SEVILLA.- La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha estimado
que saldrán al año al mercado del alquiler entre 6.000 y 7.000 viviendas
ahora vacías a través del Programa de Intermediación en el Mercado del
Alquiler de Vivienda.
La consejera Elena Cortés ha
animado a todas las personas físicas que tengan una vivienda vacía en
Andalucía a sacarla al mercado del alquiler y ponerla en esta bolsa de
viviendas de alquiler.
Esta orden, cuyo origen se encuentra en la Ley de medidas para
asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda que
sanciona a personas jurídicas que mantengan viviendas deshabitadas e
incentiva a las personas físicas que las saquen en alquiler, busca
asegurar el derecho social de la vivienda.
Cortés ha asegurado que en la Comunidad andaluza existen entre
700.000 y un millón de viviendas deshabitadas y ha mostrado su apuesta
por "hacer cumplir la función social de la vivienda". En este sentido,
ha apuntado que este programa ofrece un aseguramiento por parte de la
administración contra desperfectos e impagos para personas físicas que
saquen las viviendas en alquiler, defensa jurídica y multirriesgo del
hogar, una red de agentes colaboradores sin coste para la persona
inquilina y establece un alquiler máximo de 600 euros al mes.
Entre los requisitos para los futuros inquilinos se encuentra que
estén inscritos en el Registro municipal de demandantes de vivienda y,
una vez les sea asignada una vivienda, se les dará de baja del programa,
si bien seguirán formando parte del registro. La Consejería de Fomento y
Vivienda elimina los costes de intermediación para los arrendatarios.
Por su parte, la vivienda a alquiler no puede ser de protección
oficial y debe estar deshabitada, lo que por ley supone llevar seis
meses vacía. Además, la vivienda deberá contar con el certificado de
eficiencia energética que establece el Real Decreto 235/2013; en caso
contrario, la Consejería asumirá la emisión de dicho certificado
Para facilitar que las viviendas entren en el mercado del
alquiler, la Consejería de Fomento y Vivienda regula además en esta
orden la figura de los agentes colaboradores de la Junta de Andalucía,
que deberán suscribir un convenio con la Administración andaluza y estar
debidamente homologados. Su función será la de difundir este programa,
captar viviendas para alquiler, solicitar su inclusión en el programa,
ofrecer y mostrar inmuebles, proponer la asignación de demandantes,
formalizar los contratos de alquiler y gestionar las pólizas de seguro.
Podrán recibir, como máximo, una mensualidad del alquiler
correspondiente al contrato de la vivienda, que aportará el arrendador,
nunca al inquilino.
"El objetivo es sacar viviendas al mercado del alquiler a precio
asequible, defender el derecho de la vivienda y la función social de la
misma", ha asegurado la consejera, quien ha señalado que en Andalucía el
nivel del alquiler ronda el 16 por ciento cuando en Europa se sitúa
sobre el 33 por ciento.
La titular de Vivienda también ha señalado que con esta orden se
da "la vuelta a las políticas de incentivo del alquiler que se venían
realizando" porque "no han funcionado".
Asimismo, ha tendido la mano a los agentes públicos que quieran
poner viviendas en este programa, para que "las cedan a la Consejería y
esta se encarga de buscar inquilino".
La orden también regula el nuevo Programa de Cesión de Viviendas a
Entes Públicos para el Alquiler, cuyo objetivo es captar inmuebles
deshabitados para incrementar el parque público de viviendas en
arrendamiento a personas con escasos recursos económicos, especialmente
para aquellas familias que se encuentren en situación de emergencia o
riesgo de exclusión social.
La cesión por parte del propietario se llevará a cabo a través de
un contrato o convenio, donde se pactarán los términos en que se
desarrollará la gestión del inmueble, su mantenimiento, conservación y
reparación de desperfectos, plazo, así como aseguramiento del cobro de
la renta, en su caso. Las personas que cedan sus viviendas podrán
recibir como contraprestación, como máximo, 5.760 euros anuales.
Por último, preguntada sobre posibles avances en una comisión
bilateral con el Gobierno central para analizar las diferencias sobre la
Ley andaluza de función social de la vivienda, Cortés ha advertido de
que el Ejecutivo nacional "ha perdido la voz", y "lo único" que conoce
al respecto son unas declaraciones del ministro de Economía, Luis de
Guindos, en las que señalaba que "no todo puede ser propaganda" y
apuntaba a posibles efectos negativos para "la prosperidad y el empleo
de una comunidad autónoma".
En este sentido, Cortés ha retado a tener un debate público sobre
las consecuencias de la Ley de la función social de la vivienda y a
convoque la comisión bilateral, ya que "se está hablando de derechos
humanos".
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