ALMERÍA.- El alcalde de Carboneras, el
independiente Salvador Hernández, ha asegurado en su declaración ante la
jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico por
las que se le imputa una presunta prevaricación se adoptaron bajo
mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández en 2009 y ha
remarcado que, durante el pleno en el que se aprobó la normativa
urbanística que lo mantiene como urbanizable, se encontraba en la
oposición y votó en contra.
Hernández, quien ha respondido a las preguntas de la titular del
Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera en ausencia de la acusación
particular ejercida por Ecologistas en Acción, ha señalado, con respecto
a la imputación de desobediencia, que ninguna de las sentencias
judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que
declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan
al Ayuntamiento que tramité su cambio en el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU).
"Yo me atengo y me atendré siempre a lo que digan los jueces pero
si me lo solicita un grupo ecologista, yo respeto su petición, pero es
de obligado cumplimiento", ha afirmado el regidor, quien ha expresado estar "tranquilo y bien" tras prestar
declaración en sede judicial.
En esta línea, ha reiterado que el delito de prevaricación que se
le imputa "no se me puede atribuir a mi".
"Habría que pedirle
explicaciones al anterior alcalde, Cristóbal Fernández, porque la
adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación
Urbana de Andalucía se hizo en un pleno en 2008, bajo su mandato", ha
trasladado para, a continuación, remarcar que él "como concejal en la
oposición, voté en contra".
El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal
en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del
Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su
aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)
resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas
en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la
medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como
medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como
espacio protegido no urbanizable.
Por su parte, el letrado del regidor carbonero, Simón Venzal, ha
indicado que la jueza ha requerido al Ayuntamiento
diversa documentación urbanística referente al sector ST-1 que obra ya
en los múltiples procedimientos contencioso-administrativo en los que se
dirime la legalidad o no del establecimiento hotelero de una veintena
de plantas y 411 habitaciones.
Una vez se practique esta diligencia de prueba y a la vista de la
declaración prestada por su patrocinado, Venzal ha trasladado que espera
que la jueza instructor de la causa proceda a acordar el sobreseimiento
de las actuaciones.
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla,
formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la
querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el
regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El
Algarrobico.
En concreto, denunció que no ha modificado la calificación de
urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni
ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la
concesión de la licencia de obras para el establecimiento de 411
habitaciones y una veintena de plantas.
Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el
Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que
derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a
que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de
Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no
urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al
Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase
las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se
"negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de
servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su
sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el
fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que
tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en
1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
"A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento
de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno
e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le
ordenan seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a
sabiendas de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo
contrario", según explicaba el colectivo conservacionista.
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