domingo, 17 de febrero de 2013

El juez da traslado para formular acusación a exjefes de Policía Autonómica por presunta malversación

ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería ha dado traslado a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía para que formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento del proceso con tribunal de jurado contra el exjefe provincial de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía y el exjefe de negociado, a quienes se les imputan delitos de malversación de caudales públicos y continuado de falsedad en documento público.

   El instructor de la causa, en la que no se han dictado medidas cautelares, ha dado a todas las partes personadas en el procedimiento, incluida la defensa, plazo para que presenten sus escritos de calificación provisional de los hechos y proceder, en consecuencia, a dictar auto de apertura de juicio oral, según han indicado fuentes judiciales.
   El acta de comparecencia recoge que la Fiscalía considera que, entre los años 2007 y 2009, Francisco J.R.B., quien ostentaba el cargo de jefe provincial de la Policía Autonómica, junto a José I.R.G., jefe de negociado, "dispusieron en su propio beneficio del dinero asignado al presupuesto de la unidad en cantidad superior a 4.000 euros".
   El Ministerio Público indica que habrían acudido a "restaurantes" y habrían justificado el "importe de los tickets a través de memorias justificativas" en las que se hacía constar, por un lado, que "eran comidas de trabajo" cuando "no era así" y, por otro, se indicaba la "asistencia de cargos públicos que no acudieron a las mismas", según subraya.
   En esta línea, en un relato de presuntos hechos a los que se adhirió el letrado de la Junta de Andalucía, el fiscal apunta a que ambos, de acuerdo a los indicios recogidos en la instrucción, "dispusieron de dinero público justificando los gastos con memorias por unas obras en las dependencias policiales y unas reparaciones de vehículos oficiales que no se llevaron a cabo".
   Por su parte, la defensa se opone a la fundamentación fáctica y jurídica del Ministerio Público y la acusación particular, y sostiene que Francisco J.R.B. y José I.R.G. no habría cometido "ilícito penal alguno". Al hilo de esto, señala que, tras las diligencias que se han practicado, "no se ha demostrado" que tuvieran "control económico" sobre las partidas de gastos o que "llegaran a tocar dinero físicamente o se apropiaran de él".
   No obstante, ambos imputados habrían reconocido el cargo de "algún tipo de factura" por "razones de urgencia" a partidas destinadas a otras actuaciones, si bien, según remarcan, "siempre justificadas por necesidades del servicio".

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