miércoles, 12 de junio de 2013

El presidente argelino Buteflika reaparece en televisión tras haber sufrido un ictus

ARGEL.-   El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, ha reaparecido este miércoles en televisión después del ictus que sufrió en abril y que motivó su traslado a Francia, en un aparente intento por poner fin a las especulaciones en torno a la salud del mandatario.

   Buteflika, de 76 años, reapareció inicialmente a través de una fotografía difundida por la agencia de noticias oficial (APS) y en la que aparecía sentado en un despacho junto al primer ministro, Abdelmalek Sellal, y el jefe de las Fuerzas Armadas.
   Posteriormente, la televisión estatal difundió imágenes del mismo encuentro, celebrado en París y centrado en el análisis de la situación política y de seguridad de Argelia, según APS.
   Buteflika preside el país desde 1999 y es el último de una generación de dirigentes que han dirigido Argelia desde la independencia de Francia. Ha sido reelegido para el cargo en dos ocasiones y todo apunta a que tiene intención de presentarse a un cuarto mandato en las presidenciales de 2014.

Los precios hoteleros caen un 3% en junio, hasta los 102 euros de media por noche

MADRID.- El precio medio por noche en un hotel cae hasta los 102 euros en junio, lo que supone una reducción del coste del 3% de media en España, según el estudio mensual tHPI del comparador de precios de hoteles, Trivago. 

   Cataluña y Baleares son las dos únicas comunidades autónomas donde el precio medio por habitación y noche no se ha visto reducido. La primera ha visto mantenerse su precio hasta el momento con 132 euros, y Baleares es la única región que aumenta su precio un 8%, pasando de 115 euros a 124 euros de media.
   La bajada de precios más notable se da en las regiones del norte, con un 20% en Asturias, un 18% en Cantabria y un 17% en los hoteles de Galicia.
   Les siguen la Comunidad Valenciana, con un descenso del 13%, Andalucía con un 11%, Euskadi con un 10%, las Islas Canarias con un 7% y un reducido 1% en Murcia.
   En cuanto a ciudades de playa, las más caras para este mes son Barcelona, Palma de Mallorca y San Sebastián, con un precio medio de 157 euros, 137 euros y 126 euros respectivamente. Seguidas de Cádiz con un precio medio de 95 euros, y Valencia y Málaga con 77 euros.
   Por el contrario, las más económicas son La Coruña donde pasar una noche cuesta de media 56 euros, 58 euros Castellón y 65 euros en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto al resto de ciudades costeras, Lugo y Gijón  presentan unos precios medios de 70 euros y 71 euros en Alicante y Tarragona.
   El descenso de precios en hoteles europeos es general en comparación con el mismo mes del año pasado. Entre los países costeros más afectados por las crisis, solamente Grecia cuenta con precios inferiores a España con un precio medio por noche de 92 euros.
   A pesar de este descenso, Chipre sigue siendo más cara que España con una media de 113 euros por noche, Turquía que comienza a ver sus precios afectados por las protestas baja hasta los 137 euros e Italia sigue siendo la más cara de estas con una media de 139 euros.

Cajamar deja ya de aplicar las claúsulas suelo

MADRID.- Cajamar Caja Rural ha anunciado que dejará de aplicar, con carácter general y con efectos desde el pasado 9 de mayo, las cláusulas suelo en las hipotecas de sus clientes, lo que permitirá a un importante número de familias beneficiarse plenamente de las rebajas del euríbor.

Cajamar Caja Rural ha anunciado que va a proceder a la "retirada inmediata" de las cláusulas suelo de "todas sus hipotecas" después de que el Tribunal Supremo (TS) haya emitido un auto aclaratorio en el que se reafirma en la sentencia por la que las declaraba nulas si ha habido falta de transparencia o información a los usuarios bancarios.
   Fuentes de la entidad financiera han precisado que su aplicación, "con carácter general", será con efecto desde el 9 de mayo, fecha en la que se notificó la resolución de origen del Alto Tribunal, que afectó a BBVA, NGC Banco y Cajas Rurales.
   La decisión llega después de que los servicios jurídicos de Cajamar hayan recibido este miércoles la notificación del auto aclaratorio emitido por el Supremo a petición de las propias entidades, que solicitaron rectificación, aclaración y subsanación de la sentencia. En concreto, pedían que el tribunal precisara si era necesario que concurrieran una serie de circunstancias para que una cláusula fuera declarada nula.
El pleno de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho público hoy un auto después de que el BBVA , junto con Novacaixagalicia y Cajamar, pidiera esa aclaración sobre la sentencia que dictó el 9 de mayo, que declaraba nulas las cláusulas suelo en los casos en los que se produzca una falta de transparencia.
Las cláusulas suelo, señalaba la sentencia, son "lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidoras del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos".
Además establecía en su sentencia que los consumidores deben ser informados de que, cuando el tipo de interés baja a determinados niveles, el préstamo se transforma en préstamo a interés fijo, variable sólo al alza, y no se beneficiarán de las bajadas del índice de referencia, en general el euríbor.
En concreto, serán nulas las cláusulas cuando se haya creado "la apariencia" de un contrato de préstamo a interés variable en el que las bajadas del índice de referencia repercutirán en una disminución del precio del dinero.
También cuando se cree la "apariencia" de que "el suelo tiene como contraprestación inescindible la fijación de un techo".
Estas cláusulas son legales "incluso" cuando no coexisten con las techo, pero que, cuando ambas se ofertan en un mismo apartado del contrato, ello supone "un factor de distorsión de la información que se facilita al consumidor, ya que el techo opera aparentemente como contraprestación o factor de equilibrio del suelo".
"La nulidad de las cláusulas suelo no comporta la nulidad de los contratos en los que se insertan", por lo que declara que los contratos seguirán en vigor en los mismos términos pero eliminando aquellas.
La sala recuerda que su sentencia no es retroactiva, por lo que no afectará a "situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales" ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta resolución.

Fomento anuncia una bajada de las tasas portuarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció hoy un paquete de medidas para la competitividad de los puertos y de las empresas que forman parte de esta actividad que incluirá "una revisión a la baja de las tasas portuarias".

Ana Pastor indicó que la bajada de las tasas se hará sin poner en peligro la autosuficiencia de las autoridades portuarias, pero contribuirá al "ajuste en precio" que piden los agentes económicos.
Otra de las medidas será suprimir "las barreras y rigideces que aún persisten en la prestación de los servicios portuarios" y que merman en muchos casos su capacidad competitiva.
La tercera medida anunciada por Ana Pastor es la revisión de determinadas condiciones que rigen las condiciones demaniales para reducir las dificultades financieras y favorecer su competitividad en un mercado globalizado.
Pastor afirmó que los puertos españoles están cumpliendo su función al servicio de la economía española, con un modelo "que está demostrando una gran fortaleza en tiempos de crisis", como que en 2012 el tráfico portuario alcanzó los 474 millones de toneladas y el tráfico se incrementó en un 3,9 por ciento.
En lo que va de 2013 han seguido aumentando los tráficos, las autoridades portuarias han mejorado su situación económica y se han reducido los gastos de explotación, con lo que la cuenta de resultados lleva una tendencia alcista del 20 por ciento, dijo.

Las autopistas de peaje con problemas no se lo ponen fácil al Ministerio de Fomento

MADRID.- El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha solicitado un "sacrificio" a las concesionarias y las constructoras titulares de las nueve autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para "encontrar entre todos una solución razonable a su problema".

El 'número dos' de Fomento considera que los actuales accionistas de estas vías deben reconocer "la pérdida de valor" que han registrado sus concesiones, según detalló tras participar en un congreso de infraestructuras organizado por International Faculty for Executives (Ifaes).
Catalá considera que la situación de estas nueve autopistas es un problema "local y parcial" dentro del sistema concesional español, si bien subrayó la necesidad de solucionarlo con el fin de garantizar que este sistema siga siendo "un modelo de éxito de referencia internacional".
"Son modelos concesionales que no han funcionado y en los que ha habido un riesgo que se ha puesto de manifiesto con un mal funcionamiento de las concesiones que ha tenido consecuencias en sus resultados", sintetizó el 'número dos' de Fomento en relación a las vías en problemas.
Por ello, emplazó al sector a "reconocer el problema, para no desenfocarlo" y a buscar una "solución coherente con la realidad", teniendo además en cuenta, tal como ya ha asegurado la ministra de Fomento, Ana Pastor, "que no se pueden asignar recursos de los ciudadanos para solucionar este problema". 
"Si todos jugamos con las mismas reglas y con lealtad sobre estos principios, encontraremos la solución", aseveró Catalá.
El secretario de Estado aseguró que el Ministerio actualmente estudia la contrapropuesta remitida por los titulares de las autopistas sobre la solución planteada por Fomento, que pasa por constituir una sociedad mixta que integre a todas las vías con problemas.
Según fuentes del sector, el Departamento que dirige Ana Pastor ofrece a las constructoras y concesionarias de las autopistas una participación del 20% en la sociedad. No obstante, las empresas han reclamado contar con un 49%, o bien que se les abonen los alrededor de los 500 millones que considera que la Administración les adeuda por las obras de construcción de las autopistas.
El sobrecoste que las vías afrontaron por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron y la caída de los tráficos constituyen las causas de los problemas de esta decena de vías.
Entre estas autopistas figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda o la Cartagena-Vera. Cinco de ellas están ya en concurso de acreedores y entre sus principales accionistas figuran las grandes constructoras cotizadas.

Galasa dice que el agua que abastece a 11 municipios no es apta para consumo

ALMERÍA.-   La empresa pública 'Gestión de Aguas del Levante Almeriense' (Galasa) ha comunicado que el agua con el que abastece a once municipios de la provincia no es apta para el consumo por alto nivel de un compuesto orgánico identificado como THM y ha anunciado que la solución técnica al problema es la construcción de una planta, cuyo plazo de ejecución es de dos meses.

   En un comunicado publicado en su página web, Galasa indica que las fuertes riadas registradas en la zona a finales de septiembre de 2012 provocaron la inutilización "por completo" de las infraestructuras de aducción que van desde los sistemas Tajo-Segura y Negratín hasta la planta potabilizadora de Galasa situada a pie de la presa de Cuevas del Almanzora.
   Esta circunstancia ha obligado en estos meses, según la empresa, al uso con destino al abastecimiento de los municipios del Levante Almeriense del agua almacenada en el propio embalse de Cuevas del Almanzora, que recibió aportes como consecuencia de las avenidas de agua. Los afectados son Antas, Arboleas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí y Zurgena.
   Desde entonces, según subraya, Galasa ha adaptado los procesos de tratamiento y potabilización a las nuevas características físico-químicas del agua, manteniendo así la misma garantía sanitaria que hasta ese momento.
   Sin embargo, los resultados obtenidos en los últimos análisis realizados en el pasado mes de mayo han arrojado un incremento del nivel de trihalometanos (THM) "ligeramente por encima" del valor paramétrico autorizado en el RD 140/2003 --115 microgramos/litro frente a 100--.
   Esto, señala Galasa, ha hecho "necesario" adoptar medidas que corrijan esta situación ya que con las instalaciones disponibles "no es posible aplicar el tratamiento requerido para reducir el nivel de THM". Advierte, no obstante de que el propio RD 140/2003 autorizó hasta el año 2009 un nivel máximo de THM de hasta 150 microgramos/litro.
   La empresa ha comunicado que la solución técnica adoptada es la de la ejecución de una planta de generación de dióxido de cloro para el control de los THM ya que es una tecnología cuya eficacia para este fin está contrastada en otras zonas geográficas donde se ha presentado esta incidencia, tanto dentro como fuera de Andalucía.
   La construcción de esta planta ya se encuentra iniciada y su plazo de ejecución es de dos meses. De esta situación ha sido informada la Autoridad Sanitaria a través de la Delegación Territorial de Almería, quien ha resuelto que no hay riesgo para la salud, autorizando la totalidad los usos domésticos del agua, incluyendo el aseo personal, excepto la ingesta, según ha remarcado.
   Desde Galasa, cuyo accionista mayoritario es la Diputación Provincial de Almería, han trasladado disculpas por las molestias que esta situación en la calidad de agua, "transitoria y excepcional".

Advertencia de la Junta

El delegado territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta en Almería, Alfredo Valdivia, ha trasladado que el agua que abastece desde este martes a once municipios de la provincia y que procede de la desaladora de Carboneras aún no tiene la declaración de apta para el consumo y ha indicado que serán precisas varias "analíticas de control" que se harán "a la mayor brevedad posible" para revocar la resolución de no apta que se dictó hace unos días.
   Valdivia, quien ha acusado al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de "irresponsabilidad manifiesta" por "usar como arma arrojadiza en la disputa política" un problema que se remonta a 20 años atrás, ha advertido de que la declaración de aptitud corresponde a la autoridad sanitaria "y no a las gestoras del agua", en alusión a la empresa pública Gestión de Aguas del Levante de Almería (Galasa).
   "Vamos a ser responsables porque que el agua en esta zona no es apta para consumo se sabe desde 1994. Lo sabe Galasa y lo sabe el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, quien debe dejar de tirar balones fuera y matar al mensajero para disponer los medios necesarios para solucionar el problema", ha asegurado en declaraciones a los medios durante una rueda de prensa para presentar el nuevo servicio 'Clic Salud'.
   Acompañado de la jefa de servicio, Pilar Barroso, ha defendido el "proceder exquisito" acorde con la legislación en vigor de su departamento, que comunicó a los ayuntamientos que "había un nuevo parámetros que incumplía el nivel de riesgo como es su obligación", y ha rechazado que crease "alarma social". "Sistemáticamente el PP juega a usarlo todo de manera irresponsable y resulta sorprendente que ahora acuse a la Junta de alarmar a la población cuando saben perfectamente que, desde el 94, no es apta para consumo".
   Por su parte, Barroso ha reiterado que la "obligación" de Salud no es evaluar el riesgo "ya regulado en marco legal" sino vigilar por que se cumplan los parámetros y "avisar para que se tomen medidas".
 "La resolución de no aptitud sigue vigente y, como autoridad sanitaria, una vez comprobada que las analíticas son estables se procederá a declararla de nuevo apta".
   Al hilo de esto, y tras matizar que no se les remitido comunicación oficial del abastecimiento con agua de Carboneras, ha explicado que, en primer lugar, habrá que contrastar que las captaciones se están realizando de la desaladora y que "llegan a todos los pueblos".
"A partir de ahí, se hacen varias analíticas para comprobar la estabilidad de los niveles de los parámetros", ha ahondado.
   Valdivia ha hecho referencia, asimismo, a la situación de la depurado del municipio de Antas, arrastrada por las fuertes riadas de septiembre de 2012, y ha asegurado que la Junta andaluza ya ha liberado la partida de tres millones de euros para su construcción. "Ya hay financiación suficiente pero al PP se le ha olvidado decir que el Ayuntamiento aún no ha puesto a disposición los terrenos. Hay que tener pocos escrúpulos y son ellos los que están alarmando".
   El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat, anunció el martes que la institución provincial, a través de la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante Almeriense (Galasa), serviría a partir de mañana miércoles agua desalada procedente de Carboneras a los once municipios de la provincia a los que se sirve actualmente un agua no apta para su consumo debido a los altos niveles de trihalometanos (THM) que contienen.
   En rueda de prensa, Amat criticó la "alarma" que, a su juicio, ha generado la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, al manifestar ante los ayuntamientos de Antas, Arboleas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí y Zurgena la aptitud del agua que servían a los ciudadanos, sentido en el que reprochó al delegado territorial Alfredo Valdivia el que no haya "buscado las formas" para "arreglar" el problema y "no alarmar".

La Junta apunta que el suministro de agua corresponde a "empresas gestoras" y "ayuntamientos"

ALMERÍA.-   La Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Almería ha apuntado este martes que "las competencias últimas en materia de suministro de agua de consumo humano corresponden a los ayuntamientos y las empresas gestoras", de forma que son los consistorios los que "están obligados a informar convenientemente a sus vecinos de la calificación del agua y de los usos permitidos". 

   Fuentes de la Junta han puntualizado hoy que la labor de Salud y Bienestar Social en este ámbito "es de vigilancia", de forma que "consiste en velar que se cumple la normativa en materia de Salud Pública y se protege la salud de los ciudadanos". Así ha respondido después de que el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat, acusara al delegado territorial de Salud, Alfredo Valdivia, de crear una "alarma" en once municipios ante la calidad del agua de consumo.
   "Los ayuntamientos y las empresas gestoras están obligadas a realizar periódicamente analíticas de control del agua de consumo humano y la labor de Salud y Bienestar Social es vigilar que los resultados de esas analíticas están dentro de los parámetros que marca la legislación y emitir las resoluciones de 'aptitud' o 'no aptitud' del agua", han insistido desde la Junta.
   Igualmente, han asegurado que son los Consistorios los que tienen que "establecer servicios alternativos de suministro con agua apta para el consumo" en el caso de que el agua corriente no pueda ser ingerida.
   La delegación ya había explicado previamente que en los últimos días se habían remitido a 11 municipios de la provincia las correspondientes notificaciones en las que se comunica que se amplía la resolución de 'No aptitud' del agua de consumo humano en sus localidades por trihalometanos (THM), habiéndose notificado por ello resoluciones de 'No aptitud' a nuevas pedanías que representan aproximadamente el diez por ciento de la población total de estos municipios del Levante almeriense. 
   Esta ampliación de las resoluciones "no supone ningún cambio significativo para aquellas localidades donde con anterioridad ya estaba declarada el agua como 'No apta sin riesgo'", en donde el agua no debe ser bebida ni usarse para cocinar, pero puede emplearse para el aseo personal y del hogar.

La Diputación servirá agua desalada de Carboneras a 11 municipios a partir de este miércoles

ALMERÍA.- El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Gabriel Amat, ha anunciado que la institución provincial, a través de la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante Almeriense (Galasa) servirá a partir de este miércoles agua desalada procedente de Carboneras a los once municipios de la provincia a los que se sirve actualmente un agua no apta para su consumo debido a los altos niveles de trihalometanos (THM) que contienen. 

   En rueda de prensa, Amat ha criticado la "alarma" que, a su juicio, ha generado la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, al manifestar ante los ayuntamientos de Antas, Arboleas, Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí y Zurgena la aptitud del agua que servían a los ciudadanos, sentido en el que ha reprochado al delegado territorial Alfredo Valdivia el que no haya "buscado las formas" para "arreglar" el problema y "no alarmar".
   Así, ha destacado la "rápida gestión" efectuada desde la institución provincial para dar a partir de este miércoles agua desalada a los pueblos afectados; un agua sobre la que no se ha precisado su coste aunque no repercutirá en el precio de los usuarios, según el presidente. "Así se hacen las cosas, con rapidez y eficacia y sin mirar para otro lado", ha manifestado Amat tras reprochar a la Junta los problemas que existen en la provincia con las infraestructuras hídricas y pedirle que "cumpla con sus obligaciones y responsabilidades".
   Con esto, el gerente delegado de Galasa, Juan Ignacio Moya, ha explicado que el incremento de los niveles de THM hasta 115 microorganismos por litro se debe, por un lado, al incremento de las temperaturas; y por otro lado, al tratamiento que se aplica al agua embalsada en el pantano de Cuevas del Almanzora, que contiene un mayor aporte de THM que el agua procedente de los sistemas Tajo-Segura y Negratín. Las conducciones de este sistema fueron destruidas por las riadas de septiembre.
   De esta manera, ha puntualizado que el agua embalsada tiene un mayor contenido de materia orgánica, según se ha detectado en los últimos meses. De hecho, ha puntualizado que fue la propia Galasa la que comunicó "hace mes y medio" a la Junta de Andalucía la detección del incremento de microorganismos, por lo que se le trasladó un plan de actuación para instalar una línea de tratamiento mediante una planta de dicloro.
   "Nos habíamos anticipado en esa posibilidad", ha explicado Moya, quien ha asegurado que la salud de las personas que ha consumido este tipo de agua "no corre ningún peligro", si bien ha reconocido que no es apta para el consumo humano. "No hemos sometido a la población a ningún riesgo sanitario", ha remarcado antes de indicar que desde Galasa se iba a "suministra solo durante dos meses" este agua antes de solucionar el problema".
 "El riesgo es de un caso entre 100.000 para una persona que beba el agua durante 70 años", ha apostillado.
   Así, ha puntualizado que la puesta en marcha de esta planta de dicloro se demorará "varias semanas" y costará entre 50.000 y 60.000 euros, si bien las labores ya se han iniciado. Preguntado sobre por qué no se decidió ofrecer agua desalada en el momento en el que se detectó el aumento de THM en el agua, los responsables de la empresa han precisado que en el temporal de septiembre de 2012 las conducciones de Acuamed "también fueron dañadas" y no ha sido "hasta hace unos días" cuando se han reparado y se han podido utilizar.
   Desde la empresa pública han insistido en lo "sensible" que es este asunto a la hora de explicar por qué no ha sido hasta este martes cuando se ha publicado en su página web un aviso a los usuarios sobre la presencia elevada de THM; toda vez que han precisado que es la autoridad sanitaria la que debe decir si se puede beber o no. "No es una obligación nuestra poner --la nota-- ahí", han puntualizado.
   Por su parte, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha manifestado que ni Galasa ni la Diputación "han ocultado nada" ya que, según ha narrado, fue la propia Galasa "la que comunicó a Salud la aparición de THM". 
"No vamos a jugar con la salud de ninguna persona", ha recalcado García, quien cree que la Junta ha dado una "alarma innecesaria" con la que el delegado territorial de Salud "ha querido hacer política".
   En este sentido, el presidente de la institución supramunicipal ha insistido en la responsabilidad de la Junta andaluza en la atención de infraestructuras hídricas, con lo que ha reivindicado inversiones para la provincia a través del canon que se paga mediante la factura de agua. "¿Dónde lo gastan? ¿Por qué se lo llevan de Almería?", se ha cuestionado Amat.
   Amat ha urgido al Gobierno autonómico a que "cumpla con sus responsabilidades" al tiempo que ha puesto de ejemplo la gestión de la Diputación, que según ha puntualizado, ha invertido desde el inicio del mandato más de diez millones de euros en alcantarillado y agua potable para los municipios mientras que el pueblo de Antas espera desde septiembre una depuradora para el tratamiento de sus aguas fecales.

La Diputación remite al juez 99 nuevas facturas sospechosas del Patronato de Turismo

ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería ha remitido al juzgado que instruye el caso 'Facturas' por el que se investiga una presunta malversación de caudales públicos en el Patronato Provincial de Turismo bajo mandato de PSOE un total de 99 facturas "supuestamente falsas" por valor de cerca de 400.000 euros para que se incorporen a la causa.

   Así lo ha trasladado el vicepresidente de la institución, Javier Aureliano García, quien, en rueda de prensa, ha indicado que la documentación se ha hecho llegar este martes al titular del Juzgado de Instrucción nº6 de Almería, el magistrado Luis Durbán, quien tiene previsto tomar declaración a los cuatro imputados el próximo 5 de julio.
   Según ha explicado García, el centenar de facturas remitidas al juzgado recogen los mismos conceptos --viajes a países europeos-- y en ellas figuran personas que, ha remarcado, "en esas fechas estaba en su puesto de trabajo". Asimismo, están emitidas por la misma agencia cuyo gerente está imputado en la causa.
   Al hilo de esto, ha asegurado que la nueva documentación se ha detectado a raíz del informe policial que llevó a la Fiscalía Provincial a formular denuncia contra el exvicepresidente de la Diputación y del Patronato, el socialista Luis Pérez Montoya y el exgerente Francisco Iglesias, entre otros.
   La Fiscalía de Almería resolvió el 17 de abril formular denuncia contra Pérez Montoya e Iglesias a raíz de un informe encargado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía para investigar los hechos trasladados por el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de mano del vicepresidente, Javier Aureliano García, tras detectar la existencia de "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.
   También están imputados en la causa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental la exsecretaria delegada del patronato, María Teresa G.R., quien, según la Fiscalía, habría dado conformidad a las facturas supuestamente "fraudulentas", y el gerente de la agencia de viajes que las emitió
   Según recoge la denuncia del Ministerio Público, el informe policial y la documentación incorporada "evidencian" que en el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos de 2010, que se aprobó por el Consejo Ejecutivo del Patronato Provincial de Turismo el 11 de abril de 2011, se incluyen "diversas facturas" emitidas por una agencia de viajes de la capital que contienen "conceptos por servicios no realizados".
   En concreto, estas facturas "ficticias", que eran "conformadas por María Teresa G.R. y que "superan en total los 60.000 euros", detallan "personas, lugares, hoteles y vuelos para justificar los importes emitidos que corresponderían --remarca la denuncia-- a otros viajes y hospedajes distintos a los facturados".
   El fiscal jefe, Antonio Pérez Gallegos, considera que, sin perjuicio de una "ulterior y más depurada calificación", los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad documental y un delito continuado de malversación, por lo que resuelve que procede formular denuncia contra "los que parecen ser los responsables".
   Al hilo de esto, interesa la incoación de procedimiento penal y solicita que se reciba declaración en calidad de imputados, entre otros, al exvicepresidente del Patronato y de la Diputación Provincial, el socialista Luis Pérez Montoya, quien, según consta en el informe de la Policía Judicial, realizó "un viaje privado a Edimburgo (Escocia) en 2010 junto al gerente y otras personas que habría sido sufragado" por la institución.
   También pide que declare como imputado el exgerente Francisco Iglesias, ya que aparece en "todas las facturas ficticias como una de las personas que realizó los viajes a distintas ciudades europeas y que, realmente, no se realizaron", y de la entonces secretaria delegada del Patronato por "conformar y firmar" las citadas facturas.
   En el caso del gerente de la agencia de viajes, J.G.F.M., apunta que "confeccionó" las facturas incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de 2010, y pide que se le requiera para que aporte la documentación "referida a los viajes realizados efectivamente y por lo que no realizó facturas según sus manifestaciones a los agentes de la Policía". La denuncia solicita también la declaración de otras cuatro personas en calidad de testigos.
   En el decreto, la Fiscalía Provincial acuerda, asimismo, remitir copia del informe de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía a la Agencia Tributaria por si procede iniciar un procedimiento sancionador por las "irregularidades contables" que se indican en el citado informe policial.
   La denuncia del equipo de gobierno de la Diputación de Almería se formuló a principios de 2013 ante posibles irregularidades detectadas en facturas del Patronato de Turismo durante el mandato del PSOE. El PP remitió a la Fiscalía en enero un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por este órgano y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, o bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron.
   En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjuntó un informe de Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito.