lunes, 10 de diciembre de 2012

Los autónomos encabezan el ranking de sectores con más perdidas por impagos

MADRID.-   Los servicios profesionales, colectivo que engloba a autónomos, abogados, arquitectos o ingenieros, ha reducido este ejercicio sus pérdidas por impagos del 4,5% al 4,2% actual, coyuntura que, sin embargo, no ha impedido que repita un año más en la primera posición del ranking de pérdidas por impagos en Europa, según un estudio elaborado por la firma sueca Intrum Justitia.

   Por su parte, en la cola del ranking sigue apareciendo el sector utilities (gas, agua y energía) con un 1,8%, aunque este año registra un incremento después de cuatro años de estabilidad en el 1,5%.
   En términos generales, la media europea de pérdidas por impagos se ha incrementado hasta el 2,8%, un porcentaje que registra una tendencia al alza desde 2007 cuando la media era del 1,9% (2,7% en 2011, 2,6% en 2010 y 2,4% en 2009). Este porcentaje se traduce en unas pérdidas por impagos de 340.000 millones de euros, según apunta el informe.
   Así, uno de cada dos autónomos afirma tener problemas de liquidez debido a la morosidad y el 53% indica que se ha incrementado el retraso en el pago por parte de sus clientes. Según el estudio, el retraso en el pago "es mayor en el sector público y empresas", puesto que tardan 15 días después de la fecha de vencimiento, hasta alcanzar los 45 días.

Las administraciones públicas adeudan 5.500 millones a los autónomos

MADRID.- Las administraciones públicas deben actualmente a los trabajadores autónomos en torno a 5.510 millones de euros, que corresponderían a las deudas acumuladas desde enero hasta finales de noviembre de 2012 así como a las facturas pendientes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores, según el observatorio del trabajo autónomo de ATA.

   La Federación de Autónomos agrega también que los entes públicos tardan un tiempo medio de 163 días en pagar las facturas atrasadas al colectivo de autónomos y pymes, por lo que denuncian que "se está incumpliendo la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la Unión Europea, que obligará a las administraciones en 2013 a pagar en 30 días".
   En concreto, la encuesta realizada por la patronal de autónomos revela que cuatro de cada diez autónomos (40,5%) tarda en cobrar más de seis meses y sólo el 11,8% cobra antes de 90 días de las administraciones públicas.
  El análisis apostilla que las administraciones públicas de Cataluña son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas, como refleja que la deuda ascienda a 922 millones de euros en este territorio, un 16,7% del total de la deuda española total con los autónomos.
   Las siguientes administraciones públicas que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son las de Andalucía (789 millones de euros, un 14,3% del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (772 millones de euros, un 14%) y Madrid (558 millones de euros, un 10,1% del total ). Así, las administraciones públicas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 55,1% de la deuda pública con los autónomos y microempresas.
   De su lado, los entes de Navarra y La Rioja son las que menos facturas adeudan a los autónomos, con una estimación de 48 y 35 millones de euros, respectivamente, lo que representa un 0,9% del total de la deuda española en el caso de la primera y un 0,6% en el de la segunda.
   Al desglosar los plazos medios de pago por comunidades autónomas, los entes públicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional. La media del periodo de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes es 167 días en ambas comunidades.
  Por encima de la media autonómica nacional - 163 días - también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días, y Castilla La Mancha y la Región de Murcia, ambas con 164 días  de espera de las deudas que las Administraciones Públicas tienen contraídas con ellos.
    En cuanto al tiempo medio de cobro por territorio, las administraciones catalana y valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional, con una media del periodo de pago de facturas atrasadas que se acerca a los 167 días. Por encima de la media autonómica nacional también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días.
   Las administraciones asturianas mantienen la media de pago nacional con sus autónomos, concretamente los trabajadores por cuenta propia del Principado tardan 163 días, de media, en recibir el pago de las facturas que les son adeudadas. Con periodos medios de pago inferiores a la media nacional se sitúan Canarias (151 días), Aragón (145 días) o Cantabria (139 días).
   Por su parte, los organismos públicos de La Rioja (55 días), Navarra (51 días) y País Vasco (49 días) son las que menos tardan en pagar a autónomos y pymes "y las que más se acercan a la Ley de Morosidad", recuerdan.
   Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, las administraciones públicas con este volumen de deuda a los autónomos "continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas".

La contaminación lumínica se convierte en un problema global para la Tierra

WASHINGTON.- El satélite Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) de la NASA ha publicado nuevas imágenes nocturnas de la Tierra en las que, según han señalado los expertos, se puede observar que existe un problema global de contaminación lumínica que, no solo oculta las estrellas, sino que supone un gran derroche de energía.

   Precisamente, el la misión de Suomi NPP nació como un satélite de observación del planeta para estudiar los efectos del cambio climático. El aparato capta fotos de la Tierra regularmente y publica algunas de ellas en Internet, en un álbum bajo el nombre 'Black Marmel'.
   Gracias a estas fotografías, la NASA ha podido determinar que la luz que emiten las ciudades y las autopistas, son tan dañinos para la Tierra como las emisiones de gases. Para los científicos, las imágenes muestran ciudades que brillan más de lo que necesitan y que, además, este gasto eléctrico está "mal dirigido". En este sentido, han explicado que, solo en los Estados Unidos, se gastan miles de millones de dólares anualmente iluminando "el cielo" de la noche en lugar de aceras y calzadas en el suelo.
   "Las imágenes del satélite demuestran que aún queda trabajo por hacer en la Tierra en cuanto a la lucha contra la contaminación lumínica", ha señalado el director ejecutivo de la Asociación Internacional Cielo Oscuro, Bob Parks, quien ha señalado que "el impacto de la iluminación nocturna terrestre se extiende mucho más allá de la astronomía".
   A su juicio, las luces excesivas y mal dirigidas puede crear sombras profundas que no son seguras para la seguridad del ser humano. También afecta a animales, como es el caso de las crías de tortugas marinas, que pierden de vista el mar por la iluminación o las aves migratorias que pueden sufrir confusión al volar entre edificios. "La contaminación lumínica tiene otros efectos de largo alcance desconocidos para muchos de los que siguen utilizando iluminación ineficaz", apunta Parks.
   En cuanto a las soluciones, aunque "muchos creen que es tan simple como cambiar la potencia de las bombillas, utilizar sensores de movimiento o instalar campanas sobre las bombillas desnudas", Park ha recomendado que "toda la iluminación exterior se dirija hacia abajo y que solo se utilice cuando sea realmente necesaria y en la cantidad que sea necesaria".
   Para Parks, si se aplican estos procedimientos, el resultado no solo reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que permitiría ahorrar dinero, reducir el impacto en el mundo natural y mejoraría la visibilidad en el terreno.

El juez archiva la denuncia por introducir modificaciones en la biografía de Javier Arenas en Wikipedia


SEVILLA.- Un juez de Sevilla ha archivado la denuncia por la introducción de alteraciones y modificaciones en la biografía en Wikipedia del vicesecretario de política autonómica y local del Partido Popular y expresidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, han informado hoy fuentes judiciales.

   En este sentido, las mismas fuentes consultadas han señalado que fue el pasado día 11 de octubre cuando el juez de Instrucción nº 7 de Sevilla, Fernando Martínez, dictó un auto en el que archivaba de manera provisional dicha denuncia, que por el momento "no consta" que haya sido recurrida por el PP.
   En esta causa ha llegado a haber varias personas imputadas --algunas residentes fuera de la comunidad autónoma-- tras la denuncia interpuesta en 2009, pero finalmente el juez instructor ha decidido archivar la misma debido a que ha transcurrido el plazo legal estipulado sin que pueda emprender la acción penal contra ninguno de los imputados, han apuntado las mismas fuentes.
   La investigación judicial se inició después de la denuncia interpuesta por el PP-A, quien acudió a los tribunales tras "conocer" además que desde un ordenador de la Junta de Andalucía se estaban realizando modificaciones y se estaban incluyendo "falsedades e insultos" en la biografía de Arenas, así como contra sus familiares más directos.
   En este sentido, dos altos cargos de la Junta de Andalucía declararon en 2010 ante el juez que tenían identificado el ordenador desde donde se realizaron esas modificaciones, aunque no a la persona o personas que las hicieron.
   De esta manera se expresaron entonces Alberto Díaz López, en calidad de director general de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (SAU), y María Pilar Rodríguez López, en calidad de secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
   Ambos señalaron entonces que las modificaciones de la biografía de Javier Arenas en la Wikipedia se llevaron a cabo desde un ordenador ubicado en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, lo que motivó, según las fuentes consultadas, que el PP-A solicitara al juez instructor que se identificara a la persona o personas que hubieran utilizado el día en cuestión el referido ordenador.

La Junta insta al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos"

ALMERÍA.- El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, José Manuel Ortiz Bono, ha instado al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos del Poniente" tal y como tenía comprometido a través del convenio que firmó con el Gobierno andaluz por el que "se comprometía a surtir agua desalada y a dejar de bombear de los pozos de Bernal, de El Ejido". 

   Ortiz Bono ha indicado que desde que comenzó a funcionar en 2006, "apenas rinde al 20 por ciento de su capacidad, por lo que el Ayuntamiento sigue surtiéndose principalmente de los pozos de Bernal, y contribuyendo así a la sobreexplotación de los acuíferos del Poniente".
   El Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía suscribieron un convenio de colaboración el 14 de julio de 1999 para la finanaciación de las obras de construcción de una planta desalinizadora de agua de mar por el que el 85 por ciento de la inversión lo asumía el Ministerio de Economía con fondos de Cohesión de la Unión Europea mientras que el 15 por ciento restante lo asumía la Junta de Andalucía "a pesar de que la competencia del abastecimiento es municipal".
   Así, apunta a que si bien la inversión prevista inicialmente era de 35,2 millones de euros, los modificados de obra y liquidaciones elevaron la elevaron a algo más de 47 millones, cuando "el encargado de la licitación y adjudicación de la obra fue el Ayuntamiento". La finalidad de la desaladora es la de dejar de extraer del acuífero "sobreexplotado" del Campo de Dalías, por lo que obtuvo financiación europea.
   "El hecho de que se disponga de una desaladora con capacidad para desalar hasta 20 hectómetros cúbicos, y que sólo desalen unos cinco supone un despilfarro del dinero público de casi 50 millones de euros de fondos comunitarios y de todos los andaluces", ha remarcado Ortiz Bono, quien además ha señalado la "insolidaridad" del Ayuntamiento con los municipios del Poniente "que tienen dificultades para abastecer a sus poblaciones que lo están pasando mal, sobre todo Vícar, Roquetas de Mar y El Ejido".
   Considera que también es una "muestra de insolidaridad" con los regantes, "que ven cómo cada día empeora la calidad de las aguas subterráneas para riego mientras el Ayuntamiento de Almería deja sin poner el marcha la desalinizadora y extrae más de diez hectómetros cúbicos de agua al año según sus datos, puesto que ni siquiera tiene instalados contadores para medir el agua que bombea".
   Además, la "infrautilización" de la planta de Almería "contrasta con el hecho de que en el Poniente, en Balerma, se esté construyendo una desaladora para atender las necesidades de riego de la zona, inversión que también se está haciendo con fondos públicos".
   El delegado ha recordado además al Ayuntamiento la necesidad de regularizar su situación respecto de las fuentes de suministro para sus ciudadanos, ya que debe solicitar concesión tanto para el agua subterránea como para el agua desalada que está ya utilizando. Asimismo, es preciso que se adapte a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea que fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de septiembre "y al que el Ayuntamiento de Almería no ha formulado ninguna alegación".
   En este documento, según ahonda la Junta, se establece la planificación hidrológica para los próximos 15 años, de forma que en el horizonte 2015 el agua subterránea que le corresponde a Almería es, como máximo, 3,5 hectómetros cúbicos, mientras que en 2027 sería de 1,8 hectómetros cúbicos.
   Así las cosas, el delegado asegura que el Consistorio almeriense "tiene la obligación de adaptarse a esta norma de obligado cumplimiento y debe dar ejemplo tanto de respeto a las normas como de un buen uso de los fondos públicos que se emplearon en la desaladora además de ser solidario con el resto de usuarios del Poniente y consecuente con las obligaciones medioambientales que aceptó cuando decidió construir la desaladora con fondos europeos y del presupuesto  de la Junta de Andalucía".
   Ortiz Bono recomienda así "en base al principio de lealtad institucional y de cooperación", que este asunto quede resuelto en el documento del PGOU que va a someter a informe, puesto que "solo podrá obtener todos los beneplácitos de la Junta de Andalucía si se adapta a la normativa en vigor".

La Junta reclama al Gobierno una revisión del reparto definitivo del FLA para que Andalucía reciba lo que ha pedido

SEVILLA.- La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha reclamado al Gobierno de la Nación una revisión del reparto definitivo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que Andalucía reciba la cantidad que ha solicitado, de 4.906 millones de euros.

   Susana Díaz ha manifestado que espera que el Gobierno central, finalmente, haga un reparto equitativo del FLA, porque no puede ser que Cataluña haya recibido en torno al 90 por ciento de lo que solicitó y que Andalucía esté prácticamente por debajo del 50 por ciento de la cantidad que demandó.
   En este sentido, ha confiado en que el Gobierno de la Nación sea coherente y responsable en ese reparto del FLA y Andalucía, como una comunidad autónoma "cumplidora, reciba lo que le corresponde". Para Díaz, no es de recibo que se premie a las comunidades que están más endeudadas, como es el caso de Cataluña, en detrimento de otras que están haciendo los deberes, como es el caso de Andalucía.
   A su juicio, debe de haber una revisión del reparto definitivo del FLA porque "hay margen para hacerlo, ya que los datos dicen que en torno a 5.000 millones no han sido asignados aún a las comunidades autónomas, y por lo tanto hay margen para esa revisión".
   Asimismo, ha indicado que la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, no ha dejado de negociar, de dialogar y de buscar el entendimiento con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde que se inició la solicitud de acceso al FLA. Díaz espera que ese diálogo continuo tenga al final un resultado favorable para los intereses de esta comunidad.
   De otro lado, ha manifestado que la decisión del Gobierno central de crear un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio ha sido "lamentable". A su juicio, el Gobierno solo pretende evitar que las comunidades puedan seguir adelante "con la voluntad clara y nítida de que la banca contribuya también a la salida de esta crisis".
   Asimismo, ha considerado "lamentable" que el Ejecutivo nacional no haya hablado con las comunidades afectadas y que haya adoptado la decisión "por la puerta de atrás". Ha indicado que la Junta va a analizar la letra pequeña y hasta dónde quiere llegar el Gobierno, y va a defender aquello de lo que está convencida, que es que "la banca en este país tiene que contribuir al momento que estamos atravesando".
   "No se le puede subir a los ciudadanos el IRPF, el IVA o las tasas judiciales y, en cambio, buscarle las vueltas al TC para que las entidades financieras no aporten en las comunidades autónomas que están convencidas de que tienen que hacerlo", ha indicado.
   Susana Díaz ha agregado que la Junta tiene la clara voluntad de mantener la cifra prevista de recaudación por ese impuesto en los presupuestos de la comunidad de 2013 para que los bancos contribuyan a la situación de crisis por la que estamos atravesando.