SEVILLA.- El presidente del Parlamento andaluz, Manuel
Gracia, ha acusado al PP de "arremeter" contra Andalucía y su ámbito de
competencias "en una estrategia que demuestra que le preocupa más el
sistema financiero que las personas", haciendo así referencia al recurso
presentado al Tribunal Constitucional (TC) en contra del decreto-ley
sobre la función social de la vivienda y en el que se recoge la
expropiación temporal de su uso.
En la última entrada de su videoblog,
Gracia ha recordado que el PP ya "desarboló" en el Congreso intentos de
legislar en otra dirección en este ámbito, como la Ley de Segunda
Oportunidad (PSOE), o la ILP para frenar los desahucios, avalada por
casi millón y medio de personas. "Ahora arremete contra Andalucía", ha
aseverado el presidente de la Cámara.
Gracia ha advertido este domingo del "tremendo daño social y
humano" que el Gobierno de la Nación hace con este recurso y ha
asegurado que la presentación del mismo y su admisión a trámite suponen
que la norma esté sin aplicarse, como mínimo, cinco meses, "toda una
eternidad para aquellas familias que esperaban acogerse a su beneficio
social, e incertidumbre para las que ya se habían acogido".
Esto significa, en opinión del presidente del Parlamento andaluz,
"un duro revés a la esperanza de miles de andaluces y andaluzas a los
que la crisis los puede dejar sin nada".
"Más allá de trifulcas
políticas, el daño social y humano que se hace con esta decisión es
tremendo", ha insistido Gracia.
En esta línea, ha mostrado su deseo de que "cuanto antes" se
resuelva este recurso y se pueda seguir aplicando una norma que respaldó
el Parlamento de Andalucía "entendiéndola siempre plenamente legal y
constitucional".
"A duras penas podremos aspirar a construir una sociedad justa y
desarrollada si dejamos atrás a quienes lo están pasando mal. Hemos de
tender la mano para ayudar a quien sufre, y las instituciones públicas,
las primeras. Entendámonos y trabajemos todos juntos por las personas,
en Andalucía y en España", ha añadido.
Ha destacado que la Constitución española consagra en su artículo
47 el derecho a una vivienda digna en la que los poderes públicos
promoverán las condiciones y normas para hacer efectivo este derecho; y
regulando de acuerdo con el interés general para impedir la
especulación.
Gracia ha asegurado que en esa línea se trabaja en el Parlamento,
donde se ha abordado "reiteradamente" el problema actual de la vivienda y
se ha debatido para establecer las medidas legislativas que solucionen
esta situación creada por la crisis y se ponga fin al drama de los
desahucios que sufren miles de familias.
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