miércoles, 19 de junio de 2013

Gas Natural negocia con Argelia una revisión de precios del gas "a la baja"

ARGEL.- Gas Natural Fenosa se encuentra en la actualidad en Argelia en un proceso de "revisión ordinaria" de los precios con la compañía argelina Sonatrach, según ha explicado este miércoles en Argel el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, quien ha apuntado que la "impresión general" es que esta revisión "debe hacerse a la baja".

   Así lo ha explicado el jefe de la diplomacia a los periodistas tras reunirse con el ministro argelino de Energía y Minas, Youcef Yousfi, con quien ha hablado de las exportaciones de gas hacia España, que en 2012 constituyeron el 46,4% del total del gas importado por nuestro país. Este porcentaje se superó en los tres primeros meses de este año, en los que la dependencia del gas argelino llegó al 53,2%.
   García-Margallo ha explicado que Gas Natural y Sonatrach están "en estos momentos" en el proceso de revisión de precio que "se hace cada tres años en función de la evolución de distintas variables", que conforman "una especie de cesta de la que depende la fijación del precio". Fundamentalmente, hay que tener en cuenta la evolución de la demanda, el precio del petróleo, el precio del gas en otros mercados y los precios aplicados por otros suministradores.
   Ahora, según el ministro, "la impresión general es que la revisión de precios debe hacerse la baja", debido a "la evolución de la variable de la demanda", que se ha visto "afectada por la crisis económica", que ha determinado "una reducción en la demanda de energía".
   García-Margallo ha explicado que el contrato de Gas Natural Fenosa con Sonatrach es un contrato a 20 años que debe revisarse cada tres años, con una fórmula que afecta a "un 70 o 80% de las cantidades contratadas, que en cualquier caso tienen que ser retiradas o pagadas".
   El ministro ha recalcado que se trata de una "negociación entre empresas", pero ha explicado que el Gobierno la "sigue atentamente" aunque el "protagonismo" corresponda a los contratantes, en este caso la compañía española y la argelina.
   Por lo que se refiere al incremento de las importaciones españolas de gas argelino en los tres primeros meses del año y a que su porcentaje sobre la matriz total ha superado el tope legal del 50%, el ministro ha apuntado que es un aumento "coyuntural".
   El subdirector de Relaciones Económicas Internacionales, Antonio Torres Dulce, que le acompaña en el viaje, ha apuntado además que este dato "no condiciona" al que se vaya a obtener en el global de 2013. "Habrá que esperar al resultado final" del año, ha dicho.
   El porcentaje registrado hasta marzo supera en tres puntos el tope legal del 50% en el suministro de gas desde un mismo origen geográfico fijado por el Gobierno en 2007 para mejorar la diversificación del suministro, frente al 60% anterior.
   Al margen de esta cuestión, García-Margallo también ha abordado con el ministro Yousfi otros asuntos de interés bilateral, como las conexiones eléctricas entre Argelia y la Unión Europea. Además, el ministro de Energía y Minas ha explicado al ministro español que su país planea construir próximamente seis centrales de ciclo combinado, un proyecto que suma 6.000 millones de dólares.
   De estas seis centrales, cuatro saldrán a concurso y una misma empresa podrá optar a construir dos de ellas, un proyecto que, según ha apuntado García-Margallo ha despertado el interés de varias empresas españolas, a las que ha garantizado el apoyo del Gobierno español.

España y Argelia trabajarán para aumentar permisos de trabajo a españoles

ARGEL.- Los Gobiernos de España y Argelia van a trabajar para "acelerar y aumentar" la concesión de permisos de trabajo a ciudadanos españoles, una de las dificultades que los empresarios asentados en este país magrebí le han trasladado al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, durante su visita a Argel.

   Tras conversar ayer en Orán con representantes de pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en Argelia, el jefe de la diplomacia española se ha reunido en Argel con miembros de algunas grandes empresas asentadas en este país, con quienes ha hablado durante más de una hora en la residencia del embajador.
   Entre ellos, había representantes de Banco Sabadell, La Caixa, Cepsa, Elecnor, Sener, FCC, Iberdrola, OHL, Isolux Corsan, Concesiones Norte Africa, Fertial, CCIAE, Impulsa, Opersia, Ecisa, Armatek y Comsa. A la reunión no han acudido representantes de Gas Natural ni Repsol, que han excusado su presencia por no encontrarse en Argel.
   De estos encuentros, García-Margallo se ha llevado una impresión favorable de las oportunidades que ofrece Argelia -que en estos momentos tiene en marcha un "ambicioso" programa de reformas de 212.000 millones de euros--, pero también ha conocido de primera mano las dificultades a las que se enfrentan los empresarios españoles.
   El ministro ha planteado estas cuestiones en sus reuniones con las autoridades argelinas, con quienes ha llegado al acuerdo de trabajar en concreto sobre cuatro cuestiones particulares que ha abordado con el ministro de Asuntos Exteriores, Mourad Medelci, el ministro de Energía y Minas, Youcef Yousfi, y el primer ministro, Abdelmalek Sellal, con quien ha almorzado antes de viajar rumbo a España.
   En concreto, España y Argelia van a trabajar sobre el marco laboral en que se desarrollan estas relaciones comerciales, con el objetivo de "acelerar y aumentar el número de permisos de trabajo para personal español", que se compensará con el ofrecimiento español de llevar a cabo labores de formación y transferencia de tecnología.
   "Sería la contraprestación que España puede ofrecer a cambio de una mayor flexibilidad y un mayor número de permisos de trabajo que aliviaría la situación de desempleo en nuestro país", ha explicado García-Margallo a los periodistas.
   Además, se va a tratar de elaborar un texto normativo para acelerar los trámites aduaneros, fundamentalmente en lo que se refiere a los bienes de equipo, un asunto "muy importante" para las empresas del sector de la construcción.
   También se ahondará en la "interpretación" del convenio de doble imposición, que "dificulta enormemente" las relaciones comerciales  y se tratará de "flexibilizar" la ley argelina que exige que todas las sociedades mixtas estén participadas a un mínimo del 51% por empresas argelinas, algo que también "dificulta la vida" de los empresarios españoles. Al margen de estos asuntos, García-Margallo también ha constatado el interés de Argelia de adquirir aviones de patrulla a Airbus Military y patrulleros de altura a Navantia.
   El ministro de Exteriores ha puesto fin a su viaje de 24 horas a Argelia con su almuerzo con el primer ministro. El objetivo principal de la visita ha sido fortalecer las relaciones comerciales de un país que García-Margallo ha calificado de "oasis de estabilidad política y desarrollo económico", que ofrece "grandes oportunidades" para la inversión.
   Además, ha servido para lanzar la 'Marca  España' fuera de Europa, ya que Argelia ha sido el primer país donde el ministro ha presentado esta herramienta a través de la cual el Gobierno pretende mostrar "la realidad" de España y de la que en Argel se ha destacado su parte más empresarial. El objetivo es, según el ministro, devolver la "confianza".

Las inversiones en infraestructuras a cargo de fondos europeos han acabado

MADRID.-   La secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, ha advertido de que el momento de las inversiones en grandes infraestructuras a cargo de fondos europeos en España ha terminado, y ha avanzado que en el próximo periodo presupuestario éstos se destinarán a proyectos ligados a la competitividad o los recursos naturales.

   Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, ha señalado que los próximos fondos contribuirán "a seguir impulsando los sectores generadores de empleo y crecimiento, en línea con las grandes prioridades definidas en la Estrategia 2020: I+D+i, pymes, actuaciones en tecnología de la información y comunicaciones y fomento de una economía baja en carbono".
   Según Fernández Currás, las inversiones en infraestructuras del pasado han servido para sentar las bases de un desarrollo posterior diferente y una nueva programación "basada en una economía del conocimiento capaz de permitir que en España evolucione un modelo de crecimiento sostenible, inteligente e integrador".
   La secretaria de Estado ha destacado que la planificación estratégica para la nueva programación debe de tener un enfoque en el que las necesidades de inversión se orienten hacia el reequilibrio del conjunto del sistema.
   Por otra parte, ha resaltado que desde que España ingresó en la UE ha llevado a cabo un "enorme esfuerzo inversor" en infraestructuras con la ayuda de los fondos europeos "que han contribuido de forma significativa al crecimiento de la renta y el empleo, al tiempo que han servido como instrumento de redistribución regional y han favorecido una convergencia clara del PIB per capita español hacia la media comunitaria".

La mancomunidad del Bajo Andarax alerta de que no podrá dar agua este verano si la Junta no acomete un sondeo

ALMERÍA.- La Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax en la provincia de Almería ha alertado este martes de que unos 40.000 vecinos de la zona "corren el riesgo de quedarse este verano sin agua si la Junta de Andalucía no acomete con carácter de emergencia el nuevo sondeo comprometido para poder garantizar el suministro a la población".

   Así lo ha trasladado en una nota el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax, Eugenio Gonzálvez (PP), quien "ha dado la señal de alarma" ante la situación "extremadamente delicada" que sufren en estos momentos los siete pueblos del río.
   "Los vecinos del Bajo Andarax están en grave peligro de quedarse sin agua y de pasar sed. La llegada del buen tiempo ha multiplicado el consumo en los hogares y actualmente los pozos de La Calderona que abastecen a la comarca se encuentran a un 33 por ciento de su capacidad y lo peor del verano está por llegar", ha advertido.
   Gonzálvez ha afirmado que se han puesto ya en contacto con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sonia Ferrer, y con delegado territorial de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, para "recabar la ayuda urgente" de la Administración autonómica y pedirle que "acudan en auxilio del Bajo Andarax acometiendo con la mayor diligencia el nuevo sondeo que tienen comprometido".
   Así, ha apuntado que aunque la predisposición de ambos delegados ha sido "favorable" es necesario que este nuevo sondeo "se haga con la máxima celeridad", ya que "de no actuarse con la rapidez que exige esta situación --ha urgido-- este presidente de la Mancomunidad no podrá garantizar el suministro domiciliario a los 40.000 vecinos de la comarca del Bajo Andarax".

Trabajadores del CTAP acumulan dos meses sin cobrar sus nóminas

MACAEL.- Unos veinte trabajadores del Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP), la fundación privada destinada a la investigación y transferencia de resultados a las empresas de la piedra natural, acumulan ya dos meses de retraso en el cobro de sus nóminas ante la falta de presupuesto. 

   Así lo han indicado fuentes del sector empresarial de Macael en donde se asienta el centro que se financia a través de sus 56 patronos, entre los que se encuentran entidades públicas como la Junta de Andalucía o la Diputación Provincial, cajas de ahorros, asociaciones empresariales, instituciones académicas y empresas.
   Esta situación que emana de la falta de fondos de los que se nutre el CTAP será abordada el próximo 27 de junio en una reunión del Patronato que, según las previsiones, presidirá el secretario general de Universidades en Andalucía, Francisco Trigueros. En este sentido, desde el centro tecnológico han declinado hacer valoraciones sobre su situación hasta que se produzca dicha reunión.
   El centro, que se sustenta con una aportación inicial de cada patrono de 12.000 euros, según indica este martes 'La Voz de Almería', desarrolla actualmente una decena de proyectos en Egipto y mantiene también líneas de colaboración con Marruecos en el entorno de la I+D+i. En este sentido, se financia también a través de los proyecto que encargan las empresas que aprovechan su centro de ensayos de la piedra.

Aureliano García (PP): "Las sentencias son para cumplirlas y alcalde de Cantoria es responsable y sabe lo que tiene que hacer"

ALMERÍA.-   El secretario general del PP en Almería, Javier Aureliano García, ha trasladado este martes que el alcalde de Cantoria, Pedro Llamas, "es responsable y sabe perfectamente lo que tiene que hacer" ante la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma las penas de dos años de cárcel y de 23 meses de inhabilitación especial a las que fue condenado por delitos de falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos.

   "Las sentencias están para cumplirlas, nos gusten o no, y, por supuesto, el PP acepta y no cuestiona en ningún caso ninguna sentencia", ha indicado a preguntas de los periodistas García, quien ha asegurado que "en breves horas o días" se sabrá "qué postura va a tomar Pedro Llamas".
   Al hilo de esto, ha remarcado que existen unas "reglas de juego de las que participamos todos y que aceptamos en nuestros quehaceres diarios y cuando entramos en política". 
"Nosotros animamos a acatar sentencias, que están para cumplirlas", ha apostillado.
   Ha afirmado que desde la dirección del PP "se ha hablado" con el alcalde de Cantoria y se han "compartido reflexiones sobre la sentencia". 
"Por tanto, es responsable y sabe lo que tiene que hacer", ha insistido García.
   En esta línea, y al ser interpelado sobre si hay "repuesto" ante una posible dimisión de Llamas, ha dicho que no se ha hablado "ni de repuesto, ni de dejar de tener repuesto" y ha trasladado que los "tiempos hay que marcarlos tranquilamente y sin aceleración".
 "Hay buena cantera para sustituir", ha señalado.
   El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de prisión y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde de Cantoria por faltar a la verdad un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba que hubiera autorizado el suministro de luz y agua a una promoción de cuatro viviendas construidas sobre suelo no urbanizable.
   Llamas ha sido condenado, asimismo, por no denunciar estas edificaciones contrarias a la normativa urbanística ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística sino que, al contrario, según remarca el Supremo, "concedió autorizaciones para el suministro eléctrico y el agua de las mencionadas viviendas".

IULV-CA reivindicará inversiones en Almería, Granada y Jaén para conseguir un "equilibrio territorial" en Andalucía

ALMERÍA.-   La parlamentaria andaluza y coordinadora provincial de IULV-CA en Almería, Rosalía Martín, ha manifestado este martes que su formación solicitará inversiones para las provincias de Almería, Granada y Jaén y tratar así de corregir el "agravio comparativo" y trato "desigual" que, a juicio de IU, sufren estas provincias andaluzas y conseguir así un "equilibrio territorial" en Andalucía. 

   En rueda de prensa, Martín ha puntualizado que esta medida, impulsada desde Almería, es uno de los acuerdos adoptados por la organización en la XIX Asamblea Andaluza de IU con la que se persigue que los gobiernos, "en función de los presupuestos", tengan la "sensibilidad" necesaria para invertir en las provincias orientales de Andalucía.
   La coordinadora almeriense de IU cree que "hay un papel subordinado y dependiente de las provincias orientales" que supone un "agravio comparativo" con otras provincias andaluzas en las que se ha primado el "beneficio económico" a la hora de ejecutar inversiones, sin tener en cuenta aspectos "sociales" para la población.  
   "Se propuso introducir el criterio de compensación territorial como elemento de discriminación positiva para este área", ha concretado la diputada autonómica de IU a la hora de trasladar una de las propuestas "más importantes" que a su parecer se aprobaron en el cónclave regional. En esta línea, ha apuntado a las deficiencias que acarrean las tres provincias en infraestructuras eléctricas y ferroviarias.  
   Junto a estos acuerdos, Martín también ha destacado el impulso dado a otras iniciativa encaminadas a trabajar por la creación de una ley de servicios sociales y por que la retirada de las cláusulas suelo tengan un carácter "retroactivo" en cuanto a las compensaciones.
   Estos aspectos, según ha explicado, se verán recogidos a través de la acción de gobierno en una futura ley contra abusos de entidades financieras en Andalucía, y en el trabajo encaminado a crear una ley de servicios sociales, cuyo aspecto forma parte del pacto de gobierno PSOE-IU en el Gobierno andaluz, según ha puntualizado.
   Martín ha calificado de "histórica" la XIX Asamblea Andaluza de IU en la que además "Almería se ha visto recompensada en la nueva dirección andaluza" ya que el consejo cuenta con nueve personas ligadas a la provincia. "Son tiempos de cambio en los que IU está llamada a ser la alternativa en Andalucía", ha dicho la líder provincia de IU antes de destacar la "necesidad" de "estar cerca de los ciudadanos".
   Con esto, ha valorado la etapa "muy intensa" en la que Diego Valderas ha ejercido como coordinador general de la formación andaluza y cuyo trabajo ha permitido hacer de la organización "una alternativa" y situarla en el gobierno de la Junta. Así, ha señalado que su "cercanía" es "un legado que deja para IU" y es "una impronta que ha llevado a la Junta".

La Junta abre expediente a Cajamar y Unicaja por sus cláusulas de suelo

SEVILLA.- La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador a los veinte bancos denunciados por FACUA Consumidores en Acción por las cláusulas suelo de sus hipotecas.




Según un comunicado de FACUA, Andalucía es la primera comunidad que inicia procedimiento sancionador por la aplicación de estas cláusulas abusivas como consecuencia de las denuncias presentadas los meses de marzo y abril a las diecisiete autoridades autonómicas competentes en protección al consumidor.

Ahora, el organismo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está inspeccionando y analizando los casos denunciados en los que incluye como documentación decenas de contratos con estas cláusulas aportados por socios de la organización.

Según el comunicado, los bancos denunciados son Bankia, BBVA, Caja España-Duero, Unicaja, Caja Rural del Sur, Banco Popular, Cajasol Caixabank, Novagalicia Banco (antes Caixa Galicia), Cajasur (del grupo Kutxabank), Banco Pastor (del grupo Banco Popular), Banco Gallego, Cajamar Caja Rural, Banco Etchevarría, Caja Granada (del grupo Banco Mare Nostrum), Arquia, Sabadell Atlántico y Caixa Penedès (ambas del grupo Banco Sabadell) y las entidades Banco Castilla-La Mancha CCM, Caja de Extremadura y Cajastur (del grupo Liberbank).

La Ley 13/2003 de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece un régimen sancionador que en casos de infracciones muy graves puede alcanzar “el comiso del beneficio obtenido con la infracción” y, “con carácter excepcional”, el “cierre” temporal de los establecimientos o “la suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción” hasta por un año.

“El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos”, establece la norma.

FACUA ha solicitado a las comunidades autónomas que insten a la cesación de la cláusula suelo y la devolución del dinero, y la aplicación de multas proporcionales a los miles de millones de euros obtenidos por la banca con uno de los mayores fraudes financieros que se han producido en España.

La organización de consumidores ha argumentado la ilegalidad de las cláusulas suelo y las competencias de las autoridades de consumo para intervenir en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, las leyes y estatutos autonómicos de protección al consumidor y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores.

Cajamar perderá 50 millones

Cajamar Caja Rural ha indicado que no espera una "significativa reducción del beneficio" previsto para el ejercicio 2013 como consecuencia de la eliminación de la cláusula suelo de sus préstamos hipotecarios tras la adopción de las "medidas necesarias" para "absorber" la reducción del beneficio neto después de impuestos estimada en 50,4 millones de euros.
   Así lo ha indicado en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que informa de que el pasado día 14 comenzó un proceso de eliminación de la citada cláusula en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que las declara nulas.
   Como resultado del primer tratamiento informático realizado, se ha suprimido en un total de 88.460 préstamos. Esta cifra supone, según ha precisado la entidad, en torno al 85 por ciento del colectivo objetivo, por lo que espera que se pueda completar la eliminación automática "dentro de la presente semana".
   Cajamar Caja Rural ha trasladado, asimismo, que se han adoptado "ya las medidas necesarias" para absorber el impacto neto estimado de 50,4 millones de euros, de modo que no espera "una significativa reducción" del beneficio previsto, según ha subrayado.

La acusación dice que los dirigentes del PP, caso de Javier Arenas, se repartieron 22,3 millones en sobresueldos

MADRID.- La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B atribuida al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, cifra en 22.334.747,26 euros el dinero que los dirigentes de esta formación se habrían repartido en sobresueldos y gastos de representación entre los años 1990 y 2011. 

   Así consta en un escrito remitido por esta parte al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que se reclama que 40 dirigentes y antiguos responsables 'populares', entre ellos el presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el exjefe del Ejecutivo José María Aznar, aporten sus declaraciones fiscales para corroborar que declararon a Hacienda estas percepciones.
   El escrito de la asociación de letrados, que adjunta una tabla de remuneraciones realizada a partir de los denominados 'papeles de Bárcenas', la contabilidad oficial del PP y del Tribunal de Cuentas y la información remitida por la UDEF y la Agencia Tributaria, también pide al juez Ruz que dirija un oficio al Congreso de los Diputados y al Senado para que entreguen las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos 'populares' que ocuparon un escaño.
   De igual modo, ADADE señala en su escrito que las cantidades que habrían percibido los dirigentes del PP, según los manuscritos atribuidos a Bárcenas que fueron publicados el pasado 31 de enero por el diario 'El País', ascenderían a un total de 1.754.844,18 euros.  
   Según la tabla de ADADE, el dirigente 'popular' que más dinero cobró en sobresueldos y gastos de representación fue el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con 1.580.752,81 euros entre 1990 y 2011. Al sumar su sueldo como parlamentario, como presidente del Gobierno y ministro y las percepciones consignadas en los 'papeles de Bárcenas' sus  remuneraciones ascienden a 3.473.853,60 euros.  
   El extesorero Bárcenas habría percibido 3.553.323 millones de euros, de los que 3.152.518 corresponderían a gastos de representación, mientras que su antecesor, Álvaro Lapuerta, se habría embolsado 2.722.624,39, con unos sobresueldos de 1.980.364,44 euros.
   También aparecen en la lista el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete (con un total de 2,8 millones de euros); los exsecretarios generales del PP Javier Arenas (2,8 millones) y Ángel Acebes (2,6 millones); el coordinador de Organización, Juan Carlos Vera (2,4 millones); el exministro de Defensa Federico Trillo (2,4 millones); el presidente del Senado, Pío García Escudero (2,3 millones); los ministros de Sanidad, Ana Mato, y Hacienda, Cristóbal Montoro (2 millones cada uno); y el exsecretario general Francisco Álvarez Cascos y el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda (con 1,9 millones, respectivamente).
   Figuran asimismo el expresidente del Gobierno José María Aznar (1,7 millones); el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (1,7 millones); el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (1,2 millones); la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santamaría (1,1 millones); y la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal (918.331 euros).