viernes, 14 de diciembre de 2012

El Parlamento Andaluz urge a Gobierno y Junta a iniciar los trámites para demoler el Algarrobico

SEVILLA.- El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, una iniciativa de la formación de izquierdas en la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a dirigirse al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a fin de proceder, "con carácter de urgencia y en el entorno de colaboración institucional que posibilitó el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre dicho Ministerio y el Gobierno de Andalucía", a la recuperación de la playa del Algarrobico.

   La Cámara autonómica solicita así, por tanto, que Gobierno y Junta inicien los trámites para la demolición del hotel ubicado en el paraje natural del Algarrobico, toda vez que se complete el estudio de la empresa Tragsa para evaluar y detallar las actuaciones técnicas y materiales precisas para la demolición, que se elabore y apruebe un acuerdo de financiación para este derrumbe de acuerdo al informe de Tragsa, y que se establezca un calendario para todas y cada una de las actuaciones a llevar a cabo para la demolición, que deberá "iniciarse a la mayor brevedad posible".
   En esta proposición no de Ley aprobada en el pleno del Parlamento también se pide a Junta y Gobierno que establezcan "cauces de participación que permitan a agentes sociales y organizaciones interesadas, en especial las de carácter ecologista, como Ecologistas en Acción y Greenpeace, expresar su opinión y posibles alternativas".
   Precisamente al no admitir IULV-CA que en esta última petición se incluya explícitamente al Ayuntamiento de Carboneras tal y como pedía el PP-A, este grupo parlamentario ha rechazado la iniciativa al considerar, además, que la Administración responsable de esta "aberración urbanística" es en exclusiva la Junta de Andalucía, algo que tanto PSOE-A como IULV-CA han negado.
   Según ha defendido la portavoz de la formación de izquierdas, la diputada Rosalía Martín Escobar, tras los últimos pronunciamientos judiciales sobre el caso --el último, en marzo de 2012 cuando el Tribunal Supremo dictó la ilegalidad del hotel del Algarrobico por ubicarse dentro de la zona de servidumbre de protección de 100 metros y ser contrario a la Ley de Costas, y por suponer una agresión ambiental y contra la ordenación del territorio--, ya "nada impide que el protocolo general se desarrolle para iniciar los procedimientos de asignación presupuestaria y trámites administrativos oportunos para ejecutar" el derribo del hotel.
   Por ello, ha visto en este trabajo de demolición incluso "una oportunidad para la creación de empleo" y, sobre todo, una ocasión para "que no se vuelva a repetir en Andalucía".
 "No debemos dar opción a que esto vuelva a ocurrir, por eso hay que estar vigilantes ante planes urbanísticos que planean sobre el Cabo de Gata por parte del Gobierno del PP de Níjar en La Fabriquilla", ha advertido.
   Es por eso por lo que IULV-CA y PSOE-A han unido sus votos para urgir tanto a la Junta como al Gobierno a recuperar la playa del hotel Algarrobico tal y como se estableció en el protocolo general de colaboración que en 2011 firmaron el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Administración autonómica. Según este convenio, el Gobierno debe abordar la financiación de la demolición de la edificación y la Junta los trabajos de desescombro y la correcta gestión de los residuos generados por la demolición.
   Con todo, el PSOE-A no se ha librado de las críticas de IULV-CA durante el debate de la proposición no de Ley, ya que Martín Escobar ha reprochado al portavoz socialista Manuel Recio, quien ha aprovechado para acusar al PP de "basar todo su modelo económico para Andalucía en seguir con la dictadura del ladrillo", que su partido no se diera cuenta antes de la "gran aberración" que, desde un principio, significó El Algarrobico.
   "Fue la ministra Cristina Narbona la primera que dijo que había que derribarlo. Hasta entonces, el PSOE-A miraba para otro lado y no se actuaba en consecuencia con los instrumentos que tenían a su disposición", ha recordado.
   Al PP-A, por su parte, Martín Escobar le ha negado que esta iniciativa sea "un brindis al sol" y le ha exigido que acaten las sentencias judiciales. La portavoz 'popular' Aránzazu Martín Moya se ha defendido acusando a IULV-CA de ser parte de un Gobierno andaluz cuyo socio de gobierno, "en un calentón político del presidente (Manuel) Chaves, decidió unilateralmente demoler un edificio que traía todos los parabienes de la Junta".
   Así, y tras fundamentar esta demolición "en decisiones partidistas", la diputada del PP-A ha censurado que el PSOE-A hable "ahora de responsabilidades" cuando tendría que ser la Junta, en su opinión, quien las asumiera y quien se hiciera cargo ahora tanto de los 7,17 millones de euros que cuesta demoler el Algarrobico como de lo que provocó la paralización de sus obras.
 "Podían haberla parado desde el minuto uno, pero no lo hicieron. ¿Qué precio tuvo romper el futuro de muchos ciudadanos de ese entorno de Carboneras? Porque el PSOE-A y dirigentes de la Junta prometieron allí trabajo... ¿Qué precio tiene que muchas pymes se vieran abocadas al fracaso tras la paralización de un hotel que según la Junta era acorde a derecho?", se ha preguntado el PP-A.

Arias Cañete ve la necesidad de un mecanismo para evitar hechos como el del Algarrobico

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido en el pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Costas, frente a los grupos parlamentarios de PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que han presentado enmiendas de totalidad para devolver el texto al Gobierno, señalando, entre otros aspectos, la necesidad de que la Administración General del Estado disponga de un mecanismo de reacción "rápido y eficaz" que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso del hotel Algarrobico, en Almería.

   El titular de Medio Ambiente ha asegurado que la futura norma compatibilizará la protección del espacio natural marítimo con la actividad económica que generan riqueza. Además, ha adelantado que el grupo parlamentario popular rechazará todas las iniciativas de la oposición para que no prospere el texto.
   Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía --mantener y conservar en buen estado el litoral--, además de haber fomentado una "aplicación errática, contradictoria, deficiente y muy arbitraria" de la propia ley, y crear un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
   Es más, ha avisado de que esta controversia ha traspasado las fronteras de España y ha llevado al Parlamento europeo a pedir y revisar "urgentemente" una modificación de la Ley de Costas, a fin de proteger a los propietarios de viviendas y a aquellos que poseen pequeñas parcelas en la costa, que no tienen un impacto negativo sobre el medioambiente costero.
   Según ha asegurado, la normativa de 1988 no ha sido eficaz en su principal objetivo de proteger el litoral, ya que en estos más de 20 años se ha producido la "mayor degradación" de la costa, con la masificación urbanística y la expansión de grandes pantallas arquitectónicas.
   Sobre la inseguridad jurídica, el responsable de Medio Ambiente ha apuntado a los deslindes en la costas, que determinan qué es dominio público y qué es servidumbre de protección, ya que, en su opinión, se han realizado con criterios "no homogéneos, de diferente forma según los territorios y las épocas, creando la consiguiente sensación de arbitrariedad y agravio comparativo".
   Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá un nivel de protección mayor al vigente.
   En concreto, el proyecto de ley distingue entre los tramos urbanos  de las playas y los tramos naturales, situados en zonas protegidas o en suelo rústico, y alejados de urbanizaciones.
   Para ello, Arias Cañete ha explicado que la ley prevé un régimen diferente, con objeto de dotar a las playas naturales de un elevado nivel de protección y garantizar que se mantengan sus valores medioambientales. "En las playas urbanas se asegura su conservación y se permiten los servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y del turismo de calidad, siempre de forma compatible con el uso común", ha señalado.
   Igualmente, el titular de Medio Ambiente ha señalado la conveniencia de que la administración estatal disponga de un instrumento "rápido y eficaz" que evite que se produzcan y se consoliden situaciones ilegales, como en el caso del Algarrobico, donde establece la llamada 'cláusula anti-Algarrobico', "que permite al Estado afrontar el problema desde el principio, con respeto a la autonomía local, y que sitúa en los tribunales la decisión de fondo".
   Ante la perspectiva del vencimiento de las concesiones vigentes a partir de 2018, se establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria de las otorgadas antes de la entrada en vigor de la ley de reforma, por un plazo máximo de 75 años.
   Además, el nuevo texto normativo resolverá la situación de vencimiento de las concesiones previstas en la anterior norma, la Ley de Costas de 1988, ya que calcula que hay cerca de 10.000 viviendas en dominio público marítimo terrestre (DPMT), la mayoría con un derecho anterior a 1988.
   En este punto, Medio Ambiente precisa que solo en 2018 expirarían alrededor de 1.100 concesiones de viviendas, lo que obligaría a su demolición.
   Además, el Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabilizar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras "de un elevado volumen de empleo". Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 'chiringuitos' (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

Luz verde al decreto para la protección del litoral con el rechazo del PP-A

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento Andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, el  decreto-ley sobre medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral. PSOE-A e IU-CA han rechazado la tramitación del decreto como proyecto de ley, algo que había solicitado el PP-A.

   Entre las medidas, se incluye la suspensión cautelarmente de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo.
   El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, que ha intervenido ante el Pleno del Parlamento, ha indicado que Andalucía ha sido una comunidad pionera en todos los procesos de ordenación y conservación del territorio, apuntando que el desarrollo ordenado y sostenible del suelo es un activo económico de primera magnitud y que la creación de riqueza pasa hoy por la calidad y la sostenibilidad.
   Como principal novedad, el decreto-ley dispone la elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera.
   Para garantizar las previsiones del plan durante su proceso de elaboración, el decreto-ley suspende cautelarmente la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo. Esta suspensión, de carácter inmediato, afectará a 52 municipios costeros y estará en vigor hasta que el plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses. Posteriormente, y hasta su aprobación definitiva en un plazo de dos años, la medida cautelar se mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el documento.
   El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40 por ciento de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7 por ciento de mediados del siglo pasado.
   Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregularización que para dicho dominio --de competencia estatal-- ha primado en la reciente reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central.
   Por su jerarquía, el futuro documento será vinculante tanto para el planeamiento urbanístico municipal como para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Asimismo, permitirá adoptar decisiones tanto en los suelos urbanizables como en los no urbanizables, adecuándolos a las condiciones de sostenibilidad establecidas en la legislación y en la planificación autonómicas.
   Una vez elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Plan de Protección del Corredor Litoral se expondrá a información pública durante un plazo no inferior a dos meses, con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de los agentes económicos y sociales.
   Más allá del ámbito litoral, el Decreto-ley introduce diversas medidas para incentivar y acelerar la adecuación de los planes urbanísticos municipales al POTA.
   Con esta finalidad, el Decreto-ley establece que la adaptación debe realizarse a través de la revisión las normas de planeamiento municipal en los plazos fijados por las mismas, o en ocho años desde su entrada en vigor en los casos en que no se haya establecido. La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos por encima de los límites regulados en el POTA.
   Por último, el decreto-ley modifica diversas normas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procesos de planeamiento urbano y facilitar la coordinación entre las administraciones.
   En el primero de estos aspectos destaca el establecimiento de un plazo único de tres meses, frente a los 1-6 actuales, para la emisión de los informes preceptivos sectoriales por parte de la Administración autonómica.
   Respecto a la mejora de la coordinación, el decreto-ley supone acelerar la puesta en funcionamiento del órgano colegiado que actuará en cada provincia como 'ventanilla única' para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de estos informes sectoriales, que hasta ahora han emitido por separado las diferentes consejerías de la Junta.

La UE confirma que los contingentes de importación de Marruecos "se cumplen", según García-Legaz

MURCIA.- El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha asegurado que los contingentes de importación de productos procedentes de Marruecos "se están cumpliendo" y que el sistema de información electrónico que tiene implantado la Unión Europea "permite conocer toda la mercancía que entra por todos y cada uno de los puertos".

   En una rueda de prensa en Murcia, García-Legaz ha explicado que mantuvo una reunión hace dos semanas con el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, quien le certificó que se están cumpliendo los contingentes de importación.
   En este encuentro, García-Legaz tuvo ocasión de comprobar que la Comisión Europea ha puesto en marcha un sistema de información electrónica que "garantiza en tiempo real que toda la información que llega sobre las importaciones se puede contrastar y que, por tanto, los contingentes se cumplen".
   Esa información "está centralizada y, por tanto, no existe el riesgo de que entre más mercancía de la que implica el contingente por la vía de importar la producción por distintos puertos o puntos de entrada a la UE", ha garantizado el secretario de Estado.
   García-Legaz ha hecho estas declaraciones tras asistir a la Comisión Regional de Agricultura del Partido Popular, en la que han participado diversas asociaciones de productores agroalimentarios de la Región de Murcia que exportan a todo el mundo.
   En este sentido, García-Legaz explica que el encuentro ha servido también para "tranquilizar a los agricultores de la Región de Murcia, respecto al cumplimiento de los contingentes y, en particular, de los contingentes que hay de la producción de Marruecos".
   En esta reunión, los agricultores han transmitido al PP sus inquietudes, preocupaciones y problemas, mientras que el secretario de Estado les ha pedido trasladar todos los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno central para mejorar la producción y, sobre todo, la exportación de la Región.
   García-Legaz ha destacado que el comportamiento de las exportaciones del sector agroalimentario de la Región de Murcia "van muy bien", con incrementos "espectaculares", y con tasas de crecimiento que "dependen de los productos", aunque "siempre por encima del 50 por ciento, y hasta del 60 por ciento".
   García-Legaz ha asegurado que se trata de incrementos que no se ven en ningún otro sector y en ninguna otra Región", lo que es "muy buena noticia", porque "está generando miles de puestos de trabajo".
   De hecho, se ha preguntado "qué sería de la tasa de paro en estos momentos si no fuera por la buena evolución de las exportaciones y, en particular, de la buena evolución de las exportaciones de productos agroalimentarios".
   El secretario de Agricultura y Medio Ambiente del PP regional, Jesús Cano, quien también ha comparecido en rueda de prensa, ha precisado que entre el 28 y el 30 por ciento de las frutas y hortalizas que se exportan actualmente en todo el mundo son de la Región de Murcia.
   De todas formas, García-Legaz ha considerado que es preciso conseguir que estas exportaciones vayan "mucho mejor" y, para eso, ha determinado que el Gobierno central está poniendo en marcha instrumentos de promoción de los productos agroalimentarios españoles.
   Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España está habilitando también instrumentos de mejora de la financiación, porque "hay un problema objetivo de falta de financiación de todos los empresarios y también de los exportadores".
   Entre los instrumentos de promoción, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) ha creado una división específica para productos agroalimentarios que va a hacer campañas específicas de en los mercados más relevantes y de mayor expansión con la marca España, lo que va a significar "un impulso específico del sector agroalimentario, con programas específicos del sector", ha añadido.
   Esto no existía hasta ahora, según García-Legaz, quien ha anunciado además que el ICEX y el Ministerio de Agricultura van a hacer campañas mixtas para trabajar de la mano fuera de España. "Esto es positivo porque el Ministerio conoce muy bien la realidad del sector y el ICEX sabe muy bien cómo se exporta", aclara.
   García-Legaz ha anunciado también la puesta en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de varias líneas de financiación por un importe de hasta 4.000 millones de euros para el conjunto de la exportación. El sector agroalimentario, que es uno de los grandes motores de exportación, va a ser uno de los mayores beneficiarios.
   La Secretaría de Estado también va a trabajar en la mejora de la cobertura del seguro de crédito a la exportación a través de CESCE, que es una compañía que es propiedad del Estado al 51 por ciento, para tratar de cubrir más países, y mejorar la cobertura que se da en los países en los que actualmente está disponible la cobertura.