SEVILLA.- La incidencia de la pobreza en Andalucía, es
decir, el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza, es del
31,68 por ciento, lo que convierte a la comunidad en la cuarta más pobre
después de Canarias, Extremadura, y Castilla-La Mancha. Sin embargo, es
la región en la que la intensidad de la pobreza es superior, por lo que
sus pobres tienen una diferencia mayor con respecto a la media que en
el resto de comunidades autónomas. Además, y en cuanto al número de
personas que sufren privaciones en los diferentes indicadores analizados
para 2011 --permitirse unas vacaciones, hacer frente a gastos
imprevistos o mantener la vivienda con una temperatura adecuada-- los
porcentajes de privación en Andalucía son superiores a los que se dan en
España.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del
informe 'Pobreza y privación en Andalucía y España: el impacto de la
Gran Recesión', presentado este jueves en Sevilla por Cáritas Regional
de Andalucía y elaborado por el Observatorio de Investigación sobre
Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana, de la Universidad
Cardenal Herrera, en colaboración con Cáritas y la Fundación Foessa y
cuyos autores son Eduardo Esteve Pérez, Enrique Lluch Fechina y Jesús
Pérez Mayo.
Éste último ha destacado la importancia de este informe que
"además de medir cuánta gente está bajo el umbral de la pobreza --que en
2011 para un hogar en el que vive una persona es de 7.500 euros al año,
y para una familia de cuatro miembros de 15.768-- mide la intensidad,
que es la distancia a la que las personas se encuentran de dicho umbral,
y que en el caso de Andalucía es de unos 1.000 euros anuales de media".
Además, según Pérez Mayo, "los niños son los más afectados por la
incidencia de la crisis", lo que significa que es el colectivo que mayor
porcentaje de personas tiene por debajo del umbral de la pobreza, al
igual que sucede a nivel nacional, donde más de uno de cada tres niños
están en riesgo de pobreza, "un dato importante para el futuro de esta
región y de nuestro país, porque si un niño vive en una familia pobre
tiene más dificultada para desarrollar sus dificultades", precisa el
autor.
Asimismo, destaca que todos los grupos de edad "tienen una
intensidad mayor" en Andalucía a la que se da en el caso español, pero
"el colectivo que más ha empeorado por la crisis tanto en pobreza como
en intensidad es el de los jóvenes, por sus dificultades a lo hora de
encontrar trabajo". "Nos encontramos pues con un empeoramiento que se ha
dado en todos los segmentos de población exceptuando los mayores". No
obstante, Pérez Mayo precisa que aunque antes los mayores de 65 años
"presentaban mayores tasas de pobreza y ahora han mejorado, se trata de
una mejora ficticia, ya que ellos mejoran porque los demás empeoramos",
puesto que "dependen de sus prestaciones y éstas, como mucho, se
congelan".
En cuanto a la privación, lo que la gente dice que puede hacer,
este informe, en cuya presentación ha participado también el
vicepresidente de Cáritas Regional de Andalucía Juan Arredondo Miguel,
así como su administrador Francisco Domouso Martínez, indica los
porcentajes de privación en Andalucía son "superiores" a los que se dan
en España. De este modo, y según indicadores analizados para 2011,
destacan la imposibilidad de permitirse unas vacaciones pagadas fuera de
casa al menos una vez al año, dato que afecta a la más de la mitad de
los ciudadanos andaluces --55,38%-- y el porcentaje de hogares que no
pueden hacer frente a los gastos imprevistos, que en Andalucía "está 13
puntos por encima del resto de España --48,01% frente a 35,35%)--.
Igualmente, el 10,52 por ciento de los andaluces no puede mantener
la vivienda con una temperatura adecuada en los meses de invierno, o
casi una cuarta parte de los hogares andaluces tienen problemas de
goteras y humedades, lo que supone un porcentaje que supera en un 50 por
ciento al que se da a nivel nacional --23,45% ante 15,61%--. Además, el
16,83 por ciento de lo hogares llegan a fin de mes con mucha
dificultad. Cabe resaltar cómo la privación de los bienes duraderos "es
muy reducida", especialmente para la lavadora, el teléfono y la
televisión, que se han convertido en bienes de acceso prácticamente
universal en la sociedad española y en Andalucía, con porcentajes de
privación inferiores al uno por ciento.
Por colectivos, los "más afectados" por la privación son los
jóvenes y los niños, mientras que los porcentajes de privación en los
mayores son inferiores a la media en la mayoría de la variables
estudiadas.
Ley contra los desahucios
El presidente de la Junta, José Antonio
Griñán, ha anunciado ante el Pleno del Parlamento que el
Consejo de Gobierno aprobará próximamente el proyecto de Ley de defensa
de los consumidores sobre productos hipotecarios, que persigue frenar
los desahucios y proteger a la parte más débil de la sociedad.
En respuesta a una pregunta del portavoz de IUlV-CA, José Antonio
Castro, sobre este asunto, Griñán ha explicado que se trata, por tanto,
de establecer medidas inmediatas para frenar los desahucios y para
regularizar los procesos ejecutivos de las hipotecas, preservando el
derecho a la vivienda y, sobre todo, protegiendo a la parte más débil
cuando se formaliza un contrato en que siempre la entidad financiera
tiene todo el poder en la mano.
Ha indicado que se trata de dar protección a "los más débiles, en
estos casos a aquellas personas que suelen someterse a lo que
históricamente han sido verdaderos contratos de adhesión" y que cuando
ha llegado el momento de no poder afrontar el pago de la hipoteca se
encuentran con cláusulas abusivas que en muchos casos han acabado con la
pérdida de la vivienda.
Griñán ha expresado su preocupación por que esta crisis está
provocando una nueva forma de exclusión social que está afectando a
muchas clases medias y trabajadores y que se está traduciendo en muchos
casos en la pérdida de la vivienda por no poder hacer frente a las
deudas, algo que, según ha apuntado, requiere la atención de todos. A su
juicio, los ciudadanos no pueden entender que los bancos que llevan a
cabo miles de ejecuciones hipotecarias sean apoyados con dinero público
para afrontar sus deudas.
Ha recordado que hasta ahora su Gobierno ha tomado decisiones
importantes en una triple dirección, como la puesta en marcha del
programa andaluz de defensa de la vivienda; las iniciativas legislativas
que parten de la constatación de un exceso de viviendas vacías en
territorios donde existe una demanda no satisfecha; y un nuevo plan de
vivienda y rehabilitación 2013-2016, para garantizar el derecho a una
vivienda digna.
Asimismo, el presidente ha señalado que la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley hipotecaria española es un
gran paso adelante, sobre todo, porque supone dar la razón a la demanda
de los ciudadanos para que se cumpla el derecho constitucional a una
vivienda digna. Ha estimado que esa sentencia, sin duda, debe tener
consecuencias legislativas por parte del Gobierno y en el sentido de que
la iniciativa legislativa popular que se tomó en consideración en el
Congreso de los Diputados salga adelante en los términos en que se
presentó.
Ha recalcado que aunque esa sentencia no signifique la
paralización inmediata de los desahucios, sí abre una vía para legislar
de otra manera y para llevar a cabo una reforma de la legislación
hipotecaria española.
Por su parte, el portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio
Castro, ha valorado los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno
andaluz, si bien ha considerado que no son suficientes, de manera que ha
pedido al presidente de la Junta una norma que establezca que la
vivienda en Andalucía deja de ser un bien embargable, porque se trata de
un derecho.
Ha expresado su satisfacción por el desarrollo de un pleno del
Parlamento este jueves que, a través de varias iniciativas, quiere poner
de relieve la importancia que tiene la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre una Ley hipotecaria española que ha
provocado que en este país se hayan ejecutado 440.000 desahucios desde
el año 1994, más de 86.000 en Andalucía. Ha criticado que esa ley no
fuera modificada por ningún Gobierno de la Nación, ni por el de Felipe
González ni por el de José María Aznar ni por el de José Luis Rodríguez
Zapatero ni por el de Mariano Rajoy, sino que optaran por endurecerla.
Ha señalado que frente a la dura realidad de muchas familias
apartadas de sus hogares, la opinión pública y la iniciativa legislativa
popular piden la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler
social o la paralización inmediata de todos los desahucios, algo que
debe ser atendido. Ha mostrado su preocupación por que el PP quiere
cerrar "en falso" este debate, al tiempo que ha apoyado todas esas
acciones pacíficas y no violentas que le dicen al Gobierno central que
los ciudadanos no van a quedar impasibles.
Ha pedido al presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, que en lugar
de pedir perdón a las "vírgenes", le pida perdón a las 86.000 familias
que han sufrido desahucios en Andalucía.
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