jueves, 18 de octubre de 2012

FERRMED lamenta que Fomento invierta en zonas con una rentabilidad "escasa" en lugar del Corredor Mediterráneo

VALENCIA.- El grupo de trabajo técnico de Ferrmed ha lamentado este miércoles que el Ministerio de Fomento continúa invirtiendo en zonas de una rentabilidad "dudosa", en lugar de "concentrar los esfuerzos en las zonas que pueden reactivar la economía", como el Corredor Mediterráneo, que representan el 42 por ciento del población y del PIB.  

   Así, lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, junto al miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat, Francisco García Calvo y Angel Martínez, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para analizar las cuentas del próximo ejercicio y el Plan de Infraestructuras, Transportes e Infraestructuras (PITVI 2012-2014).
   Las conclusiones de este estudio, que serán remitidas hoy mismo por correo a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que se echa en falta "más esfuerzo" para las Mercancías y Cercanías así como ceñir la alta velocidad al Corredor Mediterráneo y el Atlántico.
   Además, ha criticado que el tercer carril sólo cuenta con una asignación de 270 millones, por lo que ha exigido que se acelere su instalación para que se puedan cumplir los plazos de llegada a valencia en 2015 ya que en caso contrario se "producirá un cuello de botella" en la calle serrería al tener que pasar las Cercanías, el Euromed, y la Alta velocidad por ahí.  
   Amorós ha señalado que aunque desconocen el detalle de estos documentos a partir de la nota de prensa y de los mapas facilitados por el ministerio constatan que "una vez más se sigue invirtiendo en zonas con escasa rentabilidad" cuando "en una situación tan crítica como la que atraviesa España hay que concentrar las inversiones en zonas donde se pueda reactivar la economía".
  "Nadie está en contra de la cohesión territorial pero hay que apuntalar la economía productiva" porque, ha recalcado Amorós, "el café para todos es imposible ahora, no nos los podemos permitir y además está sensación cala en Europa, lo que no nos da ningún prestigio".
  En ese sentido, ha considerado "fuera de lugar" que a Galicia llegue tres AVEs, desde Zamora, León y Asturias, o que incluso se proyecte una conexión entre Asturias y Extremadura cuando del conjunto de inversiones prevista en el PITVI de Alta Velocidad al corredor mediterráneo sólo representan un 18,7 por ciento "muy lejos" del 42 por ciento que las provincias costeras suponen en población y en PIB.  
  Por todo ello, ha apuntado que la sensación es que "los políticos programas sólo a corto o medio plazo en lugar de a largo plazo"  y además al no presupuestar generan desconfianza entre el empresariado para poder realizar sus inversiones. Además, ha exigido que los mapas con las infraestructuras sean "un poco más explícitos" y en ese sentido ha lamentado que han incluido algunas de las líneas que reclamaban pero "sin presupuesto".
  Respecto al Presupuesto del próximo ejercicio, critican que las actuaciones para el Corredor Mediterráneo representan sólo el 29,4 por ciento de las actuaciones presupuestadas para 2013 a pesar de que el peso socioeconómico de esta infraestructura es del 42 por ciento y además "no se tiene en cuenta el retraso endémico de 20 años" en esta infraestructura. Además, ha rebatido "el desequilibrio importante" que se da entre "la preponderancia que se da a la alta velocidad" frente a las cercanías y las mercancías que "siguen siendo el pariente pobre".
  Frente a ello, proponen que en las próximas cuentas se concentren los esfuerzos del AVE en el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, acelerar la instalación del tercer carril para que se cumplan las fechas de llegada a Valencia en 2015 y Alicante y Cartagena en 2016, así como actuar urgentemente en la red de cercanías de Barcelona, Valencia, Murcia y Málaga.
  Del mismo modo, pide que en el PITVI se asigne "claramente" las partidas presupuestarias y un calendario de ejecución, se reequilibrio los presupuestos en función del peso socioeconómico, se concentren las inversiones en los dos grandes ejes transeuropeos, se detalle los planes de circunvalaciones y cercanías, o se considere la línea Lorca-Baza-Granada dentro del Corredor Mediterráneo, entre otras.

Cerca del 40% de los andaluces vive en situación de pobreza

SEVILLA.- La Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) ha hecho público este miércoles, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, un informe de situación titulado 'Pobreza al Alcance de Todos. Pobreza Low Cost' en el que se denuncia que "casi el 40 por ciento" de la población andaluza vive en situación de pobreza. 

El documento concluye que la pobreza se ha democratizado y extendido "de manera alarmante" con motivo de la crisis económica y alcanza ya a más de uno de cada tres andaluces, por lo que las 41 entidades que forman parte de EAPN-A exigen a las administraciones "un giro en las políticas y en el modelo económico que han llevado a esta quiebra social".
   En un comunicado, estas entidades apuntan que la "gravedad" de la realidad se evidencia con un leve acercamiento a los datos. Así, cerca de la mitad de los andaluces (47,8%) no pueden afrontar gastos imprevistos y un 9,4 por ciento de los hogares tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda --hipoteca, luz, agua, gas, etcétera--, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE). También según el INE, la tasa de pobreza infantil se ha incrementado "considerablemente" en Andalucía, alcanzando en 2011 al 36,3 por ciento de los menores.
   Asimismo, EAPN-A ha advertido que uno de los datos más preocupantes es el "desorbitado" aumento de la desigualdad entre ricos y pobres en España, que multiplica por cinco la media de la eurozona. Una de las razones de peso en este último dato es la destrucción de empleo, que se ha triplicado en Andalucía desde el inicio de la crisis. Además, uno de cada tres andaluces en activo se encuentra en situación de desempleo, en total más de un millón de personas, y de ellas cerca de la mitad (42%) no recibe ningún tipo de prestación, según datos de EPA, INE y SAE.
   En lo que se refiere a la vivienda, EAPN-A ha apuntado que Andalucía lidera tras Valencia, el número de desahucios del primer semestre de este año (7.133) y encabeza el número de ejecuciones hipotecarias previstas en España, según el Consejo General del Poder Judicial.
   La organización declara que a esta realidad, "repleta de nuevas formas de exclusión, discriminación y pérdida de derechos", las ONG intentan dar respuesta y se han convertido actualmente "en un muro de contención" ante la quiebra social. No obstante, esta labor, asegura, está seriamente amenazada por los recortes e impagos de las administraciones, "que no se pueden prolongar por más tiempo".
   Por último, EAPN-A reclama además de un cambio en el modelo de desarrollo imperante, propuestas tales como: la participación de las personas en situación de vulnerabilidad en el desarrollo de las políticas; evaluaciones más estrictas del impacto de las mismas; que se impulse la inclusión activa sin limitarla exclusivamente al empleo; la reactivación de la Estrategia Europea 2020 a la que España se adhirió; y el uso "efectivo" de los Fondos Estructurales Europeos para luchar contra la pobreza y la exclusión.

IULV-CA propone "ayudas mínimas" de la Junta a parados de larga duración sin ingresos

SEVILLA.- El portavoz de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, ha anunciado que su formación quiere incluir en los presupuestos de la comunidad para 2013 una partida económica destinada a establecer una "ayuda mínima" o "salario social" para los parados de larga duración de la comunidad sin ingresos y en cuyo núcleo familiar no trabaje además ningún miembro, situación en la que se encuentran en la actualidad más de 400.000 familias andaluzas.

   Así lo ha dicho en el transcurso de una entrevista en Canal Sur Televisión y en la que ha insistido en la necesidad de "estudiar" de que, durante unos cuantos meses, estas familias "puedan recibir una ayuda mínima" próxima al salario mínimo interprofesional ante la imposibilidad, en estos momentos, de establecer una renta básica en la comunidad. "Ahí es donde tenemos que aspirar, pero decirlo hoy sería mentir a la ciudadanía, pero lo que sí vamos a poner encima de la mesa es hacer un refuerzo importante del conocido en Andalucía como salario social", ha explicado.
   Sobre todo, ha argumentado, porque el Gobierno andaluz "no puede tolerar de ninguna de las maneras esa bolsa creciente de pobreza que existe ya en nuestra tierra" ni tampoco que haya hogares que sobrevivan con "las pensiones de los abuelos y el subsidio que les queda".
 "Ante eso tenemos que actuar", ha recalcado Castro.
   Aunque no ha dado muchos detalles, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha señalado que esta propuesta se materializaría en que, "durante un número determinado de meses" --dependiendo del "dinero con el que contemos veremos si son tres, seis o nueve meses", ha añadido--, este casi medio millón de familias andaluzas puedan recibir una "ayuda mínima" que pueda rozar el salario mínimo interprofesional "o un poco menos" para que reciban algún tipo de ingreso.
   "Vamos a intentar ser lo más solidarios posible para que esos andaluces, a partir de enero de 2013 o marzo de 2013 puedan recibir durante unos meses esa ayuda que les alivie algo y que también permita que haya consumo", algo que Castro considera "necesario" para salir de la crisis frente a las medidas de la Troika.
   La cantidad que la Junta pueda destinar en sus cuentas de 2013 a este capítulo dependerá también de que el Gobierno cumpla o no con lo contemplado en la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, algo que IULV-CA reivindicará porque lo "sorprendente", según Castro, es que "Montoro responda a Centella en el Congreso que el Estatuto de Andalucía no es una obligación sino una sugerencia".
   Preguntado sobre las líneas rojas que IULV-CA marcará en las cuentas de 2013 como miembro del Gobierno, ha indicado que serán "el empleo, la salud y la educación", materias que, no obstante, según ha reconocido, "ya están siendo lesionadas" como consecuencia de los recortes "que nos vienen dados" del Gobierno y de Europa y que la Junta de Andalucía intentará proteger "poniendo nombre y apellidos a programas concretos" que sirvan para defender unos servicios públicos de calidad.
   Respecto al sector público, Castro ha señalado que cualquier "racionalización" que se haga del mismo debe pasar obligatoriamente por la "transparencia" y el "diálogo y el consenso con los trabajadores" y sus representantes sindicales y que los despidos "serían el último argumento al que acogerse". "Habrá que empezar a hablar de movilidad entre las empresas públicas y habrá que empezar a hablar de moderación de salarios, pero de despidos será lo último", ha recalcado.
   Con todo, el portavoz de IULV-CA en el Parlamento ha admitido que "lo que no duda nadie es que hay que ganar en eficiencia" y que, para ello, hay que realizar primero un "diagnóstico" del sector público que pase por conocer con exactitud cuántas empresas y entes lo componen, algo que, según ha dicho, su formación ha solicitado ya "de forma imperiosa" pese a saber que "no es tan fácil delimitar" la composición de algunas de ellas, ha dicho para justificar que la Junta aún no haya dado a conocer cuál es el volumen exacto del sector público en la comunidad.

El TSJA declara firme la sentencia que declara El Algarrobico espacio protegido no urbanizable

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado firme la sentencia por la que declara "espacio protegido no urbanizable" el sector de paraje de El Algarrobico, en Carboneras sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol. La resolución llega después de que el Gobierno andaluz anunciase que no iba a interponer recurso de casación contra el fallo que anulaba parcialmente la normativa medioambiental aprobada en 2008 para el parque natural de Cabo de Gata al considerar que podría reactivar el "uso turístico" del establecimiento.

   El sector ST-1 consta como no urbanizable desde que el 23 de marzo la Junta publicó en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 23 de marzo la declaración del paraje de El Algarrobico como espacio protegido no urbanizable para, así, dar cumplimiento a otra providencia del Alto Tribunal andaluz que le instaba por segunda vez a ejecutar las resoluciones judiciales dictadas cautelarmente en este mismo procedimiento.
   La diligencia de ordenación, dictada el pasado día 1 por la Sección Primera y a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido elevada por Greenpeace a la sala del TSJA que debe dirimir sobre la legalidad o ilegalidad de la licencia municipal de obras concedida a la promotora del hotel, según han informado a Europa Press fuentes judiciales,.
   Las mismas fuentes han precisado que esta documentación se une a la remisión de las tres resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo (TS) en las que se dictamina en firme que el hotel invade parcialmente la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre. La sala deberá ahora acusar recibo y dar traslado a las partes, lo que derivará en una prórroga para el señalamiento de la votación y fallo para dictar sentencia.
   En la resolución declarada firme, el Alto Tribunal andaluz anulaba en concreto la inclusión del sector donde se asienta el inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones en las zonas C3 o áreas degradadas del parque natural y sostiene, asimismo, que la modificación de la planimetría del PORN que la Junta de Andalucía hizo en 1997 y por la que convertía el paraje en urbanizable "no tiene validez alguna" porque, según subraya, "no puede cambiarse el nivel de protección de un área con una mera condición de errores", que, además, "no reunía los requisitos mínimos".
   Cabe recordar que en 1997 la Junta modificó los mapas alegando que la planimetría en la que el paraje de El Algarrobico aparecía como zona C1 o de interés general y, por tanto, como no urbanizable era errónea e la incluyó en las áreas D2 o urbanizable ordenado, lo que daba vía libre a su uso turístico. Un año después, el Ayuntamiento de Carboneras aprobaba el Plan Parcial que daría lugar a la posterior concesión de la licencia de obras para construir el "controvertido" hotel.
   La sentencia reprocha al Gobierno andaluz que cambiase el nivel de protección "fundamentándolo en que las reducidas dimensiones del BOJA hacía de difícil legibilidad" determinar con certeza en qué zona estaba incluido el paraje "cuando sin ningún género de dudas" se veía que se localizaba en subzona no urbanizable y concluye que este cambio "más bien parece haber sido una triquiñuela" para adaptar la norma medioambiental del parque natural al planeamiento urbanístico de Carboneras.
   "No puede aceptarse que por un mecanismo tan burdo como una mera corrección de errores se cambie la proyección de un suelo, pasando de especial protección a urbanizable", asegura el tribunal para el que la actuación de la Junta le parece "más bien una triquiñuela para hacer jugar a la inversa la jerarquización de los planteamientos urbanísticos, adaptando el PORN a las Normas Subsidiarias del municipio carbonero, lo que está vedado".
   A raíz de estas premisas, y en respuesta a la demanda de Greenpeace que sostenía que con el PORN de 2008 el Gobierno andaluz pretendía "dar solución a la existencia del hotel", el TSJA considera que efectivamente, a través de esta nueva normativa, se "redujo el nivel de protección" en la zona y, además, se "ampliaron los usos y actividades" permitidas en la zona al hacer posible nuevas edificaciones o la rehabilitación de las existentes en las áreas calificadas como degradadas.

La Junta ve un "arma política" el manifiesto de la Mancomunidad del Almanzora y reitera su "compromiso" con la vía

ALMERÍA.- La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer, ha reafirmado este miércoles el compromiso del Gobierno autonómico con la Autovía del Almanzora y ha refutado el manifiesto apoyado por los alcaldes no socialistas de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora por el que piden a la Administración autonómica "diga de una vez por todas si se va a continuar con los trabajos" de esta infraestructura al considerar que es una "arma política" del PP contra la Junta. 

   Ferrer ha manifestado que tanto el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, como la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, han señalado que dicha vía es "clave" para el desarrollo de la provincia, por lo que es una "apuesta" del Gobierno andaluz.
   Así, ha señalado que entre los tramos que quedan por hacer se encuentra la licitación de unos cuatro millones de euros para la variante de Albox, para el que "existe un compromiso de terminar", y el tramo Purchena-Fines-Huércal-Overa, pendiente de ejecutar mediante fórmula de colaboración público-privada para la que hay que "revisar" los términos del acuerdo, pero que está aún "dentro de plazo".
   La delegada del Gobierno de la Junta opina que manifiestos como el que han suscrito los 12 alcaldes almerienses "dañan las instituciones", y ha reiterado que con esta acción se ha tratado de usar la Mancomunidad "políticamente, en el sentido más rastrero del término", contra la Junta a un día de la Mesa de las Infraestructuras. "No me extrañaría que tuviera relación", ha apostillado.
   Por otra parte, Ferrer ha defendido también la actuación de la Junta en las carreteras afectadas por el temporal en la comarca del Levante y ha asegurado que en un plazo de "dos semanas" el Puente de Carasoles de Zurgena permitirá el tráfico de vehículos pesados, ya que se ha destinado una partida de 590.000 euros a su reparación, aunque desde el domingo permite el paso de vehículos, pequeños camiones y autobuses.
   "Me gustará que la Diputación tuviera la misma agilidad", ha señalado la titular provincial de la Junta antes de enumerar algunas carreteras dependientes de la Diputación pendientes de arreglar y de indicar la actitud de la mancomunidad hacia la institución provincial.

Los alcaldes del Almanzora emplazan a la Junta a que diga si se va a terminar la autovía

ALMERÍA.- Los alcaldes de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora de Almería, salvo los del PSOE, han apoyado este miércoles un manifiesto común en el que han solicitado a la Junta de Andalucía que, mediante un declaración formal e institucional, "diga de una vez por todas si se va a continuar con los trabajos" de la Autovía del Almanzora o, por el contrario, "se paralizan las obras definitivamente". 

   El presidente de la citada mancomunidad y alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas (PP), ha lamentado la ausencia de los regidores socialistas, con los que se había consensuado un manifiesto similar al que se ha rubricado a excepción del tercer punto, en el que se hace referencia a la paralización de obras y se indica que "con este nuevo golpe propiciado por la Junta de Andalucía no solo nos hunden social y económicamente, sino que nos retrotrae más de 30 años" a la hora de exportar sus productos.
   En rueda de prensa, Salas ha incidido en las dificultades que supone para las empresas y los ciudadanos de la comarca afrontar sus desplazamientos, especialmente en la zona del mármol, que adolece una tasa de desempleo del 60 por ciento, según sus cálculos. En esta línea, ha apuntado que a las dificultades para exportar la producción, se ha unido la merma de las infraestructuras a consecuencia del temporal de 'gota fría' de finales de septiembre.
   "Los empresarios de Albox han facturado un uno por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado", ha puntualizado el presidente de la mancomunidad, quien han pedido que se agilice la obra, ya que es una "injusticia que se produce desde hace 20 años". El secretario general de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), José Pastor, ha ahondado también en la importancia de esta infraestructura para "optimizar costes" y obtener competitividad en el mercado internacional.
   En relación a la situación actual, ha manifestado que el temporal ha conllevado cortes en varias carreteras que obligan a los transportistas a dar "rodeos" para poder trasladar sus productos, con lo que se han encarecido el precio de los portes que, por otra parte, ya se encontraban pactados. Ante casos como este, ha urgido a terminar "de una vez por todas" la autovía en sus tramos.
   Durante el acto, al que también ha asistido la alcaldesa de Caniles (Granada), María del Pilar Vázquez (PA), y representantes de los empresarios de la comarca, los regidores de Macael, Fines y Olula del Río han rechazado que se trate de hacer "demagogia" con este asunto sino que reclaman "las mismas ventajas competitivas que el resto de España".  
   Por otra parte, el regidor de Alcóntar ha anunciado que a las 17,00 horas de este miércoles la mancomunidad ha convocado una manifestación "pacífica" en el Puente de Carasoles de Zurgena para exigir a la Junta de Andalucía el arreglo de las infraestructuras dañadas por la 'gota fría', ya que muchas de ellas se mantienen cortadas al tráfico de vehículos pesados.
   El manifiesto firmado por 12 alcaldes de Almería, la alcaldesa de Caniles y los representantes sociales y empresariales del Valle del Almanzora expone que la paralización de la Autovía del Almanzora supone un "ahogo social y económico" para la zona, de manera que "continuar con la incertidumbre" sobre la finalización de la vía implica "sumir al territorio en un periodo de recesión, que no solo impide la revitalización presente, sino que compromete el futuro de nuestros pueblos".
   Igualmente, apuntan que la paralización de la autovía hace "imposible" el desarrollo del sector turístico y la dejaría en situación "inacabada" con la existencia de "tramos en mal estado y peligrosos". Asimismo, indican la "tardanza" que supone para los vecinos del Valle del Almanzora desplazarse hasta el Hospital de Huércal-Overa, con intervalos de hasta 60 minutos pese a que "está relativamente cerca".

Cajamar y Ruralcaja culminan la fusión

ALMERÍA.- Los presidentes de Ruralcaja, Eduardo Ferrer Perales, y de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, han suscrito la escritura de fusión de ambas entidades, lo que da conclusión al proceso legal aprobado en enero por las asambleas generales y supone el paso previo para que la fusión tenga efectos a mediados de noviembre tras la inscripción en el registro. 

   Según ha informado Cajamar en un comunicado, a partir de ese momento iniciará su andadura la nueva entidad resultante del proceso de fusión, y un mes más tarde, en la segunda quincena de diciembre, quedará asimismo constituido el nuevo Grupo Cajas Rurales Unidas al que ya han aprobado su integración otras 23 cajas rurales españolas.
   La operación se ha demorado cinco meses sobre el calendario inicialmente previsto para adaptar el proceso de fusión a las exigencias y condicionantes establecidos como consecuencia de la posterior entrada en vigor en febrero y mayo de los reales decretos-leyes sobre saneamiento del sector financiero, en julio del memorando de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera y en agosto del real decreto-ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
   El presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, ha manifestado que la fusión de Cajamar y de Ruralcaja es la iniciativa "de mayor calado y significación" de las llevadas a cabo hasta ahora en el sector de las cooperativas de crédito, puesto que supone la unión de la "primera y la segunda" cajas rurales españolas, y a su vez propicia la unión de los dos grupos financieros cooperativos de mayor tamaño y volumen.
   La operación, según ha añadido, contribuirá a fortalecer el sector cooperativo de crédito en España "impulsando entidades más eficientes y competitivas, que contribuirán a garantizar el futuro de nuestro modelo, basado en la proximidad, la calidad del servicio y el apoyo a los sectores productivos locales".
   Por su parte, el presidente de Ruralcaja, Eduardo Ferrer, ha señalado que el proceso supone participar en una operación de "gran relevancia para crear una entidad capaz de hacer frente a las cambiantes exigencias y condicionantes regulatorias para el sector financiero y cumplirlas con eficacia".
   Asimismo ha destacado que se trata de una operación que "garantiza la continuidad de nuestro legado histórico de cooperativa de crédito valenciana" en una entidad de nueva creación, de ámbito nacional, "que seguirá atendiendo y dando respuesta a nuestros socios y clientes".
   Ruralcaja, constituida en 1946 como Cooperativa de Crédito Caja Rural Provincial de Valencia, aporta 433 oficinas, 1.861 empleados, 222.000 socios y 830.000 clientes, 14.655 millones de euros de negocio gestionado y activos por importe de 9.185 millones. Se trata de la tercera caja rural valenciana, después de Caja Campo y de Caja Rural Castellón, que se fusiona con Cajamar Caja Rural.
   Por su parte, Cajamar Caja Rural, a 30 de junio, cuenta con 964 oficinas y 4.521 empleados, más de 837.000 socios y 2,5 millones de clientes, 55.771 millones de euros de negocio gestionado y activos por importe de 32.999 millones. Es la primera cooperativa de crédito española, con un coeficiente de solvencia del 14,41 % y un ratio de capital principal del 14,10 % muy por encima de lo exigido en el real decreto de medidas de reforzamiento del sistema financiero español.
   Desde hace años, tanto Cajamar Caja Rural como Ruralcaja han venido planteando la necesidad de constituir cajas rurales con más tamaño para fortalecer y hacer más eficiente y competitivo el sector de las cooperativas de crédito españolas. A sus proyectos, ya de ámbito nacional, se han unido en los últimos años otras cajas rurales de Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana.      
   Desde el lunes, las 588 oficinas pertenecientes a Ruralcaja, las catorce entidades del Grupo CRM y Caja Rural Castellón comparten la plataforma tecnológica de Cajamar. En las últimas semanas más de 1,1 millones de clientes han sido informados de todos los detalles relativos a este proceso de integración de los sistemas informáticos, que a partir de ahora les da acceso a más de 1.600 oficinas y 1.650 cajeros en todo el territorio nacional.
   Para facilitar la implantación de este cambio tecnológico, Cajamar y Ruralcaja han enviado a 120 personas a reforzar durante dos semanas todas las sucursales del Grupo CRM y de Caja Rural Castellón. Asimismo, se ha reforzado el centro de atención telefónica a clientes con el fin de que, también a través de este canal, se pueda solucionar cualquier duda. De esta manera se trata de facilitar la adaptación de empleados y clientes al nuevo sistema tecnológico.
   En los próximos meses se incorporarán también a esta misma plataforma tecnológica Caixa Rural de Vila-real y Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó y Caja Rural de Canarias.