viernes, 8 de febrero de 2013

Andalucía se repartirá 624 millones de fondos europeos con Murcia y La Mancha

BRUSELAS.-   Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha se repartirán 624 millones de euros correspondientes al cheque específico previsto para España en el presupuesto de la UE de 2014-2020. Además, se garantiza que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que hasta ahora eran objetivo prioritario de la política regional europea, mantendrán al menos el 60 por ciento de las ayudas europeas que reciben en el actual periodo.

   El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha propuesto reducir en 1.000 millones de euros (de 2.800 a 1.800 millones) el cheque específico previsto para España en el presupuesto de la UE de 2014-2020 cuyo objetivo era paliar el impacto de la crisis.
   De esta ayuda, 500 millones se destinarán a Extremadura; 624 millones se repartirán entre Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha y 700 millones se distribuirán entre el resto de comunidades autónomas.
   La propuesta final de Van Rompuy contempla también un sobre específico de 50 millones de euros para Ceuta y Melilla.
   Se garantiza que Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, que hasta ahora eran objetivo prioritario de la política regional europea, mantendrán al menos el 60% de las ayudas europeas que reciben en el actual periodo. Extremadura conserva la mayor parte de las subvenciones porque su PIB sigue por debajo del 75 por ciento de la media comunitaria.
   Lo que pierde España en su cheque de ayudas regionales podría recuperarlo a través del nuevo fondo para combatir el paro juvenil, la principal novedad del marco financiero para los próximos siete años. El instrumento estará finalmente dotado con 3.000 millones de euros, a los que se sumarán otros 3.000 millones de gasto en jóvenes del fondo social europeo.
   La iniciativa estará abierta a las regiones con una tasa de paro juvenil superior al 25 por ciento. España es el segundo país con mayor nivel de desempleo entre los menores de 25 años, el 55,6 por ciento, y aspira a recibir un tercio del dinero de este nuevo instrumento.
   En materia de agricultura, la propuesta de Van Rompuy contempla una ayuda específica para España de 500 millones de euros para desarrollo rural.
   La propuesta final del presidente del Consejo Europeo, que está siendo discutida por los líderes europeos en sesión plenaria, recorta en 12.000 millones de euros adicionales el techo de compromisos de gasto, hasta situarlo en 960.000 millones de euros para el periodo 2014-2020.
   De confirmarse esta cifra, será la primera vez que el presupuesto de la UE sufra recortes respecto al del periodo anterior, en concreto casi 34.000 millones de euros en comparación con las perspectivas financieras 2007-2013.
   Van Rompuy trata de convencer así a los contribuyentes netos, liderados por Reino Unido y Alemania, que reclamaban más ajustes en línea con la austeridad que Bruselas exige a los Estados miembros. Además, el nivel de pagos se reduce hasta 908.000 millones de euros.

El precio medio de las hortalizas aumenta un 24,5% en el ecuador de la campaña con respecto al año anterior

ALMERÍA.- El precio medio de las hortalizas producidas durante la presente campaña hortofrutícola 2012/2013 desde Almería ha visto cómo ha incrementado el precio medio de los productos en un 24,5 por ciento con respecto al mismo periodo de la campaña anterior al alcanzar su ecuador. Así el precio medio del kilo de verdura alcanza los 0,71 euros para los productores. 

   Según los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el balance provisional indica tanto un incremento generalizado de precios como el descenso medio del volumen de producción. Y es que, entre septiembre y finales de enero, según los datos recabados por el Departamento de Estudios y Estadística la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente entre las principales empresas comercializadoras de la provincia, la producción global de hortalizas se ha reducido un siete por ciento.
   Este descenso se debe principalmente al comportamiento del pimiento y la berenjena, cuya producción ha bajado un diez por ciento, así como al pepino y la judía verde. Por su parte la cosecha de calabacín se ha incrementado en torno a un siete por ciento, mientras que la de tomate ha crecido un dos por ciento en sintonía con el aumento de la superficie, aunque es el único producto en el que ha decrecido su valor en un tres por ciento.
   Frente a los 0,57 euros por kilo de verdura registrado de media el pasado año, en estos cinco meses las hortalizas han obtenido un precio medio de 0,71 euros. Este balance provisional de la campaña 2012-2013 ha sido dado a conocer por la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, y por el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, en la feria Fruit Logistica, de Berlín, donde han estado estos días acompañando al sector almeriense.

   Salvo el tomate, que ha obtenido un precio medio inferior al de la campaña anterior --0,56 euros el kilo, por los 0,58 del año anterior--, el resto de las verduras ha reportado a los agricultores mejores precios. Así, el incremento porcentual más importante es alcanzado por la berenjena, con un 46 por ciento más, ya que ha pasado de los 0,53 euros del ejercicio anterior, a 0,77 de esta campaña.
   También ha sido importante el precio del calabacín, con una media de 0,78 euros, un 42,2 por ciento más. Por su parte, el segundo producto más importante de la horticultura de Almería, el pimiento, ha cotizado a 0,72 euros, un 23 por ciento más. El pepino ha pasado de los 0,59 euros de la campaña 2011-2012, a los 0,52 de la actual --un 33 por ciento más--, mientras que la judía verde, que es la más cotizada, ha obtenido un precio medio de 1,63 euros, un 4,2 por ciento más que en los cinco primeros meses de la campaña 2011-2012.
   La reducción del volumen de producto, entre otros motivos, se debe principalmente a la meteorología registrada en noviembre en la provincia de Almería, que contrajo la producción, de la que aún no se ha recuperado del todo.

   En cuanto a la pérdida de precio del tomate, entre otros motivos, se explica en el hecho de que en la primera quincena de noviembre, la horticultura almeriense "también se resintió por otra incidencia que suele repetirse todas las campañas: la entrada de producto marroquí --principalmente tomate-, fuera de control". Esto es, más producto del permitido y por debajo de los precios mínimos contemplados en el acuerdo de asociación agrícola entre Marruecos y la Unión Europea.
   La delegada de la Junta, a la vista de los datos de este avance de campaña, ha reconocido la capacidad de los agricultores almerienses "que a pesar de los inconvenientes, están consiguiendo unos resultados buenos a base de producir productos de calidad y seguros, tal como reclaman los consumidores más exigentes, como son los alemanes y los europeos en general".
   Asimismo, Ferrer ha destacado el "esfuerzo" que han realizado los agricultores de la comarca del Levante, cuyas explotaciones se vieron afectadas por las inundaciones de finales de septiembre, que en un "tiempo récord" han conseguido poner en cultivo sus explotaciones.
   Por su parte, Ortiz se ha mostrado "prudente", ya que, según él, "hasta junio, que es cuando se cierra la campaña 2012-2013, es preferible ser cautos en los análisis, porque la experiencia nos demuestra que los cultivos de primavera, como la sandía, a veces suele condicionar el balance final".

El PSOE pide al alcalde de Almería que "se implique" para evitar "conflictos" en los servicios municipales básicos

ALMERÍA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Joaquín Jiménez, ha exigido este viernes al alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP) "que se implique ante la tensión laboral que afecta a servicios municipales básicos como el de la limpieza, el transporte público o la policía municipal", de manera que ha recordado que en septiembre concluye la concesión que el Consistorio tiene la empresa Urbaser desde 2005 para la recogida de basura y limpieza de las calles.

   "Queremos que el alcalde, dada la situación contractual con esta empresa y teniendo en cuenta los precedentes en otras ciudades de Andalucía, sea el que coja las riendas de un año que puede reunir toda la conflictividad", ha explicado Jiménez en una nota en la que señala que, como consecuencia de la modificación del contrato del servicio aprobada el pasado verano, "a limpieza de la ciudad en 2013 tendrá 880.000 euros menos" lo que conlleva que "haya 63 trabajadores menos desde enero hasta el próximo septiembre".
   Así, según sus cálculos, el personal fijo de la empresa concesionaria se sitúa en torno a 315 personas. "La rebaja del año pasado ha dado como consecuencia 40 barrenderos menos, cinco menos en la bolsa del personal de apoyo en verano, 1 menos en el refuerzo de verano de lavado de contenedores, 15 menos en baldeo mixto de refuerzo, otros 15 menos en barrido manual. Todo es consecuencia de la modificación del contrato. Queremos saber su repercusión en el recibo de la basura y en la tasa", ha dicho.
   El portavoz socialista espera que esto no "pille al alcalde en el Senado".
 "Le pregunto al alcalde, teniendo en cuenta que el convenio no se ha negociado, si va a sacar a concurso este año el servicio, si va a haber otra prorroga o si va a haber dos concursos, uno para RSU y otro para la limpieza viaria".
   El portavoz se ha preguntado si en el caso de que haya dos concursos, será Urbaser la que negocie las condiciones laborales para este año. "Tenemos serias dudas y queremos que el alcalde se faje en estos temas. Los dos nuevos concursos se pueden traducir en menos empleo. Lo que queremos es que tengamos un año sin la conflictividad social que ha habido en otras ciudades". En caso de un nuevo concurso para la limpieza en septiembre, el pliego de condiciones de servicio "tendría que ser publicado por el ayuntamiento en marzo próximo como muy tarde".
 
El Ayuntamiento niega despidos en Urbaser
 
El concejal del Área de Fomento y Servicios Ciudadanos del Ayuntamiento de Almería, Manuel Guzmán (PP), ha acusado al grupo municipal socialista de "interferir" en la negociación del convenio colectivo que se lleva a cabo desde octubre entre los trabajadores y la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, Urbaser; sociedad en la que "no se ha producido ningún despido" pese a la reducción de canon, según ha asegurado.    Guzmán ha trasladado en una nota que las negociaciones "se están realizando en buena sintonía" con el "único objetivo" de "asegurar la estabilidad laboral de todos y cada uno de estos trabajadores". Así, ha acusado al PSOE de "anteponer sus intereses políticos" a los de la ciudad y le ha pedido que "deje a la empresa y a los trabajadores seguir negociando como lo han estado haciendo hasta ahora".
   Así, ha insistido en que "no es el momento de interferir en estas negociaciones", ya que "eso puede desembocar en problemas para Almería y sus ciudadanos".
 "Es curioso que el grupo municipal socialista salga hoy a escena con el tema de la recogida selectiva, casualmente cuando ayer se terminó la huelga de basura en Sevilla, una huelga que se producía tras las de Granada y Jerez, ha considerado el edil 'popular'.
   El concejal ha recordado que el actual convenio colectivo está "caducado" y "denunciado" por ambas partes desde el año pasado, por lo que ha garantizado que "si se aprueba el nuevo convenio colectivo la nueva empresa que venga a prestar este servicio tendrá la obligación de subrogar a todos y cada uno de los trabajadores que actualmente forman la plantilla y deberá asumir también el convenio colectivo que esté en vigor".
   En cuanto a los pliegos de limpieza viaria y recogida de residuos, el concejal ha indicado que actualmente "se está trabajando en la redacción de los mismos, que saldrán en tiempo y forma". Así, una vez que estén totalmente definidos, "se sacarán a la opinión pública y será entonces cuando se hablará con el comité de empresa".
   "Ahora no es el momento de hablar de este tema, lo único que toca ahora es el convenio colectivo que están negociando los trabajadores y el hecho de que el PSOE convoque a los medios para hablar de los pliegos es con la única pretensión de entorpecer las negociaciones del convenio colectivo", ha dicho.

Pescadores de Garrucha retiran del mar más de 200.000 kilos de residuos producidos por las ríadas de septiembre


GARRUCHA.- El alcalde de Garrucha, Juan Francisco Fernández (PP), ha alertado nuevamente sobre los problemas que sufre el sector pesquero de la localidad que, desde las riadas sufridas en el Levante almeriense del pasado 28 de septiembre, ha retirado ya más de 200.000 kilogramos de residuos del mar entre maleza, cañas, sistemas de riego o trozos de vehículos. 

   En una reciente reunión con el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, el primer edil ha recordado las dificultades que existen para poder faenar como consecuencia de la "ingente cantidad" de residuos que aún se acumulan en los fondos marinos, según ha expuesto en una nota.
   En este sentido, ha explicado algunos de los perjuicios ocasionados por el cierre durante los últimos cuatro meses del canto más rico de Garrucha, el de El Playazo, "donde se amontonan más de dos metros de plantas y cañas sin que hasta la fecha haya sido posible su retirada".
 "Esa situación ha obligado a los barcos a desplazarse a otras zonas, lo que se traduce en mayores gastos", indica el regidor.
   Fernández, que acudió al encuentro de trabajo también como representante del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Levante Almeriense, ha planteado la posibilidad de que la administración "compense" a los pescadores "por el esfuerzo que están llevando a cabo" en la limpieza de los fondos marinos y por las "pérdidas" que el cierre de caladeros y la rotura de artes les supone.
   El sector pesquero es uno de los principales pilares económicos del municipio. En los últimos años, según el Consistorio, ha experimentado una "contracción significativa", derivada, principalmente, "de los altos costes del combustible, de la merma de la capturas y de los bajos precios de venta del producto".

JpD cree que al Gobierno le interesa la falta de medios contra la corrupción

VALLADOLID.-   El portavoz nacional de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que al Gobierno le interesa la falta de medios para luchar contra la corrupción, que no quiere un poder judicial "fuerte y con instrumentos" y una manera de debilitarlo es "asfixiar" en los recursos materiales y humanos.

   Bosch se ha expresado así tras la celebración del Comité Permanente de la asociación en el marco de unas jornadas sobre la posición del poder judicial ante la crisis.
   En este marco, el portavoz de JpD ha asegurado que el Gobierno "sabe perfectamente" que en los juzgados no existen medios suficientes para combatir la corrupción y a pesar de ello no se asignan las medidas de refuerzo ni instrumentos necesarios para atajar el problema.
   De esta forma, la conclusión que extraen es que "al Gobierno no le incomoda un poder judicial débil, incapaz de poder afrontar determinadas investigaciones", pero además se llevan a cabo reformas que "debilitan" la posición de los jueces y se permite que el poder político pueda actuar "contra la independencia del poder judicial".
   "Es una combinación explosiva, con instrumentos muy precarios y una posición del juez frágil por los ataques que le puedan venir del poder político", ha indicado Bosch, en referencia a los recortes en materia de Justicia pero también la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que pretende "subordinar" la independencia judicial al poder político, algo que cree que permitirá poder actuar contra la independencia de los jueces y, en última instancia, dificultar la lucha contra la corrupción.
   A su juicio, se pretende "erosionar" la capacidad de independencia al no dar medios contra la corrupción como está ocurriendo con los juzgados que llevan asuntos de este tipo. Como ejemplo ha citado el caso Fabra, que en Castellón lleva casi diez años de instrucción y los juzgados de Nules no pueden tramitar una causa de esa envergadura sin medios suficientes o las actuaciones sobre Bankia, que tiene decenas de imputados, perjudicados.
   "Si un gobierno tiene una responsabilidad lo suficientemente elevada y una altura de miras institucional debe facilitar todos los medios para que estas cosas se aclaren", ha añadido Bosch, quien incluso cree que se "facilita" que no haya unas sentencias adecuadas.
   "Creo que hay relación, al menos indirecta, entre recorte de medios por parte del Gobierno y que el resultado final sea que no haya bastante capacidad en los casos de corrupción", ha dicho.
   En esta línea, y ante la sensación de "impunidad" que pueda apreciarse al ver a personas como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la calle, Bosch ha recordado que hay una investigación en marcha y se van a realizar diligencias, pero cree que "efectivamente no hay tratamiento adecuado a los problemas de corrupción política".
   "No es admisible que un inmigrante que coloca el top manta para poder sobrevivir tenga previstas posibles penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones pueda tener pena de multa", ha aseverado.
   A que el problema de la corrupción en España no esté bien contemplado, ni desde el punto de vista de los medios ni de las condenas, se añade, a su juicio, que se pueda "indultar con tanta facilidad" que la percepción de la ciudadanía es sensación de impunidad.
   A diferencia de lo que ocurre en España, ha recordado que en otros países también hay corrupción pero, aunque sea menor el grado, se persigue y se condena.
   "Aquí la sensación es que la gente va por la calle como si no hubiera ocurrido nada porque hay un código penal que contempla penas muy duras en algunos supuestos, ha dicho, al tiempo que ha añadido "en tono humorístico" que la "especie de cadena perpetua" que dice Gallardón que quiere implantar "no es precisamente para los políticos corruptos".
   Frente a la falta de endurecimiento de las penas para los casos de corrupción política y económica en la futura reforma del Código Penal, Bosch considera que se "criminaliza la pobreza", los robos de pequeña entidad, contra top manta o determinadas conductas delictivas.
   El portavoz de Jueces para la Democracia ha asegurado que en el encuentro de la asociación se han extraído conclusiones como el hecho de que las medidas del Gobierno pongan en cuestión el Estado de Derecho y ha puesto varios ejemplos, entre ellos el "uso abusivo" de los indultos que se produce a políticos corruptos, policías que han torturado o ciudadanos condenados a muchos años de prisión por homicidios imprudentes.
   El colectivo considera que en estos casos el gobierno "usurpa" las funciones del poder judicial y se "convierte en última instancia no autorizada", al no explicar las razones y motivos por los que se producen los indultos, algo que vulnera lo previsto en la Constitución sobre la competencia exclusiva de los juzgados para hacer cumplir la ley y hacer efectivas las condenas.
   De esta forma, cree que además de la sensación de impunidad y la falta de igualdad ante la ley, se transmite que un "amiguismo o proximidad" al Gobierno permite no cumplir las condenas.
   Tras la reunión del colectivo, Bosch ha hecho un repaso por lo que consideran ha sido la labor del Gobierno, que se inició con una andadura "con una política muy decidida de desmantelamiento del Estado social" y ahora hay una "segunda etapa" que supone la erosión del Estado de Derecho, que supone un "cambio cualitativo muy importante".
   Así, ha recordado que en esa primera etapa se realizó una reforma laboral "de dudosa constitucionalidad", se atacaron "con dureza" los derechos sociales y los servicios públicos pero además no se adoptaron medidas de protección para los afectados por las hipotecas mientras sí se mantuvieron los privilegios legales de las entidades bancarias, al tiempo que se acordó el rescate de la banca, lo que acentuó "todavía más" las desigualdades sociales.
   El último objetivo del Gobierno en el "desmantelamiento de lo público", ha añadido, se refiere a la Justicia con la privatización de los registros civiles, cuyas competencias se van a trasladar a los notarios, registradores de la propiedad y registros mercantiles de manera que "lo que hoy es gratuito y público" suponga su pago.
   La segunda etapa, ha explicado, cuestiona aspectos que hasta ahora no eran "discutibles" del Estado de Derecho como la Ley de Tasas Judiciales, "que privatiza la Justicia pero ataca el derecho fundamental de los ciudadanos a poder acceder a la jurisidicción". Por ello, han acordado pedir a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad.
   Según el portavoz de Jueces para la Democracia, "en muy pocos meses se han producido las mayores restricciones de derechos fundamentales de toda la etapa democrática".

La Federación de Regantes aboga por la cesión temporal de agua entre las cuencas del Tajo y el Segura

MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha abogado este viernes por "flexibilizar" la cesión temporal de derechos del uso del agua entre las cuencas del Tajo al Segura para que los usuarios "puedan disponer de recursos garantizados" en épocas de sequía o de déficit de agua.

   De esta forma, del Campo, en lugar de desarrollar una ley específica para llevar adelante el trasvase, apuesta por reducir los trámites a un contrato entre organismos de cuenca, lo cual entiende que "facilitaría su puesta en práctica".
   Para el dirigente de los regantes, estos acuerdos bilaterales --que contarían con un control de la Administración para garantizar los órdenes de preferencia de uso--, "se alzan hoy por hoy como la alternativa más ágil y efectiva para paliar la falta de embalses y trasvases en las demarcaciones menos reguladas".
   "Apostar por esta medida temporal evitaría una guerra del agua entre regantes de la cuenca cedente y receptora, en un momento además en el que los objetivos de déficit público hacen inviable acometer nuevas inversiones en obras de regulación", ha señalado en un comunicado.
   Además, afirma que los trasvases "se topan ahora mismo con una dificultad añadida" por el aumento previsto del nivel de los caudales ecológicos --agua mínima necesaria para preservar los hábitats naturales-- como ocurre así en el caso del Tajo, "dificultando que pueda abastecer de forma permanente" a la cuenca del Segura.
   En opinión de la federación, flexibilizando la cesión temporal de derechos del agua "no sólo se eliminarían las tensiones autonómicas" por el reparto de agua sino que además se contribuiría a "agilizar" la aprobación de los diferentes planes de cuenca todavía pendientes. Asimismo, considera que permitiría llevar adelante "con más facilidad" el Plan Hidrológico Nacional, cuyo retraso ha originado ya distintas sanciones por parte de la Unión Europea.
   La federación también reitera los "beneficios inmediatos" para los usuarios de ambas cuencas, ya que, como contrapartida por ceder temporalmente agua a una cuenca deficitaria como es la del Segura, se obtendrían unos incentivos que podrían destinarse a modernizar regadíos en la cuenca cedente, con lo cual se utilizaría el agua con "mayor eficiencia".
   No obstante, para Fenacore, la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas "allí donde sea necesario sigue siendo una gran asignatura pendiente y la mejor solución" --junto a los bancos de agua, la alternancia de aguas superficiales y subterráneas, entre otras-- para regular los efectos de la sequía cíclica que sufre España.

Holcim cierra su fábrica de cemento de Lorca en favor de la de Carboneras

MADRID.- Holcim ha cerrado definitivamente el centro de producción de cemento con que contaba en Lorca en el marco del ajuste de estructura que ha realizado en España ante el desplome de la demanda de cemento en el país, según informó la empresa.

   La compañía mantendrá el centro de distribución de productos ensacados que tiene en esta ciudad murciana. El suministro de cemento a granel se realizará desde el silo que tiene en Escombreras y desde la fábrica de Carboneras.
   "La sobrecapacidad de producción de cemento en España supera el 70% y las perspectivas para los próximos años no permiten prever la reutilización de estos activos en el futuro", según indica el director ejecutivo de Holcim España, Vincent Lefebvre, en un comunicado.
   Esta nueva medida de Holcim no tendrá efecto alguno en su plantilla, pues la empresa ya había paralizado la producción en la planta de Lorca en el marco de la reestructuración que llevó a cabo el pasado año.
   En dicho proceso, la firma redujo el empleo en esta planta y en la de Yeles en 114 efectivos, de los que 47 fueron recolocados en otros centros del grupo y 39 más prejubilados.
   En total, la reestructuración supuso un ajuste de un máximo de 295 empleados en toda España, según los términos acordados con los sindicatos, que rebajó así los de 373 despidos planteados inicialmente por la empresa.
   La fábrica de Lorca comenzó su producción en 1967, dentro del grupo Cementos Alba, con una capacidad inicial para fabricar 360.000 toneladas de cemento al año. Según la empresa, el centro fue pionero en España en el uso de combustibles alternativos, por los que apostó en 1991.
   En la actualidad, la instalación contaba con una capacidad productiva de cerca de un millón de toneladas de cemento y de 600.000 toneladas de clínker.

Aprobado el anteproyecto de integración de cooperativas agroalimentarias

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario con el objetivo de mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades.
 
   La intención del Ejecutivo es que, con esta normativa, se impulsen entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico con capacidad, dimensión y estructura empresarial que incremente su eficiencia y rentabilidad.
   El impulso y fomento de la integración cooperativa constituye un eje "prioritario" de actuación para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de favorecer su competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización.
   Así, el Gobierno pretende corregir los "problemas" del sector cooperativo español, que se caracteriza por su "atomización", con cerca de 4.000 cooperativas y más de un millón de socios, una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y que emplea de forma directa a 100.000 personas.
   Según el Ministerio, en la actualidad ninguna cooperativa española está entre las 25 más grandes de la UE. En su opinión, la cadena agroalimentaria española "presenta una asimetría que debe ser corregida mediante la puesta en marcha de políticas e instrumentos legislativos que mejoren la estructura comercializadora".
   Entre los principales objetivos de la nueva normativa se encuentran el fomento de la integración de los productores en sociedades cooperativas y favorecer la agrupación de los primeros eslabones que conforman la cadena agroalimentaria.
   Además, pretende mejorar la capacitación y formación de los responsables de la gestión de dichas entidades y contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios integrados en ellas.
   Para ello, el proyecto de ley presenta varios instrumentos, como la entidad asociativa prioritaria de ámbito supraautonómico "con suficiente capacidad y dimensión para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de dichas entidades.
   Asimismo, se articulará un plan estatal de integración cooperativa con el objetivo de coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las comunidades autónomas en colaboración con el sector "con el fin de aunar esfuerzos y eliminar medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta".
   El Ejecutivo modifica de esta forma la ley 27/1999 de cooperativas y la 20/1990 sobre régimen fiscal de cooperativas, "lo que hará posible un mejor desarrollo de sus posibilidades de generación de empleo".
   Para el Ministerio de Agricultura, el actual proyecto de ley impulsa un modelo cooperativo "empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural".

Los usuarios nacionales de avión se desploman un 12,5% en 2012

MADRID.- El número de viajeros que optaron por el avión para sus desplazamientos por el interior del país cayó un 12,5% en 2012, mientras que los que optaron por el tren lo hicieron en un 2%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Así, en 2012 el número medio total de viajeros disminuyó un 3,5% con respecto a 2011, con descensos en todos los modos de transporte en el conjunto del año.

Los líderes de la Unión Europea recortan un 13% las ayudas agrícolas

BRUSELAS.- La Política Agraria Común (PAC) perderá en el próximo ejercicio un 13,12% de sus fondos con respecto al periodo anterior, según la propuesta final de los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pactado tras más de 18 horas de negociación en Bruselas.

   Los líderes europeos asignan una partida de 362.940 millones de euros para el conjunto de la PAC, lo que supone 54.800 millones menos que el gasto agrícola comunitario en el periodo 2007-2013.
   Las ayudas directas a los productores y las medidas de mercado que forman el primer pilar de la PAC recogen la mayor parte de estos fondos, 277.850 millones de euros, es decir, que esta partida sufre una rebaja del 13,71 % o 44.150 millones menos que en el periodo anterior.
   Por su parte, los programas de desarrollo rural, el segundo pilar, pierde un 11,12 % de los apoyos y dejará de recibir 10.650 millones de euros y contará en total con un sobre de 85.090 millones de euros.
   En el ejercicio presupuestario, 2007-2013, la PAC contó con un presupuesto total de 417.740 millones de euros, de los que 322.000 millones fueron para el primer pilar y los 95.740 restantes, para desarrollo rural.
   Los gobiernos europeos, además, introducen un factor de flexibilidad que permitirá a cada Estado miembro decidir si transfiere un 15 % de las ayudas de un pilar al otro, con el añadido de que los países con menores recursos podrán destinar un 10 % adicional de desarrollo rural a ayudas directas.
   Aunque la reforma de la política agraria europea deben negociarla con el Parlamento Europeo y la Comisión, los Veintisiete fijan con este texto los límites de la revisión, al proponer el presupuesto con que contará la PAC en esos siete años y marcar algunas de sus disposiciones.
   Por ejemplo, los mandatarios europeos han acordado que sea cada país quién decida de manera voluntaria si limita las ayudas directas de la PAC a los grandes terratenientes, en lugar de fijar un techo máximo de 300.000 euros anuales por explotación, tal y como defendía Bruselas.
   La idea de fijar un techo anual a las ayudas agrícolas es una vieja reivindicación del Ejecutivo comunitario, que ya lo intentó en negociaciones anteriores de la PAC, pero siempre chocó con la oposición de la mayoría de las capitales, lideradas por Berlín y Londres.
   Dentro del gasto agrícola, los jefes de Estado y de Gobierno europeos quieren un fondo específico para apoyar al sector en caso de crisis graves dotado con 2.800 millones de euros. No se trata de dinero adicional, sino de una reserva de 400 millones anuales de las ayudas directas que, en caso de no ser utilizado en medidas de crisis ese año, "será reembolsado como pagos directos". Bruselas propuso en un primer momento que este fondo llegara a los 3.500 millones de euros.
   El llamado 'pago verde' o 'greening' que condiciona el 30 % de las ayudas directas a que el agricultor o ganadero cumpla con determinados esfuerzos medioambientales queda confirmado por los líderes en el acuerdo de presupuesto, si bien deja abierta la puerta a cierta "flexibilidad". El texto señala que ese 'pago verde' debería incluir "una clara flexibilidad" para los Estados miembros sobre medidas "equivalentes".
   También recogen la idea del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para avanzar hacia una convergencia de los subsidios entre los diferentes Estados miembros, con el objetivo de que la ayuda por hectárea sea para todos los agricultores de 196 euros en el horizonte 2020.
   Los líderes europeos también han cerrado una partida de 10.542 millones de euros que incluye el futuro fondo para la pesca y asuntos marítimos, pero también algunas medidas medioambientales. Aunque no precisan el reparto exacto de esta asignación, fuentes europeas indican que será similar al de propuestas anteriores.

El PSOE no respaldará en el Congreso declarar a los toros bien cultural

MADRID.- El PSOE ha decidido no respaldar el próximo martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que promueve la declaración de las corridas de  toros como Bien de Interés Cultural.

   Así lo ha adelantado el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, en un mensaje publicado en Twitter.
   En todo caso, el PP ya haya avanzado que apoyará la admisión a trámite de la iniciativa ciudadana con lo que, dada su mayoría parlamentaria, la propuesta de declarar a la fiesta taurina podrá seguir con su tramitación.
   Se trata de una propuesta que llega al Congreso con casi 600.000 firmas (se precisaba medio millón) y que fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el objetivo de revocar la prohibición de las corridas de toros decretada por la Generalitat.
   Fue en 2010 cuando el Parlamento catalán decidió prohibir las corridas de toros en la comunidad autónoma, una normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2012.
   En aquella ocasión los diputados del PSC sí tuvieron libertad a la hora de efectuar su voto: tres votaron a favor de prohibir los toros en la comunidad autónoma, otros tres se abstuvieron y los 31 restantes rechazaron la prohibición.

Van Rompuy plantea bajar la compensación a las regiones españolas

BRUSELAS.- El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, planteó hoy reducir a 1.824 millones de euros la compensación para las regiones españolas dentro del marco presupuestario plurianual de la UE 2014-2020, frente a los casi 2.800 millones propuestos en noviembre.

Esta cantidad, que se atribuiría al país durante los siete próximos años para contrarrestar la disminución de los fondos europeos de cohesión y desarrollo regional, supondría una reducción de unos 1.000 millones para España respecto a la anterior propuesta que se planteó en noviembre pasado.
 
 Van Rompuy plantea que los 1.824 millones se distribuyan de la siguiente manera: 500 millones para Extremadura, 624 millones para las regiones en transición y otros 700 millones para el resto de las regiones.

Las regiones que hasta ahora eran objetivo prioritario mantendrían además el 60 % de las ayudas con las que contaban, una situación en la que se mantendrá Extremadura.

Además, Ceuta y Melilla recibirán una contribución adicional de 50 millones de euros de los fondos estructurales, mientras que Canarias recibirá una ayuda extra de 30 euros por año y habitante debido a su condición de región ultraperiférica, algo que ya se recogía en la anterior propuesta.

En noviembre, el reparto de la compensación de España se hacía de manera que Extremadura recibía 200 millones de euros como la región más desfavorecida del país, mientras que Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia obtenían 1.550 millones por figurar en el grupo de comunidades que han dejado recientemente de estar entre las más pobres de la Unión.

Otros 1.000 millones se destinaban al resto de Comunidades Autónomas.

La última propuesta del presidente del Consejo Europeo está siendo discutida por los líderes de los Veintisiete, que llegaron aún con posiciones muy enfrentadas a la cumbre de Bruselas.

El Gobierno revisará "en dos meses" las obras del AVE para "acortar los plazos"

ALMERÍA.- El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano y el presidente de Asempal, José Cano García, han mantenido este jueves una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, en la que, según los empresarios, el Gobierno ha trasladado su compromiso de acabar la autovía A-7 en 2015 y de "acortar los plazos" para conectar Almería con la Alta Velocidad, de forma que ha asegurado que en "dos meses" dará a conocer el "rediseño" de la planificación de obras tras su "reprogramación".  

   La delegación almeriense ha conocido las líneas de trabajo que maneja el Ministerio tanto en relación a la Alta Velocidad como a la Autovía del Mediterráneo. Sobre el AVE a Murcia, Catalá ha explicado que el Ministerio está actualmente "reestudiando los proyectos de los diferentes tramos pendientes con el objetivo de, por un lado, optimizar los recursos disponibles y por otro, acortar en todo lo posible, los plazos de ejecución".
   Según explica la Cámara en una nota, Fomento trabaja fundamentalmente en estos momentos en "readaptar los proyectos para el transporte tanto de pasajeros como de mercancías a las posibilidades reales contemplando a la vez, reducir los tiempos de ejecución".
   El secretario de Estado de Infraestructuras ha manifestado ante los presidentes de la Cámara y Asempal el "compromiso" del Ministerio de Fomento de que las obras del AVE en Almería "no se van a parar, sino que los trabajos continuarán adelante". Catalá ha asegurado, según los entes empresariales, que "se revisarán los proyectos de los tramos que están pendientes de salir a licitación para hacer una reprogramación de las obras y lograr los dos objetivos antes señalados".
   Asimismo, ha trasladado que "en dos meses" dará a conocer a los empresarios los resultados de ese "rediseño" de la planificación del AVE Almería-Murcia. Catalá también ha hecho referencia a la actual conexión ferroviaria con Madrid, cuya duración de viaje es en estos momentos superior a las seis horas, y ha indicado que el Ministerio "está estudiando cómo reducir ese tiempo de viaje".
   Respecto a la A-7, el secretario de Estado ha afirmado que esta actuación "es una prioridad para el Ministerio, cuyo compromiso es que sigan avanzando las obras de forma que esté concluida en 2015".
 La reunión ha sido propiciada y coordinada por el diputado 'popular' Rafael Hernando, y en la que ha participado también el diputado por el PP por Almería, Juan José Matarí.

La Junta ha evitado casi un millar de desahucios en tres meses y medio

SEVILLA.- Las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda han evitado, en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, casi un millar de desahucios, según ha anunciado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, durante su comparecencia parlamentaria para hacer evaluación y valoración del funcionamiento de estas oficinas desde la fecha de su apertura, el 8 de octubre, hasta el 25 de enero.

   "El objetivo fundamental cuando abrimos las oficinas era que las personas que acudían a las mismas no perdieran su vivienda y lo hemos conseguido", ha asegurado Cortés, que ha añadido que las oficinas son "un varapalo al discurso del 'no se puede hacer nada'".
   Desde la puesta en marcha del programa, el pasado 8 de octubre, hasta el 25 de enero de 2013, las oficinas han recibido un total de 1.832 visitas, por las que se han abierto un total de 1.251 expedientes. El resto fueron personas que se limitaron a solicitar información sobre la oficina, pero sin concretar finalmente ninguna petición. Un total de 163 familias (13%) acudieron a las oficinas en la fase de prevención, 969 (77,5%) en la fase de intermediación y 119 (9,5%) en la fase de protección.
   La atención en fase de prevención, que se presta cuando las familias aún no han entrado en morosidad con la entidad financiera, fue solicitada por 163 familias para informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias y para conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios.
   En esta fase, Cortés ha señalado dos conclusiones, por un lado, que cuanta más información tiene el ciudadano más convencido está de hacer valer y defender sus derecho, y, por otro lado, que "aún hay cláusulas abusivas". Ante esto ha reclamado un desarrollo legislativo "urgente" que ponga freno ya a estos "desmanes" desde un marco estatal garantista.
   La segunda fase de intermediación, la más demandada, está destinada a quienes han entrado ya en morosidad, encontrándose ya en riesgo de desahucio. En esta fase las oficinas atendieron a 969 familias, el 77,5 por ciento del total. De estas, se ha resuelto ya favorablemente 554 expedientes y el resto continúan abiertos con expectativas de resolución favorable.
   De estas 554 familias, 316 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso de desahucio. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas.
   El resto de expedientes resueltos favorablemente lo han sido mediante negociación con la entidad financiera, con un total de 238 casos, entre ellos 98 resoluciones mediante envíos de escritos a los juzgados, 83 negociaciones de condiciones de préstamo, 32 daciones en pago, siete acuerdos de alquiler social, así como otras fórmulas de negociación y apoyo en la realización de trámites.
   Un total de 119 familias se dirigieron a las oficinas bien con el desahucio ya ordenado, bien una vez perdida su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas.
   Cortés ha destacado que es fundamental la conformación de un "amplio bloque político y social contra los desahucios en Andalucía". En este sentido, ha recordado que la Consejería firmó en septiembre un acuerdo marco con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) al que posteriormente se han sumado la Diputación de Huelva y un total de 27 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
   Además, la consejera ha instado al Gobierno central a "estar a la altura" y que responda a la petición de la Consejería de gestionar directamente las viviendas entregadas al Sareb, el conocido como 'banco malo', con domicilio en Andalucía, para destinarlas al alquiler social y supervisar desde lo público la adjudicación de las mismas.
   Por último, la consejera de Fomento y Vivienda que ha puesto en valor la ronda de contactos para poner en marcha estas oficinas, ha solicitado al Gobierno que haga lo mismo y ha expresado su "total apoyo" a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "presentada por diversas plataformas y colectivos sociales para reformar la injusta y desequilibrada legislación española sobre desahucios".
   Por su parte, la diputada del PP-A, Alicia Martínez, ha exigido a la consejera de Fomento y Vivienda que "no diga más mentiras" en cuanto a los desahucios en el parque autonómico de viviendas, porque, y según ha leído del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se vienen publicando expedientes de desahucios.
   Al respecto la consejera ha pedido a la diputada 'popular' que "no lea de memoria el BOJA sino que vaya y pregunte a las familias" porque, aunque haya publicados expedientes no se han llevado a cabo los lanzamientos y, por lo tanto, las familias están en las casas.
   Martínez tras criticar que IU votara en diferentes ocasiones en contra de propuestas del PP similares a este Programa de Defensa de la Vivienda ha apuntado que en el tercer trimestre de 2012 se han producido 3.641 ejecuciones hipotecarias en Andalucía --antes de la puesta en marcha de estas oficinas--, y que suponen unas mil menos respecto los meses anteriores, por lo que "algo que tendrán que ver las medidas del Gobierno central".
   Asimismo, ha criticado "la forma, el fondo y el resultado" de estas oficinas y ha pedido que tome medidas "propias" y no quedarse "en la superficie" porque "lo que ofrece es la solución que el PP ha puesto sobre la mesa en este tiempo".
   En contra ha apuntado que el decreto que el Gobierno central está tramitando modifica la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, al tiempo que ha señalado que el fondo social de viviendas es "ya una realidad" y "más vale 6.00 que cero". En este sentido, ha instado a la Junta a poner a disposición de las familias pendientes de lanzamiento las 81.000 viviendas protegidas de EPSA.
   Por su parte, la diputada de IU, Inmaculada Nieto, ha felicitado la puesta en marcha de este programa por "novedoso y por su resultado".
 "Era más que oportuno que un programa así se abriera paso y marcara un punto de inflexión", ha subrayado.
   Asimismo, ha pedido que se fortalezca con más ayuntamientos que firmen el convenio con la Adminsitración andaluza y se amplíe su implementación en otras Comunidades.
   Además, Nieto también ha querido destacar que "desde junio no hay desahucios en el parque autonómico de vivienda por imposibilidad sobrevenida de afrontar los pagos de la vivienda" y ha animado a comprobarlo.
   Por último, ha instado al PP a entender que la dación en pago es una demanda "transversal" de la ciudadanía y "muchos miles de personas del PP también han firmado la ILP que pide esto".
   Por su parte, el diputado por el PSOE Enrique Javier Benítez tras  detallar un caso particular donde se ha conseguido la paralización de un desahucio a una mujer de 75 años en Málaga, ha reconocido que no se le ocurre "ninguna pega a este programa" que tiene "coste cero para el ciudadano y que utiliza los recursos legales de la Junta".
   Además, también ha querido señalar que gracias a este programa también "hay entidades financieras que responden de una manera más social" y se involucran en un programa.

Zoido propone nueve medidas para garantizar la "limpieza" de la política andaluza

GRANADA.- El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha confiado este jueves en que la reunión de la Mesa de Partidos del 'Pacto por Andalucía' convocada el próximo martes no sea un "paripé" y ha avanzado que su partido planteará en ella nueve medidas dirigidas tanto a la administración como a los partidos y que supondrán una "auténtica revolución que garantice la limpieza de la vida política andaluza". 

   Ante la Junta Regional de su partido, que se ha reunido en Granada, Zoido ha señalado no obstante que el PP-A "está abierto al debate" y "no quiere imponer sus medidas". Aún así, y teniendo en cuenta que ya ha presentado propuestas anteriores al Parlamento "para la regeneración democrática y el buen gobierno", concretamente hasta cinco proposiciones no de ley que han sido rechazadas, ha incidido en que su partido ya tiene "mucho trabajo hecho" en ese sentido y ha desgranado cada una de las medidas que llevará a la Comisión.
   En primer lugar, el PP-A propone la publicación en página web oficial y en el BOJA "de todas las autoliquidicaciones tributarias correspondientes sobre el IRPF y el impuesto del patrimonio no sólo de los políticos, sino también de todos los altos cargos asimilados y de los responsables de las agencias, de los consorcios, y de todos los entes instrumentales del sector público andaluz".
   Como segunda propuesta, insta a hacer públicas al detalle las "relaciones laborales y contractuales que los cónyuges o parejas de hecho que están inscritas en el correspondiente registro o los familiares de los altos cargos y asimilados dentro del segundo grado tengan con la administración de la Junta de Andalucía y con los entes instrumentales".
   En tercer lugar, el PP-A aboga por "establecer la obligación de presentar una declaración responsable por parte de las empresas contratantes de la Junta de Andalucía, de forma que se pueda conocer abiertamente la existencia o no de relaciones contractuales o de prestación de servicio de dichas empresas con los partidos políticos que sustenten al Gobierno de la Junta de Andalucía".
   La cuarta medida auspiciada por el PP-A es una "publicación anual de todo el número de personal eventual o de confianza y de los puestos singularizados mediante la inclusión en el anexo de personal del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía con desglose por secciones y servicios" de todos los partidos representados en la Cámara.
   La quinta propuesta es una "remisión anual al Parlamento de Andalucía del gasto en concepto de retribuciones, complementos de productividad, dietas y gastos de Seguridad Social, y todo aquel gasto que pueda ser imputable al personal de confianza o puestos singularizados de todos los grupos".
   En sexto lugar, el PP-A propone la "publicación trimestral en la web de las distintas Consejerías de la relación de todas las encomiendas de gestión y encargos de ejecución a agencias empresariales y entidades instrumentales, especificando la entidad encomendante, encomendada, objeto de la encomienda o encargo, plazo de vigencia, importe, y la aplicación presupuestaria".
   La séptima iniciativa consiste en la "publicación de todos los planes y programas anuales y plurianuales que deberán estar acompañados de una memoria económica y financiera y de un sistema de evaluación que deberán detallarse en el presupuesto de la Comunidad mediante aplicaciones presupuestarias propias".
   Como octava medida, Zoido ha apuntado la "publicación semestral de todas aquellas subvenciones, ayudas o transferencias que de cualquier tipo otorgue la Junta de Andalucía". 
"Luz y taquígrafos con las subvenciones, que pase a la historia eso de que siempre a los mismos y que no haya publicidad ni siquiera para poder solicitarlas".
   Por último, la novena gira en torno a la exigencia de transparencia en los gastos de protocolo de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, sobre todo, según ha dicho Zoido, en lo concerniente a la Presidencia del Gobierno andaluz, teniendo en cuenta además que, por ejemplo, para este año se han presupuestado 1,2 millones de euros para este concepto.
   "Espero que como mínimo estas propuestas sean estudiadas y analizadas por el bipartito, porque demostrarían de esa forma que tienen un interés real por avanzar en la transparencia más allá de buscar una foto o un titular", ha mantenido el presidente del PP-A, que ha dudado que de pronto PSOE e IU "hayan visto la luz" con respecto a este tema. "No obstante, si ha sido así, bienvenido sea. Ya era hora", ha indicado.

El TSJA archiva dos causas contra Sánchez Gordillo por su actuación como piquete el 29-M

SEVILLA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado dos causas abiertas contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, a raíz de su actuación como piquete informativo durante la huelga general del día 29 de marzo de 2012.

   En dos autos distintos, el Alto Tribunal andaluz archiva sendas causas contra Juan Manuel Sánchez Gordillo por sus actuaciones como piquete en un instituto de educación secundaria de El Rubio (Sevilla) y en un supermercado, una oficina de la Diputación de Sevilla, una oficina de empleo, una finca y una tienda de la localidad sevillana de Estepa.
   Así, fue el 29 de marzo de 2012 cuando el parlamentario andaluz "lideró" un piquete que recorrió diversos establecimientos del municipio de Estepa hasta que concluyó uniéndose a otro piquete liderado por el sindicalista Antonio P.C., siendo acompañados en todo el recorrido por la Guardia Civil a fin de "prevenir eventuales incidentes".
   En primer lugar, ambos piquetes acudieron a la oficina del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) de la Diputación, donde el alcalde de Marinaleda indicó a su responsable que "no abandonaría la misma mientras no cerrase la oficina", a lo que accedió, todo ello mientras algunos miembros del piquete "afeaban la conducta de quienes estaban trabajando allí, llamándolos 'esquiroles'".
   Tras ello, ambos piquetes acudieron a un comercio de confección y un total de diez personas entraron en el local manifestando que "iban a comprar, aunque se les había olvidado el dinero" y que "detrás venía más gente", por lo que la empleada "se sintió algo asustada, pero no amenazada ni coaccionada", y manifestó a los guardias civiles que cerraría el local.
   También acudió a una oficina de empleo, que cerró, y a una finca, cuyo gerente le dijo que "se encontraban desempeñando servicios mínimos", tras lo que el piquete permaneció en el exterior durante más de una hora, marchándose finalmente "sin más incidentes".
   Según el TSJA, "no es constitutivo de infracción penal afear la conducta a quienes no secundan la huelga ni acudir en masa a los establecimientos abiertos al público sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física, con la finalidad de provocar que los responsables tomen la decisión de cerrar el establecimiento, a menos que, manifestada por éstos la decisión de mantenerse en el puesto de trabajo, el piquete lo impida físicamente o mediante amenazas verosímiles".
   Añade que en los "incidentes" reseñados "sólo se advierte la existencia de conversaciones, acompañadas de la presión ambiental típica de un piquete de huelga".
   "Más dudas" le suscita al TSJA el asalto al supermercado, donde los piquetes se dirigieron y, a su entrada y en presencia de la Guardia Civil, Sánchez Gordillo se entrevistó con el responsable y le instó a cerrar, "previniéndole de que no lo abriera cuando el piquete se marchase", no obstante lo cual el responsable se negó a ello.
   Entonces, Sánchez Gordillo le dijo "como vengamos y esto esté abierto, entramos dentro, esté la Guardia o no esté la Guardia... y además mañana hay huelga general, y pasado, y nosotros estamos organizados, como sindicato... es decir, si no hacéis casos y ahora cerráis, y dentro de media hora tenemos que venir otra vez, mañana, pasado y el otro podemos venir 500 y hacer lo que pensamos hacer. Y es que te tiramos todo lo que hay ahí, porque tiramos todo al suelo y va a tener que poner aquí a trabajar 20 días a la gente... me has entendido, ¿no?".
   Pese a que un testigo y un guardia civil manifestaron que Sánchez Gordillo dijo que si volvía a abrir el establecimiento volverían a "comprar sin dinero", el TSJA señala que la grabación efectuada con videocámara por la Guardia Civil "demuestra sin lugar a dudas que tal manifestación no fue hecha" por el denunciado al responsable del supermercado, "si bien es cierto que, en el exterior del mismo, cuando la conversación de ambos ya había terminado, Sánchez Gordillo sí hizo alusión a esa posibilidad" en palabras al piquete.
   Sobre este caso, el TSJA concluye que Sánchez Gordillo "quiso forzar la decisión" del responsable de mantener cerrado el local, "advirtiéndole de manera creíble y verosímil de que, de no hacerlo, en los días siguiente acudirían y causarían desórdenes".
   "Ello comporta la amenaza de la producción de daños con cierta significación económica que sí roza el límite de lo admisible en el contexto de un piquete de huelga", una conducta que "podría constituir todo lo más una falta de amenazas" pero no un delito, ya que, entro otros aspectos, "el daño con que amenazaba, aún siendo verosímil, resulta de escasa incidencia para un establecimiento con un importante volumen de negocio".
   Por ello, archiva la denuncia contra el alcalde de Marinaleda aunque le devuelve la causa al Juzgado de Estepa en lo referente a lo ocurrido en el supermercado para analizar si Sánchez Gordillo pudo incurrir en una falta, pues al no ser delito es el órgano judicial competente para ello.  
   En el caso del Instituto de Enseñanza Secundaria 'Maestro José Jurado Espada' de El Rubio, donde Sánchez Gordillo entró en compañía de más de 70 personas tras hacerse con las llaves del mismos, el TSJA ha dictado otro auto en el que archiva la denuncia y argumenta que, en relación a las posibles coacciones o amenazas que algunos de los denunciantes afirmaron haber sufrido, "la creación de una presión ambiental dirigida a forzar la adhesión a la huelga general, cuando no se concreta en un entorpecimiento físico o en la amenaza de un mal directo y creíble, no tiene en absoluto la consideración de delito".
   Sánchez Gordillo "no realizó personalmente ninguna de las conductas referidas --insultos o manifestaciones intimidatorias--, por más que sí se haya acreditado que lideraba la actuación general del piquete", concluye.

Se comercializará hortalizas con forma de corazón y estrella en supermercados internacionales

ALMERÍA.- La empresa Zayin Technology, a través de su marca Zayintec, ha presentado este jueves una nueva línea de hortalizas con forma de corazón y estrella que comercializará en cadenas de supermercados nacionales e internacionales una vez se cierren las negociaciones que se mantienen también con productores y exportadores de la provincia de Almería. 

   Según ha trasladado en una nota el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), que acoge la empresa, la empresa ha firmado además un convenio con el Centro Tecnológico Tecnova para "aportar fiabilidad" a las hortalizas con forma de corazón y estrella.
   Durante los dos últimos años Zayintec ha desarrollado ensayos en sus fincas de investigación y ha obtenido "muy buenos resultados" en pepino tipo Beta-Alfa y holandés. También ha hecho pruebas en calabacín, en tomate --hortaliza en la que se sigue trabajando para llegar al producto ideal--, y en lima y limones para coctelería con forma de corazón. "En estos últimos los resultados han sido espectaculares, francamente buenos", ha dicho el gerente de Zayintec, Francisco Bermúdez.
   Zayintec ha centrado su labor en desarrollar unos moldes para uso profesional que permitan llevar el producto final "a un coste razonable al consumidor". Para ello ha patentado un novedoso diseño de molde fabricado en pvc certificado para uso alimentario que permite tener un producto a unos costes adecuados para su comercialización a gran escala.
   La empresa trabaja con dos líneas de negocio: la línea 'Garden Amateur', también llamada de huerto urbano, mediante la cual ofertará próximamente al consumidor packs con moldes para frutas y hortalizas; y otra basada en un molde industrial que permita la producción a gran escala.
   "Con la primera le proporcionamos directamente al usuario el molde que podrá adquirir en establecimientos especializados y plantar sus propias hortalizas en el huerto. Con la segunda línea hablamos de extender la comercialización a los productores de hortalizas para hacer llegar directamente a la mesa del consumidor este sugerente producto", ha apuntado el gerente de Zayintec, Francisco Bermúdez.
   Las ventajas de este molde para el sector agrícola patentado por Zayintec pasan por su bajo coste, por su facilidad de uso, por ser un material certificado para uso alimentario, por contar con una amortización rápida del mismo (no resulta un sobre coste elevado en la estructura de costes del invernadero) y por suponer la introducción a un mercado nicho dirigido a las ensaladas de cuarta gama, alta restauración y coctelería.
   "Con motivo del Día de San Valentín hemos querido dar a conocer nuestro exclusivo producto y varios locales de restauración en Almería y Madrid exhibirán tapas con pepinos con corazón y estrella, sin olvidar los combinados de bebidas en los que el pepino es el protagonista", ha explicado Bermúdez tras presentar el vídeo del producto. Así, el próximo 14 de febrero se servirá como tapas y acompañando cócteles en los locales DeVinos y Bibelot (Almería) y en "románticas ensaladas" en los restaurantes Faborit (Madrid).
   En la presentación ha estado el gerente de la empresa, Francisco Bermúdez, junto a la gerente de CT Tecnova para la firma del convenio, María del Carmen Galera, acompañados a su vez del director general del PITA, Alfredo Sánchez. Zayin Technology es una empresa especializada en la gestión del conocimiento y el desarrollo de innovaciones tecnológicas en el ámbito de la tecnología de la semilla hortícola, la genética vegetal y la consultoría tecnológica.
   Sus líneas de negocio se basan en la oferta de las siguientes actividades: consultoría de mejora genética, desarrollo de variedades híbridas, venta de derechos de Variedades, consultoría de nuevas tecnologías de la información y software de gestión de germoplasma.