martes, 13 de agosto de 2013

Una empresa almeriense patenta y comercializa una casa ecológica, autoconstruible y modular con forma de iglú


ALMERÍA.- La empresa de carpintería, ebanistería, estructuras de madera y bioconstrucción modular, fundada por Juan José Campos y Javier Cejudo, y con sede en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), ha ideado, bajo el nombre de 'Xiglú', una construcción modular, patentada por la empresa y fabricada en sus instalaciones de Serón, que es ecológica, autoconstruible, transformable, personalizable y transportable. 

   El Xiglú es un sistema constructivo en kit "muy versátil y adaptable" que el propio usuario puede montarse cuando quiera, desmontar o ampliar. "Es una propuesta única en el mundo desde Almería con un triple balance: económico, ecológico y social", ha explicado Cejudo en una rueda de prensa de presentación celebrada en el camping de Los Escullos, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
   Cejudo ha indicado que el Xiglú es una casa que cumple con el código técnico de la edificación existente en España y que ha sido desarrollada con el estudio de arquitectura Satt como socios. Consume muy poca energía y garantiza el aislamiento. "Sólo hay que elegir la orientación adecuada al tipo de clima, un sistema de climatización apropiado y la cubierta adecuada", ha asegurado.
   La innovación de Xilacurve en sus estructuras de madera parte de dos necesidades para la edificación: la sostenibilidad y la flexibilidad. "La flexibilidad debe ser entendida para el usuario que diseña y adapta la edificación a sus necesidades. Es decir, que el usuario está en el centro del proceso", ha apuntado Cejudo.
   En el diseño del Xiglú se ha analizado su impacto con una visión amplia y compleja: relación con el entorno, diseño bioclimático, gestión del agua, materiales de bioconstrucción y gestión de la energía.
   Cejudo ha defendido el uso de la madera porque es el material de construcción "más sostenible".
 "La madera es un material natural, renovable y recuperable al final de su ciclo de vida. No sólo es el único elemento constructivo que no emite CO2 durante su elaboración sino que además produce una reducción de éste", ha trasladado.
   Al hilo de esto, ha señalado la forma de domo o iglú ofrece muchos beneficios, como por ejemplo que permite encerrar el máximo espacio con la mínima superficie, consiguiendo una reducción en gastos de material y energía. También ha destacado que el volumen de aire dentro del domo es menor que en un habitáculo con forma cúbica, por lo que es menor el coste para mantenerlo tibio en invierno y fresco en verano. Además, ninguna estructura cubierta es tan estable y fuerte frente a vientos, tormentas, sismos y nieve.
   El Xiglú presentado en Almería tiene 6,4 metros de diámetro y 32 metros cuadrados, permitiendo acomodar a cuatro personas. La madera es el principal material empleado en su construcción, complementado con lana de oveja para el aislamiento. Está equipado con aseo, ducha y cocina, además de mobiliario y otros elementos de interiorismo diseñados ex profeso.
   La construcción inédita patentada por Xilacurve ya se está comercializando. De hecho, desde que Xilacurve se presentó el pasado noviembre con una maqueta del Xiglú en Biocultura Madrid acumula centenares de consultas. Cejudo destaca la nueva etapa para Xilacurve porque, "a partir de ahora podemos mostrar un Xiglu real totalmente equipado y un video que muestra el sencillo proceso de montaje y desmontaje".
   Desde ayer lunes, cualquier persona interesada en la arquitectura ecológica puede visitar el Xiglú instalado en el Camping Los Escullos.
   Los usos del Xiglú son numerosos, eligiendo la configuración de módulos que se ajuste a las necesidades concretas, por lo que puede ser vivienda habitual, casa de fin de semana o para invitados, bungalow en camping, refugio, despacho, comedor, sala de reuniones, aula.
   Si se necesita más espacio, es posible agrupar dos o más Xiglus con módulos de unión. Otra opción es usar la forma de gusano, un cuerpo central con forma semicilíndrica y medio iglú a cada extremo.

Hoy declara el exalcalde de Carboneras, imputado por presunta prevaricación en el Algarrobico

ALMERÍA.- El exalcalde de Carboneras Cristóbal Fernández (PSOE) y seis de los ediles que conformaban su equipo de gobierno declaran hoy martes en calidad de imputados en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si incurrieron en un presunto delito de prevaricación administrativa al mantener como urbanizable el sector ST-1 de El Algarrobico sobre el que asienta el hotel de Azata del Sol.

   La jueza instructora ha citado a Fernández, al frente de la Alcaldía durante dos décadas solo interrumpidas por una condena de seis meses por un delito electoral del que finalmente fue indultado, a las 09.30 horas.
   A la sede del Juzgado nº 3 de Vera deben acudir, asimismo, la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como Francisco Ruiz, quien le sustituyó mientras estuvo inhabilitado, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.
   Podrá estar presente en la toma de testimonio la letrada de Ecologistas en Acción Ana Sanchiz después de que la jueza en una providencia resolviese dar por no personada a la organización debido a un "error material" y se acordase posteriormente la fijación de una fianza de 3.000 euros para poder actuar en la causa como acusación popular.
   Los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y Greenpeace ha trasladado que esperan que estas declaraciones impulsen la depuración de "responsabilidades políticas" en torno al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, y han destacado que se trata de la primera vez que tendrá que "dar explicaciones" ante un juez "el padre de la criatura", en alusión a Fernández.
   Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en el transcurso de un pleno celebrado en 2009 y en el gobierno, votaron a favor de una adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) por la que se mantenía la clasificación de urbanizable para el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata del Sol.
   El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
   Tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también, para que comparezcan en calidad de testigos este martes, la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.
   El actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), señaló ante la jueza en su declaración prestada en marzo que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE  durante un pleno celebrado el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.
   La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que Hernández no había modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni había procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.
   Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declaran el paraje como no urbanizable y de especial protección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.  
   El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
   La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
   En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".

Fijan fianza de 3.000 euros a Ecologistas en Acción para ser parte en la causa judicial sobre prevaricación en el Algarrobico

VERA.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera ha fijado una fianza de 3.000 euros a la organización Ecologistas en Acción para continuar personados, en este caso como acusación popular, en el procedimiento abierto por presunta prevaricación en el paraje de El Algarrobico contra el actual alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar) y el anterior gobierno municipal liderado por el socialista Cristóbal Fernández.

   La resolución, adoptada el 30 de julio, llega después de que la jueza instructora de la causa, en una providencia anterior, acordase rectificar por un "error material" una providencia dictada en marzo, en la que sí se daba por personada como parte a la organización conservacionista.
   La providencia, por la que la letrada de Ecologistas en Acción-Andalucía Ana Sanchís no podrá estar presente durante las declaraciones en sede judicial este martes de Cristóbal Fernández y el resto de ediles de su gobierno como imputados, señala que el escrito que se presentó para la personación "carece de firma de letrado" y sostiene que, por tanto, no se puede dar por personada como parte a la organización.
   Tras la subsanación del "error material" por parte del colectivo, el juzgado, mediante una nueva providencia firmada por el secretario judicial, fija que Ecologistas en Acción tiene que hacer frente a una caución de 3.000 euros para que se le tenga por personada como acusación popular.

Ecologistas y Greenpeace esperan que la imputación del exalcalde de Carboneras depure responsabilidades políticas en el Algarrobico

ALMERÍA.- Los colectivos conservacionistas Ecologistas en Acción y Greenpeace ha trasladado que esperan que la declaración en sede judicial como imputados de los integrantes del anterior equipo de gobierno de Carboneras impulse la depuración de "responsabilidades políticas" en torno al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, y han destacado que se trata de la primera vez que tendrá que "dar explicaciones" ante un juez "el padre de la criatura", en alusión al exalcalde, el socialista Cristóbal Fernández.

   La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha recordado que su organización "ha intentado" en al menos "dos ocasiones" que Fernández comparezca ante la Justicia para "dar la cara por saltarse" la normativa ambiental y la Ley de Costas, y hacer "caso omiso" de las resoluciones judiciales que obligaban al Ayuntamiento a declarar suelo no urbanizable el sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel y ha celebrado que en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera se haya avanzado "más y tirado del hilo".
   "Esperamos que prospere la imputación ya que lo ideal, y lo que deseamos es que, no solo se derribe el hotel, sino que también, ojalá, paguen los culpables de su construcción", ha asegurado Marcos, quien ha considerado que lo que más se ajustaría a derecho sería que los que fueron los promotores del inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones "hagan frente con su patrimonio del coste de la demolición y la regeneración de la zona".
   Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Vera ha llamado a declarar al exregidor Cristóbal Fernández así como a los miembros que conformaron su equipo de gobierno (PSOE) en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si incurren en presuntos delitos de prevaricación administrativa al declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se sitúa el polémico hotel de Azata del Sol.
   Los siete imputados, que se suman al actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar) por presunta desobediencia y prevaricación, en el transcurso de un pleno en 2009 y en el gobierno apoyaron una proposición para declarar urbanizable el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de Azata, una parcela que desde entonces aparece como urbanizable en la normativa municipal.
   En este sentido, un portavoz de Ecologistas en Acción, cuya demanda dio lugar a que la Fiscalía de Medio Ambiente formulase denuncia y judicializase el caso, ha indicado que, del procedimiento, debe salir "por fin" la clasificación de no urbanizable para el paraje, "que ya le ha otorgado incluso la Junta de Andalucía en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".
   "Resulta increíble que, a estas alturas y con infinidad de resoluciones judiciales en esa línea, el Ayuntamiento siga sin adaptar su normativa urbanística", ha señalado para, a continuación, remarcar que, en la causa en fase ahora de instrucción, debe dirimirse una doble responsabilidad que pasa, por un lado, "porque el actual equipo de gobierno no adapta sus normas subsidiarias" y, por otro, "por el hecho de la Junta no le ha obligado a hacerlo".
   "Esperamos que la actual corporación modifique la actual calificación de suelo urbanizable para El Algarrobico y esperamos también que dejen de hacer política, arrastrando a otros ayuntamientos a defender el hotel pese a que la única salida es su demolición", ha remarcado.
   El auto judicial cita a declarar a las 9,30 horas de hoy martes en calidad de imputados a seis miembros de la anterior corporación y al exalcalde. Entre estos se encuentra también la exteniente de alcalde y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los ediles socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.
   Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, la jueza ha citado también para que comparezcan en calidad de testigos a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.
   En el marco de esta diligencias previas también permanece imputado el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), quien ya prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que se le imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado el 11 de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.
   La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer edil no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.
   Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista.  
   El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
   El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
   La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
   En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".

El PSOE de Carboneras acusa al alcalde de despreciar a los 28 exempleados de Holcim, al negar los despidos

CARBONERAS.- El PSOE de Carboneras ha acusado al alcalde de "despreciar" a los 28 empleados de la cementera Holcim que han perdido su trabajo, al negar durante el último Pleno municipal que se hubieran producido despidos en el municipio. 

   En una nota, el PSOE explica que los socialistas carboneros han difundido un vídeo en el que se ve al alcalde asegurando que la cementera no ha despedido a ningún trabajador, "cuando en realidad fueron 28 los trabajadores que perdieron su empleo, según la información facilitada al PSOE por el comité de empresa de Holcim".
   En el vídeo, que se puede visionar en 'http://www.youtube.com/watch?v=1PrcYY-LFRA', el alcalde manifiesta que "cuando hubo el conflicto con Holcim hace unos meses, que se iba a hacer un ERE que si eran 25, que sin eran 30 despedidos, afortunadamente gracias al apoyo del Ayuntamiento, en Carboneras no se produjo ningún despido".
   El PSOE quiere mostrar públicamente su "rechazo tajante" ante las palabras del alcalde de Carboneras, que fueron "una mentira descarada" y demostraron "una enorme falta de respeto hacia las 28 personas que, según el comité de empresa, se han quedado sin trabajo".
   El PSOE de Carboneras recuerda que estos despidos se enmarcan en un entorno de crisis económica "agravada por la reforma laboral impulsada por el Partido Popular", que sigue "atentando" contra los derechos laborales cosechados tras años de lucha de los trabajadores.
   Para los socialistas ésta es una prueba más de que "el alcalde sigue siendo ajeno a la difícil realidad de muchas familias de Carboneras que están siendo azotadas por esta crisis y que ven cómo desde la derecha que gobierna Carboneras, no se impulsa ninguna acción política para evitarlo."
   Los socialistas de Carboneras han vuelto a pedir al equipo de Gobierno municipal  que "ponga en marcha inmediatamente medidas para la generación de empleo en Carboneras" y le han recordado que "para esta tarea, siempre contará con el apoyo del PSOE y de las más de 30 propuestas que el Grupo Socialista ha realizado durante este mandado, desechadas todas, por cierto, por la coalición PP-Gicar".
   Por otra parte, el PSOE de Carboneras ha felicitado públicamente a los miembros del nuevo comité de empresa de Holcim y les ha trasladado que los socialistas del municipio están a su disposición para "trabajar juntos por los derechos de los trabajadores de Carboneras que, tras la nueva reforma laboral, están viendo cómo desaparecen los derechos conseguidos durante años de lucha democrática".

IU critica el elevado coste del "reenganche" del servicio de agua potable en Roquetas de Mar

ROQUETAS DE MAR.- Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha propuesto al equipo de Gobierno bonificar la tasa de "reenganche del servicio del agua", ya que "si bien el servicio está externalizado, las tasas son públicas y se establecen en el ayuntamiento". En julio del año pasado IU propuso, a través de una moción, una tarifa social del agua para ampliar los beneficiarios de la tarifa reducida de este servicio e incluir a hogares con todos sus miembros en situación de desempleo o con bajos recursos, "algo que fue rechazado por el PP".

   Según un comunicado del grupo de izquierdas, una de las medidas que se incluía en esa moción era el establecer una "exención total en la tasa de restablecimiento del servicio", ante cortes por falta de pago, dado que "muchas veces es la falta de ingresos y no la mala fe de los usuarios" lo que imposibilita a este colectivo poder atender "con puntualidad" los recibos, posibilitando así que la vivienda "no se quede sin un servicio básico".
   En este sentido, IU pedía que el coste del reenganche "se bonifique al cien por cien", propuesta que contó con el "incomprensible voto en contra" del Partido Popular de Gabriel Amat, y así, "su no aprobación".
   En la actualidad, según las tasas municipales, por los reenganches las familias deben pagar entre 40 y 100 euros, "un gasto excesivo sobre todo para familias en las que ningún miembro trabaja y apenas entran ingresos".
   Así, IU recuerda que en 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la "Observación General número 15 sobre el derecho al agua, cuyo primer artículo que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna".
 "También define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico, ya que el agua no debe ser mercancía", argumenta el portavoz del grupo municipal de IULV-CA en Roquetas, Ricardo Fernández.
   De este modo, IU manifiesta que está en contra de la gestión privada del suministro de agua y recuerda que "la que hace Aquagest en el municipio no es la adecuada ni por precio ni por calidad, a lo que se suman las altas tasas impuestas desde el equipo de Gobierno, demostrando que ni esta administración ni la empresa tienen sensibilidad ante este tema", concluye.

El sector pesquero almeriense exporta menos pescado pero incrementa la facturación un 8%

ALMERÍA.- Las empresas del sector pesquero en la provincia de Almería exportaron, en 112 operaciones comerciales, 1,5 millones de kilos de pescado y marisco fresco y congelado, un 39 por ciento, pese a lo cual se ha incrementado durante el primer semestre del año en un ocho por ciento la facturación, hasta alcanzar los 3,9 millones de euros.

   Según ha indicado el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz Bono, el descenso en el volumen de exportaciones se explica sobre todo en la venta de producto congelado ya que las ventas de  pescado fresco, aunque también se ha reducido, lo ha hecho de forma más modesta con un 6 por ciento.
   Con todo, gracias a una mejor cotización de los productos, la facturación se ha incrementado un ocho por ciento con casi 3,9 millones de euros.
   Italia es el principal destino del pescado y marisco de Almería, con la compra de más del 63 por ciento del producto. El segundo mejor cliente es Portugal con un 26,2 por ciento, seguida de Cabo Verde con 6,4 por ciento, Argelia, que acapara el 2,1 por ciento y Francia con un 1 por ciento.
   La mayor parte de las exportaciones que realiza el sector pesquero almeriense son de pescado fresco. Así, se ha comercializado en el exterior un millón de kilos valorados en 2,6 millones de euros. En cuanto a la venta de pescado congelado, la facturación ha rondado los 1,2 millones de euros.
   Italia ha adquirido el 70 por ciento, mientras que el 20,7 por ciento se ha vendido en Cabo Verde y el cuatro por ciento en Argelia, de acuerdo con los datos elaborados por la Delegación Territorial de la Consejería, a partir del último informe del ICEX.
   Hasta mayo, las empresas pesqueras de la provincia han importado producto valorado en más de 4,6 millones de euros, un 66 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Italia es el principal proveedor de pescado de Almería, con un 31,3 por ciento del total; el 23 por ciento procede de Francia y el 22 por ciento de México. El resto se importa de Marruecos, Corea del Sur, Holanda y Portugal.