sábado, 16 de febrero de 2013

El fiscal general Torres-Dulce pide "celeridad" para que se aclaren "cuanto antes" casos corrupción política

MURCIA.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este viernes en Murcia que hay que unir eficacia y rapidez en procesos judiciales referidos a posibles tramas de corrupción política, como son los casos "Bárcenas" o "Gürtel" , que afectan a las instituciones democráticas, para depurar responsabilidades.

   "Es una exigencia absolutamente esencial", ha indicado el fiscal general, pues no resulta creíble que "un proceso, por muy complejo que sea, dure 14 años, y, además, en primera instancia", por ello pide "la máxima celeridad en estos procesos para intentar cerrarlos cuanto antes".
   A su juicio, "es intolerable" y "todo lo que signifique reforma legislativa, para permitir la celeridad en los procesos y autoexigencia para no complicar la tramitación de los procesos con una tramitación innecesaria, es tan importante como que se nos den los medios para poder trabajar".
   Preguntado por si la actual ley es demasiado "blanda" con los corruptos, el fiscal ha señalado que la norma debe "estar en el libro Guinness de los Récords" pues "no creo que haya ningún otro ordenamiento jurídico que desde 1995 haya tenido 25 reformas y algunas de importantísimo calado", incluso, en su opinión, "habría que adelgazar el Código Penal y algunos tipos penales", no es posible "que todo sea delito".
   Desde el punto de vista de Torres-Dulce, no hay crear más tipos ni incrementar las penas, lo que hay que lograr "es que se celebren los juicios con la mayor rapidez, que los culpables sean condenados y cumplan las sentencias" y "si es posible, devuelvan el dinero".
   Torres-Dulce, que ha asegurado que no ha recibido presiones y que el día que eso ocurra se irá a su casa, "indiscutiblemente, ha insistido en la necesidad de reforzar la plantilla de Anticorrupción, "sobrecargada de asuntos muy complejos, en este momento", y así lo ha pedido al Ministerio de Justicia.
   Finalmente, ha insistido en que "la justicia debe ser lo más accesible posible a todos los ciudadanos" y ha advertido que el uso abusivo de la justicia "acaba perjudicando la calidad e igualdad para todos en la Administración de Justicia".
   Por último, ha apuntado que las tasas judiciales "son necesarias y cumplen una función", están en casi todos los países, "pero no pueden ser desproporcionadas".

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