ALMERÍA.- El alcalde de Fines, Rodrigo
Sánchez, deberá comparecer en octubre ante el Juzgado de Instrucción
Único de Purchena para declarar en calidad de imputado en las dos causas
por las que se le imputa la presunta comisión de sendos delitos de
prevaricación en la adquisición por parte del Ayuntamiento de una
vivienda a una mercantil en la que figura como administrador su hermano,
y la construcción de una plaza en un espacio calificado en la normativa
urbanística como zona verde.
Sánchez (PP) estaba citado para el próximo
lunes aunque, finalmente, según han confirmado fuentes
jurídicas y publica el diario 'Ideal', el juzgado ha resuelto aplazar su
declaración al 14 de octubre para que dé explicaciones en ambas causas
incoadas a raíz de las denuncias interpuestas contra él por la Fiscalía
Provincial de Almería ya que el titular del órgano e instructor se
encuentra de vacaciones.
En uno de los procedimientos, el Ministerio Público consideró,
tras el estudio de la querella interpuesta por el grupo municipal del
PSOE, que existían "indicios suficientes" de que pudo incurrir en un
presunto delito de prevaricación en la adquisición por parte del
Ayuntamiento de una vivienda a un precio "sobrevalorado" a una mercantil
de la que es "administrador su hermano".
Indicaba que el Ayuntamiento de Fines adquirió el 28 de enero de
2008 a la mercantil 'Cars Rodrigo SL', "de la que el propio alcalde
podría ser socio" y de la que era administrador su hermano, una vivienda
a un precio que podría estar "sobrevalorado". En la querella del PSOE
se recogía que el inmueble fue "comprado por 24.000 euros" por la
mercantil en agosto de 2008 y vendido al Consistorio por "72.000 euros".
El decreto recogía, asimismo, que podría constituir prevaricación
el hecho de que Sánchez "contratase a un arquitecto técnico particular
de forma verbal, sin que conste expediente administrativo y presidiendo
del asesoramiento que, para estas y otras materias, debe de realizar al
Ayuntamiento y la Diputación Provincial" para, según añade, "asegurar
los principios de objetividad e imparcialidad en la actuación
administrativa".
El fiscal subrayaba que esta persona, que "podía tener algún tipo
de relación con uno de los concejales del propio Ayuntamiento, fue quien
emitió el informe técnico para la compra de la vivienda. Según la
denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista, que apunta que
el alcalde "no se ausentó" de la votación en el pleno en el que fue
aprobada, la persona contratada "de forma verbal" y arquitecto es la
esposa del edil delegado del Área de Deportes.
En la providencia por la que se cita al alcalde en este caso, se le requiere que aporte toda la
documentación registral para poder hacer la tasación, tal y como señala
el informe pericial.
El otro procedimiento por el que debe declarar se presentó al
considerar el Ministerio Público que podría existir un presunto delito
de prevaricación en la construcción de una plaza en un espacio
calificado para una zona verde y otra de equipamientos, y utilizada
presuntamente por un restaurante colindante, propiedad de la hermana del
regidor, como terraza.
Según constaba en la denuncia del PSOE, el solar en el que se
construye la obra, aprobada en pleno con los votos a favor de ocho
miembros del PP y dos en contra del PSOE, corresponde según las Normas
Subsidiarias del municipio a una zona verde de 900 metros cuadrados y
otra para equipamiento social de 200 metros cuadrados. En su escrito,
los denunciantes aseguraba que la técnico municipal "refirió verbalmente
que no existe ningún informe de supervisión ni de aprobación que diera
lugar a la modificación del uso del suelo" mientras que, por su parte,
un documento interno de la institución provincial reconocía que las
obras contempladas "no se ajustan a las determinaciones del planeamiento
vigente".
Así, explicaban que tras paralizar las obras a requerimiento de la
Diputación, posteriormente éstas se reanudaron "sin que se autorizara".
La denuncia añadía que la obra desarrollada "pasaba a aprovechamiento
privado para el uso de un restaurante contiguo" que pertenecía a la
hermana del regidor.
En la providencia del Juzgado de Instrucción Único de Purchen se da cuenta de que se ha recibido
documentación por parte de la Dirección General de Urbanismo de la Junta
andaluza, el expediente administrativo de la obra por parte del
Ayuntamiento de Fines y el proyecto de obra de la Diputación Provincial
de Almería, lo que suma casi un millar de documentos.
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