ALMERÍA.- La Consejería de Fomento y Vivienda ha
iniciado el procedimiento de expropiación temporal del uso de una
vivienda en Balerma, en aplicación de la Ley de Función Social de la
Vivienda aprobada el 25 de septiembre.
Así lo recoge un anuncio que publica este viernes el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por el que se somete a información pública el expediente, "con carácter
previo a la declaración de interés social de la cobertura de necesidad
de vivienda y de la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios"
conforme a dicha Ley.
Se trata de la tercera vivienda sometida a este proceso esta
semana en la provincia de Almería, tras los expedientes publicados el
pasado miércoles en BOJA correspondientes a otras dos viviendas en
Roquetas de Mar.
A nivel andaluz son ya ocho los procedimientos
iniciados, ya que a los tres de Almería hay que sumar otros dos en la
provincia de Granada, en Motril y Húetor Vega; dos más en la provincia
de Málaga, en Torremolinos y Vélez-Málaga, y uno en Huelva capital
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que
corresponde a la primera vivienda andaluza con el expediente culminado.
En el caso de Balerma, se trata de una vivienda ubicada en el
número 1 de la calle Cigala, con una superficie construida de 74 metros
cuadrados, que había sido embargada por Unicaja. Esta vivienda estaba en
un procedimiento de ejecución hipotecaria instada por dicha entidad.
A partir de ahora se abre un plazo de 15 días hábiles, contados a
partir de la última publicación que se efectúen en BOJA, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería y en diarios de mayor circulación de
las provincias, al objeto de que los titulares y demás interesados
"puedan presentar las correspondientes reclamaciones y sugerencias en
relación a la individualización y concreción del derecho de uso sobre el
bien que se ha descrito anteriormente u oponerse por razones de fondo o
forma a la necesidad de ocupación".
El siguiente paso de este expediente (una vez completada la
tramitación y estudiadas las alegaciones) será ir a Consejo de Gobierno.
La culminación del expediente asegura a los ocupantes un techo bajo el
que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la
familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y
nunca más de 130 euros al mes.
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