domingo, 10 de febrero de 2013

El Congreso pone en marcha la declaración de los toros como bien cultural

MADRID.- La tramitación parlamentaria de la iniciativa ciudadana para declarar las corridas de toros como un bien de interés cultural, a salvo de normativas autonómicas, arrancará el próximo martes en el Pleno del Congreso con el único apoyo garantizado del PP, mientras que los socialistas han optado por desmarcarse. 

   La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el objetivo de revocar la prohibición de las corridas de toros que fue decretada por el Parlamento catalán en 2010 y puesta en marcha en 2012. Cuenta con casi 600.000 firmas (se precisaba medio millón) pero necesita el apoyo de los grupos parlamentarios para continuar adelante.
   El presidente de la Comisión de Cultura del Congreso y diputado del PP, Juan Manuel Albendea, uno de los firmantes de la propuesta, ha asegurado que la iniciativa ciudadana saldrá adelante con el apoyo de los 'populares' --que cuentan con mayoría absoluta-- y con ello calcula que la normativa podrá estar en vigor a finales de verano.
   De esta manera, augura que se podrán volver a celebrar corridas de toros en Cataluña en el próximo mes de septiembre, en su tradicional Feria de la Mercé, sorteando así la prohibición decretada por la Generalitat desde enero de 2012.
   El diputado explica así que, una vez sea admitida a trámite la iniciativa ciudadana, pasa a ser trabajada en la Comisión de Cultura, donde los grupos parlamentarios tienen opción de realizar sus aportaciones.
   Posteriormente, las enmiendas presentadas se discuten y votan, para que, con competencia legislativa plena, la futura normativa pase a debatirse en el Senado, donde se pueden introducir nuevas enmiendas que ya pasarían finalmente al Pleno del Congreso, donde se dará luz verde a la normativa de forma definitiva.
   "Más o menos entraría en vigor la normativa en junio o en septiembre, en función de la rapidez del trámite legislativo", indica el presidente de la Comisión de Cultura, al tiempo que avanza que, al tratarse de una normativa de carácter estatal, donde las competencias ya no son autonómicas sino del Estado, se derogaría la ley catalana que prohíbe los toros en Cataluña.
   Sin embargo, desde el PSOE han decidido no respaldar el próximo martes la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, según adelantó en 'Twitter' el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina.
   Cuando en julio de 2010 el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros, los diputados del PSC tuvieron libertad a la hora de efectuar su voto y tres votaron a favor de prohibir los toros en la comunidad autónoma, mientras que otros tres se abstuvieron, al mismo tiempo que los 31 restantes rechazaron la prohibición.
   En aquella ocasión, PP y Ciutadan's fueron las únicas formaciones que apoyaron la continuidad de las corridas de toros en Cataluña, mientras que los representantes de CiU, al igual que el PSC, tuvieron libertad de voto.
   Los nacionalistas catalanes liderados por Artur Mas y Oriol Pujol, concedieron hasta 32 votos a favor de la prohibición de las corridas taurinas; otros seis, entre los que figuraba la consejera de Educación Irene Rigau, se abstuvieron; mientras que otros siete respaldaron la continuidad de los toros.
   En el caso de ERC e ICV-EUiA votaron para que no prosiguieran los festejos taurinos en Cataluña. Para esta ocasión, el diputado republicano Joan Tardà ha solicitado que en la votación del próximo martes de cada diputado sea individual y en voz alta.
   La iniciativa ciudadana fue registrada en la Cámara Baja en marzo de 2012, en medio de una recepción institucional en el Congreso de los Diputados que fue encabezada por el presidente del Congreso, Jesús Posada, y Juan Manuel Albendea, ambos del PP, que recibieron solemnemente a toreros, ganaderos y empresarios taurinos, a quienes también se espera en el debate del próximo martes.  
   En aquel acto, Posada no ocultó su "satisfacción" por ver registrada la iniciativa, subrayando que no es una petición minoritaria sino una reclamación "suprapartidaria" a la que auguró "una trayectoria positiva".
   Además del respaldo de Posada y Albendea, la iniciativa popular cuenta con la firma del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, el cantante Joaquín Sabina y la expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre.

La conflictividad en el TC entre Estado-CCAA crece con respecto a la etapa Zapatero

MADRID.- La conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas por la defensa de sus respectivas competencias creció el año pasado en relación a los años de José Luis Rodríguez Zapatero y ha vuelto a la etapa más convulsa de José María Aznar. Ambas partes se denunciaron ante el Tribunal Constitucional el año pasado en 44 ocasiones, frente a las 105 veces de toda la legislatura anterior y las 76 de la primera de Zapatero.

   El Estado planteó 18 impugnaciones: cinco contra Cataluña, cuatro contra Andalucía, tres contra el País Vasco y otras tres contra Navarra, dos contra Madrid y una contra Asturias.
   Y las comunidades presentaron 26: Navarra y Canarias, cinco impugnaciones cada una; Cataluña, cuatro; Andalucía, tres; Extremadura, Asturias y País Vasco, dos cada una; y Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana una cada una.
   La mayoría de los casos son recursos de inconstitucionalidad (46 entre ambas partes, frente a nueve conflictos de competencia).
   El primer año de legislatura con Mariano Rajoy al frente del Gobierno es por el momento más conflictivo que los años del socialistas José Luis Rodríguez Zapatero. De mantenerse este ritmo, se volvería a cifras de la época de José María Aznar: de 1996 a 2000, estas administraciones llevaron al Tribunal Constitucional sus diferencias en 141 ocasiones (35 impugnaciones de media al año) y en los cuatro años siguientes, de 2000 a 2004, en 217 casos (54 de media al año).
   Los años más conflictivos fueron los primeros del Estado autonómico actual. Así, entre 1982 y 1986, las impugnaciones fueron 382: 134 por parte del Estado y 248, de las autonomías. En la legislatura siguiente, hasta 1989, se presentaron 284 casos ante el Constitucional.
   Así figura en el informe sobre conflictividad elaborado por la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas sobre el primer año de la actual legislatura. En él se recoge también que el Constitucional dictó además 66 sentencias, el año con más resoluciones desde que se inició esta contabilidad (1981). Dio la razón casi a partes iguales al Estado y las autonomías.
   Entre los asuntos que han denunciado el Estado se encuentran las prestaciones farmacéuticas, las sanitarias, la convocatoria de plazas para profesores o la paga extraordinaria para los funcionarios, medidas aprobadas por distintas autonomías en contra de las restricciones impuestas por el Gobierno.
   En el caso de las autonomías, y además de los conocidos conflictos en materia sanitaria o educativa, recurrieron normativa de muy diversos contenidos: agua, agricultura, medio ambiente, urbanismo y vivienda, energía, función pública o comercio. En todos los casos, consideran que el Estado vulnera competencias autonómicas.
   El Estado y las comunidades autónomas tienen cauces para tratar de evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Comparten comisiones mixtas y bilaterales en las que negociar directamente y cuentan además con departamentos encargados de revisar la cuestión competencial de las leyes antes de que se aprueben.
   En el caso del Estado, es la dirección general de Coordinación de Competencias la encargada de revisar que los proyectos se ajusten a la Constitución. Los propios y los de las autonomías, ya que estos son remitidos a los ministerios correspondientes para que los estudien.
   Si se encuentra algún "vicio de inconstitucionalidad", se le envía a la autonomía una carta de cooperación explicando el problema. El año pasado, se enviaron 28 de estas cartas, a todas las autonomías salvo Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja. Además, una vez aprobadas las leyes autonómicas y para lograr "un correcto desarrollo legislativo", el Estado les envió otras 54 cartas de cooperación.
   Y las comunidades autónomas hacen lo propio, revisan los proyectos del Estado y envían cartas de cooperación cuando encuentran "observaciones competenciales", según se explica en este informe. Estas dudas son remitidas al ministerio en cuestión.