sábado, 29 de diciembre de 2012

El Gobierno dice que no promocionar a familiares de altos cargos en la Administración puede ser discriminatorio

MADRID.- El Gobierno español justifica la promoción de familiares de altos cargos en la Administración y alega que vetar a personas que cumplan los requisitos para un puesto sólo por tener parentesco con alguien que ocupe un cargo de responsabilidad en el sector público puede ser "discriminatorio".

   Así lo ha explicado el Gobierno a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien registró una batería de preguntas en la Cámara Baja pidiendo cuentas por sobre el fichaje de diversos familiares de altos cargos del PP para los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de Industria, Energía y Turismo.
   En su respuesta, el Ejecutivo detalla que "la designación de altos cargos se realiza de acuerdo con criterios de idoneidad y de los principios de mérito y capacidad" que rige en la selección de todo el personal que presta servicios en la Administración Pública.
   Además, deja claro que a un candidato que "cumpla todos los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico no le se puede impedir la promoción porque tenga familiares que ocupen puestos de responsabilidad en el sector público", ya que, "podría resultar discriminatorio".
   El Gobierno también recalca a Rosa Díez que en el Registro de Altos Cargos se recogen datos relevantes para el desempeño de las funciones del alto cargo, "siempre con respeto a la normativa sobre protección de datos", pero que ninguno de ellos tiene que ver "con sus relaciones de parentesco".
   Díez preguntaba, en concreto, sobre los criterios profesionales que se siguen para seleccionar a altos cargos en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y es que, según argumentaba en su escrito, la sobrina del ministro de Economía, Luis de Guidos, Leticia de Guindos Talavera, ha sido fichada por el Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete. Según algunos medios, ocupa una agregaduría en la embajada española en Washington.
   También indicaba que a Manuel Pablos López --hermano de la actual secretaria General de la Presidencia del Gobierno, Rosario Pablos López-- se le encargó el pasado mes de mayo ocuparse de la jefatura de sección de seguros agrarios en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y ahora ha sido seleccionado como Consejero de Agricultura en la Organización de Naciones Unidas (ONU), un puesto reservado hasta ahora para directores generales con más de veinte años en la Administración Pública.
   Además, Díez apuntaba que un hijo de la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, Andrés Porras Soriano, fue seleccionado también como cargo de libre designación para asesorar en la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
   El Gobierno le ha respondido que ninguna de estas tres personas "ostenta la condición de titular de órgano superior o órgano directivo.
   En el caso de Manuel Pablos López, el Ejecutivo señala que, tal y como fija el Real Decreto que regula los nombramientos en el Ministerio de Agricultura, se le nombró consejero teniendo en cuenta la opinión del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trata, aduce el Ejecutivo, de un puesto de "libre designación, previa convocatoria  pública".
   También fueron nombrados por el procedimiento de libre designación, reseña el Gobierno, Leticia de Guindos Talavera y Andrés Porras Soriano. Para tener más detalles sobre la regulación que rige para estos nombramientos, remite a UPyD al Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
   En su pregunta Díez también aludía al fichaje de un hijo de Esperanza Aguirre, Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, que se ha sumado al equipo del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (ex secretario general de FAES), en el que también ha sido reclutada la hija del exministro Zaplana, María Zaplana Barceló. Los dos como cargos de libre designación.
   UPyD también reclamaba al Ejecutivo que se pronunciase sobre si la contratación de personas, como altos cargos, que poseen una relación de parentesco familiar con importantes directivos de un partido político contribuye a dar "una imagen positiva" de la clase política, una pregunta a la que el Gobierno no ha dado respuesta.
   De la misma manera, el Ejecutivo ha 'obviado' otra de las cuestiones que le planteaba Díez sobre la existencia de otras contrataciones de personas con parentesco familiar de algún otro partido como altos cargos o cargos de libre designación en otros departamentos ministeriales o entidad dependiente de éstos.

El Ayuntamiento de Almería aprueba un Presupuesto para 2013 de más de 174 millones de euros


ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes con los votos favorables del PP y los votos en contra de PSOE e IULV-CA, el presupuesto municipal para el próximo ejercicio 2013, que asciende a 174.386.531 euros, lo que supone una disminución de 7.044.760 euros respecto al ejercicio anterior.

   El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha subrayado en pleno que las cuentas municipales para el próximo año "mantienen la línea de austeridad" de pasados años y los ha calificado de "realistas y rigurosos, sin renunciar a las inversiones y sin que se comprometa el futuro" de la administración.
   La sesión ha comenzado, no obstante, con el pesáme trasladado por Rodríguez-Comendador por la muerte del exedil del Ayuntamiento Antonio Solís.
   En el debate, ha defendido que las cuentas públicas para 2013 son "reflejo de la realidad de las corporaciones locales" y responde al programa electoral "respaldado mayoritariamente por los ciudadanos".
 "Estiman con la máxima precisión los ingresos reales y trabajan sobre el control del gasto público", ha añadido para, subrayar a continuación, el "esfuerzo" de las distintas áreas por cerrar presupuestos "capaces de ofrecer respuestas a las necesidades e intereses de los almerienses".
   Las líneas básicas del presupuesto para el próximo año, enumeradas por Rodríguez Comendador, estriban en la contención del gasto corriente, el mantenimiento del nivel de inversión o la adecuación de los niveles de deuda. En estos capítulos ha destacado el mantenimiento del gasto corriente destinado a prestaciones de carácter social "pese a las dificultades de financiación como consecuencia de la disminución y desaparición de las aportaciones realizadas por otras administraciones".
   Respecto a las inversiones, los cuatro millones de euros que destina el Ayuntamiento en este capítulo "garantizan", a su juicio, la finalización de los proyectos ya iniciados al tiempo que contemplan actuaciones punteras para la ciudad como, entre otras, el desmantelamiento en la playa de las vías existentes entre la antigua Estación del ferrocarril y el Cable Inglés, el proyecto de urbanización del espacio de Avenida del Mediterráneo, la urbanización de acceso a La Alcazaba o el Mesón del Gitano.
   Además, según ha recordado, se contempla la partida incluida desde hace "varios ejercicios presupuestarios" para la segunda fase de las obras del Ayuntamiento y la remodelación de la Plaza Vieja, "condicionada a la Junta de Andalucía". Al hilo de esto, ha señalado que las cuentas "no pierden de vista las competencias municipales, por lo que no comprometen la estabilidad presupuestaria y la tesorería del Ayuntamiento".

   Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Joaquín Jiménez, ha condicionado su voto definitivo a una modificación de las prioridades de inversión municipal en 2013, que apenas superarán los cuatro millones de euros y ha reprochado al PP la baja inversión así como las prioridades que se han fijado.
   En su opinión, las cuentas "no aportan nada en pro del crecimiento económico ni la creación de empleo".
 "El PP está obstinado en el objetivo del déficit cero mientras los expertos y economistas de prestigio señalan que con la austeridad no es suficiente si no se crea empleo y riqueza", ha indicado en pleno.
   Jiménez ha subrayado "la pérdida de calidad y pérdida de empleo" en los servicios públicos como consecuencia de la "rebaja del coste de los mismos", el coste y la "rémora económica que suponen las empresas municipales como Emisa e Interalmería, y ha propuesto que Almería XXI se centre en sus objetivos iniciales, entre ellos el de la rehabilitación de edificios públicos.
   Al hilo de esto, ha demandado expresamente al equipo de gobierno que declare de una vez la deuda de las empresa municipales para conocer la realidad financiera del Ayuntamiento y ha criticado que el Ayuntamiento haya perdido la capitalidad cultural por su insuficiente programación e inversión.
   En el capítulo de propuestas, ha planteado que del dinero previsto para la denominada Ciudad de Los Niños, se detraiga un millón de euros para la nueva biblioteca, otro millón para la rehabilitación del antiguo cuartel de la Policía Local y que las obras municipales que se liciten en los próximos meses estén condicionadas en su adjudicación a la contratación de desempleados del municipio. En este capítulo de aprovechamiento de los recursos y de ahorro, Jiménez ha planteado también que se reduzca el equipo de gobierno, cuyos 18 concejales tienen sueldo público.

   En el último pleno del año se ha incluido también la aprobación definitiva de cuatro convenios urbanísticos toda vez que durante el periodo de exposición pública, tras su aprobación inicial, no se ha presentado alegación alguna. Los cuatro convenios se refieren a propuestas de tres entidades mercantiles --Agrupalmería, Promociones Indalo Alborán y Promociones Roquetas Este-- y uno más con la Diputación Provincial de Almería.
   Además se ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal relativa a la tasa por expedición de documentos administrativos, así como la relativa a la tasa por cementerios municipales, en este caso con el voto en contra de IU y PSOE. Asimismo, el pleno ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza relativa a la instrucción y el procedimiento para la gestión de obras en la vía pública.

Los sueldos de los directivos de la RTVA se equiparan al de los trabajadores

 SEVILLA.- La consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado este viernes que los sueldos de los directivos de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se "equipararán" a partir del próximo 1 de enero de 2013 al de la plantilla de trabajadores del ente público y que tendrán como "techo" el salario de los empleados que más cobren, que son aquellos que ingresan "en torno a 90.000 euros" brutos al año.

   Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno de 2012 y minutos antes de formalizar con el director general de la RTVA, Pablo Carrasco, el contrato-programa aprobado este viernes por el Ejecutivo andaluz para asegurar la viabilidad y el carácter de servicio público de la Agencia Pública Empresarial de la radio y la televisión andaluzas para el periodo 2013-2015.
   Díaz ha explicado que esta "armonización" salarial se llevará a cabo "de forma transitoria" para que los directivos del ente público, incluido Pablo Carrasco, tengan como "techo" el sueldo de los trabajadores que más cobran en la RTVA y para que ningún directivo de ninguna empresa pública andaluza cobre más que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, algo contemplado en el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE-A e IULV-CA antes de iniciar la presente legislatura, así como en el acuerdo económico-financiero de 24 de julio de 2012 para el reequilibrio de la Junta de Andalucía durante 2012-2014.
   Dicha "equiparación" estará sujeta, además, a la negociación colectiva que los trabajadores del ente público mantendrán abierta hasta septiembre de 2013, si bien, el Gobierno andaluz "insta" y espera que los sueldos se puedan "armonizar" durante el primer trimestre del nuevo año. "Es un compromiso claro e inequívoco de la Junta para dar una solución global a la empresa", ha señalado la consejera.
   Según Díaz, esta medida sitúa a Andalucía "muy por delante de otras comunidades autónomas" en lo que a sus televisiones públicas se refiere y evitará que "pase como en Telemadrid", donde el director general cobra "más de 140.000 euros pero para cerrar Telemadrid", ha dicho tras recordar que Carrasco ya ha "sufrido una reducción importante" de su salario, pasando de los 140.000 euros que cobraba en 2008 a los 124.000 de este 2012.
   A preguntas de los periodistas sobre si esta medida garantiza que ninguno de los empleados del ente público vaya a ser despedido, la consejera ha hecho hincapié en que la "solución global" para la RTVA pasa por un "esfuerzo colectivo" en la totalidad de la plantilla. "Lógicamente tendrá que haber adaptaciones de los salarios", ha señalado tras advertir de que, "aunque ya se ha hecho un esfuerzo, tendrá que ser mayor".
   Tras recordar que la RTVA es la televisión pública autonómica "más rentable" de España al ser la que "menos cuesta" (14,5 euros al año a cada andaluz frente a los 56,7 euros que paga un ciudadano del País Vasco) y la que "más audiencia" tiene, Díaz ha insistido en que esta medida evitará que en Andalucía pase lo que en Madrid, en Murcia o en Valencia, donde "se ha echado a la calle" al 80, 90 y 70 por ciento de la plantilla, respectivamente".
   Finalmente, ha recordado que esta "equiparación" de los salarios de los directivos de la RTVA es algo que también se va a realizar a partir del 1 de enero de 2013 en el resto de empresas públicas de la Junta de Andalucía para que ningún director general cobre más que Griñán.
   De otro lado, el Consejo de Gobierno de este viernes ha aprobado otra medida relacionada con la RTVA: el contrato-programa que fija los objetivos y recursos de la RTVA para los próximos tres años y que supone una aportación por parte de la Junta de 414 millones de euros a razón de 138 por año. Según la consejera, se "blinda" así tanto la estabilidad del ente audiovisual como la prestación de servicios de calidad y utilidad a la sociedad andaluza, algo que considera que marcará "un antes y un después" en esta empresa.
   Díaz ha señalado que el objetivo de este documento no es otro que el de dotar de un "marco de financiación estable y suficiente" para la RTVA, el de "garantizar un servicio público de calidad y con público en un escenario difícil" desde el punto de vista económico, el de apoyar al sector audiovisual de la comunidad (al que se dedican en torno a 2.000 personas) y el de "mantener los puestos de trabajo" frente a la "privatización y desmantelamiento" que están acometiendo en sus respectivas televisiones públicas comunidades como Madrid o Castilla La Mancha. "La RTVA no tiene fecha de caducidad", ha sentenciado.
   Este contrato-programa desarrolla la Carta del Servicio Público de la RTVA, aprobada por el Parlamento de Andalucía en septiembre de 2010 con una vigencia de 6 años y donde se establecen las prioridades y estrategias para garantizar una financiación estable sostenida y adecuada. Además, fija las compensaciones económicas que la RTVA percibirá por la gestión y prestación del servicio público y de servicios digitales conexos e interactivos (138 millones de euros anuales en concepto de transferencias y aportaciones).
   El documento aprobado por el Consejo de Gobierno establece también los criterios básicos de actuación de la RTVA, con especial mención al fomento de la educación y la cultura y la protección de la infancia y las personas mayores y en riesgo de exclusión. De igual modo, se considera prioritario reforzar la atención a las cuestiones, sugerencias, quejas y reclamaciones de la audiencia, así como el impulso a la prestación de servicios técnicos a otras entidades públicas y privadas del sector audiovisual.
   Díaz ha querido destacar dos aspectos "importantes" realizados ya en la RTVA en la senda de hacerla "más viable" en el futuro más inmediato y que "no han sido fáciles" de tomar. El primero de ellos ha sido el de la unificación de los dos canales de televisión en uno y el segundo el de acometer la digitalización del archivo audiovisual de Canal Sur.
   Sobre el primero, la consejera ha destacado "el compromiso" del Gobierno andaluz de "revisar esa decisión cuando sea posible" desde el punto de vista económico y, a preguntas de los periodistas, ha llegado a poner una fecha encima de la mesa: finales de 2013. Según ha explicado, la supresión del segundo canal se planteó como algo reversible "en cuanto la situación económica lo permitiera", por lo que cuando esté terminando el próximo año podría plantearse el "horizonte de revisión" de esta medida.
   Todas estas decisiones se abordarán en la Comisión Mixta de Seguimiento y Control cuya creación establece el contrato-programa firmado este viernes y que estará integrada por ocho personas, entre ellas las titulares de la Consejería de la Presidencia e Igualdad y de la Dirección General de la RTVA. Este órgano se reunirá de forma ordinaria dos veces al año, si bien, tal y como ha señalado Díaz, en los primeros meses de 2013 podrá reunirse cuantas veces sean necesarias con carácter "extraordinario" hasta que todas las medidas contempladas en el documento empiecen a "rodar". Además, esta comisión mixta remitirá antes de cada 30 de junio un informe anual sobre ejecución y resultados de aplicación del contrato-programa al Consejo Audiovisual de Andalucía.
   Este documento aprobado hoy podrá prorrogarse por un plazo máximo de un año una vez concluido el trienio 2013-15. Con su aprobación, segñun destaca la Junta, la RTVA se sitúa, junto a Radiotelevisión Española y entidades públicas audiovisuales de Cataluña y País Vasco, entre los primeros entes audiovisuales que han actualizado sus relaciones con las administraciones públicas a las que están legalmente adscritas.

El Gobierno apoyará a los ayuntamientos en dificultades "sin discriminaciones"

SEVILLA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha querido dejar claro este viernes que el Ejecutivo de la Nación aplicará medidas de apoyo para los ayuntamientos que lo precisen "en todo el territorio nacional por igual, sin discriminaciones". Crespo ha insistido en que el Gobierno "no va a dejar sola a Andalucía ni a los ayuntamientos andaluces, como se ha demostrado con las diferentes medidas de apoyo financiero adoptadas durante 2012".

   Crespo, que ha hecho estas manifestaciones a través de un comunicado tras la reunión celebrada ayer entre la Junta y el Gobierno en el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas para analizar la situación de gravedad financiera de algunos ayuntamientos andaluces, ha recordado, a este respecto, que esta comunidad ha recibido durante el ejercicio casi 10.000 millones de euros para cubrir sus necesidades financieras.
   Asimismo, Crespo ha indicado que el Ministerio de Hacienda no va a crear un fondo específico de liquidez local para atender la emergencia financiera de las corporaciones locales ni un fondo para el pago a proveedores extraordinario.
   Al margen del Fondo de Liquidez Autonómica, dotado de 2.134 millones de euros para Andalucía, el Gobierno central, según ha añadido, ha articulado otros mecanismos de financiación en la comunidad por un importe de 7.465 millones de euros, entre los que se contempla la ampliación del periodo de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación, la concesión de anticipos a cuenta de la liquidación estimada del sistema de financiación de 2010, la concesión de anticipos adicionales a reintegrar en 2012, la línea ICO-vencimientos y el fondo para el pago a proveedores de la Junta y Ayuntamientos.
   Con el objetivo de "favorecer la liquidez de todas las entidades locales por igual" y "recuperar la senda del equilibrio presupuestario", los instrumentos que se establezcan a nivel nacional para atender las necesidades financieras de los ayuntamientos estarán respaldados, según ha añadido la delegada, por la reforma de la administración local, que buscará, próximamente, el consenso con los diferentes partidos políticos, con el requisito, para los ayuntamientos que se acojan a las medidas, de disponer de un plan de saneamiento.
   Por otra parte, Crespo ha dejado claro que el Gobierno "va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para ayudar a los ayuntamientos con mayor dificultad financiera".
   Así, ha aclarado que en la reunión mantenida ayer en el Ministerio de Hacienda, en la que se analizó la situación de mayor dificultad financiera de cuatro ayuntamientos andaluces, Jerez de la Frontera, Barbate y La Línea (Cádiz) y Los Palacios (Sevilla), el Gobierno manifestó su voluntad de aplicar medidas "en la misma línea" que las contempladas en el acuerdo ya alcanzado con el Ayuntamiento jerezano, como la  reducción de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) del cien por cien actual al 25 por ciento, así como otros acuerdos de aplazamientos tributarios.