ADRA.- El exvicepresidente de la Diputación
Provincial de Almería y concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Adra, Luis Pérez, ha registrado este lunes un escrito en la
agrupación local de su partido para "darse de baja" como militante, una
decisión que ha adoptado él mismo tras haber sido imputado en relación
al caso 'Facturas', por el que se investiga una supuesta trama en la que
se habrían falseado facturas pagadas a través del Patronato Provincial
de Turismo de Almería.
Fuentes del partido han precisado hoy que Pérez, para
quien el Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería ordenó su ingreso en
prisión eludible bajo fianza de 12.000 euros hasta el próximo 31 de
julio, ha trasladado a través de un texto su solicitud para suspender su
relación con el PSOE hasta que, según han manifestado desde el PSOE, su
situación judicial quede resuelta.
Las mismas fuentes han explicado que "en los próximos días" Pérez
formalizará su renuncia como edil del Ayuntamiento de Adra en la
oposición, de manera que devolverá su acta, con lo que quedará
finalmente apartado de la vida política.
El exvicepresidente también del Patronato de Turismo de Almería ha
sido citado a declarar en al menos dos ocasiones por el magistrado Luis
Durbán, quien trata de esclarecer el paradero de unos 460.000 euros que
habrían sido presuntamente malversados a través de la emisión de un
centenar de falsas facturas de viaje entre 2009 y 2011, según la
denuncia planteada desde el actual equipo de gobierno de la Diputación
de Almería (PP).
En este sentido, la instrucción mantiene imputadas a otras nueve
personas entre las que se encuentran la exsecretaria del Patronato, María
Teresa González y el gerente de la agencia de viajes Leitour Viajes,
Francisco Javier Guerrero, quien estuvo cerca de dos semanas en prisión
provisional y para quienes se solicitó una fianza de 12.000 y 6.000
euros, respectivamente.
La investigación intenta aclarar también si la emisión de facturas
supuestamente ficticias habría alcanzado otros órganos de la
Diputación, sentido en el que el propio vicepresidente de la
institución, Javier Aureliano García (PP) reconoció recientemente que
se trabaja en averiguar si las presuntas irregularidades habrían ido
"más allá de las facturas de viajes".
En esta línea, cabe destacar la imputación en el marco de este
caso del empresario almeriense Joaquín Conde, propietario de
Publifiestas Conde, para quien también se exigió una fianza de 12.000
euros para eludir la prisión y a quien se acusa de haber ideado el
procedimiento para falsear o inflar facturas en relación a los servicios
que prestaba a la institución, según la declaración de otros imputados.
El caso también ha influido en el entorno del exvicepresidente, ya
que tanto su esposa como una pareja de amigos de este permanecen
imputados a causa de un viaje realizado a Edimburgo en 2010 y que, según
sostiene la Fiscalía en su denuncia, pudo ser de carácter "privado"
aunque financiado con fondos del Patronato de Turismo; un extremo que
Pérez negó en su declaración ante el juez Durbán, según indicó el mismo a
su salida de la Ciudad de la Justicia.
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