ALMERÍA.- IULV-CA ha trasladado su "enorme
preocupación" por el decreto impulsado por la Junta andaluza que
permitirá la regularización de 13.000 viviendas "ilegales" en Almería y
que ha considerado como "un indulto a los promotores que no han cumplido
la normativa urbanística", al tiempo que ha instado a revisar "caso por
caso" en vez de aplicar una medida "generalista".
"Hay que buscarle una solución a esta situación pero desde la
máxima legalidad y la máxima exigencia para que, de un lado, paguen los
que tengan que pagar y por otro lado, se dé cobertura a aquellos
propietarios que compraron de buena fe", ha indicado la coordinadora
provincial y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, en una rueda de
prensa en la que ha estado acompañada por el líder regional, Antonio
Maíllo.
Martín ha apelado a la "responsabilidad" de todas las
administraciones, desde la del Estado hasta la local, y "como no, Junta
de Andalucía porque --ha remarcado-- no se puede mirar para otro lado
cuando hay ya varios alcaldes imputados por estas cuestiones en la
provincia".
En esta línea, ha señalado que hay que "salvaguardar a los quienes
han comprado de buena fe, a aquellos a quienes se les han vulnerado sus
derechos fundamentales" y ha advertido de que eso "no se puede hacer ni
con una norma, ni con un decreto, que generalice el todo vale".
"El
todo vale no es posible desde nuestro punto de vista", ha apuntado.
Martín ha hecho alusión, asimismo, a la conflicto generado en
torno al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en
Carboneras, que el próximo día 14 vivirá un nuevo episodio con una
audiencia pública ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) para dirimir la legalidad de la licencia municipal de obras.
"Para nosotros ya hay sentencia firme", ha indicado para, a
continuación, instar al Gobierno central y la Junta a cumplir el
protocolo de demolición "con un plan de generación de empleo".
La coordinadora provincial de IULV-CA ha calificado, por otro
lado, de "circo" la actuación el jueves en el pleno del alcalde de
Roquetas de Mar, Gabriel Amat. "No tiene nombre. No puede estar al
frente de un Consistorio un representante del pueblo que hizo lo que
hizo. No se puede sacar una factura falsificada y falsificar la firma de
un concejal, un cargo público elegido por el pueblo, para hacer un
circo. Utiliza el salón de plenos y su autoridad como presidente para ir
en contra de un cargo público de Izquierda Unida. Desde IU haremos lo
que corresponde como organización política, porque estamos ante un
agravio, una persecución", ha señalado.
Martín ha expresado también "preocupación" por lo que, a su
juicio, parece una "connivencia" entre PP y PSOE "para llegar a acuerdos
sobre la corrupción". "Rechazamos que pueda haber acuerdos en ese
sentido, no vale ponerlo todo sobre la mesa y esconderlo debajo del
mantel, no nos parece que sea el procedimiento más adecuado. Se tiene
que actuar en consecuencia para dejar los temas definitivamente zanjados
y no llegar a acuerdos que evidentemente lo que hacen es tratar de
simplificar las situaciones. Para empezar de nuevo antes hay que hacer
una limpieza conveniente", ha concluido.
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