miércoles, 7 de noviembre de 2012

Gobierno y PSOE pactarán una reforma legal contra los desahucios

MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han acordado este miércoles pactar "cuanto antes" una reforma legal contra los desahucios, según han informado ambas partes. El objetivo es "resolver las situaciones de especial vulnerabilidad", con atención preferente a las familias con niños o mayores a su cargo.

   En un almuerzo de trabajo en el Palacio de la Moncloa, que se ha prolongado algo más de dos horas, ambas han decidido adoptar medidas contra este problema social con la "mayor celeridad posible", ya sea a través de un decreto ley acordado o con un proyecto de ley que se tramite por el procedimiento de urgencia. El objetivo es que entre en vigor en el menor plazo de tiempo posible.
   Fuentes socialistas han precisado que Gobierno y PSOE han conseguido un acuerdo "en el fondo y en la forma" para frenar los desahucios, mientras que desde el Ejecutivo se habla de un acuerdo para adoptar medidas con "el máximo consenso".
   El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya expresó este martes su deseo de pactar las medidas con el resto de partidos, en especial con el PSOE, una petición que le ha hecho personalmente el coordinador federal de IU, Cayo Lara, con el que se ha entrevistado hoy en el Palacio de la Moncloa.
   En concreto, Sáenz de Santamaría y Valenciano han acordado articular medidas "preventivas y paliativas" con especial atención a las familias con niños o mayores a su cargo. Se pretende así "resolver las situaciones de especial vulnerabilidad", han informado ambas partes.
   Por su parte, el PSOE ha destacado que se estudiarán también "medidas para las familias que ya han sido desalojadas de sus hogares y se encuentren en situación más vulnerable".
   Para las familias ya desalojadas, Valenciano ha apuntado este miércoles que pueden hacerse reformas para que los bancos que "están recibiendo ayudas públicas" ofrezcan en alquiler "con un precio social" aquellas viviendas que poseen en su parque inmobiliario y que han sido objeto de ejecuciones inmobiliarias.
   La vicepresidenta y la vicesecretaria general del PSOE han acordado que "todas las propuestas sean sometidas a la evaluación de seis expertos", tres propuestos por el Ejecutivo y tres por el Partido Socialista.
   El próximo lunes mantendrán su primera reunión esa comisión de expertos, si bien Santamaría y Valenciano harán un seguimiento de los trabajos. El propósito es que las medidas se alcancen con el máximo consenso, tengan la mayor efectividad y resuelvan pronto el drama de los desahucios, según el Gobierno.
   Sáenz de Santamaría se ha volcado de lleno con los desahucios con una intensa agenda de reuniones para conseguir el máximo consenso. Este martes se entrevistó con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y también convocó una reunión de la comisión interministerial creada por el Gobierno para tratar este tema, en la que hay representantes de Economía, Justicia y Hacienda.
   También el PSOE se ha implicado a fondo en este asunto. Así, ha registrado recientemente en la Cámara una proposición de ley que ha consultado con colectivos afectados y bautizado como de 'segunda oportunidad'. En los últimos días ha instado reiteradamente al Gobierno a tomarla como base para la reforma porque cree que en ella está "la solución", en palabras de la propia Valenciano.

Las familias españolas, "al límite" de su capacidad para atender a sus miembros en paro

BARCELONA.-   Las familias españolas, que en los primeros años de crisis habían ejercido un papel "amortiguador" en la atención y apoyo a sus miembros en paro, actualmente se encuentran "al límite" de sus posibilidades, según el estudio 'Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España' de la Obra Social La Caixa.

   Esta es una de las principales conclusiones del trabajo presentado este martes en Madrid, que pone en evidencia el sistema de protección social español y las iniciativas llevadas a cabo por los gobiernos para paliar los efectos de la crisis económica en la sociedad española, sobre todo si se compara con las herramientas empleadas por los vecinos europeos.
   "Dentro del hogar existen estrategias de reparto entre los miembros de la familia, pero esta situación es cada vez más limitada por la larga duración de la crisis", ha indicado Begoña Pérez Eransus, coordinadora del estudio junto a Miguel Laparra, que han alertado de que cada vez hay más hogares con todos sus miembros desempleados (7,6%, el doble que la media europea).
   La pensión del abuelo puede convertirse en un "recurso esencial" para la supervivencia de las familias con desempleo total y el número de este tipo de casos se ha triplicado desde 2006 hasta 2010, alcanzando la cifra de 300.000 (el 7,9%, unos seis puntos por encima de Dinamarca, Francia y Reino Unido).
   Pero la situación "más dramática", según los autores, es la de las familias monoparentales, encabezadas por mujeres con hijos que han perdido su empleo. El 37 por ciento de estos hogares se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y presenta, por tanto, "un gran riesgo social".
   Los jóvenes es otro de los colectivos más vulnerables, cuyo riesgo de padecer pobreza severa es cada vez más alto. El estudio indica que, a diferencia de lo que se pueda pensar, la emancipación tardía de este colectivo de entre 18 y 34 años --el 52,8% vivía con sus padres antes de la crisis-- se ha reducido un 3,4 por ciento ante la incapacidad de sus familias de poder mantenerlos bajo el mismo techo.
   Además, el trabajo recuerda que uno de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 30 años ni estudia ni trabaja ('ninis'), una cifra que ha aumentado en nueve puntos si se compara con los datos anteriores al inicio de la crisis. Esto se debe, según han explicado los autores, a la elevada oferta de empleo no cualificado en sectores como la construcción o los servicios, que llevó a miles jóvenes a abandonar sus estudios por trabajos temporales.
   Mientras que los sistemas de protección social de los países objeto también de este estudio (Dinamarca, Francia y Reino Unido) han funcionado como "estabilizadores automáticos" de la crisis, en España, por el contrario, estos recursos se han mostrado "insuficientes" e "ineficaces" para afrontar las nuevas necesidades de las familias y reducir la pobreza.
   "Sólo el 51 por ciento de la población española que se encuentra bajo el umbral de la pobreza evita salir de esta situación gracias a las transferencias sociales", ha explicado Pérez Eransus, que ha advertido de que en Dinamarca este porcentaje se eleva al 66 por ciento y en Francia al 70 por ciento.
   Según los autores del trabajo, España tampoco queda en buen lugar en lo que se refiere al papel de las políticas en la superación de las situaciones de pobreza, ya que la proporción de las personas que superan esta situación al cabo de dos años mediante transferencias sociales es "notablemente más reducido en España respecto al resto de países del estudio, con sólo 16 de cada cien casos.
   Por otro lado, debido al aumento de la "pobreza severa", España se sitúa en el tercer lugar en cuanto al nivel de desigualdad de la UE-27, si se compara la diferencia de ingresos del 10 por ciento más rico y del 10 por ciento más pobre, ya que ha aumentado un 16,7 por ciento desde 2007. Si bien los autores han indicado que antes de la crisis el nivel de desigualdad español era de los más altos de la UE, éste afecta especialmente a jóvenes, parados, parejas con hijos y a quienes tienen menos formación.

La Asociación de la Prensa rechaza el reglamento de la emisora municipal Candil Radio, de Huércal de Almería

ALMERÍA.- El Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería y la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) rechazan y lamentan el contenido del reglamento interno de la emisora de radio municipal de frecuencia modulada "Candil Radio", de Huércal de Almería, aprobado definitivamente en la vía administrativa y publicado en el núm. 215 del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), hoy, 7 de noviembre de 2012, páginas 19 a 22. El acuerdo municipal se tomó en el pleno ordinario del ayuntamiento de la localidad, celebrado el 26 de julio pasado. 

"Consideramos que el texto en general del reglamento no garantiza la independencia informativa, cultiva claramente el intrusismo y desprecia olímpicamente la profesión de Periodista, a la que no se alude en ninguno de sus artículos, ni siquiera para dirigir o ser redactor de la citada emisora. Es una normativa que incentiva posibles prácticas autoritarias por parte de quienes gobiernen el ayuntamiento y que no se atiene a principios democráticos, poniendo el medio casi a disposición de los rectores municipales de turno. Y, desprecia absolutamente los derechos de autor".

Según el reglamento "el director de la radio será nombrado por el consejo de emisiones" (integrado por el alcalde y 7 concejales, según su pertenencia a un grupo político o a su no adscripción) con la ratificación del pleno municipal, "debiendo recaer en empleado municipal". Es decir, en cualquier trabajador, funcionario o laboral, del ayuntamiento de Huércal, sin distinción de nivel o categoría y sin necesidad de titulación, y mucho menos con la condición de ser periodista.

Referente al personal de la emisora remunerado puede ser cualquiera para desempeñar "funciones de locución, control del sonido, redacción y administración". Sin embargo, se reglamenta que existan "colaboradores voluntarios sin remuneración ni dependencia laboral del ayuntamiento". También contempla el nombramiento de "colaboradores honoríficos", a propuesta del director y "con la aprobación del alcalde", pero resaltando que su trabajo "será siempre gratuito y sin que los designados adquieran ningún tipo de derecho ni obligación para con el ayuntamiento, mediante la firma del correspondiente documento”.  Ninguna referencia a que el personal habrá de ser seleccionado mediante procedimientos públicos que garantizan el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, cual debe ser, teniendo en cuanta que se trata de una Administración Pública.

"Todo programa realizado quedará en propiedad del ayuntamiento de Huércal de Almería, no pudiendo su autor reclamar dicho programa ni los derechos de autoría", destaca el artículo 23 del reglamento en lo referente a tramitación y realización de programas. La alcaldía será competente, según el artículo 9, para "dirigir, impulsar e inspeccionar el servicio", "desarrollar la gestión económica" y "cuantas otras le sean conferidas" por ley, pudiendo delegar sus atribuciones en la concejalía de Cultura.

En otros articulos reglamenta que la emisora se inspirará en "la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones", "la separación entre informaciones y opiniones", "el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico", "el respeto al honor, la fama y la privacidad de las personas", "la protección de la juventud y la infancia" y "el respeto a los valores de igualdad".  

Pero en su artículo 20 añade: "los diferentes grupos políticos municipales podrán remitir notas de prensa a la emisora con el objetivo de su posterior difusión en los programas informativos, cuya lectura será íntegra, sin que puedan ser extractadas por el director o locutor que la emita". Asimismo, contempla el derecho de rectificación y, por último, añade que "la emisora dispondrá de un libro de honor".

"Ante esta situación, que entendemos atenta principios que deben primar en un medio público, la AP-APAL y el Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería hacen nuevamente un llamamiento a los rectores de las administraciones en general que disponen de medios de comunicación que los pongan verdaderamente al servicio de la ciudadanía, regentados por profesionales del periodismo, con una reglamentación que preserve todos los derechos y libertades, que garanticen la transparencia en la gestión periodística y económica, que dignifiquen la profesión periodística y que observen escrupulosamente la legislación vigente en todas las vertientes que afectan a un medio público. En este aspecto, hacemos un llamamiento para que se respete y asuma el Manifiesto de la FAPE en defensa del Periodismo que, hasta ahora, en Almería han apoyado los plenos de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Almería".

El Ayuntamiento de Roquetas aprueba con la mayoría absoluta del PP la salida de la FAMP

ROQUETAS DE MAR.-   El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado este miércoles con la mayoría absoluta del PP en sesión plenaria la salida del seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

   El alcalde y presidente de la Diputación, Gabriel Amat, del PP, ha indicado que la decisión es una respuesta a lo que ha calificado de "tomadura de pelo" por parte del PSOE que, según ha subrayado, "priva" al partido más votado en Andalucía de la presidencia de la institución.
   "Los socialistas la están ostentando de manera indebida", ha trasladado Amat, para quien el PSOE "está manipulando" al no haber convocado una nueva elección "año y medio después de unas elecciones andaluzas que el PP ganó con mayoría amplía".
   El regidor y presidente provincial del PP, quien ha reclamado para la FAMP el mismo proceso que se ha seguido en la federación española, ha considerado que sería "bueno y muy importante" que los dos partidos mayoritarios "se pusiesen a negociar".
   Al hilo de esto, y después de que el Ayuntamiento de Almería adoptase en pleno la misma decisión con los votos en contra de los partidos de la oposición, ha avanzado que los 62 municipios gobernados por el PP en la provincia de Almería se llevará a los plenos de las corporaciones esta resolución.
   Amat, quien es también presidente de la Diputación Provincial y del PP, ya avanzó el martes que la institución supramunicipal "seguirá la línea" y abandonará la FAMP.

La almeriense Carmen Crespo cuestiona que la austeridad de la Junta sea "suficiente" para una administración "mastodóntica"

SEVILLA.-   La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha asegurado este miércoles que la Junta debe plantearse si las medidas de austeridad que ha puesto en marcha hasta el momento son "suficientes" para que su administración "mastodóntica" pueda afrontar el pago a proveedores y "hacer sostenibles sus servicios públicos".

   Crespo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, durante la que ha puesto en valor la decisión del Gobierno de prorrogar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2013 tras haber "ayudado muchísimo" a Andalucía con 6.300 millones de liquidez durante el presente ejercicio.
   La máxima representante del Gobierno en Andalucía ha explicado que la prórroga del FLA tiene objetivo ofrecer "un año más para que las comunidades autónomas tengan las posibilidades económicas que no tienen hasta el momento porque no pueden emitir deuda y que la compre el mercado", por lo que ha apuntado que "si las comunidades se ponen manos a la obra como el Estado a hacer reformas, ver cómo es su administración y hacer sostenible sus servicios públicos tendremos menos tiempo del FLA porque ellas mismas tendrán posibilidades económicas de seguir adelante".
   "De lo contrario el Gobierno tendrá que ayudar como ya está ayudando muchísimo a Andalucía, no sólo con el FLA sino con el plan de apoyo a proveedores y mucha liquidez que le está dando a la comunidad, con 6.300 millones" en este ejercicio, ha subrayado Crespo, que ha indicado que aún no hay fijada la cantidad con que estará dotado el FLA para 2013, pero existe un "diálogo constante sobre todas las posibilidades para adecuar la cantidad y la fórmula".
   También ha destacado el "mejor tono" y el "mayor entendimiento" en las relaciones Junta-Gobierno tras la Conferencia de Presidentes, ya que ha criticado que "hasta entonces la Junta estaba instalada en una confrontación muy perjudicial para los andaluces, echando la culpa de todo al Gobierno de la Nación sin asumir responsabilidades sobre sus muchísimas competencias".
   Preguntada por la posibilidad de una nueva distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, Crespo ha defendido que "la Administración del Estado es muchísimo más austera que las comunidades autónomas, es un Gobierno absolutamente austero en su fórmula presupuestaria y en su día a día económico".
   En su opinión, "las comunidades autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía, tienen que plantearse si realmente con esta administración mastodóntica que tienen es suficiente las medidas que ha puesto en marcha o no y si así pueden pagar a proveedores y tienen la posibilidad de hacer sostenibles sus servicios públicos".
   Por último, Crespo ha defendido que el Gobierno "ha cogido el toro por los cuernos" con una "senda muy clara de reformas" y ha apelado a la "unión de todas las administraciones públicas", Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, en torno a la "austeridad, las reformas y el apoyo expreso a las pymes que son las que crean economía y posibilidades de empleo".

El Gobierno español aprobará una reducción "muy signficativa" de coches oficiales

MADRID.-  La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ejecutivo va a impulsar una reorganización del parque móvil del Estado que incluirá una reducción "muy significativa" de los coches oficiales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevará la propuesta al Consejo de Ministros de mañana jueves.

    "A quien va a afectar especialmente es a los altos cargos", ha declarado Sáenz de Santamaría en el acto de constitución formal de la comisión de estudio que se encargará de hacer antes del 30 de junio una propuesta de reforma integral de las administraciones públicas, al que ha asistido también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
     La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el objetivo del Gobierno es hacer una administración pública "más eficiente", "más eficaz", "más viable", que evite duplicidades y se coordine mejor. Se trata, ha añadido, de hacer una administración pública que sepa "dar respuesta a los ciudadanos en tiempos de crisis".

La FEMP pide que también se hable de los sueldos de los consejeros y secretarios autonómicos


MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha manifestado este martes que aunque ve razonable hablar de los sueldos de los alcaldes o de los concejales, es necesario tratar este asunto en el ámbito del sector público y abordar también la regulación del salario de otros cargos públicos como los de los consejeros autonómicos o los secretarios generales.

   "No parece muy sensato que sólo se hable del sueldo del alcalde pero no se hable del sueldo de un consejero o un secretario general", ha señalado De la Serna durante su intervención en un desayuno informativo de Executive Forum España. "Nos parece razonable que si ese debate se abre, se abra en el conjunto de las Administraciones Públicas", ha añadido.
   En este sentido, ha asegurado que "por supuesto" que este debate está teniendo lugar en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias pero ha matizado que debe abordarse ""con carácter general incluyendo a todo el sector público". 
"Sólo se habla del sueldo de los alcaldes. Yo creo que todo se puede hablar y razonar", ha señalado.
   "Hemos tratado de trasladar al ministerio que por supuesto que estamos dispuestos a hablar de sueldos, de número de concejales, aunque no sé si tanto de número de concejales como de número de concejales liberados. Hay muchos que trabajan sin cobrar un euro, realizando un gran servicio. Simplemente eliminarlos no supone ningún ahorro y sin embargo sí puede suponer un cierto perjuicio en la prestación de esos servicios", ha explicado.
   No obstante, a pesar de que considera "necesario" realizar este tipo de "gestos" y "avanzar en estas cuestiones", De la Serna ha manifestado que se trata de medidas que no tienen un "gran impacto y repercusión económica sobre el conjunto de las cuentas públicas" y que ni siquiera están incluidas en el borrador del anteproyecto de la reforma de la ley de bases de régimen local.
   En este sentido, ha abogado por poner más empeño en cuestiones tales como la mejora de la eficiencia del coste de los servicios públicos, del reparto de competencias para evitar duplicidades y de la financiación local, así como en la necesidad de reducir las "competencias impropias" que asumen las entidades locales y que, según ha denunciado, representan actualmente un 25 por ciento de sus gastos.
   Asimismo, ha señalado que para abordar todos estos asuntos es necesario un "acuerdo político". Por ello, ha calificado de "enormemente positivo" el proceso de contactos abierto entre el PP y el PSOE para conseguir ponerse de acuerdo en la reforma de la Administración Local. "Es enormemente positivo para el país", ha remarcado. "Lo primero que hay que hacer es colaborar todos", ha añadido.
   Preguntado sobre el papel que deberían ejercer las Diputaciones Provinciales, papel que el Gobierno quiere potenciar con la reforma de la ley de bases de régimen local, De la Serna ha reconocido que hay "inquietud" respecto a este tema y ha manifestado que en la FEMP son "defensores" del "gran papel" que desempeñan estas instituciones. "Deben seguir siendo instrumentos de cohesión territorial", ha apuntado.
   Ahora bien, el también alcalde de Santander ha añadido que, aunque le parece "razonable" que para mejorar la eficiencia de los servicios que prestan los municipios se traspasen algunas competencias a otros órganos supramunicipales como pueden ser las Diputaciones, algunas de dichas competencias deben ser "indelegables". 
"Me parece razonable que las competencias de los Ayuntamientos no se vayan todas en absoluto", ha defendido.