SEVILLA.- El Consejo de Gobierno ha acordado este
martes la modificación del artículo 35 de la Ley Urbanística de
Andalucía (LOUA) con una disposición transitoria sobre la suspensión de
instrumentos de planificación urbanística en aquellos casos en los que,
concurriendo circunstancias excepcionales, sea necesario garantizar el
interés público.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha
explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de
Gobierno que en el apartado 2 del artículo 35 de la LOUA se regula la
posibilidad de suspender cautelarmente cualquier instrumento de
planeamiento urbanístico si con ello se persigue la salvaguarda de la
eficacia de las competencias autonómicas.
Según ha agregado, dicha medida solo se puede aplicar si se ven
quebrantadas o ignoradas las competencias autonómicas y la Junta tiene
la obligación de garantizarlas. No obstante, según ha añadido, pueden
existir otros supuestos, donde forzosamente no se tienen que ver
concernidas las competencias autonómicas, pero está por medio el interés
público.
Ha indicado que, en ese sentido, hay ayuntamientos cuyo
planeamiento vigente, por circunstancias sobrevenidas, pueden tener
algún tipo de impedimento para el desarrollo normal de la actividad
económica municipal, es decir, afectado por tanto el interés público y
que solicita la paralización y suspensión del planeamiento urbanístico
de acuerdo con esas circunstancias sobrevenidas.
"Es decir, se genera una situación donde hay que preservar el
principio de seguridad jurídica", según Vázquez, quien ha señalado que
para dar cobertura legal a esas situaciones, se incluye en el artículo
35 de la LOUA un apartado número 3 que hace posible que el Consejo de
Gobierno, por razones de interés público, pueda suspender de manera
cautelar un instrumento de planeamiento "en tanto que se produzca su
innovación o restauración".
Ha agregado que los requisitos para que esto se produzca es que
sea con carácter excepcional; que sea necesario garantizar el interés
público; y tiene que ser a petición, convenientemente razonada, de un
ayuntamiento o varios afectados, la suspensión se tiene que tomar por
decisión del Consejo de Gobierno, con dictamen previo del Consejo
Consultivo.
La suspensión no podrá ser superior a dos años y desde que se
produce la misma hay que regular una normas sustantivas que deben regir
de manera transitorio, en tanto en cuanto se ponga en marchan los
instrumentos de planeamiento urbanístico ya debidamente renovados. Para
esas normas, sustantivas hay un plazo de seis meses.
Más protección de los espacios no urbanizados del litoral
El Consejo de Gobierno ha acordado este martes
la formulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de
Andalucía, previsto en el Decreto-ley de medidas urgentes
aprobado el pasado 27 de noviembre para garantizar la preservación de la
franja costera de la comunidad. Esta norma establece un plazo de dos
años para la aprobación del documento, cuyo texto inicial deberá
someterse a información pública en seis meses.
El Plan de Protección del Corredor Litoral fijará los objetivos y
criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento municipal para la
conservación y la revalorización de la franja comprendida en los
primeros 500 metros de la costa, así como en todas aquellas zonas
necesarias para asegurar las finalidades de preservación, según ha
informado el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, tras la
reunión del Consejo de Gobierno.
En consonancia con ello, el documento incluirá como objetivos
generales preservar de la urbanización las zonas con valores
ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y
forestales de los espacios litorales; evitar la consolidación de nuevas
barreras urbanas entre los espacios interiores y los costeros; favorecer
la biodiversidad a través de la continuidad de ambos, y armonizar la
regulación del suelo no urbanizable en los municipios del litoral
andaluz.
El acuerdo de formulación aprobado este martes establece que la
elaboración del plan corresponderá a la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente, además de crear una comisión de redacción que se
encargará de emitir dos informes sobre el documento: uno antes de su
exposición pública y otro después de las modificaciones que se
incorporen.
La comisión de redacción estará presidida por la secretaria
general de Ordenación del Territorio de la Junta e integrada por
representantes de este departamento, así como de las consejerías de
Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo; Fomento y Vivienda; Salud y Bienestar Social; Turismo y
Comercio, y Cultura y Deporte; de la Administración General del Estado, y
de los correspondientes municipios.
Para garantizar el cumplimiento de las previsiones del plan durante su elaboración, el Decreto-ley
de medidas urgentes ya estableció --desde su entrada en vigor-- la
suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos
urbanizables no desarrollados de los municipios litorales no adaptados
al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
A partir de la exposición a información pública, esta medida se
mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el
documento. Independientemente de ello, los municipios que actualmente se
encuentran en proceso de revisión y adaptación al POTA podrán
continuarlo con normalidad.
El trámite de información pública se prolongará durante dos meses
con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de
los agentes económicos y sociales, así como de la ciudadanía en general.
Tras la tramitación y resolución de las correspondientes alegaciones,
el plan será aprobado de manera definitiva por el Consejo de Gobierno en
un plazo no superior a dos años.
Miguel Ángel Vázquez ha querido dejar clara la voluntad de la
Junta de llevar a cabo un proceso participativo, de diálogo y abierto al
resto de administraciones y al conjunto de agentes sociales económicos
implicados en la materia. Ha recalcado que se quiere poner el énfasis en
la "cooperación, frente al enfrentamiento" y en el crecimiento ordenado, frente a la especulación y la burbuja inmobiliaria.
Preguntado sobre las reticencias que la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) ha planteado a este decreto durante la
ronda de reuniones sobre el 'pacto por Andalucía', ha indicado que la
Junta ya manifestó en su día que el decreto continuaría su trámite
ordinario y para nada tiene que afectar al citado pacto, que "marcha a buen ritmo".
Por su parte, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael
Rodríguez, ha manifestado que para que el modelo turístico de Andalucía
sea competitivo, tiene que ser sostenible territorialmente y
medioambientalmente para que sea sostenible económicamente.
Se ha mostrado convencido de que los empresarios turísticos con
los primeros interesados en que el producto turístico sea de vanguardia y
de calidad, porque es la manera de generar riqueza y empleo. Ha
expresado que le asombra que haya dirigentes políticos que juegan un
papel institucional en defensa de determinados territorios urbanísticos y
que, en realidad, están defendiendo a grandes promotores inmobiliarios
en lugar de a los empresarios turísticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario