VERA.- El exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, ha trasladado este martes a la jueza que
investiga si incurrió en una presunta prevaricación administrativa en
la gestión urbanística en el sector ST-1 del paraje de El Algarrobico,
que el acuerdo del pleno por el que se mantuvo la calificación de
urbanizable se adoptó con "todos los informes sectoriales en sentido
favorable" y contó con la aprobación definitiva por parte de la Junta de
Andalucía.
Fernández, que ha destacado que también se habían pronunciado en
sentido favorable los informes preceptivos municipales, ha asegurado
durante alrededor de 35 minutos de comparecencia, que, en el momento en
que se adaptaron las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA) a finales de 2009, no había ningún
pronunciamiento judicial "en firme" que obligase a cambiar la categoría
del sector donde se asienta el hotel de Azata del Sol.
"Si hubiera sido alcalde en 2011, habría asumido todas las
resoluciones de los tribunales con respecto al Algarrobico pero eso
corresponde ahora al actual equipo de gobierno", ha indicado en
declaraciones a los periodistas el exregidor, quien ha acudido puntual a
su cita en los juzgados de Vera, luciendo un 'pin' del Parlamento
andaluz en la solapa de la chaqueta ya que ocupó escaño en la Cámara
autonómica y acompañado de su hermana, Rosario Fernández, entonces
primera teniente de Alcalde y también imputada en la causa.
Fernández, quien está retirado de la vida política y ha emprendido
varios proyectos empresariales, ha insistido en que la adaptación de
las NNSS a la LOUA "a la espera de elaborar el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), no permitía cambiar la clasificación de suelo"
y ha remarcado que la calificación de suelo urbano consolidado, contó
"con la valoración favorable de la Comisión Interdepartamental de
Valoración Territorial y Urbanística de la Junta". "Nosotros hicimos lo
que se nos dijo", ha apuntillado.
Cabe recordar que el informe de la citada comisión apuntaba que el
sector ST-1 'Algarrobico' aparecía en el documento enviado por el
Ayuntamiento como suelo urbanizable ordenado, "debiendo estar
clasificado como suelo urbano consolidado al contar con los requisitos
que marca la LOUA, según la memoria justificativa de la adaptación
parcial".
Esta adaptación urbanística aprobada por el pleno del Ayuntamiento
de Carboneras tras el informe favorable de la Junta provocó que el TSJA
acordase requerir en mayo de 2009 a Cristóbal Fernández para que se
abstuviese de actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico so
pena de incurrir en un presunto delito de desobediencia ya que existía
un auto en el que se ordenaba calificar el sector ST-1 como "espacio
protegido no urbanizable". Al tiempo, le advertía que cualquier
ejecución sería "nula".
"Ese auto no era firme en ese momento y estaba recurrido incluso
por la propia Junta andaluza", ha subrayado ya que el Alto Tribunal
andaluz lo que hacía era anular parcialmente el Plan de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que
había aprobado la administración autonómica en febrero de 2008.
"Nosotros, conscientes de ello, --ha añadido-- incluimos en el acuerdo
de pleno un párrafo en el que decía que esa adaptación estaba pendiente
de resoluciones judiciales en firme".
En concreto, el TSJA suspendía cautelarmente de forma parcial, en
una decisión que derivó en firme en 2012, el PORN que aprobó la Junta de
Andalucía en 2008 desde poco después de su entrada en vigor al
considerar, entre otras, que la nueva regulación podría "reactivar" el
uso turístico del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El
Algarrobico.
En la misma línea se han pronunciado ante la jueza instructora de
la causa, María del Mar Alejo, los seis ediles que formaban el equipo de
gobierno de Cristóbal Fernández, quien permaneció casi tres décadas al
frente de la Alcaldía carbonera.
En declaraciones a los periodistas, el letrado de cuatro de ellos,
Juan Manuel Llerena, ha señalado que los concejales "se limitaron" a
votar un acuerdo de pleno "de conformidad" con los informes técnicos y
jurídicos, "todos favorables, al igual que los de la Junta de
Andalucía", ha destacado.
Llerena, quien defiende, entre otros, a los exconcejales de
Urbanismo y de Hacienda, Miguel París y Francisco Ruiz Aguado, ha
señalado que el auto del TSJA que retrotraía la calificación del paraje a
la que tenía en el PORN de 1996, no era firme y ha argumentado que no
correspondía a los ediles "hacer una valoración jurídica del mismo".
"No
son los que tienen que hacer un seguimiento ya que, en todo caso,
corresponde a los servicios jurídicos y al secretario determinar que se
debe hacer en cada caso", ha trasladado.
Al hilo de esto, ha insistido en que sus patrocinados "se
limitaron a actuar de acuerdo a los informes que había en el expediente"
y que correspondía a los técnicos "valorar una posible incidencia en el
asunto, no solo de ese auto sino de otros procedimientos judiciales en
curso con respecto al paraje".
"Desde ese acuerdo, no se ha tramitado
absolutamente nada en torno a esa zona", ha concluido.
En las declaraciones judiciales del anterior equipo de gobierno en
calidad de imputados no ha podido estar presente la letrada de
Ecologistas en Acción, Ana Sanchiz, después de que la jueza en una
providencia resolviese dar por no personada a la organización debido a
un "error material" y se acordase posteriormente la fijación de una
fianza de 3.000 euros para poder actuar en la causa como acusación
popular.
La jueza instructora deberá tomar declaración, asimismo, en
calidad de testigos, a la exdirectora del Parque Natural de Cabo de
Gata-Níjar, Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior
equipo de gobierno.
El actual alcalde, Salvador Hernández (Gicar), también imputado,
señaló ante la jueza en marzo que las decisiones con respecto al paraje
de El Algarrobico se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE
durante el citado pleno celebrado en agosto de 2009 en el que él, desde
la oposición, votó en contra.
La Fiscalía de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada
por Ecologistas en Acción, denunció que Hernández no había modificado la
calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa
urbanística municipal ni había procedido a revisar de oficio el Plan
Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para
construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan
que el inmueble viola la Ley de Costas.
Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias
judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que
declaran el paraje como no urbanizable y de especial protección ordenan
al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las
normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo
bajo mandato socialista. .
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a
que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de
Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no
urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al
Ayuntamiento para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas
necesarias para modificar el PGOU en el que aparece como urbanizable.
Petición de IU
La coordinadora provincial de IULV-CA y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, ha instado al exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, a que asuma "sus responsabilidades" en la gestión urbanística del sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico y ha considerado que él "era consciente de que en 2009 había sentencias que decían que había que cumplir con la legalidad vigente en cuanto al suelo e hizo caso omiso, al igual que con las alegaciones presentadas por diversos colectivos".
En un comunicado, Martín ha trasladado que espera que la Fiscalía actúe en "defensa de los intereses generales" y que la instrucción por presunta prevaricación contra el actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar), y el anterior equipo de gobierno liderado por Fernández "sea ejemplar y transparente".
Ha instado a la actual corporación municipal carbonera a modificar la calificación de sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el Algarrobico en la normativa urbanística municipal, donde se contempla como suelo urbano "contraviniendo un auto judicial que dice que hay que catalogarlo como no urbanizable para cumplir con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994.
"Esperamos que el ex alcalde colabore con la Justicia para esclarecer los hechos, para determinar las posibles responsabilidades penales", ha indicado Martín.
Al hilo de esto, ha remarcado que la coalición de izquierdas va a seguir solicitando en el ámbito parlamentario que se desarrolle el protocolo firmado en la anterior legislatura entre la Junta y el Estado para la demolición del hotel, en base a los procedimientos judiciales que así lo estiman.
Ha recordado que ya en diciembre del año pasado se aprobó en la Cámara autonómica, a instancias de IULV-CA, una proposición no de Ley para que Gobierno y Junta inicien los trámites para la demolición del hotel ubicado en el paraje natural del Algarrobico.
En esta proposición no de Ley aprobada en el pleno del Parlamento también se pide a Junta y Gobierno que establezcan cauces de participación que permitan a agentes sociales y organizaciones interesadas, en especial las de carácter ecologista, expresar su opinión y posibles alternativas.
Petición de IU
La coordinadora provincial de IULV-CA y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, ha instado al exalcalde socialista de Carboneras, Cristóbal Fernández, a que asuma "sus responsabilidades" en la gestión urbanística del sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico y ha considerado que él "era consciente de que en 2009 había sentencias que decían que había que cumplir con la legalidad vigente en cuanto al suelo e hizo caso omiso, al igual que con las alegaciones presentadas por diversos colectivos".
En un comunicado, Martín ha trasladado que espera que la Fiscalía actúe en "defensa de los intereses generales" y que la instrucción por presunta prevaricación contra el actual alcalde, el independiente Salvador Hernández (Gicar), y el anterior equipo de gobierno liderado por Fernández "sea ejemplar y transparente".
Ha instado a la actual corporación municipal carbonera a modificar la calificación de sector ST-1 sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el Algarrobico en la normativa urbanística municipal, donde se contempla como suelo urbano "contraviniendo un auto judicial que dice que hay que catalogarlo como no urbanizable para cumplir con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994.
"Esperamos que el ex alcalde colabore con la Justicia para esclarecer los hechos, para determinar las posibles responsabilidades penales", ha indicado Martín.
Al hilo de esto, ha remarcado que la coalición de izquierdas va a seguir solicitando en el ámbito parlamentario que se desarrolle el protocolo firmado en la anterior legislatura entre la Junta y el Estado para la demolición del hotel, en base a los procedimientos judiciales que así lo estiman.
Ha recordado que ya en diciembre del año pasado se aprobó en la Cámara autonómica, a instancias de IULV-CA, una proposición no de Ley para que Gobierno y Junta inicien los trámites para la demolición del hotel ubicado en el paraje natural del Algarrobico.
En esta proposición no de Ley aprobada en el pleno del Parlamento también se pide a Junta y Gobierno que establezcan cauces de participación que permitan a agentes sociales y organizaciones interesadas, en especial las de carácter ecologista, expresar su opinión y posibles alternativas.
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