VERA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 3 de Vera ha llamado a declarar al exregidor Cristóbal
Fernández (en la imagen) así como a los miembros que conformaron su equipo de gobierno
(PSOE) en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar
si incurren en presuntos delitos de prevaricación administrativa al
declarar como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que se sitúa
el polémico hotel de Azata del Sol.
El auto cita a declarar a las 9,30
horas del próximo 13 de agosto en calidad de imputados a seis miembros
de la anterior corporación y al exalcalde, quienes en el transcurso de un
pleno en 2009 y bajo su mandato apoyaron una proposición para declarar
urbanizable el sector ST-1 en el que se asienta el hotel de 411
habitaciones y una veintena de plantas; una parcela que desde entonces
aparece como urbanizable, según la normativa municipal.
Entre los citados a declarar se encuentra la exteniente de alcalde
y hermana del exregidor, María del Rosario Fernández, así como los
ediles socialistas Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, Beatriz
Belmonte y Vanesa Fuentes.
Asimismo, y tras analizar la documentación requerida al
Ayuntamiento de Carboneras desde marzo, se ha citado también para que
comparezca en calidad de testigos a la exdirectora del Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar, Rosa María Mendoza, y el que fue asesor jurídico del
anterior equipo de gobierno, tal y como adelanta este miércoles la
edición impresa de 'El Mundo'.
En el marco de esta diligencias previas también permanece imputado
el actual alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), quien ya
prestó declaración el pasado 14 de marzo y señaló ante la jueza que las
decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico, por las que se le
imputa una presunta prevaricación, se adoptaron bajo mandato del
exregidor del PSOE Cristóbal Fernández durante un pleno celebrado el 11
de agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.
La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, a raíz de la querella
presentada por Ecologistas en Acción, denunció que el actual primer edil
no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en
la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio
el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para
construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan
que el inmueble viola la Ley de Costas.
Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias
judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo obligaba a
declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección y ordenar
al Ayuntamiento a que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las
normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo
bajo mandato socialista.
El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal
en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del
Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su
aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas
en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la
medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como
medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como
espacio protegido no urbanizable.
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla,
formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la
querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el
regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El
Algarrobico. Tras la denuncia interpuesta por el colectivo
conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de
investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las
actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a
que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de
Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no
urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al
Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase
las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se
"negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de
servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su
sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el
fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que
tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en
1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
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