domingo, 29 de julio de 2012

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.
   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.
   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.
   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.
   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.
   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".
   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.
   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".
   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".
 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.
   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.
   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.
    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".
 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".
   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

Cientos de ecologistas rechazan en playas de Cádiz, Huelva y Almería la nueva Ley de Costas

SEVILLA.- Cientos de personas, según los organizadores, han participado ayer sábado, convocadas por distintas asociaciones ecologistas, en distintas acciones llevadas a cabo en playas de Huelva, Cádiz y Almería para mostrar su rechazo a la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio, que juzgan "arbitraria y acientífica".

   Estas actuaciones se enmarcaban en el programa de actividades que, con motivo del 'Día de Acción Global en defensa del litoral y contra la reforma de la Ley de Costas', ha diseñado en toda España la plataforma 'No a nuestra costa', integrada por más de 200 organizaciones, entre ellas, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/Birdlife.
   En Andalucía, las actividades se han desarrollado en playas de las provincias de Huelva, Cádiz y Almería, donde se han concentrado cientos de personas, según ha explicado una portavoz de Ecologistas en Acción, Dolores Yllescas, quien se ha mostrado crítica por la Ley de Costas que impulsa el Gobierno, ya que, en su opinión, "sólo introduce incertidumbre, arbitrariedad y acientificidad".
   De esta manera, las protestas en la provincia de Cádiz se han llevado a cabo en la playa de Valdevaqueros, ubicada en el término municipal de Tarifa, donde alrededor de 150 personas, según las estimaciones de Yllescas, no sólo han mostrado su rechazo a la nueva Ley de Costas, sino que también han expresado su oposición al proyecto de "macrourbanización" que ha diseñado para dicho enclave el Ayuntamiento, que contempla la construcción de más de 1.420 plazas hoteleras y 350 viviendas, y que generaría un "impacto negativo" en el litoral.
   Las personas participantes en esta concentración --fundamentalmente miembros de las organizaciones SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción y Greenpeace, aunque también se han sumado a ella bañistas y otros particulares que se encontraban en la zona-- han realizado "simulacros" en la arena de dicho proyecto inmobiliario para representar el "impacto" que éste generaría.
   De igual modo, otras cien personas han recorrido paralelamente la playa almeriense del Palmeral para repartir información y recoger firmas de rechazo a la Ley de Costas, según ha explicado un portavoz de Ecologistas en Acción en la provincia de Almería, Francisco Toledano, para quien la actual normativa empeora la anterior, que "no era mala, aunque no se cumplía".
   A su juicio, con esta ley lo que hace el Gobierno es "ofrecer la costa a los mejores postores", que "suelen coincidir con ser personas a quienes les importa muy poco la conservación del patrimonio y las repercusiones que sus actuaciones pueden acarrear".
   En la misma línea se ha expresado Yllescas, quien ha coincidido con Toledano en valorar la Ley de Costas que el Gobierno pretende sustituir, ya que "ha salvado en buena medida" al litoral de padecer más "daños" de los que en su opinión ya ha sufrido.
   Además, ha insistido en señalar que la normativa que impulsa el Ejecutivo "merma el dominio público marítimo y terrestre", y no se basa en "criterios generalizables ni científicos", de forma que "sólo generará inseguridad jurídica".
   Por último, esta portavoz de Ecologistas en Acción ha valorado el resultado de estas acciones, que también se han llevado a cabo en la playa onubense de Matalascañas, a la vez que ha aprovechado para recordar que el próximo sábado día 4 de agosto se celebrará una concentración en la duna de Valdevaqueros contra el referido proyecto urbanístico, en la que está convencida de que participará un número mayor de personas de los que se han concentrado este sábado en rechazo de la Ley de Costas.

El presidente oculto que se cree el Rey / Ramón Cotarelo *

Nadie sabe a qué se dedica Rajoy. Su agenda oficial está vacía, no mantiene contactos con nadie y no se sabe qué decisiones toma para sacar a España de la crisis. Una crónica de Carlos E. Cué en El país deja claro que el estilo de gobierno de Rajoy es secreto. Preguntada la vicepresidenta Sáez de Santamaría sobre el asunto, matiza que Rajoy no mantiene reuniones secretas sino privadas. Alguien ha enseñado a esta señora que en política es peligroso quedarse callado ante una pregunta y lo mejor es contestar siempre, aunque sea diciendo una tontería como en este caso porque, a los efectos de la publicidad obligada de los actos del presidente del gobierno, tanto da lo secreto como lo privado. 
Esa sabiduría de contestar siempre las preguntas no la comparte Rajoy quien no da ruedas de prensa y, cuando las da, no admite preguntas. Luego van diciendo sus doctrinos que el gobierno tiene un problema de comunicación. Lo que le sucede es que no tiene nada que comunicar porque habitualmente no hace nada, cuando lo hace está mal y cuando trata de comunicarlo, no sabe hacerlo. 
Se dirá -y se dirá bien-que la comunicación no es solamente oral y que hay otras formas de comunicar. Ciertamente y en todas ellas Rajoy suspende sin paliativos: nunca está en donde se supone que tiene que estar, en los momentos de peligro (los incendios forestales), de angustia (escalada de la prima de riesgo), de determinación (los planes restrictivos del gobierno); en cambio suele ir a donce no hace falta y en donde puede estorbar y duplicar la acción del Estado, esto es, en actos simbólicos, inauguraciones y finales deportivas, en donde quien debe estar es el Rey. Las razones de estos comportamientos son evidentes: Rajoy no acude a los lugares en los que lo reclama el deber y hay que dar la cara porque es un cobarde; aparece, en cambio, en donde no tiene por qué estar sólo para chupar cámara y porque tiene megalomanía y cree que es el Rey. 
En Europa lo tienen ya muy calado. Los líderes europeos piensan de él que es un incompetente al frente de un gobierno que no consigue coordinar en el que cada ministro dice una cosa y, encima, todas distintas y contradictorias. Su función es alimentar lios prejuicios antiespañoles a base de actuar como el típico bravucón matasiete que quiere siempre engañar a los demás y, a la postre, es el único engañado.
Pues bien, a este cobarde que no tiene ni idea de lo que habla, que miente tanto como respira,  que escabulle el bulto, sale por las puertas traseras, huye del Parlamento, esquiva la prensa, no contesta las preguntas, solo habla de intrascendencias y trata ponerse en el lugar del Rey porque hasta desconoce el lugar que le corresponde es al que los españoles hemos elegido por mayoría absoluta.
A pechar con las consecuencias, amig@s
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED