GRANADA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen
Crespo, ha rechazado este martes de "plano" el acoso o coacciones a
políticos mediante los conocidos como 'escraches' y ha avisado de que el
Ejecutivo será "contundente" si detecta en determinadas actuaciones
algo "irregular" o "alegal".
En rueda de prensa en Granada, tras firmar convenios de
colaboración con ocho ayuntamientos de la provincia para su integración
en el sistema integral de seguimiento de violencia de género, Crespo ha
recordado que por este asunto ya se ha celebrado en la Delegación del
Gobierno una primera reunión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y ha avanzado que, en el mismo sentido, mantendrá un encuentro
próximo con todos los subdelegados.
"El acoso a cualquier persona, la coacción es muy rechazable, más
cuando son personas, de cualquier partido político, que son diputados
elegidos libremente por todos los ciudadanos", según ha dicho Crespo,
que ha informado de que hasta ahora en Andalucía han sido víctimas de
'escraches' el diputado del PP por Cádiz Aurelio Romero, a la puerta de
su despacho, o una diputada de Écija a través de internet.
"Estamos muy pendientes también de la asistencia a la sedes, aunque sea
algo completamente distinto", ha señalado.
Para la delegada del Gobierno, esta práctica "puede hacerse
extensible" a otros sectores, y estos 'escraches' pueden dirigirse
también contra empresarios u "otros colectivos". Ha considerado que,
aunque "todo el mundo tiene derecho a manifestarse constitucionalmente",
también el Gobierno tiene que garantizar el derecho "a vivir en paz".
Asimismo, ha defendido la actuación del Ejecutivo de Mariano Rajoy
con respecto a los desahucios, ya que estos, según ha incidido, han
existido "siempre", pero es ahora cuando "se están tomando medidas al
respecto".
"Hay que dejar al Congreso que analice las circunstancias de
la normativa", ha indicado Crespo, que de hecho ha recordado que el
Gobierno ya ha dicho que tendrá "muy en cuenta" la sentencia europea en
ese sentido.
En ese sentido, ha mantenido que los desahucios "no pueden
suscitar" a las personas a "coaccionar" a políticos en su domicilio,
"afectando a familias completas".
"Si se produce algo alegal o
irregular, el Gobierno actuará de forma contundente", ha sostenido
Crespo, que cree que estas prácticas son "rechazadas" por la "mayoría de
la sociedad".
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