sábado, 27 de abril de 2013

Afectados consideran un "fraude de Estado" la nueva Ley de Costas, que provoca más inseguridad jurídica

MADRID.- Los afectados por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los ciudadanos del país". 

   "Antes ya estaba mal, pero ahora está peor", ha manifestado el presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, que ha señalado que el proyecto que salió del Gobierno era mejor para sus intereses que el que el que ha aprobado el Senado este martes y que ahora volverá al Congreso de los Diputados.
   Sobre la inseguridad jurídica, Ortega critica que el plazo máximo sea "hasta" 75 años porque esto permitirá dar concesiones por 5 o 10 años y ha añadido que el hecho de que las concesiones se puedan dar por plazos prorrogables es "un fraude de Estado".
   Además, critica la enmienda al artículo 13 que sobre la regresión en la costa por la subida del nivel del mar, ya que esto es un fenómeno que sucede en el Mediterráneo a causa de los áridos para la realimentación de playas y ha acusado a los miembros de la Dirección General de Costas de tener "un pacto siniestro" y no hacer obras de restauración a propósito para favorecer este fenómeno.
   "Es una maniobra silenciosa que consiste en dejar que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Esto es una operación fraudulenta que lleva años y que es muy difícil de ver porque es pasiva, pero ahora el Estado se quita la careta", ha apostillado.
   En este sentido, ha añadido que la ley apunta al cambio climático pero no se refiere al efecto sombra de los puertos sobre los áridos, por lo que denuncia que el Estado está creando las condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios. "Este es un regalo que han hecho los senadores del PP en esta enmienda que lo único que hacen es sumir en más problemas a los afectados. De más seguridad jurídica nada, al revés", ha lamentado.
   En cuanto a la revisión de los deslindes, Ortega vaticina que no se van a revisar porque no hay una definición nueva del dominio público así que no hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es "pura escenografía".
   Por último, ha asegurado que él no patrocina el ladrillo sino que defiende a gente que ha sido víctima de la Ley de Costas. "Aquí la discusión está entre los que piensan hay que proteger el litoral gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización", ha resumido la cuestión porque afirma que los propietarios también quieren proteger el litoral, pero con un precio. A su juicio, "hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa heredada de su abuela y le dijeran 'váyase' no querría que fuera sin indemnización".
   Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costa, Carmen del Amo, coincide con Ortega en que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones de darán "a voluntad del Gobierno".
   Asimismo, critica que a partir de ahora todos aquellos que vivan en primer y segunda línea de playa tendrán que pagar con una "contribución especial" hasta el 50 por ciento de todas las obras públicas que se realicen en el litoral, tales como mejora y conservación de playas, obras en paseos marítimos. "Si el dominio público es para el disfrute de todos, que paguen todos y no los propietarios que, encima de quitarnos la casa tenemos que pagar las obras públicas", ha subrayado.
   Por otro lado, acusa al Gobierno de "confundir" a la opinión pública con el tema de los plazos y ha precisado que las concesiones que terminan en 2018, las que tienen un periodo de 30 años, son las que se emitieron a industrias en el litoral, como las empresas papeleras, mientras que no están caducando las de los propietarios de viviendas, que tienen 30 + 30 años. "Nos han dejado peor que estábamos", ha asegurado.
   Del Amo ha recordado que la Ley también es cuestionada por el Parlamento Europeo que ha insistido en que "la concesión por más tiempo no es una indemnización y que si el Gobierno quiere la propiedad tiene que pagar".
   Al mismo tiempo, ha aclarado que la servidumbre de protección "siempre" ha sido privada, nunca pública porque no es dominio público marítimo terrestre, que no peligra. Esto significa que esa rebaja de 100 a 20 metros será terreno que quede liberado y dentro de ordenación, pero no es suelo público.
   A su juicio, la aplicación de la ley, "en la que todo queda a voluntad del Gobierno", será clave y ha denunciado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha contado con su participación, ya que devolvieron a la Asociación "todas" las alegaciones presentadas. Concretamente, ha dicho que propusieron una reunión "a tres" entre organizaciones ecologistas, de afectados por la ley y Ministerio, un encuentro que "nunca se ha llegado a producir" y con el que considera que se podría haber evitado todo esto.
   Del Amo quiere que se devuelva "gratis" la propiedad privada a los propietarios y "no solo" a los de Formentera y Ampuria Brava, a los salineros. Por otro lado, ha añadido que el Estado devolverá "dependiendo de su voluntad" a quienes tengan una propiedad tras un paseo marítimo realizado por el Estado. Por su parte, los 12 municipios que han sido excluidos y que, por tanto, serán amnistiados, "les tocará volver a comprar la propiedad que el Gobierno les quitó".
   Finalmente, ha manifestado que no entiende por qué el Ejecutivo no ha esperado a iniciar la reforma de la Ley a que se apruebe, en los próximos meses, una directiva europea sobre las costas, en la que dice que se respetará la Carta Europea de Derechos Humanos, que considera como un derecho la propiedad privada. "Se van a meter en un problema que podrían haber evitado", ha advertido.

Almería Urban adjudica a 'Facto' la redacción del proyecto y ejecución de obra del Mesón Gitano


ALMERÍA.- El Consejo de Administración de la Empresa Pública Municipal 'Almería Urban' ha aprobado este viernes adjudicar de manera definitiva la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del entorno del Mesón Gitano a la empresa Facto SA, después de que la mesa de Contratación propusiera a dicha empresa tras estudiar las 14 propuestas que se presentaron para desarrollar esta emblemática obra.

   La adjudicación se ha realizado por un importe de 5.364.320,76 euros y el plazo de ejecución ha quedado establecido en 16 meses. El consejero delegado de Almería Urban, Manuel Guzmán, ha destacado en un comunicado que el proyecto de las obras en el entorno del Mesón Gitano es una de las actuaciones de "mayor envergadura" que va a llevar a cabo el actual equipo de gobierno.
   "Sin duda es la más importante que el Plan Urban va a desarrollar en el casco histórico y representará un cambio integral de toda esta zona", según ha apuntillado.
   En concreto, las obras del entorno del Mesón Gitano consistirán en el acondicionamiento de las cuevas y la urbanización de la explanada de las mismas. Además, está prevista la construcción de un nuevo edificio de Equipamiento que albergará varias escuelas taller, así como la apertura de un nuevo vial rodado que irá desde la puerta de la Alcazaba hasta la Avenida del Mar, a través de la calle Fernández, de modo que se garantice la accesibilidad a este lugar.
   Entre las mejoras propuestas por la empresa adjudicataria del proyecto se encuentra un tratamiento paisajístico muy estudiado, ya que en el edificio de equipamiento ha contemplado una fachada vegetal, de modo que el edificio se integre completamente con la zona.
   Por otro lado, también se ha optado por que la superficie del edificio sea una explanada diáfana, que quedará a la altura de la explanada de las cuevas, en la que se posibilite la realización de diferentes actuaciones y espectáculos donde habrá una capacidad de hasta un millar personas, así como un escenario.
   En cuanto a las cuevas se recuperará la imagen tradicional de las mismas, rescatando así el añorado equipamiento a los pies de la fortaleza, que en los años 70 protagonizó el ocio de muchos ciudadanos y visitantes de Almería.
   Guzmán ha subrayado, además, que este proyecto, "por su ubicación estratégica", es una oportunidad de "materializar la unión entre dos zonas de la ciudad actualmente poco integradas y por lo que estamos luchando tanto desde que puso en marcha el Plan Almería Urban".
   En este sentido, el proyecto presentado resuelve definitivamente el acceso por la Avenida del Mar hasta la calle Fernández, así como la conexión con la zona de aparcamiento del Parque de La Hoya.
   El Plan Almería Urban es un proyecto de regeneración del Casco Histórico de Almería, cofinanciado por fondos Feder de la Unión Europea y el Ayuntamiento de Almería, que fue aprobado tras su presentación a la convocatoria del Programa Operativo de Andalucía para el período de actuación 2007-2013, y cuya autoridad de gestión es el Ministerio de Economía y Hacienda.

Javier Aureliano García niega que el exgerente del Patronato con el PSOE denunciado le dijese "nada" del caso Facturas

ALMERÍA.- El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha indicado este viernes que el exgerente del Patronato de Turismo bajo mandado socialista, Francisco Iglesias, denunciado por la Fiscalía, no le dio facturas ni le desveló "absolutamente nada" en relación las irregularidades detectadas por un informe policial en su gestión.

   "No me dio ninguna factura. Cuando vino hablar conmigo me comentó que se le estaban imputando comidas a las que él no había ido y así evidentemente lo transmití a la Policía Judicial, que tomó nota", ha señalado García, quien ha subrayado que su denuncia "no tiene nada que ver con lo expuso entonces Iglesias".  
   Al hilo de esto, ha trasladado que si el exgerente, bajo cuya gestión al frente del Patronato con el PSOE se podría haber incurrido en presuntos delitos de malversación y falsedad tal y como se desprende de las diligencias de investigación de la Fiscalía, "conocía estas y otras irregularidades debería haber ido al juzgado como hice yo".
   "Yo no soy ni fiscal, ni juez y me limité a poner en conocimiento de la Fiscalía una serie de hechos en los que entendía que podía haber posibles delitos", ha apuntillado en respuesta a Iglesias, quien, en un comunicado aseguró que había sido él quien "puso en conocimiento" de la Diputación que se habían cometido, "por parte de algunos funcionarios, presuntas irregularidades contables" con la emisión de facturas.
   García ha hecho, asimismo, un llamamiento para que se deje "trabajar a la justicia" y "no se contamine más este asunto, que ya está en sede judicial" al tiempo que ha emplazado a "más adelante" para hacer consideraciones acerca de las repercusiones políticas del caso. "Se han dicho muchas barbaridades y muchas mentiras, y pediremos responsabilidades políticas a quien las tenga".

El ex gerente del Patronato de Turismo dice que él denunció el caso 'Facturas' al PP y que no generó esos gastos

ALMERÍA.- El exgerente del Patronato Provincial de Turismo Francisco Iglesias, contra que el que ha formulado denuncia Fiscalía por su presunta implicación en el caso Facturas bajo mandato socialista, ha afirmado que fue él quien "puso en conocimiento" del vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que se habían cometido, "por parte de algunos funcionarios, presuntas irregularidades contables" con la emisión de facturas "en las que se me estaban imputando y contabilizando gastos que, en modo alguno, había generado".

   En un comunicado, Iglesias asegura que la conversación con García (PP) sobre su paso por el Patronato de Turismo, habría tenido lugar "a finales de 2011" y en ella le informó de que "de tales hechos había tenido conocimiento con posterioridad al desempeño de mi cargo" y a raíz, según añade, "del testimonio de una antigua trabajadora del negociado de administración de la institución".
   En esta línea, indica que solicitó al vicepresidente de la Diputación la "verificación oportuna" de todos los gastos "que se me había imputado a título personal" en las cuentas de 1010, así como en el periodo de tiempo que estuvo desempeñando el cargo de gerente en 2011 y añade que se puso "a su disposición" para "poder esclarecer cualquier imputación de gastos".
  "Tenía muy claros todos los viajes que había realizado personalmente y los de los técnicos sin que a la fecha se me haya dado respuesta alguna por su parte".  
   Según Iglesias, le trasladó, asimismo, su "malestar personal y profesional", no sólo por la "mala gestión de lo público que a todos nos afecta", sino por el "grave perjuicio que a mi imagen se había podido causar con tales hechos".
   "No entiendo muy bien por qué se me vincula como sospechoso en unos hechos en los que yo mismo actúo como denunciante hace casi un año y medio", traslada al tiempo que cuestiona si "ese dato tan importante se ha omitido de forma deliberada a fin de perjudicar mi imagen personal y profesional".
   El exgerente, quien apunta que obra en su poder "toda la prueba de cuanto" dice y que la podrá a disposición del juez cuando sea citado a declarar, considera que García "debiera, a la mayor urgencia, corregir la denuncia interpuesta y, así, completar los hechos realmente acontecidos, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial que yo mismo fue denunciante de las presuntas irregularidades", concluye.
   Cabe recordar que la Fiscalía de Almería ha formulado denuncia contra el exvicepresidente del Patronato de Turismo Luis Pérez Montoya (PSOE) y el exgerente Francisco Iglesias al apreciar que pudieron incurrir en presuntos delitos continuados de malversación y falsedad documental en la emisión de "facturas ficticias" por un valor superior a 60.000 euros cuando estaban al frente de la institución.
   El decreto, dictado el día 17, deriva del informe elaborado por la Unidad de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía a raíz de la denuncia que presentó el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de mano del vicepresidente, Javier Aureliano García, al detectar la existencia de "irregularidades" en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito bajo mandato socialista.

La exdelegada de Medio Ambiente pide personarse en la causa que investiga el uso de 300.000 euros

ALMERÍA.- La exdelegada provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería Sonia Rodríguez ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería su personación como perjudicada en las diligencias por las que se investiga el presunto uso fraudulento de 300.000 euros de una cuenta de la Junta de Andalucía, que, según la denuncia del Gobierno andaluz, no estaba fiscalizada.

   Así lo ha confirmado Rodríguez, quien ha puntualizado que a partir de este momento será la titular del juzgado la que tendrá que determinar si acepta o no la petición de la exdelegada, que se ha desvinculado de los hechos denunciados al asegurar que no tuvo "conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron".
   Las presuntas irregularidades denunciadas por la Junta de Andalucía sobre esta cuenta abarcan un periodo comprendido entre los años 2009 y 2012, tiempo en el que supuestamente se extrajeron 300.000 euros mediante cheques al portador. Durante este periodo estuvieron al frente del departamento Clemente García, la propia Sonia Rodríguez y el actual responsable, José Manuel Ortiz Bono, quien ha interpuesto la denuncia que ha originado el procedimiento.
   "Durante mi etapa como delegada provincial de Medio Ambiente no tuve conocimiento alguno de las irregularidades que presuntamente se cometieron en relación con la citada cuenta. El funcionamiento de dicha cuenta estuvo al margen mío como delegada", ha afirmado la exresponsable de Medio Ambiente almeriense en un comunicado.
   Rodríguez ha añadido que además "en ningún momento" tuvo "capacidad para actuar sobre esta cuenta", ya que no estuvo "vinculada a la misma ni como titular, ni como autorizada, ni como clavero". No obstante, ha afirmado que independientemente de este extremo "no habría dudado un segundo en poner en conocimiento de la justicia dichas irregularidades si las hubiera detectado".

Cataluña reclama una gobernanza del Corredor Mediterráneo compartida con las regiones

TARRAGONA.-   El secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, Ricard Font, ha reclamado este viernes que se aborde la gobernanza del Corredor Mediterráneo, y que el Estado la comparta con las regiones y las grandes empresas que transportan las mercancías durante la clausura de una jornada técnica sobre la infraestructura en la sede de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT).

   "Poco haremos si volvemos a hacer una gobernanza autista que no tiene en cuenta los territorios y las necesidades de cada uno", ha afirmado Font, quien ha defendido que una buena gobernanza ferroviaria es imprescindible para evitar los cuellos de botella y garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras.
   También ha llamado a las administraciones a ponerse de acuerdo para simplificar y unificar los corredores con el fin de evitar lo que ha calificado de un nuevo fracaso en infraestructuras, y ha alertado de que, de lo contrario, "no habrá negocio" y se acabarán utilizando camiones en lugar de ferrocarriles.
   Font ha insistido en que las administraciones deben dedicarse de forma prioritaria a elaborar un plan de negocios para el Corredor porque "no tiene sentido plantear infraestructuras sin un plan de servicios", así como a trabajar para que industrias como las químicas y los fabricantes de vehículos estén bien conectados a la vía principal.
   En cuanto a la marcha del Corredor, ha confiado en que los trenes de mercancías podrán circular en 2015 entre la nueva fábrica de Ford en Valencia y Perpignan (Francia), aunque ha lamentado el que no se perfilen aún los trabajos en el tramo entre Montpellier y Perpignan.
   Han acompañado a Font en la clausura el presidente de la APT, Josep Andreu, y el representante de la Comisión Europea (CE) en Cataluña y Baleares, Ferran Tarradellas, quien ha coincidido con el secretario en que el establecimiento de un corredor transeuropeo "requiere un esfuerzo de gobernanza para coordinar a todas las partes implicadas".
   Tarradellas ha recordado el "compromiso firme" de la CE con el Corredor Mediterráneo, y ha destacado que una de las prioridades es el desarrollo de la línea de transporte de mercancías entre Tarragona y Valencia para evitar los cuellos de botella en estos tramos.