jueves, 4 de abril de 2013

La ministra Ana Pastor trabaja para evitar una eventual quiebra de las autopistas

MADRID.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado que con la eventual sociedad pública que su Departamento baraja para asumir las autopistas en problemas se busca evitar que estas vías quiebren y su deuda compute en el déficit.

   "El Estado tiene una responsabilidad patrimonial sobre las autopistas, de forma que si se deja caer una autopista, esa responsabilidad va al déficit", detalló Pastor.
   "Estamos ante un gravísimo problema y hay que darle una salida, y una salida razonable para todos", añadió la ministra en declaraciones a la Cadena Ser.
   Así, la titular de Fomento confirmó que su Departamento estudia la constitución de una empresa pública dependiente de Fomento para que asuma la decena de autopistas que actualmente afrontan un riesgo de quiebra y su correspondiente deuda, un total de unos 3.500 millones de euros.
   "Estamos trabajando con el sector para ver las distintas salidas (al problema) y ésta es una de las propuestas que están sobre la mesa", aseguró la ministra, que reconoció que las dos líneas de ayudas que se habían articulado para las vías, los créditos participativos y las cuentas de compensación, constituyen "un parche para hoy, pero no la solución al problema".
   Pastor recordó que las causas de la situación de estas vías es la caída de los tráficos y el sobrecoste que afrontaron en las expropiaciones. "Algunos tribunales decidieron que un metro cuadrado de esos terrenos valía lo mismo que un metro cuadrado en la Gran Vía", apuntó al respecto.
   De la decena de autopistas con problemas económicos y financieros, seis de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores. Se trata de tres radiales de Madrid R-3, R-5 y R-4, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera. Entre las vías en dificultades también figuran la R-2 y la autopista al aeropuerto de Barajas
   Por contra, la ministra Fomento rechazó que el Gobierno sopese imponer peaje en las autovías actualmente libres de pago directo para el usuario. "Tenemos un sector de transporte, con muchos pequeños transportistas, en una situación que, en caso de imponer ese servicio (peaje), les llevaría a cerrar la empresa", argumentó.

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