) Economista y empresario

Los presupuestos provocan las primeras tensiones entre el PSOE e IU en Andalucía

SEVILLA.- Los dos socios del Gobierno andaluz, que preside ahora Susana Díaz, están pasando por momentos de tensión creciente, ante su desencuentro a la hora de elaborar los presupuestos de la autonomía para 2014.

A IU no le ha sentado nada bien que la nueva consejera de Hacienda, María José Montero, haya dado por sentadas en público algunas cuestiones que todavía estarían negociando los dos partidos que configuran la mayoría parlamentaria.

El encargado de manifestar el malestar de la coalición de izquierdas ha sido el portavoz de su grupo parlamentario, José Antonio Castro, que ha acusado a la consejera de extralimitarse al haber explicado por ejemplo que no hay margen para ahorrar o que no van subirse los impuestos.

De hecho, la opinión de IU sobre estas dos cuestiones parece muy distinta a la del PSOE. La coalición si apoyaría un cierto aumento de la presión fiscal para aumentar la recaudación con impuestos que podrían gravar las bebidas azucaradas o el aterrizaje de aviones, por ejemplo.

Además, el portavoz de IU cree necesario hacer una completa auditoría de la administración pública para continuar eliminando duplicidades y seguir 'reduciendo' la grasa política que aún tiene, en su interior la administración andaluza.

Castro ha recordado a Montero que el actual gobierno es de 'coalición' y que la decisión política sobre los presupuestos no le corresponde a ella, aunque sea la encargada de elaborarlos.