ADRA.- El exvicepresidente de la Diputación
Provincial, el socialista Luis Pérez Montoya, implicado en el caso
'Facturas', ha renunciado este viernes a su acta de concejal en el
Ayuntamiento de Adra. Pérez Montoya esta imputados por la
presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y
falsedad documental durante su etapa al frente del Patronato Provincial
de Turismo.
Así lo ha trasladado en una sesión plenaria celebrada este viernes
el alcalde abderitano, Enrique Hernando, quien ha dado cuenta a la
corporación municipal de la renuncia, por "motivos personales", según ha
dicho, como edil en la oposición y portavoz del grupo socialista en el
Consistorio.
El exconcejal ya registró el lunes un escrito en la agrupación
local de su partido para "darse de baja" como militante, una decisión
que ha adoptado él mismo tras haber sido imputado en relación al caso
'Facturas', por el que se investiga una supuesta trama en la que se
habrían falseado facturas pagadas a través del Patronato Provincial de
Turismo de Almería.
Pérez, para quien el Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería
ordenó su ingreso en prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros hasta
el próximo 31 de julio, trasladó a través de un texto su solicitud para
suspender su relación con el PSOE hasta que su situación judicial quede
resuelta, por lo que con la decisión comunicada este viernes queda
apartado totalmente de la vida política.
El exvicepresidente también del Patronato de Turismo de Almería ha
sido citado a declarar en al menos dos ocasiones por el magistrado Luis
Durbán, quien trata de esclarecer el paradero de unos 460.000 euros que
habrían sido presuntamente malversados a través de emisión de un
centenar de falsas facturas de viaje entre 2009 y 2011, según la
denuncia planteada desde el actual equipo de gobierno de la Diputación
de Almería (PP).
En este sentido, la instrucción mantiene imputadas a otras nueve
personas entre las que se encuentran la exsecretaria del Patronato, María
Teresa González, y el gerente de la agencia Leitour Viajes,
Francisco Javier Guerrero, quien estuvo cerca de dos semanas en prisión
provisional y para quienes se solicitó una fianza de 12.000 y 6.000
euros, respectivamente.
La investigación intenta aclarar también si la emisión de facturas
supuestamente ficticias habría alcanzado otros órganos de la
Diputación, sentido en el que el propio vicepresidente de la
institución, Javier Aureliano García (PP) reconoció recientemente en que
se trabaja en averiguar si las presuntas irregularidades habrían ido
"más allá de las facturas de viajes".
En esta línea, cabe destacar la imputación en el marco de este
caso del empresario almeriense Joaquín Conde, propietario de
Publifiestas Conde, para quien también se exigió una fianza de 12.000
euros para eludir la prisión y a quien se acusa de haber ideado el
procedimiento para falsear o inflar facturas en relación a los servicios
que prestaba a la institución, según la declaración de otros imputados.
El caso también ha influido en el entorno del exvicepresidente, ya
que tanto su esposa como una pareja de amigos de este permanecen
imputados a causa de un viaje realizado a Edimburgo en 2010 y que, según
sostiene la Fiscalía en su denuncia, pudo ser de carácter "privado"
aunque financiado con fondos del Patronato de Turismo; un extremo que
Pérez negó en su declaración ante el juez Durbán, según indicó él mismo a
su salida de la Ciudad de la Justicia.
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