EL EJIDO.- El Ayuntamiento de El Ejido ha
rechazado este viernes iniciar el expediente de rescisión de los
servicios municipales que presta la empresa mixta Elsur después de que
tanto el equipo de gobierno (PP) como UPyD se abstuvieran en la votación
de este punto, lo que ha impedido reunir el cuórum suficiente para dar
vía libre a la propuesta pese al voto favorable de PSOE, IULV-CA y
PAL.
Durante la sesión plenaria, el alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora (PP), ha explicado que, a razón de los informes jurídicos y
técnicos que maneja el Consistorio, "el mejor camino" para "acreditar"
los posibles perjuicios sufridos en la prestación del servicio es la vía
judicial.
En este sentido ha puntualizado que dentro del marco de la
operación 'Poniente', que investiga una presunta trama de corrupción con
Elsur como empresa matriz, "se podrían determinar y acreditar esas
estimaciones de las cantidades presuntamente sobrefacturadas por Elsur
al Ayuntamiento" mientras que, en caso contrario --a través de una
rescisión administrativa-- el Ayuntamiento tendría "muchos menos
elementos probatorios" para ejecutar dicha rescisión.
Góngora ha explicado durante su intervención que el equipo de
gobierno cuenta con dos informes jurídicos que señalan la
"prejudicialidad penal" en la que podría desembocar esta actuación, por
lo que se ha mostrado "prudente".
"Si diéramos un paso en falso no
podríamos acreditar muchas cuestiones que afirmamos y nos lloviera la
correspondiente indemnización", ha dicho el regidor, quien pronostica
bajo este supuesto un "terreno complicado".
Asimismo, ha argumentado que en caso de dar inicio al expediente
de rescisión administrativa, habría que determinar los pagos e
indeminización "en base a estimaciones" y "cantidades presuntamente
sobrefacturadas".
"No tenemos ningún interés en defender las
irregularidades del pasado, y ello queda lo suficientemente claro con
los informes existentes y con todas las medidas que hemos adoptado para
avanzar, investigar y esclarecer todo lo posible", según ha subrayado el
primer edil.
No obstante, el alcalde ha expresado su interés en que se
"demuestren y acrediten" las cantidades que se han podido sobrefacturar
según la investigación judicial desarrollada por el Juzgado de
Instrucción nº 2 de Almería para así llevar a cabo la rescisión.
"Estamos convencidos de que se han sobrefacturados, según esas
estimaciones, entre 120 y 150 millones de euros de euros", ha expresado
el primero edil.
Con esto, Góngora ha asegurado que, desde su toma de posesión,
"todas las posibles infracciones cometidas por Elsur en la ejecución del
contrato han sido debidamente sancionadas, adoptándose medidas de
control y seguimiento de los servicios realmente prestados". Igualmente,
ha señalado que su objetivo es la recuperación de los servicios de
mantenimiento vinculados al canon de Elsur, así como garantizar el
máximo número de empleos en la empresa.
En este sentido, el alcalde ha afirmado que "el inicio del
expediente de rescisión no anula el ERE" planteado hacia 119 miembros de
la plantilla cuyo periodo de consulta termina este viernes, así como
tampoco "lo hace anulable". Por contra, la rescisión sí que "impediría
una posible negociación", según ha insistido.
El alcalde ha anunciado también en el pleno que el Ayuntamiento
remitirá todos los informes técnicos de los que dispone al juzgado que
instruye la operación Poniente y a la Fiscalía Provincial, así como el
informe de auditoria que se realizó para analizar la gestión realizada
desde el año 2007, que también irá acompañado del informe jurídico
correspondiente.
El regidor también ha recordado que el equipo de gobierno aprobó
la personación del Ayuntamiento como acusación particular en las
diligencias previas de la operación Poniente, por la que se mantuvo en
prisión provisional al exinterventor José Alemán y al exalcalde del PAL
Juan Enciso, entre otros cargos y empresarios.
También se solicitó la intervención de los créditos reconocidos en
su día por el Consistorio y la declaración de prejudicialidad penal en
el procedimiento contencioso por la reclamación de cantidades, petición
instada hasta en tres ocasiones en el mismo procedimiento, y que ha
conllevado, asimismo, a que se solicite al juzgado la intervención de
dichas cantidades.
Los argumentos del regidor no han convencido a tres de los cuatro
grupos de la oposición que sí han votado a favor de iniciar el rescate
de los servicios. Así, el portavoz de IU, Serafín Pedrosa, ha acusado al
alcalde de ser "cómplice" del "estado de prequiebra" del Consistorio ya
que, además, "hace dos años tuvo en su mano la posibilidad de declarar
lesiva la deuda con el Elsur de 63 millones de euros" a raíz de una
propuesta que realizó el grupo, según se ha referido.
Así, Pedrosa ha tirado también de informes para apuntar que los
"incumplimientos" del pliego de condiciones son motivo suficiente para
facilitar el rescate. Según IU, "los informes desvelan el sobrecoste de
la gestión de los servicios públicos, que supone una vulneración del
interés público por razones de economía".
Por su parte, desde el PAL, que formó el anterior equipo de
gobierno, se ha considerado "muy contradictoria la decisión tomada por
el equipo de gobierno" después del "gasto en auditorias y poseer un sin
fin de informes, tanto de técnicos como de gabientes jurídicos que
recomiendan la rescisión del mismo".
Por otro lado, aunque desde UPyD se ha decidido abstenerse en la
votación al igual que el equipo de gobierno, se ha "responsabilizado al
PP de todo lo que está ocurriendo en la empresa mixta" y ha justificado
la abstención en que "sin tener la información que necesitamos, esto es
un melón que no sabemos donde nos va a llevar".
No hay comentarios:
Publicar un comentario