miércoles, 20 de marzo de 2013

Piden siete años de prisión para el exalcalde de Garrucha por presunta prevaricación y extorsión

ALMERÍA.- Un juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exalcalde socialista de Garrucha, Andrés Segura, por presunta comisión de delitos de prevaricación, extorsión, coacciones continuadas y exacciones ilegales con respecto al convenio urbanístico suscrito con la empresa 'Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz SL' para construir 138 viviendas en la unidad de ejecución UE-6 del termino municipal.

   Segura, que será enjuiciado junto a otras cinco personas, se enfrenta a penas que suman siete años de prisión, así como 47 años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público que solicita la acusación particular ejercida por la mercantil querellante Hermanos Muñoz.
   La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.
   La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una sentencia de los contencioso-administrativo.
   El auto de apertura de juicio oral fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la caución.
   El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía 26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS) recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por motivos que califican de "desconocidos".
   En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio".
   Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia --sostiene-- de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692 metros cuadrados".
   En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto aprovechamiento de la edificabilidad".
   Así, en el transcurso de una reunión que se habría celebrado en junio de 2005, el abogado J.M.L.H. demandó presuntamente a los administradores de Hermanos Muñoz "firmar un convenio urbanístico nuevo con el Ayuntamiento de Garrucha en el que entregase a este tres millones de euros en contraprestación al pretendido aumento de aprovechamiento de edificabilidad por la diferencia de metros existente entre la ficha y el plano de la UE-6".
   Les habría advertido, además, supuestamente, "de que, en caso contrario, no sería concedida la oportuna licencia de primera ocupación ni siquiera respecto a las 106 viviendas no problemáticas correspondientes los indiscutidos 21.000 metros cuadrados y presentarían una denuncia contra el arquitecto de la compañía por delitos de falsedad en el estudio detalle, y de estafa" que, finalmente se presentó y se inadmitió, según indica.
   El escrito de acusación detalla que, en marzo de 2006, "en plena connivencia", los acusados se habrían servido de "informes que daban pretendido amparo legal" para promover la revisión de oficio del convenio urbanístico de la finca objeto de litigio por "estar afectado de un error respecto a la superficie real de la unidad de ejecución" y "pese a la flagrante y clamorosa ilegalidad del acuerdo que pretendía tomarse".
   A partir de este momento, según los querellantes, Segura, López Peña y J.M.L.H., habrían "continuado presionando para obtener 'precio político' a cambio de solucionar la situación creada y conceder la licencia de ocupación" a los administradores de Hermanos Muñoz, quienes --resalta-- "se volvieron a resistir a aceptar el chantaje pese a que los compradores de los pisos habían empezado a rescindir contratos por retrasos en la entrega de llaves y otros realizaban insistentes y continuos requerimientos".  
   La acusación particular asegura que los acusados actuaron desde la administración para "dilatar el proceso de obtención de la licencia de primera ocupación" con el fin de que "la situación de la empresa fuera casa día más insostenible tanto financieramente, como con sus compradores" y precisa que, en este proceso, "sus administradores se convencieron de que nunca se iba a otorgar si, previamente, no se pasaba por caja".
   Así, para "poder obtener la licencia que fraudulenta y coercitivamente se les estaba negando", habrían concertado una reunión con el exalcalde, el exconcejal de Urbanismo, el secretario municipal, el arquitecto y el abogado, quienes "en primera persona, manifestaron que para solucionar el problema existente y que se les concediera licencia de primera ocupación, Hermanos Muñoz debería pagar al Ayuntamiento una cantidad en torno a dos millones de euros", condición --ahonda-- "que no tuvieron más remedio que aceptar ante la insostenible situación a la que se habían visto abocados".
   La "fórmula" por la que se "plasmo el acuerdo" fue, según indica, la firma de un "nuevo convenio urbanístico". Una concedida la licencia de primera ocupación para las 106 viviendas "sin discusión", los querellantes "debían pagar a cuenta 150.000 euros" .
 "El resto del precio, una vez deducida esta cuantía, se pagaría una vez publicada en el BOP la aprobación definitiva de la modificación del ámbito de la UE-6 y del estudio detalle", afirma.
   "A continuación de la firma del convenio urbanístico, y en ese mismo día 11 de agosto en que se vio obligada a pagar el 'precio político', el 'chantaje' al que había sido sometida por los acusados, el alcalde acordó la concesión de la licencia de primera ocupación a las 106 viviendas aunque denegó de forma claramente injusta e ilegal el permiso sobre otras 28 viviendas".

Empresarios de Mojácar critican el "acoso" del Ayuntamiento ante las "restricciones" a la música en sus locales

MOJÁCAR.- La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar (ACEM) ha trasladado a la alcaldesa del municipio, Rosa María Cano (PP) un escrito en el que señalan la situación de "acoso" que sufren los comerciantes y hosteleros en relación a la reproducción de música en sus locales, ya que aseguran que, aquellos que no dispongan de una licencia de música solo pueden "poner música que salga de la televisión o de un transistor". 

   Según ha explicado el presidente de la ACEM, Karin Schroter, en una nota, las medidas establecidas por el Consistorio en materia de restricción de música son "arbitrarias" y obligan a bares, chiringuitos, restaurantes y cafeterías a "estar prácticamente en silencio".
   El escrito dirigido al Ayuntamiento recoge el "malestar general" de todos los empresarios de ACEM que mantuvieron este lunes una reunión "multitudinaria" en la que manifestaron el problema generado en el municipio y el impacto que tendrá en la actividad económica y el empleo.
   Desde la asociación no comprenden las nuestras limitaciones en el empleo de la música "ya que muchos --establecimientos-- hemos estado abiertos todo el invierno, respetando los niveles y a nuestros vecinos sin tener ni una sola denuncia por ruidos".
   En este sentido, afirman que la indignación de los empresarios "ha ido en aumento" cuando el pasado sábado "la Policía Local se presentó en varios establecimientos comprobando que se había puesto música, midiendo decibelios y levantando acta del hecho".
   "Creemos que esta vez se ha ido demasiado lejos, no se puede ser tan poco flexible, es una persecución, una caza de brujas, nos sentimos como delincuentes por el simple hecho de poner música en nuestro locales, máxime cuando se respetan los niveles acústicos y no existe ninguna denuncia al respecto", explican desde la ACEM.
   Ante estas críticas, la asociación empresarial ha querido aclarar que los empresarios del sector están "en contra del botellón y sus actos incívicos", pero califican de "intolerable" que desde el Ayuntamiento "se culpe a todos los comerciantes, bares, cafeterías, chiringuitos, restaurantes y discotecas y se les haga responsables directos" de tal situación, puesto que "en la práctica, va a generar la ruina de los pequeños empresarios y emprendedores que forman el tejido económico de Mojácar".
   Ante esta situación, los empresarios de Mojácar han anunciado su intención de "avanzar unidos" y "no dejarse avasallar" por "medidas arbitrarias" con lo que han decidido "unánimemente" poner "música ambiente" este fin de semana, tal y como "lo llevamos haciendo durante todo el invierno y todos los años anteriores, esto es, sin causar molestias y respetando en todo momento los niveles acústicos".
   La decisión se ha trasladado a la alcaldesa del municipio a la vez que se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en contra esta medida y para que en verano el horario de cierre se prolongue una hora más, en su condición de municipio turístico, "un tema también de importancia vital para dinamizar la economía y el ocio de Mojácar".

Almería, sitiada por los EREs

ALMERÍA.- Los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) han aumentado en un 73% en 2012 como consecuencia de la reforma laboral: es uno de los datos ofrecidos hoy por la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, quien ha comparecido ante los medios de comunicación para presentar un balance de las principales actuaciones del Servicio de Administración Laboral de la Delegación Territorial de Almería durante 2012, así como analizar las consecuencias de la reforma laboral del Gobierno central en Almería tras su primer año de vigencia. 

La responsable provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, ha hecho balance, poco más de un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral del Ejecutivo nacional, de sus consecuencias en el mercado laboral y la economía provincial, que ha calificado de “nefastas y que pueden resumirse en la destrucción de más puestos de trabajo, la multiplicación de los expedientes de regulación de empleo, el deterioro de la negociación colectiva y un aumento de la conflictividad laboral”.
Según ha explicado, en 2012 se perdieron 2.500 puestos de trabajo en la provincia y cerca de 1.500 si se comparan los datos de febrero de 2012 (78.600) y 2013 (80.081). Valverde ha destacado también el aumento del 73% en el número de Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) registrados en 2012, 252 frente a los 146 de 2011, con más de 1.800 trabajadores afectados, 413 de ellos despedidos mediante 20 EREs extintivos, “lo que supuso cuatro veces más EREs de este tipo y siete veces más trabajadores despedidos por esta vía que en 2011”, ha detallado.
Por último, Adriana Valverde ha señalado “el deterioro de la negociación colectiva en los últimos meses”, explicando que al cierre de 2012 bajaron a 43 los convenios vigentes, frente a los 57 de 2011, y sobre todo el número de trabajadores cubiertos, pasando de 84.470 a los 40.343 de 2012. A esto se suma “uno de los mayores ajustes en el poder adquisitivo de los trabajadores almerienses”, con un aumento salarial pactado del 0,59% frente al 1,98% de 2011.

UGT Almería firma el Convenio de Hostelería y Turismo

ALMERÍA.- Hoy ha tenido lugar la firma del Convenio Colectivo de Hostelería y Turismo, rúbrica realizada por UGT Almería, el resto de organizaciones sindicales y la patronal. Hay que destacar que el documento suscrito mantiene las mismas condiciones que se recogían en el anterior convenio vigente para este sector y tendrá una vigencia de dos años.

Tras la firma de este acuerdo, representantes de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego (FCHTJ) de UGT Almería han resaltado “el gran ejercicio de responsabilidad y compromiso” que ha realizado la parte trabajadora, “al proponer mantener las mismas condiciones económicas y laborales, dada la difícil situación económica en la que nos encontramos, apostando por la congelación salarial y del resto de las condiciones laborales”. Así mismo, también ha querido poner de relieve “la disposición de la patronal en este mismo sentido de responsabilidad”.
En total, unos 11.000 trabajadores y trabajadoras se acogen a este convenio en nuestra provincia, distribuidos en 2.400 empresas.

Uno de cada cuatro empleos de Almería tiene irregularidades

ALMERÍA.- La Inspección Provincia de Trabajo y Seguridad Social intensificó su trabajo fiscalizador. Y los datos corroboran la idea extendida de que el fraude es una realidad extendida. Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante el pasado año se han realizado un total de 9.846 inspecciones en la provincia de Almería. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la provincia ha ido dirigida a la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, materias en las que se han realizado 3.803 inspecciones que han permitido aflorar la situación irregular de 1.404 trabajadores.

No obstante, una cifra muy ilustrativa es la que ofrece el porcentaje de inspecciones en materia de empleo sumergido en los que se han detectado irregularidades: el 26,3%, cifra que coincide con la media en Andalucía, pero también con la cifra ofrecida por muchos expertos respecto del cálculo estimativo de la economía sumergida. Uno de cada cuatro euros.
Por sectores, construcción, agricultura y servicios acumulan el mayor número de estas irregularidades. Son, cabe recordar, los principales sectores económicos de la provincia de Almería, tanto por su peso en la empleabilidad como por el monto económico que generan.
El año anterior, en 2011, el número de actuaciones ejecutadas por la Inspección de Trabajo en Almería fue de 20.584, de las cuales 1.975 acabaron llevando a alguna sanción. Concretamente, en materia sancionadora, el Estado recaudó la nada desdeñable cifra de 3.840.626,03 euros en la provincia de Almería por infracciones en materia laboral, de salud y de Seguridad Social, con 5.117 trabajadores afectados.
Por otro lado, Almería es la provincia andaluza con mayor número de inspecciones y con mejores resultados en la lucha contra las empresas ficticias. Así durante el pasado año se han llevado a cabo el 45% de las inspecciones realizadas en toda la comunidad autónoma y se han conseguido el 77% de las altas ficticias de toda la comunidad autónoma de Andalucía. El importe de las prestaciones de Seguridad Social revocadas como consecuencia de las altas ficticias anuladas ha ascendido a 1.562.437 euros.
Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012, que trata de mejorar la eficacia de la Inspección y garantizar el cumplimiento de la ley. Para ello, se ha modificado la organización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacerla más operativa, potenciando su colaboración institucional con otros organismos y entidades del Estado y de la Seguridad Social: el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Oficina de Extranjería, y el Fondo de Garantía Salarial.

El PSOE pide al Gobierno incluya a Almería, Granada, Málaga y Cádiz en el Corredor Mediterráneo

MOTRIL.- El PSOE presentará una proposición no de ley en el Congreso y el Senado para pedir al Gobierno que no excluya a las provincias de Almería, Granada, Málaga y Cádiz del Corredor Ferroviario Mediterráneo.

Esta petición se produce tras el anuncio del Ministerio de Fomento de la licitación en el primer trimestre del año del tercer carril del corredor entre la frontera francesa y Murcia.
El diputado socialista y coordinador de la Interparlamentaria del PSOE de Andalucía, Miguel Ángel Heredia, ha reclamado hoy en Motril al PP que no caiga en el error de "marginar y dejar en el ostracismo" a estas cuatro provincias.
Los socialistas reclaman la inclusión de los tramos del litoral entre Almería y Cádiz en la primera licitación del tercer carril del Corredor e instan al PP a que se sume a esta petición.

El PSOE acusa al alcalde de Almería de 'vivir en la opulencia institucional'

ALMERÍA.- La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Clara Rodríguez, ha acusado hoy al alcalde de la ciudad y a su equipo de gobierno de “vivir en la opulencia institucional, mientras los ciudadanos afrontan los momentos más duros de la crisis”, a tenor de los datos recogidos en la memoria económica de la liquidación presupuestaria relativa al año 2012.

“Es insultante que en momentos de tanta gravedad, cuando las familias almerienses se debaten entre comprar comida o pagar la hipoteca, este equipo de gobierno siga derrochando el dinero a manos llenas en actuaciones que en nada contribuirán a la creación de empleo, verdadero y único problema de los ciudadanos y ciudadanas”, ha manifestado.
La responsable socialista argumenta sus declaraciones en el hecho de que el área de Alcaldía haya repartido durante el pasado año, entre concejales y trabajadores adscritos, un total de 92.000 euros, además de gastar 30.000 euros en la adquisición de un vehículo, más 5.400 euros del alquiler del coche del alcalde y 93.000 euros que ha costado alquilar el resto de vehículos de la flota municipal”.
“Pero lo más sangrante –en su opinión- es que el Ayuntamiento siga gastando dinero de todos en poner luces por el centro durante los días de Navidad y Feria; 280.000 euros durante 2012, luces que hoy por hoy ofenden a la vista de quienes no tienen dinero que llevar a su casa en fechas tan señaladas”.
Asimismo, Clara Rodríguez ha lamentado que los miembros del equipo de gobierno municipal “se jacten de haber logrado superávit, cuando lo cierto es que están siendo unos pésimos gestores, pues según el informe del interventor hay cerca de 66.000 euros pendientes de recaudar o de dudoso cobro, además de una cantidad superior a los 18.000 euros que no se podrá cobrar por haber prescrito el derecho o no haber cumplido los plazos oportunos en la tramitación del mismo”.
Falso superávit
“Y, además, no han tenido ningún rubor en engañar a la ciudadanía, pues la liquidación no incluye los datos referidos a Almería XXI, Emisa, Interalmería, Almería Turística y el Plan Urban, lo que según el interventor supondrían reducir la cifra de superávit en un 20 por ciento”, ha añadido.
En su opinión, “la liquidación presupuestaria demuestra que se ha producido menos recaudación, más gasto superfluo y mayor presión a la ciudadanía, que ha tenido que soportar subidas del IBI y de tasas como la basura, las del uso de instalaciones deportivas o de cementerios, mientras se suprimen partidas tan necesarias en estos tiempos como las de los servicios y prestaciones sociales, que se han reducido en casi 36 millones de euros”.