jueves, 9 de mayo de 2013

Bruselas pide explicaciones por el decreto andaluz de la vivienda

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha remitido una comunicación al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la que le pide explicaciones por el decreto aprobado por la Junta de Andalucía sobre la Función Social de la Vivienda y en la que alerta de las posibles repercusiones en la banca, según han explicado fuentes próximas al Gobierno.

   Bruselas ha remitido esta comunicación, que aún no ha sido respondida por el Ministerio, al considerar que la norma andaluza que, entre otras medidas, propone la expropiación temporal de los pisos afectados por desahucios, podría tener repercusiones en los bancos y entrar en confrontación con las condiciones del memorando que De Guindos firmó a cambio del rescate a la banca española.
   Así las cosas, la Comisión Europea quiere que el Gobierno central informe sobre la medida andaluza para analizar si incurriría en alguna incompatibilidad con el memorando que aceptó España.
   Las mismas fuentes han subrayado que el propio De Guindos ya apuntó hacia determinadas consecuencias de la normativa andaluza cuando a mediados del pasado mes de abril, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso, previó que "lo único" que conseguiría el decreto andaluz es "que no haya crédito hipotecario en Andalucía, que se afecte a la juventud andaluza y que el sector de la construcción cada vez vaya peor allí"

El Congreso aprueba la Ley de Costas, que asegura construcciones junto al mar

MADRID.- El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en los próximos días.

   El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
   En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo, pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta votación se repitió en la 'segunda fase' del trámite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de abril.
   Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PP y la abstención o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC ha apoyado a los 'populares'.
   Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a mitigarlos.
   Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.
   Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
   Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
   En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
    Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se ha preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.
   Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
   Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa", justifica.
   En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.  
   Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe  garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino público.
   Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los nacionalistas gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a la empresa ENCE, situada en la ría de Pontevedra que, según insisten, es contaminante.
   Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
   La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
   Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España al 'boom inmobiliario' y consecuente crisis económica.
   Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo 132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público.
   Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba Agirretxea del PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a la normativa suponen una invasión de competencias.
   Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de los grupos ecologistas quienes han tachado este día de "duelo" al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene "ningún espíritu de protección".
   Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas'. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.

Las grandes constructoras descartan un rescate de las autopistas en problemas

MADRID.- La patronal de grandes constructoras Seopan descarta que el Estado tenga que rescatar a la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, según indicó el presidente de la asociación, Julián Núñez.

   Núñez indicó que el sector "dialoga" actualmente con el Gobierno sobre las "alternativas" que el Ejecutivo ha planteado para solventar la situación que atraviesan estas vías.
   "No hay que rescatar a las autopistas. El Gobierno anterior implementó unas medidas de viabilidad para mantener estas vías y, en las circunstancias actuales, el Gobierno está reconsiderando otras alternativas y estamos dialogando sobre ellas", detalló Núñez en declaraciones a TVE.
   Según distintas fuentes del sector, el Ministerio de Fomento trabaja en la constitución de una sociedad pública que se encargará de la decena de vías en problemas. Las actuales concesionarias de estas infraestructuras de pago tomarían un 20% del capital de la sociedad, que el Departamento que dirige Ana Pastor valora en 608 millones de euros.
   Entre estas vías, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.
   El presidente de Seopan achaca su situación fundamentalmente al sobrecoste por expropiaciones que afrontaron durante su construcción. Según detalló, las radiales de Madrid contaban con un presupuesto de 400 millones para hacerse con estos terrenos, que posteriormente se multiplicó por seis, hasta sumar 1.800 millones, por resoluciones judiciales que otorgaban un mayor valor a los suelos.
   Por otro lado, Julián Núñez achacó al actual sistema de contratación de obras públicas, que fomenta que las empresas compitan presentando ofertas económicas a la baja, los sobrecostes que posteriormente registra la construcción de determinadas infraestructuras, como ha sido el caso del AVE a Barcelona.
   Según sus datos, las ofertas que se presentan a concursos de obras presentan una baja media del 26% sobre el presupuesto de licitación. "Cuando se contrata una obra por debajo del presupuesto estimado por la Administración se da lugar a que, posteriormente, durante la ejecución del proyecto, se tenga que modificar", explicó. "Nadie hace una obra a la mitad del precio que estima la Administración", añadió.
   Asimismo, el presidente de Seopan rechazó que en España se hayan construido muchas infraestructuras "accesorias". Núñez estima en unos 1.500 millones la inversión empleada en este tipo de dotaciones, "el dos por mil de los 600.000 millones de euros invertidos en infraestructuras en el país durante los veinte últimos años".
   "Decir lo contrario es anteponer una anécdota sobre la relevancia de un sector de trayectoria ejemplar", aseveró el presidente de Seopan.

Medio Ambiente señala que la nueva Ley de Costas prohíbe "expresamente" construir en dominio público

MADRID.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado, ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de 1998, que la nueva norma "prohíbe expresamente" la construcción en dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.

   Así, valora que el nuevo texto "afronta los problemas que no pudo solucionar la anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier incremento de lo ya edificado. Además, manifiesta que la norma "responde al interés general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la protección medioambiental.
   Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula para frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una estrategia de lucha contra el cambio climático.
   Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene "como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.
   Para el Ministerio, la Ley de Costas "responde única y exclusivamente al interés general", a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones), siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
   En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la necesidad de resolver problemas históricos del litoral español que aquella no ha podido resolver. Por ejemplo, se refiere a la "urbanización descontrolada" en algunos puntos de litoral y que ha supuesto su degradación.
   Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley no solo impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una cláusula, la llamada "Antialgarrobicos", que permite frenar la construcción ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar de la obra a la espera de la decisión judicial.
   La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una vivienda y que se vieron después desposeídos y la reforma obligará a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde.
   Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. El Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en España.
   Otra de las medidas que valora como "esenciales" es la mejora de la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
   Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene en cuenta el cambio climático e introduce políticas de lucha contra este fenómeno y tiene en cuenta un plan de adaptación y la mitigación en el litoral.
   Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un estudio completo de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que, según el Ministerior, "jamás se ha hecho".

De Guindos censura la política de la Junta andaluza por sus deudas y el paro

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha censurado la política de la Junta de Andalucía por las deudas de la Administración regional con empresas, diputaciones y ayuntamientos y por la elevada tasa de paro en la región y ha animado a responder a la situación económica "con seriedad y sin demagogia".

   "Comprenderá que no voy a tomar como referencia la política de la Junta de Andalucía", ha dicho el ministro en una respuesta en el Congreso al coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A, Miguel Ángel Heredia, subrayando que la tasa de paro alcanza el 37 por ciento en la región, diez puntos porcentuales por encima de la media, con un desempleo juvenil de "prácticamente dos tercios de la totalidad de la población joven".
   Además, ha reprochado al PSOE que hable de exclusión social cuando en Andalucía "han permitido el cierre de cientos de pequeñas empresas porque su Gobierno no les pagaba las facturas" o que el Ejecutivo andaluz acumulara "un 20 por ciento de facturas impagadas", para lo que ha recibido 5.000 millones de euros del Fondo de Proveedores.
   "Hablan de necesidades básicas de alimentación y de protección a los más desfavorecidos cuando la Junta debe más de 40 millones a diputaciones y ayuntamientos, que son las administraciones responsables de estas políticas", ha continuado censurando De Guindos, que también ha subrayado que Andalucía recibirá más de 6.000 millones de euros del Fondo de Liquidez, un 16 por ciento del total.
   Así, el responsable de Economía ha mantenido que "los grandes titulares solo sirven para hacer ruido" mientras que "la mejor forma" de combatir la exclusión social es el crecimiento económico y la creación de empleo, que son el "único fin de las medidas que adopta el Gobierno".
   Por ultimo, De Guindos ha dicho que el Gobierno central es "consciente" de que la crisis está siendo "especialmente dura para los colectivos más vulnerables", por eso ha tomado medidas para paliar su situación, como las destinadas a los afectados por los desahucios; el Fondo Social de Vivienda, con 6.000 pisos y del que ya se han beneficiado más de 220 familias; o los límites a los intereses de demora.
   Por su parte, Heredia ha mantenido que desde que el PP llegó la Gobierno "todo ha ido a peor", con recortes en los derechos de los trabajadores y una "indiferencia ante las desigualdades que es la manifestación de un fundamentalismo muy peligroso". Así, ha defendido que, si bien "en momentos de crisis y dificultad hay que reforzar la cohesión social", el PP hace "justo lo contrario".
   "Lo único que hace Rajoy es pedir paciencia a los parados", ha dicho el diputado socialista, que ha añadido que lo que se necesita es una "respuesta urgente" porque sino el número de excluidos y pobres será cada vez mayor. "Si no tienen ideas, que no las tienen, tienen las nuestras, no podemos quedarnos impasibles ante el aumento escalofriante de la pobreza porque otro camino es posible", ha añadido.
   En ese punto, ha expuesto que en Andalucía se toman medidas y compromisos con "quienes más lo necesitan" en materia de empleo, vivienda, solidaridad alimentaria o renta básica y ha expuesto que "frente a una derecha empeñada en recetas fracasadas que solo llevan a más sufrimiento, Griñán aboga por defender los derechos de las personas que sufren esta crisis".
   El diputado andaluz ha insistido en que Rajoy cree que "con esperar es suficiente" pero "se equivoca" porque "tal vez él pueda esperar pero la inmensa mayoría de los españoles no pueden".

Fomento valora en 608 millones la sociedad pública que rescatará las autopistas en quiebra


MADRID.- La sociedad pública que se hará cargo de la decena de autopistas en riesgo de quiebra presentará un valor de 608,5 millones de euros, según las estimaciones que un consultor externo e independiente ha realizado para el Ministerio de Fomento.

   De esta forma, el 20% del capital de esta empresa que el Departamento ofrece a las constructoras y concesionarias que actualmente gestionan las vías se estima en 121,71 millones de euros, según informaron fuentes del sector.
   Fomento prevé iniciar en breve una nueva ronda de contactos con estas constructoras y concesionarias para informarlas del porcentaje concreto de participación que tomarán en la nueva sociedad a cambio de traspasar las autopistas.
   El reparto de ese 20% se realizará a partir de criterios como el endeudamiento que presente la concesionaria, los recursos que haya aportado a la autopista y el plazo de explotación de la vía con que aún cuente.
   Fomento ha planteado al sector la constitución de esta sociedad pública de autopistas como solución a la situación de riesgo de quiebra que presentan nueve vías de peaje por la caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones.
   Entre estas vías, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores.
   Según detallaron las mismas fuentes, Fomento diseña esta sociedad de autopistas a un horizonte de 40 años. Parte de la previsión de que el tráfico de estas vías siga cayendo este año (un 15%) y el próximo (-3%), para equilibrarse en 2015 y aumentar una media de entre un 2% y un 2,5% en el resto de ejercicios.
   En cuanto a la deuda financiera de unos 4.000 millones de euros que actualmente suman las autopistas, se reestructuraría a un plazo de treinta años junto con los 1.200 millones que los bancos están dispuestos a inyectar a la sociedad.
   La última propuesta que Fomento ha remitido al sector sobre este modelo de rescate de autopistas contempla la posibilidad de pagar una compensación en efectivo a las concesionarias que entreguen sus vías a la nueva sociedad pública pero no quieran participar en su capital social.
   En este caso, el Ministerio pagaría o 'compraría' a la concesionaria el porcentaje que le correspondiera en el capital de la empresa de autopistas y abonaría el importe que le adeuda, pero todo ello a un plazo de tres años.
   No obstante, el Departamento que dirige Ana Pastor ha advertido a las empresas de que este proyecto de sociedad pública de autopistas no prosperará si una sola concesionaria lo rechaza.