miércoles, 31 de octubre de 2012

Aena pacta con los sindicatos un ERE para un máximo de 1.600 trabajadores

MADRID.- Aena ha firmado con los sindicatos CCOO, UGT y USO un plan de viabilidad que recoge importantes medidas de flexibilidad interna, así como desvinculaciones voluntarias, al que podrán acogerse, hasta el próximo 31 de diciembre, todos los trabajadores del gestor aeroportuario hasta un máximo de 1.600.

En un comunicado, la compañía pública indicó que el plan suscrito con los sindicatos es un expediente de regulación de empleo (ERE) "en una empresa actualmente en pérdidas".

El gestor aeroportuario, que cuenta actualmente con una plantilla que ronda los 15.000 empleados, indicó que la medida "forma parte de las numerosas actuaciones contenidas en el Plan de Eficiencia Aeroportuaria para garantizar su futuro, entre las que destacan una significativa reducción de gastos de explotación, disminución de horarios operativos, rentabilización y optimización de las actuales infraestructuras, así como la fusión de sociedades para evitar duplicidad de costes".

En concreto, se trata de extinciones voluntarias de contrato a las que podrán acogerse todos los trabajadores fijos que se encuentren en activo. La preferencia a la hora de aceptar las solicitudes de bajas las tendrán los empleados de los aeropuertos deficitarios, después los de los Servicios Centrales y finalmente los trabajadores del resto de los centros.

La indemnización general será de 20 días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, cuantía que podrá ser incrementado en ocho días, si en el plazo de seis meses el trabajador no hubiera conseguido, a través de un plan de recolocación, encontrar un nuevo empleo.

Además, por su singularidad y mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, aquellos empleados de más de 55 años con una antigüedad mínima de 10 años en la empresa que transcurridos seis meses desde la extinción de su contrato no hayan logrado su recolocación, podrán ver incrementada su indemnización en 11 días adicionales (72% de media del salario total) con respecto al resto de los trabajadores que se acojan al plan.

La compañía indicó que "en ningún caso" se contempla la realización de nuevas contrataciones para la cobertura de las vacantes producidas por la aplicación del plan y que el coste de estas salidas no supondrá la utilización de dinero de los contribuyentes, sino que se asume íntegramente por Aena, toda vez que ésta "no percibe aportación económica alguna de los Presupuestos Generales del Estado".

Además, Aena se ha comprometido con el Ministerio de Empleo a hacerse cargo, cuando entre en beneficios, de las prestaciones por desempleo y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores mayores de 50 años acogidos a este plan según lo dispuesto en el Real Decreto 1484/2012 de 29 de octubre sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años. 

El gestor aeroportuario es la primera empresa de España que aplicará esta reciente normativa laboral.

En el ámbito de este plan no se producirán jubilaciones anticipadas previstas legalmente para los trabajadores de 61 o 63 años. Así, la empresa financiará los Convenios Especiales con la Seguridad Social a partir de la extinción del contrato de los trabajadores y hasta su jubilación.

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.
   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".
   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.
   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

La Junta rebaja un 4,1% su presupuesto en 2013 con un 20% menos de inversión

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, primero elaborado por el gobierno de coalición integrado por PSOE-A e IULV-CA, que ascenderá a 30.706 millones de euros, lo que supone una caída del 4,1 por ciento respecto a las cuentas de 2012 aprobadas inicialmente, que habían registrado un crecimiento del 1,2 por ciento respecto a 2011, mientras que la inversión desciende un 20 por ciento, hasta los 3.814,1 millones de euros.

   Así lo ha anunciado la titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo, durante la que ha dejado claro que las cuentas del próximo año "cumplen el objetivo de déficit" del 0,7 por ciento fijado por el Gobierno de la Nación aunque no es compartido por la Junta, pero se trata de un "presupuesto respetuoso" con el Ejecutivo central.
   "Éste es un presupuesto de contraste y no de confrontación", ha aseverado la consejera, que define las cuentas para 2013 como "un presupuesto de resistencia ante la crisis, orientado a combatir el desempleo, que refuerza la competitividad y apoya a los sectores productivos, especialmente en I+D+i e internacionalización de la empresa; que lucha para combatir la desigualdad; garantizar el sostenimiento de la red de servicios públicos fundamentales, y situar a la educación como centro de la política económica e instrumento de igualdad".
   Las inversiones contempladas en el presupuesto de 2013 ascienden a 3.814,1 millones de euros, un 20 por ciento menos que en 2012, aunque apunta que "se mantiene el esfuerzo realizado durante los años de la crisis", de forma que la inversión sobre el PIB se mantiene en un 2,6 por ciento y ha asegurado que Andalucía "es una de las comunidades autónomas que más porcentaje destina a inversión". La consejera ha dejado claro que "la prioridad no está en construir un kilómetro más de autovía, sino en mantener abiertos los hospitales y prestar atención sanitaria y educativa a todos".
   Martínez Aguayo ha puesto en valor el hecho de que los presupuestos hayan sido "formulados con normalidad" y "dentro de plazo" pese a que han tenido un "ritmo de elaboración diferente" por el retraso en los datos del Gobierno central, cuya "mala política, mala aplicación del sistema de financiación autonómica y mal reparto del déficit" condiciona el contenido del presupuesto andaluz.
   Por su parte, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha resaltado el "esfuerzo ímprobo" de la Junta para "llegar a tiempo" a los plazos para la presentación de unos presupuestos "netamente progresistas, sociales y que dentro de la austeridad marcan la diferencia con el PP allí donde gobierna", ya que ha destacado que "no hace recaer los esfuerzos sobre los de siempre, la clase media".
   La consejera ha apuntado una importante caída de los ingresos, motivada fundamentalmente por la reducción de los recursos procedentes del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que descienden un 5,1 por ciento (17.899,9 millones), así como del Fondo de Compensación Interterritorial, que desciende un 25,6 por ciento hasta 204,6 millones, y una disminución de la financiación por dependencia.
   Para contrarrestar esta merma, el proyecto de presupuesto refuerza el plan de lucha contra el fraude fiscal, con el que espera aumentar recursos en un 12 por ciento.
   Por su parte, dentro de los ingresos financieros, 2.532,2 millones se destinan a endeudamiento para amortización (incremento del 75,4 por ciento) y 1.028 millones corresponde a emisión de deuda para la financiación del déficit (endeudamiento nuevo).
   La consejera ha indicado que no contempla ninguna nueva figura impositiva nueva, aunque se está trabajando en el impuesto sobre grandes superficies comerciales, aunque no se ha incluido en el proyecto de presupuestos presentado este miércoles.
   Martínez Aguayo ha indicado asimismo que las consejerías dispondrán de un 10,7 por ciento menos de recursos, esto es con 2.263 millones de euros menos en recursos propios, de forma que "el esfuerzo presupuestario" que realizarán las consejerías será de 2.952 millones de euros".
   Dentro de los gastos corrientes, el gasto en personal baja un 8,3 por ciento, motivado por la aplicación de la actual tasa de reposición del diez por ciento y por el incremento de la jornada.
   Martínez Aguayo ha indicado que esa comparación se efectúa en relación con el presupuesto de 2013 pero ha recordado que a mediados de año se elaboró un plan económico financiero de reequilibrio, donde "ya se ha efectuado un esfuerzo importantísimo de armonización", de forma que el presupuesto de 2013 supone "un ajuste de 400 millones de euros sobre el presupuesto de 2012 una vez ajustado en ese plan de reequilibrio".
   La consejera ha apuntado que las obras de colaboración público privada ya comprometidas sí se contemplarán en el presupuesto aunque no se incorporará ningún proyecto nuevo en ese sentido.
   Además, ha indicado que las operaciones de venta y alquiler de activos o 'sale and leaseback' se contempla en los presupuestos de 2013 y es algo que "se mantiene vivo", ya que "está prácticamente culminado", aunque reconoce que "el sector financiero no permite rematarlo y el inversor no obtiene financiación".
   Asimismo, indica que estas cuentas no se han comunicado aún al Ministerio de Hacienda, ya que "no hay por qué hacerlo ahora", ya que estas cuentas se formulan desde la Junta, aunque apunta que "será objeto de comentario y será comunicado al Ministerio".
   En materia de educación, contará con 7.451,15 millones. Se consignan 205 millones a becas, lo que supone un aumento del siete por ciento. Por otro lado, se mantiene el gasto para funcionamiento de centros escolares, la gratuidad de los libros de texto, el Plan de Apertura de Centros Docentes, la Escuela TIC 2.0 y el transporte escolar. Además, se destinarán 1.420 millones a las universidades, vinculado al acuerdo de financiación actualmente en prórroga.
   La consejera apunta que las políticas sanitarias y sociales bajan un 9,7 por ciento y agrega que el próximo ejercicio se mantendrán los servicios públicos esenciales, "sin privatizar hospitales, prestando atención a inmigrantes y desarrollando la Ley de Dependencia, a lo que se destinan 1.146 millones". Para todo ello, se destinan a Salud y Bienestar Social 10.086 millones.
   La consejera ha apuntado el empleo como una de las prioridades de gasto, para lo cual el presupuesto consigna 370,5 millones, donde se incluye el Plan de Choque por el Empleo o un plan para vías ciclistas en áreas metropolitanas, entre otros. Además, se mantienen 78,5 millones del Plan de Fomento del Empleo Agrario.
   Respecto al fomento de la competitividad y el apoyo a los sectores productivos, el proyecto destinan 500,6 millones a políticas de I+D+i, mientras que Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dispondrá de 72,3 millones, un 29,8 por ciento más.
   Para el área de internacionalización de la economía, se consignan 84,5 millones, mientras que la planificación y desarrollo industrial acapara 426 millones y el desarrollo energético y fomento de la minería dispondrá de 169 millones de euros. En materia de turismo y el comercio se destinan 234,1 millones.
   El presupuesto andaluz de 2013 prevé un Plan Extraordinario de Acción Social (60 millones); el Programa de Solidaridad (70 millones) y la Red de Solidaridad Alimentaria (20 millones). Además, la Junta subirá las pensiones asistenciales, al incrementar un dos por ciento el complemento autonómico.
   En cuanto a políticas de igualdad, el IAM mantiene sus programas, mientras que los programas G+ de fomento de la igualdad ganan peso y suponen el 71,4 por ciento del presupuesto total.

La economía andaluza decrecerá

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, cuyo escenario macroeconómico prevé que la economía andaluza decrecerá un 1,2 por ciento "en términos reales" durante el próximo ejercicio, de forma que se estima que el Producto Interior Bruto (PIB) ascenderá a 146.900 millones de euros para el próximo ejercicio en Andalucía.
   Así lo ha avanzado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, durante la que ha explicado que la Junta ha realizado esta previsión "conservadora" sobre la evolución de la economía andaluza en 2013 a partir de las previsiones incluidas por el Gobierno de la Nación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la zona euro.
   En su exposición sobre el escenario macroeconómico, la consejera ha indicado que la economía mundial "ha vuelto a desacelerarse en 2012 debido a las tensiones en los mercados financieros y de deuda en la Zona Euro".
   Agrega que "aunque en 2013 se espera una recuperación del ritmo de crecimiento, éste será muy moderado en el caso de las economías avanzadas".
   En este contexto, se prevé un decrecimiento de la económica andaluza que será de un -1,4 por ciento, en términos reales en 2012 y de un -1,2 por ciento en 2013.
   La consejera ha hecho referencia a las previsiones mundiales efectuadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), siendo las últimas previsiones efectuadas para la Zona Euro del -0,4 por ciento, frente a un incremento del 5,3 por ciento para las economías emergentes.
   Asimismo, para España, las previsiones de crecimiento para España son, según el escenario margado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), del -1,5 por ciento para 2012 y del -0,5 por ciento para 2013.
   Considera que los factores condicionantes para estas previsiones son las tensiones en los mercados financieros y de deuda soberana y el impacto de las medidas de austeridad en los niveles de crecimiento y empleo.
   La consejera ha apuntado que "las comunidades autónomas por sí mismas tienen escaso margen para estabilizar la economía al no disponer de política monetaria, ni disponer de plena autonomía tributaria y tener limitada su capacidad de déficit, endeudamiento y techo de gasto".
   Asimismo, ha recordado los objetivos de déficit para Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales, de forma que aunque ha reiterado que las cuentas andaluzas "mantienen el compromiso con la estabilidad fiscal", existe un "acusado desequilibrio" en el reparto de los objetivos de déficit entre el Estado (3,8 por ciento del PIB) y las comunidades autónomas (0,7 por ciento), además de las corporaciones locales (cero por ciento).
   "Este reparto rompe desde el minuto uno el equilibrio, se rompió en 2011, tras lo que la brecha se volvió a abrir en 2012 y en 2013, cuando se acentúa aún más la diferencia".
   Apunta que este reparto "no tiene lógica alguna", toda vez que "con ese objetivo piden a las comunidades autónomas que cumplan objetivo de la Ley de Estabilidad objeto de déficit estructural cero para 2020 y nos pide superávit estructural para 2014".
   En ese sentido Martínez Aguayo advierte de que ese planteamiento "está provocando una exigencia y un peso a las comunidades autónomas por encima de lo que les corresponde en su conjunto, es una exigencia desequilibrada entre Estado y comunidades autónomas", tras lo que se remitió a lo expresado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán en la Conferencia de Presidentes, donde apuntó que la Junta "va a cumplir las exigencias, pero discute el cómo, el quien y el tiempo".
   "Parece que se persigue culpabilizar a las comunidades autónomas en el incumplimiento, poniendo un objetivo difícil, si no imposible, o parece que se quiere desmantelar la red de servicios públicos que tenemos", se lamenta la consejera.
   La consejera agrega que la actual política fiscal "propicia la divergencia económica regional" tanto "por la aplicación del modelo de financiación, por el reparto del déficit, y por la grave disminución de los instrumentos de reequilibrio territorial nacional, como el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), para corregir esos desequilibrios".
   Así, apunta que la divergencia en financiación por habitante "se ha incrementado un 36 por ciento, de 684 a 932 euros entre 2009 y 2010", y agrega que "las comunidades que estamos divergiendo a la baja son las que tenemos un nivel de renta por debajo de la media".
   Considera que esa disminución "es contraria al planteamiento del modelo de financiación, que busca nivelación de servicios y eliminación de divergencias entre comunidades, está pasando lo contrario, y Murcia, Andalucía, Valencia y Canarias son las que van perdiendo posiciones año tras año, no pierde posiciones ni Madrid ni Cataluña ni Baleares".
   Martínez Aguayo lamenta que este reparto del déficit "deja a Andalucía con un 24 por ciento menos de recursos por habitante que la media de las comunidades autónomas y con un 40 por ciento respecto a las de mayor renta".
   La consejera asegura que estos factores "los vienen gritando los organismos internacionales, tanto el FMI como la OCDE, que no son sospechosos de tener ideología radical, y que alertan de efectos contractivos del rápido ajuste fiscal en muchas economías avanzadas, entre ellas la española, que provoca pérdida de confianza de los agentes económicos e inversores en deuda pública y que además advierten de que aumenta la desigualdad entre ingresos mas altos y más bajos y eso es peligroso para la economía, además de las implicaciones éticas y morales que hay que atender" en ese sentido.

El TSJA cita a Sánchez Gordillo como imputado por su acción como piquete en la última huelga general

GRANADA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como imputado el próximo día 8 de noviembre al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, todo ello a raíz de su actuación como piquete informativo en Estepa durante la huelga general del 29 de marzo.

   En este sentido, fuentes del caso han informado que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, ha citado a declarar a Sánchez Gordillo el próximo mes de noviembre como imputado por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.
   Tras asumir la causa procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepa, el TSJA decidió abrir diligencias previas contra el parlamentario andaluz, dada su condición de aforado, y contra tres militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en concreto Antonio P., José P.T. y Félix D..
   En un auto, el Alto Tribunal andaluz puso de manifiesto que los hechos denunciados pueden estimarse "constitutivos de cinco delitos contra los derechos de los trabajadores", para cuyo conocimiento "es competente esta sala".
   Y es que el pasado día 29 de marzo, Sánchez Gordillo irrumpió en varios locales comerciales del municipio sevillano de Estepa para ejercer labores de piquete informativo, aunque de ello se pasó presuntamente a las "amenazas y coacciones" con causar daños a los trabajadores que decidieron no secundar la huelga.
   Por otro lado, hay que recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Écija dictó un auto en el que se inhibió a favor del TSJA para que investigue si el parlamentario andaluz cometió algún delito a raíz del asalto a un supermercado de Écija ocurrido el día 7 de agosto.

Se ultima el monolito para homenajear a represaliados en la Guerra Civil en el cementerio

ALMERÍA.-   Las asociaciones de memoria histórica de Almería celebrarán el próximo día 4 de noviembre un acto homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la posterior etapa de represión a las puertas del cementerio de San José de la capital, si bien esperan que sea la última vez que se celebre fuera del camposanto ya que  trabajan en los últimos detalles para la ubicación en su interior de un monolito en el que se reflejen los nombres de aquellas personas que perecieron durante esta etapa histórica.

   Así lo han indicado el representante de la asociación Memoria y Libertad, Francisco Ortega, quien ha precisado que gracias a la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) cuentan ya con el material en donde se inscribirán los nombres, tarea en la que también está previsto que participen los alumnos de la Escuela de Mármol de Andalucía, ubicada en Fines.
   En este sentido, Ortega ha señalado también las gestiones desarrolladas por el actual vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y concejal del Ayuntamiento de Almería, Javier Aureliano García (PP), tanto a la hora de contactar con el ente empresarial como para agilizar la tramitación de un espacio en el cementerio capitalino en el que colocar dicho monolito, si bien aún deben materializarse los permisos para su obra y colocación.
   En cualquier caso, el portavoz de Memoria y Libertad se ha mostrado satisfecho por los últimos avances que permitirán concentrar en un punto un lugar "para que los familiares que quieran puedan ir a rezarles o recordar" a sus fallecidos. Con esto, ha valorado también el trabajo hecho por el arquitecto Ramón de Torres en el diseño de la pieza, valorada en 112.000 euros junto con los trabajos para su ubicación.
   Así, Ortega espera concretar en breve una reunión con la Junta de Andalucía para solicitar su apoyo en los trabajos de instalación, valorados en unos 45.000 euros dentro del presupuesto global. En esta línea, solicitarán el apoyo de un taller de empleo, escuela taller o casa de oficios que contribuya a realizar la obra. En este sentido, desde el Gobierno andaluz se ha explicado que habrá que estudiar qué talleres de empleo pendientes de ejecutar en 2012 podrían asumir dicha tarea o mediante qué fórmula tratar de atender esta petición.
   "Cuando los allegados vean los nombres de sus abuelos, padres y familiares, la cosa se calmará y será como si estuvieran bien enterrados. Va a ser un monumento que va a traer tranquilidad", cree Ortega, quien también ha destacado la colaboración de administraciones y distintos partidos políticos para poder ejecutar la actuación.

La Diputación afirma que ningún ayuntamiento ha comunicado su baja del servicio de recaudación tras el gravamen

ALMERÍA.- El portavoz del equipo de gobierno y vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha señalado este martes que hasta el momento no han tenido notificación de que ningún ayuntamiento desee abandonar el servicio de recaudación que presta la institución y para el que, en el último pleno ordinario, se aprobó una subida de tasa del uno al cuatro por ciento. 

   Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas después de asegurar que los municipios pueden contratar este servicio "con la empresa que quiera o con el Estado", si bien ha apuntado que con éste último el servicio sería "mucho más caro" debido a las comisiones que se aprobaron con el anterior gobierno socialista.
   García ha incidido en el "trabajo eficaz" que desarrolla la Diputación en la gestión de este servicio con el que se pretende, a través de la última actualización, "perder lo menos posible" para que la prestación deje de ser "deficitaria", ya que a la misma se han incorporado en los últimos años nuevas gestiones. "Los servicios y la tasa que cobramos tienen que reequilibrarse con el coste, y es lo que hacemos y no del todo", ha explicado el portavoz, quien apunta que aún se pierde el 0,17 por ciento de su coste.
   El vicepresidente ha añadido que si bien el servicio supone un déficit de unos dos millones de euros, éste se podría haber suplido si la Junta de Andalucía hubiera abonado los 5.077.427,85 de euros que adeuda a través de 4.675 recibos. "Tal vez habríamos aguantado la subida del uno al cuatro por ciento", ha considerado García.
   Así, ha rechazado las acusaciones de "asfixia" a los ayuntamientos efectados por el PSOE y ha abundado en las prestaciones económicas "históricas" que la Diputación ofrece a los ayuntamientos, entre las que ha nombrado las líneas de financiación de 500.000 euros para localidades de menos de 20.000 habitantes o la inversión de 13 millones de euros en planes provinciales correspondientes a 2012 que se efectúa "a pulmón" ante la falta de subvenciones de la Junta.