CÓRDOBA.- La consejera de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha remitido una carta a la ministra de
Empleo del Gobierno de la Nación, Fátima Báñez, en la que le reclama
"mayor protección para los trabajadores autónomos en riesgo de desahucio
o que han perdido ya su vivienda, como consecuencia de un
empobrecimiento que les impide, con causa justificada, hacer frente al
pago de las cuotas de la Seguridad Social".
En este sentido, Cortés ha recordado que "ayer conocimos unos
nuevos datos demoledores de paro que acreditan otra vez el fracaso de la
reforma laboral y evidencian que las políticas de recortes están
destrozando la economía y el tejido laboral y productivo, causando un
perjuicio terrible a los trabajadores autónomos, que en miles de casos
están perdiendo su negocio y, como consecuencia de ello, su vivienda",
razón por la cual, según Cortés, el Gobierno, "que tanto se ha arrogado
una sensibilidad especial con los autónomos, debe actuar con urgencia"
ahora.
A este respecto, Cortés ha destacado en la misiva a Báñez que su
Consejería, en el marco del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda,
abrió en octubre del pasado año oficinas en las ocho provincias
andaluzas para ofrecer, precisamente, prevención, intermediación y
protección a personas en riesgo de desahucio o que ya han visto
lesionado su derecho a la vivienda.
Dichas oficinas atendieron, entre el 8 de octubre de 2012 y el 25
de enero de 2013, a 1.832 personas. Ello implica que "a través de este
Programa --según indica Cortés en la carta-- venimos realizando atención
a personas que se encuentran en situación de riesgo de pérdida de su
vivienda familiar como consecuencia de deudas pendientes con la
Seguridad Social" y, "generalmente, se trata de deudas derivadas del
impago de cuotas del Régimen Especial de Autónomos, en las que la
gestión recaudatoria sigue el procedimiento establecido y sitúa a estas
personas frente al embargo y posterior subasta de su vivienda".
La consejera señala también en la carta que "es muy injusto que en
la actual situación de la crisis económica una administración pública
pueda llegar a privar de su vivienda a una familia", por no poder hacer
frente a una deuda generada por un empobrecimiento sobrevenido,
directamente atribuible al deterioro general de la economía y del
mercado laboral.
Por ello, "ante situaciones de emergencia --prosigue Cortes en la
misiva--, las administraciones están obligadas a ofrecer soluciones de
emergencia. Como consejera, apenas un mes después de llegar al cargo, di
orden de paralizar todos los desahucios en el parque público de
vivienda en los casos en que los impagos sean producto de un
empobrecimiento por pérdida de empleo".
Por último, la consejera insta en su misiva al Gobierno a la
aprobación de cuantas normas o instrucciones sean necesarias "para
paralizar los procedimientos de apremio sobre bienes inmuebles que
constituyan la vivienda familiar, única y habitual, de deudores a la
Seguridad Social de buena fe, que se encuentren en circunstancias
personales y económicas merecedoras de tal protección".
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