martes, 4 de septiembre de 2012

Los médicos no serán sancionados por atender a los 'sin papeles'

MADRID.- El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha asegurado que tienen el compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de que ningún profesional sanitario podrá ser penalizado o sancionado por atender a los inmigrantes en situación irregular que, desde septiembre, han perdido su derecho a tener tarjeta sanitaria.

   "A los médicos, y así me lo ha confirmado la ministra, deben dejarnos en paz para que hagamos lo que debamos hacer con cada paciente que se nos ponga delante", según lo ha confirmado durante la presentación de la campaña 2012 de Prevención de las Dolencias de la Espalda en los Escolares organizada en colaboración con la Fundación Kovacs.
   Y es que, con la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del nuevo sistema de aseguramiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, los médicos tenían "dudas" sobre si podrían atender a todos sus pacientes, incluidos los 'sin papeles', o a estos sólo se les atendería previo pago del coste de su atención.
   Sin embargo, como ha reconocido Rodríguez Sendín, estas dudas se han disipado después de que el departamento de Ana Mato les haya confirmado que podrán seguir atendiendo a todos sus pacientes y "no se va a castigar a nadie administrativamente" cuando atiendan a un irregular.
   "Nos han dicho que el médico va a hacer lo que debe de hacer y nadie le va a poner ninguna traba, y eso debemos celebrarlo", precisando que no habrá sanción siempre que la actuación profesional "se derive de unas obligaciones deontológicas".
   A partir de ahí, ha añadido, "se cobrará o no se cobrará, pero eso ya no es una cuestión nuestra. Nuestro problema es que nadie deje de estar atendido".
 "Creo que lo hemos logrado, ahora vamos a ver cuál es el resultado de aplicación y qué hacen las comunidades", según el presidente de la OMC.
   En este sentido, ha reconocido que el proceder dispar que están adoptando las comunidades obedece a que "están en diferentes momentos electorales", al tiempo que también ha pedido a los partidos políticos que "con cosas tan gordas como éstas se juegue lo justo".
   No obstante, Rodríguez Sendín ha advertido que aún hay temas que no se han clarificado, como la adquisición de medicamentos por parte de los inmigrantes irregulares u otros colectivos que no tengan tarjeta sanitaria.
   "Sí que me preocupa qué va a pasar con los medicamentos, cómo se les darán los medicamentos esenciales a los inmigrantes, pero también los drogadictos y mucha más gente. En los próximos años nos vamos a tener que preocupar por la gestión de la desigualdad", ha lamentado.
   En principio, el presidente de la OMC apuesta por que "se hará como se hacía antes". 
"Habrá médicos que echarán mano de medicamentos alternativos o de medicinas que tienen en los centros y, si somos sensatos, hay un montón de medicinas esenciales que son muy económicas y con las que prácticamente se atienden todos los problemas", ha insistido.

Bruselas recuerda a España que las expulsiones masivas son ilegales

BRUSELAS.- La Comisión Europea analizará la evacuación de un grupo de 83 subsaharianos, expulsados esta madrugada de la isla Tierra, donde llegaron el domingo por la mañana. El portavoz de la Comisión, Michele Cercone, ha dicho que «Bruselas está siguiendo los acontecimientos y, si se considera que no se han respetado todos los principios del derecho internacional, se pedirán más detalles a las autoridades».
 
Bruselas, ha dicho el portavoz, ha recordado «a España, como al resto de países, que se deben respetar los principios y obligaciones del derecho internacional, como el principio de no devolución», que impide las expulsiones masivas sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada persona y sus opciones al asilo.
De los 83 inmigrantes desalojados por la Guardia Civil de la Isla Tierra, 73 han sido entregados a la gendarmería marroquí. España ha acogido a otros 10 inmigrantes, dos mujeres y ocho niños, según el acuerdo alcanzado entre España y Marruecos.
Siete de esos menores y las dos madres han sido trasladados a Melilla, donde han ingresado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en dos centros de acogida dependientes de la ciudad autónoma, tras ser sometidos a un reconocimiento médico.
Solo uno de ellos, de unos 15 años, que padece diabetes, permanece ingresado en el Hospital Comarcal de Melilla debido al tratamiento con insulina que necesita.
El Gobierno español ha destacado el «éxito» del desalojo llevado a cabo por la guardia civil y da por reconducida una situación «anómala». Varias ONG consideran «ilegal» la entrega a Marruecos de 73 de los evacuados. Las ONG Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Ellin y la Federación SOS Racismo han firmado un manifiesto en el que aseguran que no se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería al entregar a la gendarmería marroquí a la mayoría de los inmigrantes. Estas asociaciones han criticado que se haya resuelto de forma colectiva la suerte de los inmigrantes evacuados cuando la norma obliga a estudiar caso por caso de forma individual. «No se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo y han sido entregadas a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes», señala el documento.
Por su parte el secretario de Ciudades y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, de visita en Melilla, ha manifestado que su partido no va a pedir «bravuconadas» ni va a hacer reproches al Ejecutivo en esta materia, como sí hicieron los populares con el anterior Gobierno socialista.
Según ha dicho, el PSOE respaldará al Gobierno para que mantenga una relación de coordinación y cooperación con Marruecos que ayude a un mejor control de los flujos migratorios, así como para que se dé un trato humanitario a los inmigrantes que están llegando a España.

Canal Sur Televisión suprime su segundo canal para ahorrar costes

SEVILLA.- El segundo canal de la Radio Televisión Andaluza desaparecerá, tal y como ha anunciado la cadena pública andaluza a través de su director general, Pablo Carrasco. 

A partir de ahora, la programación de Canal Sur 2 será la del primer canal pero con subtítulos y lenguaje de signos. Carrasco asegura que esta decisión permitirá reducir en un 20% los gastos a final de 2013 y que no supondrá un recorte de plantilla porque "hay muy poco personal adscrito solamente a Canal Sur 2". De hecho, asegura que "precisamente" se toma esta medida para asegurar el mantenimiento de estos puestos de trabajo. Actualmente, Canal Sur cuenta con una plantilla algo inferior a los 1.600 empleados.
Por otro lado, Carrasco ha destacado que Canal Sur será la única cadena de televisión en España totalmente accesible, al atender la demanda de colectivos de personas con discapacidad sensorial.
Pero el optimismo de Carrasco no es compartido por los grupos políticos, especialmente de la oposición. Desde el PP, uno de sus diputados, Miguel Contreras, ha lamentado la decisión porque "no escucha ni tiene en cuenta la propuesta d elos trabajadores". 
Por parte de IU, su portavoz, Rosalía Martín, cuestiona la decisión porque debía de ser "consensuada". El PSOE confía en que la decisión sea "coyuntural" y que Canal Sur 2 pueda "retomar" su programación cuando mejore la situación económica, tal y como ha reconocido la parlamentaria socialista Marisa Bustinduy.
Carrasco ha dibujado un panorama sombrío en lo económico para la Radio Televisión Andaluza, cuyo déficit en julio alcanzaba los 34,3 millones de euros frente a la previsión de 30,6 que tenían para este año. Aún así, cree que se pueden reducir los gastos en 60 millones de euros respecto al anterior ejercicio, siempre que se mantengan las previsiones.

La AP - APAL en contra de los despidos en "Diario de Almería" del Grupo Joly

ALMERÍA.- La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), en un comunicado difundido esta tarde, se muestra en contra de los despidos en Diario de Almería del Grupo Joly, comunicados esta misma mañana. La decisión se extiende a cinco trabajadores de plantilla; a los corresponsales y a algunos empleados que verán reducido su sueldo. La AP-APAL muestra su rechazo y, a la vez, se solidariza con todos los afectados por estas drásticas medidas de la empresa editora. La FAAP, Colegio de Periodistas de Andalucía y Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), también han denunciado los despidos en el grupo empresarial Joly.

El comunicado difundido por la AP-APAL dice lo siguiente:

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) denuncia y muestra su rechazo ante los despidos llevados a cabo en Diario de Almería, periódico provincial del Grupo Joly. La decisión empresarial afecta a todos los departamentos y deja sin trabajo a cinco profesionales: dos de redacción, fotógrafo, uno de los responsables de maquetar y personal de administración. Esta situación se agrava aún más ya que prescinde de los servicios de los corresponsales y merma las condiciones laborales de otros trabajadores, a los que se les ha informado de una bajada de sueldo.

La AP-APAL da su apoyo y solidaridad a todos los afectados: tanto a los despedidos como a los compañeros que continuarán trabajando tras una decisión que, sin duda, afectará el desarrollo de su labor.

La organización de periodistas considera inadmisible este ataque contra la libertad de expresión ya que los despidos, reducción de condiciones y falta de personal redunda negativamente en la calidad de la información y va en contra de un principio constitucional como es el derecho a recibir una información veraz.

La AP-APAL hace un llamamiento a Diario de Almería, Grupo Joly y empresas del sector para que valoren, mediten y negocien este tipo de decisiones agotando todas las vías antes de adoptar estas medidas tan drásticas y, dado el caso, les instan a que cumplan escrupulosamente con los derechos de los empleados, respetando la legalidad vigente. Además pide a empresas, administraciones públicas y ciudadanía en general, un mayor compromiso para dignificar una profesión indispensable en democracia pero amenazada y en declive. Recordamos a editores, directores y departamentos comerciales que vender barata la credibilidad de los medios al final tiene estas consecuencias.

Diario de Almería, fundado el 11 de noviembre de 2007, es uno de los nueve periódicos que pertenecen a Joly, primer grupo editorial andaluz que en los últimos días ha realizado dos expedientes de regulación empleo en sus cabeceras de Málaga y Granada, dejando en la calle a 25 personas, a los que ahora se suman los despidos en Almería.

Según el Observatorio de la Crisis de la FAPE, desde noviembre de 2008 las empresas periodísticas españolas han prescindido de 7.823 trabajadores en los últimos cuatro años. Un 18 % de esta cifra corresponde a Andalucía.

Comunicado de prensa de la AP-APAL

FAAP Y COLEGIO DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA: Nuevos despidos de trabajadores en varias cabeceras del Grupo Joly

La Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (FAAP) y la Comisión Gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía lamentan y rechazan los despidos de trabajadores de "Granada Hoy", "Málaga Hoy" y "Diario de Almería", cabeceras del Grupo Joly. En el caso de Granada, además la situación se agrava porque la plantilla queda reducida a 10 personas, 5 de las cuales cuentan con reducción de jornada. El ERE anunciado por el Grupo Joly, también afecta a "Málaga Hoy", periódico en el que se han despedido a otros 10 trabajadores de la plantilla. Y hoy, también se han producido situaciónes semejantes en "Diario de Almería". Es posible, que en los próximos días, se ocurra lo mismo en Córdoba.

La FAAP y el Colegio de Periodistas de Andalucía manifiesta su apoyo y solidaridad con todos los afectados, al mismo tiempo que recuerda a empresas y administraciones públicas que SIN PERIODISTAS NO HAY PERIODISMO.

Los recortes, la falta de personal y los cierres de medios de comunicación dificultan el trabajo de los periodistas y merman la calidad informativa que se ofrece a la ciudadanía.

El Grupo Joly, enraizado en Andalucía donde ofrece nueve cabeceras, despidió a 39 trabajadores de los diarios "El Día de Córdoba", "Málaga Hoy" y "Granada Hoy" en 2009 y desde entonces no había vuelto a ejecutar recortes.

Según datos del Observatorio de la Crisis de la FAPE, que contabiliza la destrucción de empleo en el sector de los medios de comunicación desde noviembre de 2008, las empresas periodísticas españolas han prescindido de 7.823 trabajadores en los últimos cuatro años. Un 18 % de esta cifra corresponde a Andalucía.

SPA: Condena los EREs de Joly y reclama soluciones alternativas a los despidos

El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) lamenta profundamente y condena la forma en que el Grupo Joly ha puesto en marcha los expedientes de regulación de empleo en sus cabeceras de Málaga Hoy, Diario de Almería y Granada Hoy, y que supondrán el despido de 30 trabajadores (16 en Granada, 5 en Almería y 10 en Málaga). 

Una medida que dejará reducidas a la mitad ambas plantillas, que ya habían sufrido con anterioridad drásticas reducciones de personal, en el caso de Málaga y Granada. Desde el SPA creemos que se trata de una política de personal errónea, que supone una fuga de talento y deja las redacciones diezmadas, con escasas posibilidades de competir en el mercado con un producto informativo digno.

Desde el SPA emplazamos a la dirección del grupo a que en la tramitación de ambos EREs negocie con la representación de sus trabajadores la adopción de otras medidas existentes en nuestra legislación laboral, que eviten la desvinculación de los profesionales de la empresa y que sus profesionales pasen a engrosar las listas del paro.

Pese a que en las listas de despedidos hechas públicas se han seguido los criterios que contempla la Ley de Igualdad, llama la atención el hecho de que la empresa plantee una lista cerrada de despidos antes de haber tenido la primera reunión con los representantes de los trabajadores, lo que evidencia una escasa o nula disposición a negociar.

El Sindicato de Periodistas de Andalucía quiere mostrar su solidaridad y apoyo a todos los profesionales de ambos medios, a la vez que alienta al grupo a la búsqueda de un plan de negocio y nuevos mercados que permitan salir de la crisis.

El Grupo Joly ya realizó en 2009 un Expediente de Regulación de Empleo que junto a no renovaciones afectó a 29 trabajadores de las cabeceras de Córdoba, Granada y Málaga. Fundado en 1867, tiene nueve periódicos locales, creados todos a partir de la cabecera matriz, el Diario de Cádiz. Con 100.000 ejemplares de venta diaria y 500.000 lectores, Joly constituye el primer grupo editorial andaluz.

FAPE: Sangría sin sutura

Según recoge la FAPE en su página web, el Observatorio de la Crisis de la FAPE registra la destrucción de 7.823 puestos de trabajo periodísticos en los últimos cuatro años, sin contabilizar aún el ERE anunciado hoy por PRISA y que afectará a 140 trabajadores

Suma y sigue. La sangría en los medios de comunicación españoles no tiene sutura.

El Grupo Joly anunció el 31 de agosto pasado que presentará un ERE en el diario Granada Hoy, con diez años de presencia en los quioscos, que dejará en la calle a 15 de sus 32 trabajadores. Hoy, en Diario de Almería, con una plantilla de 21 trabajadores han despedido a cinco, además de prescindir de los corresponsales.

En cifras del Observatorio de la Crisis de la FAPE, que contabiliza la destrucción empleo en el sector de los medios de comunicación desde noviembre de 2008, las empresas periodísticas españolas han prescindido de 7.823 trabajadores en los cuatro últimos años.

El Grupo Joly, enraizado en Andalucía donde ofrece nueve cabeceras (Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga hoy y Diario de Almería), despidió a 39 trabajadores de los diarios El Día de Córdoba, Málaga Hoy y Granada Hoy en 2009 y desde entonces no había vuelto a ejecutar recortes.

Fuentes de los trabajadores aventuran una sucesión de EREs, tras el presentado en Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de Almería, en todas las cabeceras del Grupo.

De acuerdo con una información publicada hoy por Voz Pópuli, PRISA ha presentado ayer lunes un expediente de regulación de empleo que supondrá que 140 trabajadores del grupo serán despedidos con indemnizaciones de 20 días por año trabajado, según las condiciones presentadas por el departamento de Recursos Humanos de la mano de los servicios jurídicos de KPMG y Coll.  

La compañía despedirá a profesionales del diario Cinco Días, Brand Solutions, la división de revistas y el área corporativa del grupo. La firma cotizada cuenta con la asesoría jurídica y laboral de KPMG y Coll para llevar a cabo un proceso de negociación con los comités de empresa que durará 30 días.

Un Estado moderno / Salvador Sostres *

Rajoy continúa sin hacer lo que tiene que hacer, que es crear las bases de un Estado moderno y verdaderamente útil a sus ciudadanos, y no este insalvable lastre. Sobra el 40% de los funcionarios, pero no sólo por la crisis, sino porque un Estado no puede ser esta demencial maquinaria de burócratas. Ni los maestros ni los médicos tienen que ser funcionarios, ni que la Sanidad y la Educación sean servicios universales significa que la red que los provee tenga que ser pública. Sobran 15 autonomías, con sus 15 parlamentos y sus 15.000 cargos duplicados. 

La paga extra de los funcionarios, que según Rajoy se ha suprimido de forma temporal, tiene que suprimirse para siempre y como concepto, porque nadie tiene que recibir nada extra por realizar bien su trabajo; y tiene, en cambio, que poder ser despedido si su rendimiento no es satisfactorio. Del mismo modo, la prestación por desempleo no sólo tiene que reducirse a siete meses, sino que tendría que quedar como un mero cojín de emergencia -uno o dos meses para parar el golpe- y que ir al paro no fuera una opción como lo ha sido hasta ahora para muchos caraduras, que trabajaban lo mínimo para poderse pasar luego largas temporadas cobrando del Estado sin hacer nada. 

Las subvenciones anulan la voluntad, el esfuerzo y la tensión que nos hacen vivir despiertos y aprovechar cada oportunidad como si fuera la única. Cuando perder el empleo no sea visto por tantos gandules como una ocasión de tomarse un descanso pagado, y todos tengan claro que sin su trabajo no son nada, tal vez lo cuiden con más responsabilidad y menos días personales, y entonces seremos una sociedad mucho más dinámica y competitiva. 

Hay que eliminar también el concepto de las vacaciones pagadas, y que nadie vuelva a creer nunca más que va a cobrar sin trabajar. Es justo que nos paguen por nuestro trabajo, pero si tenemos la ocurrencia de querer vacaciones, que sea por nuestra cuenta (y, sobre todo, riesgo, tal como están las cosas). 

He de decir igualmente que me sorprende escuchar tantas voces preocupadas por la crisis, y tantos discursos sobre la solidaridad, y que ningún trabajador haya tenido el gesto de renunciar a sus vacaciones para arrimar el hombro y emplearse a fondo en el propósito de ayudar a su empresa y de proteger su puesto de trabajo. Cuando en septiembre te encuentres en la calle, no digas que no te lo esperabas y pregúntate si hiciste algo para salvarte. Estoy harto de los que tantos discursos dan sobre la solidaridad sin que nadie vaya nunca a reclamársela. 

Tampoco es suficiente reducir un 20% las subvenciones a partidos políticos y sindicatos. Tanto unos como otros tendrían que vivir de las cuotas de sus militantes y afiliados, y de las contribuciones privadas que recibieran. Si no hay suficientes afiliados para mantener a los sindicatos es porque ya no representan a nadie, ni defienden a nadie más que a sus cuadros de secretarios, agitadores profesionales y liberados. Ésta es la única verdad de unos sindicatos que viven fuera de la realidad y que son contrarios a la prosperidad. 

No se trata sólo de ahorrar, sino de establecer un nuevo contrato entre el Estado y el ciudadano basado en la libertad y en la iniciativa personal, en nuestras cualidades de hombres y nuestra misión de desarrollarlas. Se trata de aceptar el reto, de recuperar el espíritu explorador y el sentido del honor, de alzarnos y de alargar los dedos hasta tocar la cara de Dios. 

(*) Columnista de El Mundo

Andalucía pide un anticipo de 1.000 millones y Hacienda le remite al fondo de rescate

MADRID.- La consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que el Gobierno andaluz ha pedido al Ejecutivo central un anticipo de mil millones de euros a cuenta de su participación en los ingresos del Estado por impuestos, mientras valora si se acoge o no al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Fuentes de Hacienda han insistido en que todas las peticiones en ese sentido deben articularse a partir de ahora a través de ese fondo de rescate.

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha argumentado: "Mientras el Gobierno de España procede a la definición de cuáles son las condiciones en las que las comunidades autónomas se acogerán al FLA, y visto que otras comunidades autónomas lo están solicitando, como Gobierno andaluz hemos solicitado este anticipo porque necesitamos liquidez".
Este lunes, Cataluña ha señalado que necesitará un anticipo si el fondo, cuya petición formal ha realizado ya, no se activa antes de finales de mes. La Comunida Valenciana, al tiempo que elevaba el pasado jueves su petición al fondo, también pidió un anticipo. La concesión de esos préstamos del FLA implicará una "altísima condicionalidad" política y económica, según el propio Gobierno.
La consejera andaluza ha puesto como ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana, según la cual el pasado mes de junio recibió en torno a 300 millones de euros bajo similar concepto de anticipo.
Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha señalado, ya por la tarde, que la petición de un anticipo a cuenta de su participación en los ingresos del Estado es un derecho de las comunidades autónomas y, por ello, espera que no se produzca discriminación en este asunto.
Griñán ha asegurado en una entrevista en la Ser, a la que cita Efe, que la petición del anticipo forma parte de la "dinámica normal y corriente" y que este dinero no se empleará en pagar deudas "asumidas indebidamente", sino que es consecuencia de los problemas de tesorería que también tiene el Estado y todo el sector público.
En esa fecha todavía no se había aprobado el FLA, que se creó mediante decreto el 13 de julio y sigue aún pendiente de desarrollar.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado a RTVE.es que el fondo se pondrá en marcha en pocas semanas y que a partir de ahora peticiones de liquidez como las anteriores se articularán a través de ese mecanismo. También han señalado que no han recibido ninguna petición de Andalucía en las últimas horas; aunque indirectamente están instando a esa comunidad a pedir el rescate
La Junta parece ser consciente también de ese problema con los tiempos de su solicitud y plantea un agravio comparativo en esos términos. Díaz ha dicho que Andalucía tiene derecho al anticipo "al igual que la inmensa mayoría de las comunidades lo han hecho meses atrás". Desea que a la región también se le conceda. "Aún no tenemos respuesta del Gobierno, pero esperamos que sea favorable igual que a otras comunidades como a Cataluña o a la Comunidad Valenciana", ha apostillado.
La consejera también ha calcado un argumento usado por el Ejecutivo central para no concretar si pedirá o no un rescate a la UE (en este caso el segundo). Díaz ha dicho que "no ha descartado en ningún momento" la ayuda, pero que no tomará una decisión hasta que el Ejecutivo central no aclare las condiciones de este fondo, a lo que le ha urgido.
Por su parte, Griñán ha defendido la necesidad de una conferencia de presidentes para acordar las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que en su opinión no puede ser "una carrera para llegar antes", y ha asegurado que Andalucía no decidirá si lo pide hasta que no sepa cómo se va a desarrollar.

COAG alerta de "pérdidas importantes" en cítricos y lechuga, y de "destrozos" en invernaderos por el temporal

ALMERÍA.- COAG-Almería ha indicado que el temporal de lluvia, viento y granizo que dejó el pasado viernes precipitaciones de hasta 70 litros por metro cuadrado en la comarca del Levante ha ocasionado "pérdidas importantes" en cultivos al aire libre de lechuga y cítricos mientras que ha arrasado invernaderos, causando daños tanto en el fruto como en la estructura.

   En un comunicado, la patronal agraria ha calificado de "dura" la tormenta y ha puesto como ejemplo de su virulencia el derribo de "árboles centenarios" en el municipio de Pulpí. Al tiempo, ha señalado que agricultores de esta zona ya han solicitado información sobre cómo solicitar deducciones fiscales individuales por los destrozos
   Al hilo de esto, COAG ha apuntado que la "única alternativa, más aún teniendo en cuenta la situación de crisis" son los seguros agrarios y ha instado al sector a tomar conciencia y "no dejar la contratación del seguro para la próxima campaña o para más adelante porque la climatología es cambiante e imprevisible y tormentas de este tipo o tornados pueden arruinar la cosecha".
   Ha recordado que la contratación del seguro de cultivos bajo cubierta todavía está abierta; en el caso del tomate hasta el 31 de octubre, y hasta el 30 de septiembre para el resto de cultivos y ha recomendado a los agricultores pasar por su oficina más cercana e informarse de los beneficios y coberturas de la contratación de los seguros agrarios.

Oficina de daños en Pulpí

El Ayuntamiento de Pulpí abrió este lunes una oficina en dependencias municipales para recoger las demandas y consultas de los vecinos cuyas propiedades resultaron dañadas por el temporal de viento, lluvia y granizo que dejó el viernes precipitaciones de 70 litros por metro cuadrado en tal solo 45 minutos.
   Esta oficina está abierta en la primera planta del Ayuntamiento Pulpileño, desde primera hora de la mañana, y atendida por técnicos municipales que recogen las peticiones de los vecinos.
   Por este motivo, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha solicitado a los vecinos que se hayan visto afectados por esta tormenta que presenten y acrediten sus solicitudes para con posterioridad evaluar los daños ocasionados y solicitar a las diferentes administraciones las medidas y ayudas necesarias.
   La tormenta, acompañada de un gran aparato eléctrico y sonoro, hizo desaparecer el 50 por ciento del techo cubierto del pabellón municipal 'La Legua' y ocasionó estragos en el recién construido cuartel de la Guardia Civil, que ha perdido parte de la valla de su contorno.
   Entre las instalaciones públicas afectadas está, asimismo, la piscina municipal cubierta que ha visto volar uno de sus ventanales y la caída de una de sus tapias de contorno y el sótano del edificio del Ayuntamiento que sirve de archivo, por lo que los funcionarios se afanaron hoy en su limpieza.
   Según ha trasladado el Consistorio, la zona más afectada, situada en las inmediaciones de la calle Antas, ha registrado anegaciones de sótanos, donde el el nivel del agua ha llegado hasta el metro y medio, afectando seriamente a los vehículos y enseres que allí se encontraban.
   Las explotaciones agrícolas han sufrido un importante revés en los 45 minutos de viento, hielo y lluvia. Así, las plantas, frutos  e infraestructuras de los invernaderos "se han visto seriamente dañadas, existiendo casos en los que se puede decir que el invernadero ha desaparecido". También han sido varias las explotaciones ganaderas de porcino que se han visto afectadas al levantarse las cubiertas de sus naves.

España y Marruecos se repartirán a los inmigrantes subsaharianos de Isla de Tierra

MADRID.- España y Marruecos se repartirán a los casi 90 inmigrantes subsaharianos que desde el pasado 29 de agosto se han ido instalando en Isla de Tierra, un islote de soberanía española situado junto a Alhucemas, según el principio de acuerdo alcanzado entre ambos países.

   Este principio de acuerdo incluye el reparto de los inmigrantes entre España y Marruecos aunque sin fijar el porcentaje de ellos que corresponderá a cada país, un aspecto que ha quedado abierto para próximas negociaciones. De esta forma, los inmigrantes tendrán que abandonar el mencionado enclave español.
   Según informaron hoy fuentes gubernamentales, este principio de acuerdo también incluye el compromiso del reino alauita de buscar un sistema de seguridad para evitar que nuevos inmigrantes subsaharianos puedan llegar desde su territorio a Isla de Tierra u otros islotes de soberanía española.
   Las fuentes citadas expresaron su agradecimiento especial al papel que ha jugado en este asunto el rey de Marruecos, Mohamed VI, quien ha intervenido para encontrar una solución al problema.
   Por parte española han participado en las conversaciones para llegar a este principio de acuerdo los ministros del Interior y de Asuntos Exteriores y Cooperación, Jorge Fernández Díaz y José Manuel García-Margallo, quienes han estado en contacto con sus homólogos marroquíes.
   También ha participado en los contactos el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, quien ha estado en contacto con el ministro delegado de Asuntos Exteriores, Youssef Amarani. Asimismo, el cónsul español en Tánger, Arturo Reig, también ha cooperado para la resolución del problema.

Traslado

Diez de los inmigrantes subsaharianos que desde el pasado 29 de agosto se han ido instalando en Isla de Tierra, un islote de soberanía española situado junto a Alhucemas, han sido trasladados la noche de este lunes al cercano Peñón de Alhucemas.
   En concreto, se trata de ocho menores de edad y dos mujeres que han sido evacuados hasta el Peñón de Alhucemas, de soberanía española y donde se encuentra una pequeña guarnición militar, según informaron fuentes gubernamentales.
   Mientras tanto, el resto de subsaharianos que estaban en Isla de Tierra permanecen en este islote a la espera de que se produzcan nuevos movimientos, indicaron las mismas fuentes.
   Los Gobiernos de España y Marruecos han alcanzado un principio de acuerdo para repartirse a los casi 90 inmigrantes subsaharianos de Isla de Tierra, aunque sin fijar el porcentaje de ellos que corresponderá a cada país, un aspecto que ha quedado abierto para próximas negociaciones.

España pide colaboración a Marruecos y la Unión Europea para frenar la avalancha de emigrantes


MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha subrayado la necesidad de encontrar una «solución duradera» con el Gobierno de Marruecos para frenar la inmigración ilegal y evitar situaciones como la llegada masiva de inmigrantes a Melilla y la isla de Tierra. 
 
Durante la madrugada del domingo, se produjeron dos asaltos protagonizados por grupos de inmigrantes En uno de los casos, unos 60 no lograron traspasar la valla fronteriza de Melilla pero, en el otro, un total de 81 personas consiguieron acceder a la isla de Tierra y otros islotes, que se encuentran a pocos metros de territorio marroquí.
El gobierno español cree que estos asaltos forman parte de «una operación coordinada de mafias de tráfico de personas». El ministro de exteriores, García-Margallo, ha afirmado que el Gobierno español ha mantenido conversaciones «desde el primer momento» con Marruecos, con el que tiene una «magnífica relación», para abordar el problema, y lo han hecho con una «cordialidad absoluta».
Ante situaciones como ésta, es necesario «llegar a una solución duradera para que, por vías indirectas, no se frustre el deseo de controlar la inmigración ilegal», ha subrayado el jefe de la diplomacia española, que ha expresado su convencimiento de que el Gobierno español encontrará «una forma de cooperación» con Rabat.
En este contexto, ha destacado que también se debe alcanzar una «solución conjunta» dentro de la Unión Europea puesto que la política de inmigración es una competencia común. «Y estoy seguro de que este asunto formará parte no de la solución de este problema en concreto, sino dentro de un enfoque global en la reunión de alto nivel», ha dicho en referencia al encuentro del mes que viene entre España y Marruecos.
«Se trata de que no nos encontremos con una situación en la que los dos gobiernos somos capaces de controlar la inmigración en Melilla, pero por una operación colateral y paralela de acceso a otros islotes, como Chafarinas, Vélez y Alhucemas, nos encontremos con que una masa de inmigrantes, con un efecto llamada, se encuentran en territorio español», ha explicado el ministro. García-Margallo ha señalado que controlar la inmigración irregular «es algo que a los dos gobiernos les interesa» y que «solo la inmigración legal puede ser integrada en el concepto de la dignidad».
A pesar de que el ministro ha querido resaltar la cooperación entre ambos países, lo cierto es que los desencuentros entre España y Marruecos, quedaron patentes a mediados de julio cuando Madrid decidió enviar a Chafarinas una unidad de la Guardia Civil a lo que Rabat mostró su desaprobación. De hecho el ministro de exteriores marroquí convocó al embajador español para expresarle su desacuerdo con la iniciativa.
30 años después de que las pateras empezaran a llegar a las costas españolas los «sin papeles» han descubierto una vía, corta y relativamente fácil, para entrar en España: los islotes y peñones de soberanía española a lo largo de la costa mediterránea de Marruecos. Lo explicaba en un comunicado la delegación del gobierno en Melilla a mediados de agosto. Desde enero han llegado cinco barcazas con 250 inmigrantes a la isla de Alborán, situada a medio camino entre Melilla y Almería. En el mes de mayo también llegaron a Chafarinas otras seis pateras con 72 inmigrantes.
Estos islotes se encuentra a 300 metros de Marruecos (la isla de Tierra), a 92, la isla del Mar y al Peñón de Vélez, se puede acceder casi a pie. Fueron entregados por el Sultán Muley Abdalá a la corona española en 1560 para que le ayudara a defenderse de las invasiones otomanas. Un regalo envenenado porque su mantenimiento le supone al gobierno español importantes gastos, entre ellos el traslado de vívieres mediante helicópteros para los soldados desplegados en esos islotes. 

También en Melilla

Unos 160 inmigrantes de origen subsahariano han asaltado la valla que separa Melilla de Marruecos la madrugada de este lunes, en dos intentos, por dos zonas distintas del perímetro fronterizo y la inmensa mayoría han sido repelidos por las fuerzas policiales y marroquíes a uno y otro lado de alambrada.
   Según ha informado una portavoz de la Delegación del Gobierno, se estiman que "entre cinco y diez" indocumentados han conseguido acceder a la ciudad española del Norte de África.
   Las avalanchas se han registrado a las 03.30 horas por parte de un centenar de 'sin papeles' y a las 04.00 horas por 60, que fueron avistados por el helicóptero de la Guardia Civil que sobrevuela todas las noches los nueve kilómetros de perímetro fronterizo para dar el aviso de las avalanchas.
   Según la citada fuente, el primer grupo de unas cien personas realizó la intentona de acceder a Melilla por la zona del Río de Oro y en su totalidad fueron rechazados por las fuerzas de seguridad españolas (Guardia Civil y Policía Nacional) y por la policía marroquí. El segundo grupo de 60 inmigrantes llevó a cabo su acción media hora después por las proximidades del puesto fronterizo de Barrio Chino y en este caso, a pesar de la acción conjunta de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, sí lograron sortear la doble valla de seis metros de altura cada una y el control policial "entre cinco y diez inmigrantes".
   El número exacto de indocumentados que han penetrado en suelo español no se conocerá hasta que estos sean localizados o se presenten por sus medios en dependencias policiales. En estos casos se les abre expediente de expulsión en aplicación de la Ley de Extranjería pero mientras se realizan estos trámites, que suelen durar meses y muchas veces no pueden concluir con su repatriación al no ser reconocidos por los países a los que dicen pertenecer, son ingresados en régimen abierto en el centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Se trata de un centro dependiente del Imserso en el que tienen asegurado el alojamiento, la manutención y la asistencia sanitaria.

Vulnerabilidad frente a Marruecos / Ignacio Cembrero

España posee seis islotes (archipiélagos de Chafarinas y Alhucemas), pegados a Marruecos, una pequeña península (Peñón de Vélez y de la Gomera), unida por tierra al país vecino, y otro archipiélago (Alborán), a mitad de camino entre la costa marroquí y la de Almería.

Todos ellos son indefendibles ante una oleada migratoria o una marcha de nacionalistas marroquíes a menos que Rabat eche el resto como lo está haciendo este verano en Melilla.

Cuatro de ellos están deshabitados y otros cuatro cuentan con pequeñas guarniciones militares, tres de ellas dependientes de las Comandancia General de Melilla. Ninguna, excepto Alborán, que forma parte de la provincia de Almería, pertenece administrativamente a Melilla o a Ceuta. Las gobierna el Ministerio de Defensa en colaboración, en el caso de Chafarinas, con la Red de Parques Nacionales.

Los soldados de regulares allí apostados no están preparados para lidiar con la inmigración irregular.

De ahí que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciase el pasado mes de julio, en Melilla, su intención de enviar a las islas Chafarinas a una unidad de guardias civiles, pero la protesta del Gobierno de Rabat le incitó a aplazar sine die su decisión. Tampoco los agentes del instituto armado hubieran podido frenar el desembarco de inmigrantes, sino encauzarlo.

Los islotes no son Ceuta ni Melilla protegidas por una doble verja cuya altura se duplicó en 2005, hasta alcanzar los seis metros, patrullada por la Guardia Civil. No se pueden cercar de alambre ni se disponen de guardias suficientes para custodiarlos de manera permanente.

Aunque en Alborán el goteo empezó hace un par de años, han tenido que transcurrir tres lustros para que los inmigrantes descubran una nueva y fácil vía de acceso a España: peñones e islotes. Desde mayo han llegado cuatro embarcaciones a Alborán, seis a las Chafarinas y tres a los peñones de Alhucemas. Por si no bastase, media docena de nacionalistas marroquíes irrumpieron a pie, el 29 de agosto, en el Peñón de Vélez como mostrando a los subsaharianos otra puerta de entrada.

Los primeros que desembarcaron en Chafarinas y Alhucemas fueron trasladados a Melilla y Almería, pero, desde el 29 de agosto, el Gobierno español intenta evitar el efecto llamada dejando a 13 subsaharianos, desde hace cinco días, en la diminuta Isla de Tierra. El domingo se les añadieron otros 68 que, con su desembarco, invalidan la decisión de bloquearles en el islote.

Solo la colaboración de Marruecos puede sacar al Gobierno de este apuro. Rabat lo sabe muy bien. Es posible que haya querido que Madrid tome conciencia de la vulnerabilidad de sus peñones.