lunes, 8 de abril de 2013

El juez anula la apertura de juicio del caso 'Costurero' al detectar que no se ha notificado a una parte

ALMERÍA.- El juez instructor del caso 'Costurero' por el que el exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), se enfrenta a una petición fiscal de 180 años de cárcel y 10,5 años de inhabilitación, ha declarado la nulidad del auto de apertura de juicio oral al detectar que no se ha dado traslado a una de las partes para que formule acusación.

   El auto que ordena retrotraer las actuaciones, notificado el pasado jueves, es el resultado del trámite de nulidad de actuaciones iniciado de oficio por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huércal-Overa al considerar que concurre causa por no haberse dado conclusión a los traslados a todas las acusaciones particulares.
   En concreto, no pudieron formular acusación contra los procesados en la causa una pareja de ciudadanos británicos, propietarios de una de las viviendas en litigio en esta causa por delitos urbanísticos. En total, están personados como cuatro perjudicados por la actuación municipal y empresarial, todos de nacionalidad extranjera.
   En el marco del conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios, arquitectos y promotores inmobiliarios por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio.
   En el auto de apertura de juicio oral el juez resolvió imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros. El fiscal, que acusa al exregidor andalucista de un total de 120 delitos aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares".
   Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.
   Para Tijeras, el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística y quien en la actualidad no ejerce cargo público, el fiscal tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, de PSOE y PA, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no.
   Para el exconcejal de Urbanismo, el juez instructor ha fijado la fianza civil en 8.630 euros aunque el Ministerio Público destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles 'Antonio de la Jacinta' y 'New Horizon Villas' y principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera "irregular".

   El Ministerio Público indica en su detallado escrito de 69 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, tres fases en la trama tejida por los dos principales procesados, quienes, según remarca, decidieron y persistieron en tiempo "de común acuerdo" en conceder licencias para construir viviendas sobre suelo calificado como no urbanizable "no permitidas por la legislación urbanística".
   En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal".
   En virtud de esto, el fiscal le atribuye la concesión a sabiendas de que eran contrarias a la normativa, de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.
   En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno cuando hasta ese momento era bien el alcalde o bien la comisión de gobierno la que resolvía los expedientes para eludir los "informes técnicos y jurídicos que iban a ser contrarios a las licencias solicitadas". Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama.

   El citado modo de actuar fue diseñado por el exregidor y el exconcejal de Urbanismo, y consistía en, "para dar apariencia de legalidad" a las licencias, usar el "subterfugio" de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando "contará con servicios básicos como acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro de electricidad". Con este objetivo, según detalla, indicaban a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello".
   La tercera etapa se habría iniciado, según el Ministerio Público, en febrero de 2006 cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como alcalde licencias de obra "ilegales" e ideó una manera de hacerlo "de forma menos manifiesta" utilizando la vía del silencio administrativo. Así, "decidió voluntariamente dejar transcurrir" el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para "luego certificar su concesión por silencia administrativo".

COAG reelige a Andrés Góngora como secretario provincial en Almería

ALMERÍA.- La organización agraria COAG-Almería ha reelegido este domingo a Andrés Góngora como secretario provincial en el marco de su séptimo congreso, que, bajo el lema 'Organizados para afrontar el futuro agrario', ha celebrado a lo largo de este fin de semana en el Palacio de Congresos de Campohermoso, en la localidad almeriense de Níjar.

   Así lo ha comunicado el propio Góngora, que ha explicado que a la jornada de clausura de este congreso han asistido el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Manuel Ortiz, así como los máximos responsables provinciales de PSOE, PP e IU, los secretarios de las uniones provinciales de la organización en Andalucía, y el secretario regional de COAG Murcia.
   Según ha explicado el recién reelegido secretario provincial de COAG Almería, los delegados que han asistido al congreso, además de elegir a la nueva ejecutiva, han desarrollado un "debate intenso" sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
   En concreto, los miembros de esta organización han reclamado que las ayudas de la nueva normativa beneficien a quienes "generan empleo y riqueza" en el sector para que puedan lograrse esos objetivos. En opinión de Góngora, esa sería la mejor manera de demostrar el carácter "estratégico" que las autoridades atribuyen al sector agrario.

El PSOE propone "un acuerdo de todos" para defender una PAC "justa y de futuro" para la provincia

ALMERÍA.- El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado este domingo que el PSOE propondrá en el Pacto por Almería, que reanuda este lunes sus reuniones, un acuerdo de todos para defender una Política Agrícola Común (PAC) "justa y de futuro para la provincia, que preserve la agricultura que tenemos y de la que aspiramos a vivir muchos años".

   Según ha trasladado Sánchez Teruel en un comunicado, "todos podemos hacer algo, las organizaciones agrarias y los partidos políticos con responsabilidad de gobierno en Madrid o Andalucía".
 "Fijemos los objetivos comunes y pongámonos a trabajar para alcanzarlos, ya que Almería se juega muchas cosas de cara al futuro de nuestra agricultura en los próximos meses y debemos trabajar unidos, con objetivos y metas claras y comunes", ha indicado el dirigente socialista.
   El secretario general de los socialistas almerienses ha anunciado que las organizaciones agrarias y los representantes del sector tendrán la oportunidad de trasladar sus aportaciones a la mesa de diálogo sobre agricultura, a través de las reuniones preparatorias que organizará el PSOE, y también que se abrirá una página web para recibir cuantas propuestas se formulen.
   Así, Sánchez Teruel ha dado a conocer estas líneas de trabajo de los socialistas almerienses en torno a la agricultura de la provincia, en el transcurso del VII Congreso Provincial de la organización agraria COAG, que se ha celebrado en Campohermoso (Níjar).
   En la misma línea, Sánchez Teruel ha subrayado que la PAC es de una gran importancia para Almería, "son muchos millones de euros los que están en juego y que pueden servirnos para preparar nuestra agricultura de cara a conseguir los retos del futuro y a que la sitúen en las mejores condiciones posibles para los próximos años".
   Al hilo de esto, el máximo responsable de los socialistas de Almería sostiene que la PAC que tenemos "es mejorable" y en ese sentido "debemos trabajar sin descanso para que el sector más potente, las frutas y hortalizas que representan el 20 por ciento del valor de la producción agraria en Andalucía, tenga un peso más importante en el primer y segundo pilar de la futura PAC".
   Además, para el dirigente del PSOE la Política Agrícola Común que se discute debe permitir luchar contra el desempleo y, por tanto, debe premiar a quienes generen empleo desde la agricultura. "La PAC no puede ser una forma de obtener ayudas sino una forma de crear empleo y riqueza de cara al presente y al futuro", ha señalado Sánchez Teruel.
   Por último, el socialista ha indicado que "me hubiese gustado que en estos 16 meses de Gobierno de Rajoy, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, hubiese pasado por Almería a informar sobre lo que está haciendo de cara a defender los intereses de los agricultores almerienses en Bruselas. Sería bueno conocer lo que piensa, que se explicara, porque la realidad es que a día de hoy no lo ha hecho y provoca todo tipo de dudas y recelos", añade.
   "La agricultura que conoce el ministro se parece poco a la que tenemos en Almería, y sería bueno que viniera a conocerla", ha asegurado el secretario general del PSOE de Almería.

Organizaciones agrarias reclamarán este lunes al Gobierno "más contundencia" para frenar los robos en el campo

ALMERÍA.- Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA tienen previsto reclamar este lunes a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, "más contundencia" en la actuación policial y judicial que sirva para frenar los "reiterados" robos que se producen en el campo.

   Se trata de una reivindicación que comparten las tres organizaciones, que este lunes mantendrán un encuentro presidido por Crespo para abordar asuntos de seguridad en el campo, y al que también está previsto que asistan, además de los máximos representantes de las tres entidades agrarias, el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca; el coronel de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, Francisco Jiménez, y el comisario provincial de Almería, Custodio Hidalgo.
   En esta línea, el presidente de Asaja-Almería, Francisco Vargas, ha subrayado la necesidad de adoptar medidas para que los robos en el campo "no se queden impunes una y otra vez", como, a su juicio, ocurre actualmente, cuando a los supuestos ladrones "se les detiene y al otro día están en la calle", algo que "no debe ocurrir".
   Para evitar esa circunstancia, el máximo responsable de Asaja en Almería propondrá a la delegada del Gobierno que se exija a la Fiscalía la petición de "penas máximas" para los autores de estos robos, así como que se les aplique a éstos la prisión preventiva en tanto se dicta la sentencia.
   Igualmente, Vargas se ha mostrado partidario del "cumplimiento íntegro" de las penas para los condenados por estos hechos, y la celebración de "juicios rápidos" a los mismos que eviten que "pasen demasiado tiempo en la calle".
   Junto a esas medidas "disuasorias", el presidente provincial de Asaja piensa plantearle a Crespo la necesidad de "endurecer" las penas para estos robos, una reivindicación que, según ha explicado, piensa trasladarle la organización a nivel nacional al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
   Se trata, en concreto, de impulsar una reforma en el ordenamiento jurídico para "tipificar estos hechos como delitos y no como faltas", que es como son considerados "en numerosas ocasiones", según ha lamentado, dada la suma a la que asciende la pérdida.
   La secretaria provincial de UPA-Almería, Francisca Iglesias, ha coincidido con ese planteamiento, y también ha reconocido que "en muchas ocasiones no existe pena para estos robos al no ser considerados delitos sino faltas de hurto", lo que favorece que los detenidos por éstos "queden en libertad una y otra vez", algo que "genera frustración, tanto entre los agricultores como entre los agentes de seguridad".
   "No se trata de endurecer las penas, sino de implantarlas realmente para estos delitos", ha explicado Iglesias, quien también piensa reclamar al Gobierno un cambio en "el sistema de enjuiciamiento" para evitar que los detenidos "reincidan".
   Además, la representante de UPA quiere trasladar este lunes a la delegada del Ejecutivo central un "mayor control" de las fuerzas de seguridad para evitar estos robos y un sistema para "agilizar y acortar" el tiempo que transcurre entre que se producen y denuncian éstos y los agentes se personan en el lugar.
   Por su parte, el reelegido secretario provincial de COAG-Almería, Andrés Góngora, demandará este lunes "más contundencia" en las condenas a los detenidos y una "mayor persecución" de la adquisición de material robado en el 'mercado negro'.
   Para ello, propondrá la puesta en marcha de "campañas informativas" entre los agricultores para que éstos "desistan de comprar material que puede haber sido robado y se aseguren de que los productos que se les ofrecen no tienen ese origen".
   De igual modo, Góngora, que ha tachado de "muy grave" el "aumento" que, según ha destacado, se está produciendo de "robos en general, no sólo en invernaderos" en la provincia almeriense, también ha expuesto la necesidad de fomentar, a través de reuniones periódicas, una mayor "coordinación" entre los agricultores y los agentes de seguridad para "compartir información" que permita "prevenir" estas sustracciones.
   Por otra parte, tanto el presidente de Asaja-Almería como la secretaria provincial de UPA han expresado su intención de, "si hay oportunidad", poner sobre la mesa de la reunión de este lunes la "preocupación" que existe en el sector al que representan en relación a la nueva Política Agraria Común (PAC) para los próximos años.
   Por eso, Francisca Iglesias ha confirmado que, si tiene ocasión, intentará trasladar a la delegada del Gobierno sus "inquietudes" al respecto, mientras que a Francisco Vargas le gustaría preguntarle a Crespo por "la situación en la que queda el sector de la fruta y la hortaliza" en la nueva normativa.

Demandan al Ayuntamiento de Níjar por no actuar para la conservación del BIC de la Cala de San Pedro

ALMERÍA.- Las asociaciones 'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata' y 'Amigos de la Alcazaba' han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Níjar ante lo que considera "inactividad" administrativa en su deber de "garantizar" la estabilidad  y la conservación del Castillo de San Pedro, ubicado en la cala del mismo nombre y declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1985.

   El recurso de ambos colectivos llega después de que el Consistorio no haya dado respuesta al escrito presentado en junio de 2012, en el que le instaba a desarrollar las actuaciones pertinentes para garantizar una rehabilitación integral y puesta en valor del inmueble, según ha indicado a Europa Press el portavoz de 'Amigos del Parque', Enrique Ruiz.
   Ruiz ha señalado que el recurso, que no descartan hacer extensivo a la Junta de Andalucía, pide al juez la adopción de medidas cautelares dado que, según ha asegurado, ha de entenderse que la situación del castillo es "de emergencia y urgencia" dado el "palpable deterioro" con "derrumbe de techos, zonas de defensa, avanzado estado de degradación de los torreones y la acumulación de residuos inertes".
   "Incluso el lugar está siendo utilizado como almacén de objetos, lo que no es el uso más adecuado para un inmueble de semejantes valores históricos", según ha apuntillado Ruiz, para quien la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es "bien taxativa" al otorgar a la administración local la "potestad" para ordenar al propietario "la ejecución de obras para la mejora y conservación".
   El recurso explica para argumentar la petición de medidas cautelares que el castillo se encuentra "en un estado de abandono total" y de "deplorable expolio" y advierte de que las condiciones actuales del edificio "supone un peligro para la estabilidad y un riesgo para los ciudadanos que lo visitan".
   Hace alusión a que el Ayuntamiento de Níjar, pese a que "reconoció" en respuesta a un escrito que se registro en abril de 2010 el "deterioro del inmueble", alega que no tiene "medios técnicos" para poder garantizar la conservación "cuando lo que las asociaciones le pedimos es que aplique la LOUA e instruya un expediente sancionador contra la propiedad privada por incumplir esa ley, o que subsidiariamente, realice las pertinentes ejecuciones".
   En esta línea, el recurso contencioso-administrativo ahonda en que, si bien el BIC es "privado", los propietarios "deben de cumplir con las previsiones de obligado cumplimiento en materia de conservación del patrimonio, teniendo en cuenta --añade-- que tiene máxima protección en materia de patrimonio histórico, declarado Bien de Interés Cultura y catalogado en las Normas Subsidiarias (NNSS) de Níjar como cortijada singular histórica".
   Ambos colectivos inciden en que es "necesaria" la adopción de medidas cautelares para "obligar" a la administración local a que inicie las "oportunas medidas" para que los dueños cumplan con la ley o, en su defecto, a que actué con "medidas de ejecución subsidiaria y multas coercitivas".
   El recurso, que adjunta documental fotográfica relativa al estado de "degradación y de deterioro " del castillo, así como los escritos y quejas dirigidos al Consistorio y al Defensor del Pueblo andaluz, recoge, asimismo, el reciente auto por el que un juez de lo contencioso-administrativo adoptaba medidas cautelares en el mismo sentido por el Cortijo del Fraile.
   En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 ordenó en diciembre al Ayuntamiento de Níjar que adoptase con "urgencia" las medidas necesarias para "conservar y recuperar" el Cortijo del Fraile, inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y escenario de los hechos que inspiraron la obra 'Bodas de sangre' a Federico García Lorca, ante el "estado" de deterioro en el que se encuentra y que ha motivado que la Junta de Andalucía propusiera una sanción de 30.000 euros para la empresa propietaria.
   El magistrado Tomás Cobo consideró "evidente" en la resolución que el "estado" en el que se encuentra el edificio histórico hacía necesario actuar "con urgencia" a la espera de resolver el proceso principal ya que, en caso contrario y debido al "tiempo transcurrido", sería "irreversible" la recuperación del conjunto patrimonial que "se pretende proteger".
   Un mes después, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), y el representante de la empresa propietaria de el Cortijo de El Fraile, José Antonio Cánovas, llegaban a un acuerdo para la cesión del inmueble.
   Ruiz ha recordado que la asociación está a la espera de que otro juez se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas para la Torre de Los Alumbres, también de propiedad privada y el "tercero de los emblemas" del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, así como pilar que completa la "estrategia" iniciada por 'Amigos del Parque' en defensa del patrimonio histórico del espacio protegido, según ha explicado.