lunes, 24 de septiembre de 2012

La decena de autopistas en riesgo de quiebra supuso una inversión de 5.600 millones


MADRID.- La decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan el riesgo de declararse en quiebra han supuesto una inversión de 5.601 millones de euros a las sociedades concesionarias que se adjudicaron su construcción y posterior gestión, según datos oficiales.

   Se trata de la inversión que los adjudicatarios han realizado en ejecutar las obras, con el fin de, posteriormente, recuperarla mediante el cobro de peaje a los usuarios de las vías durante el plazo en que tienen encomendada su explotación.
   No obstante, el sobrecoste que afrontaron por los terrenos que expropiaron para la construcción de las autopistas y la abrupta caída de tráfico que registran en los últimos años, consecuencia de la crisis, ha desequilibrado las cuentas de sus concesionarias e impide que puedan afrontar el pago de las deudas, que rondan los 3.000 millones.
   De la decena de las sociedades concesionarias de autopistas que se encuentra en esta situación, cuatro ya se han acogido a procesos concursales.
   La Madrid-Toledo y la R-4 Madrid-Ocaña han solicitado el concurso, y la Cartagena-Vera y las radiales de Madrid R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, el preconcurso.
   Estas cuatro sociedades, que suman un pasivo de 2.171 millones de euros, realizaron una inversión en la construcción y puesta en marcha de las vías de 3.338 millones de euros. En todos los casos, se trata de autopistas que entraron en servicio en los últimos años.
   La Madrid-Toledo, de 71,5 kilómetros y participada por Isolux Corsán, Comsa, Sando, Azvi y el Banco Espirito Santo, supuso una inversión de 407,5 millones de euros, y se ha declarado en concurso con un pasivo de 380 millones. En el primer trimestre de este año registró 1.639 usuarios diarios, un 15,6% menos que un año antes.
   La otra vía en concurso, la R-4 (Madrid-Ocaña) requirió una inversión de 1.079,3 millones de euros y ha solicitado el concurso con una deuda de 575 millones. Está participada por Ferrovial, Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha y en los tres primeros meses contabilizó 4.555 usuarios al día, un 10,6% menos.
   En cuanto a las también radiales R-3 y R-5, ambas de la concesionaria Accesos de Madrid, supusieron una inversión de 1.118,95 millones y actualmente se encuentran en preconcurso con un pasivo de 666 millones. Participada por Abertis, Sacyr, ACS y la antigua Caja Madrid, sufrieron un descenso de tráficos del 15,3% y el 16,2% respectivamente hasta marzo.
   Por su parte, la autopista Cartagena-Vera, en la que se invirtió 732,19 millones, también está en preconcurso, con una deuda de 550 millones y en el primer trimestre del año registró una media diaria de 2.396 usuarios, un 6% menos. Sus socios son Globalvía (grupo de concesiones de FCC y Bankia), Ploder, Cajamurcia (actualmente integrada en Banco Mare Nostrum), Unicaja (Ceiss) y CAM (Banco Sabadell).

El fiscal pide sobreseer la causa por cohecho contra exalcalde de Ohanes al haber prescrito el delito

ALMERÍA.- La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional del procedimiento penal abierto contra el exalcalde socialista de Ohanes Juan Francisco Sierra al considerar que, si bien ha quedado acreditado que recibió 30.000 euros por parte de un empresario a cambio de la concesión de una licencia de primera ocupación, el delito de cohecho ha prescrito.

   El Ministerio Público interesa, asimismo, el sobreseimiento de la causa contra el citado promotor, Modesto O.L., quien interpuso en diciembre una denuncia ante la Fiscalía y aportó una grabación de video en la que este y el entonces regidor formalizan la entrega de un fajo de billetes al tiempo que se escucha al empresario decirle "Juanico, no digo na', en tus manos me encomiendo".
   El escrito indica que estos hechos han quedado "acreditados" y constituyen un delito de cohecho por el que el juez instructor ordenó incoar procedimiento por tribunal de jurado aunque remarca que estaría prescrito ya que pasaron tres años desde su comisión, en mayo de 2005, hasta su denuncia en diciembre de 2008.
   La fiscal hace referencia a un segundo episodio incluido en una ampliación de denuncia que realizó en sede judicial Modesto O.L. por el que el exalcalde le solicitó comprar, a cambio de otra concesión de licencia de primera ocupación, una vivienda a "un precio muy inferior a la que se ofertaba".
   "Queda constancia de ese contrato de compraventa fechado en 2006 por 63.130 euros cuando otras de iguales características eran vendidas a 96.013,24 euros si bien --añade-- hay que hacer constar que Juan Francisco Sierra finalmente anuló el contrato y no adquirió la citada vivienda".
   Al hilo de esto, el Ministerio Público rechaza que se dé un delito continuado de cohecho, que sí hubiera permitido continuar el procedimiento penal, al estimar que "no existe prueba contundente" de que se produjese, en diciembre de 2006, una segunda entrega de 30.000 euros que también fue denunciada por el promotor inmobiliario imputado.
   Según recoge el escrito, la "única prueba" en este punto es la declaración que prestó el propio Modesto O.L., quien aseguró que el exregidor le pidió esa cantidad "porque tenía que dársela a su pareja" y un reintegro bancario por valor de 26.800 euros que su socio en la empresa apuntó a que podría corresponder "al pago de trabajos realizados" y datado un mes antes de la fecha aportada por el denunciante.
   La fiscal desestima, asimismo, que exista un delito de coacciones por parte de Juan Francisco Sierra ya que, en la toma de declaración a los cuatro testigos referenciados por el empresario, "ninguno dio datos de los hechos ocurridos en el pleno del Ayuntamiento de Ohanes el 20 de octubre de 2008".
   El ex regidor socialista presentó su dimisión el 12 de enero de 2008 tras acceder a la Alcaldía de este pequeño municipio en 2003. La grabación de audio y video fue difundida a través de los medios de comunicación y en ella se veía a los dos implicados intercambiando un fajo de billetes con 30.000 euros después de referirse en términos despectivos a una tercera persona del género femenino.
   Tras el recuento del dinero, la conversación entre ambos continúa y el promotor inmobiliario le advierte de que el resto, al parecer otros 30.000 euros, se lo dará "cuando ya acabemos". En esta línea, y ante las insistentes preguntas de su interlocutor que cuestiona la validez del trato ya que no hay nada firmado, Sierra le tranquiliza y le asegura que puede "confiar en él". 
"Palabra, vete tranquilo. Problemas no va a haber", afirma, aunque matiza que para él "también es muy desagradable pero es que no tengo salida", justifica.

El Ayuntamiento de Almería ha de elaborar un plan de descontaminación visual para el cableado del casco histórico

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deportes de Almería, ha señalado que va a dirigir un escrito al Ayuntamiento de la capital para instarle a eliminar el cableado visible del conjunto histórico de la ciudad y elaborar un plan de descontaminación visual "ahora que se está modificando el PGOU". 

   Según ha explicado la Administración andaluza, aún hay cableado aéreo y en las fachadas de las viviendas del casco histórico pese a que la normativa vigente, tanto en el ámbito municipal como en el marco autonómico, establece restricciones a su instalación al descubierto.
   Ante esto, desde la Junta se ha explicado que ha habido conversaciones con el Ayuntamiento, desde donde se ha acordado con las compañías eléctricas y de telefonía, entre otras, un plan en el que el Consistorio prepararía las infraestructuras necesarias y cada compañía asumiría el coste del soterramiento de su cableado.
   "Hasta ahora el Ayuntamiento está soterrando el cableado aéreo municipal, si bien habrá que acometer el de las fachadas", apuntan desde el Gobierno andaluz, donde reconocen el "complejo" proceso que conlleva. No obstante, en la calle Cubo se ha soterrado ya el cableado del alumbrado público, que es competencia municipal, pero no el de telefonía, "que tendrían que hacerlo las distintas compañías".
   En este sentido, cabe recordar que el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación de la empresa Cableuropa SAU contra una orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en la que se desautorizó la instalación de cableado en las fachadas de los inmuebles que se encuentran en el Conjunto Histórico de Almería y se ordenó retirar todos los tendidos de cableado y armarios de registro ya instalados a fin de recuperar "el carácter y ambiente propio" de este espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).