miércoles, 18 de julio de 2012

Encuentran restos de hasta 30 tóxicos en alimentos como la lechuga, los tomates o los pepinos

MADRID.- Un análisis realizado por 'Pesticide Action Network Europe' (PAN Europe) sobre datos de la European Food Safety Authority (EFSA), ha hallado restos de hasta 30 sustancias químicas en alimentos como la lechuga, los tomates o los pepinos, y que pueden provocar efectos "muy negativos" en la salud debido a que alteran el sistema hormonal de las personas.

Por ello, la Fundación Vivo Sano va a colaborar en España con la campaña informativa que PAN Europe ha puesto en marcha a nivel europeo, para concienciar a los ciudadanos y explicar cómo reducir la exposición a estas sustancias. Parte de esta campaña es la publicación de una guía para el consumidor.

"Aunque las sustancias que se han encontrado están bajo los límites legales, el consumidor debe saber que estos valores no tienen en cuenta sus efectos acumulativos ni el resultado de la combinación de todas ellas. Cada elemento es estudiado de manera individual y puntual y esto no se corresponde con la realidad", ha asegurado el director de la Fundación Vivo Sano, Alfredo Suárez.

Y es que, existe una amplia evidencia científica que vincula los disruptores endocrinos con distintas enfermedades crónicas como, por ejemplo, problemas de fertilidad, cánceres de tipo hormonal, daños cerebrales, obesidad o diabetes.

"Lo más preocupante es que estamos hablando de enfermedades cada vez más frecuentes en Europa y aunque se han logrado ciertos avances para eliminar los disruptores endocrinos de cosméticos, biberones y juguetes, la presencia de estos contaminantes en los alimentos se está pasando por alto y eso es francamente alarmante", ha explicado la responsable de la campaña en España, Nadia Bennich.

Por su parte, el director de la Fundación Vivo, Alfredo Suárez, ha destacado la importancia que tiene informar a los consumidores sobre estos riesgos y ha recordado que hay "muchas cosas" que puede hacer cada uno para evitar la exposición a este tipo de tóxicos.

Por ejemplo, ha proseguido, dado que la lechuga es uno de los alimentos donde se han localizado más restos de disruptores endocrinos, lo mejor es sustituirla en las ensaladas por otros vegetales de hoja verde, como las espinacas.

Asimismo, los expertos también han insistido en la conveniencia de optar por productos orgánicos siempre que sea posible, fundamentalmente en la alimentación infantil o de mujeres embarazadas, y lavar bien la fruta y las verduras antes de consumirlas. Sobre todo, han avisado, en el caso de los cítricos --naranjas, limones, mandarinas-- es muy importante pelarlos y no consumir la corteza.

La Fundación Vivo Sano ha publicado en Internet una guía para el consumidor donde se detalla qué alimentos contienen más disruptores endocrinos y cuáles de estas sustancias pueden encontrarse en cada alimento. A la cabeza de la lista de alimentos contaminados están, por este orden, la lechuga, los tomates, los pepinos, las manzanas, el puerro, los melocotones, las fresas, las peras, las uvas y los pimientos.

"Es importante saber que no hay un 'nivel seguro' de exposición. Es decir, por pocas trazas que encontremos de estas sustancias químicas, ya es demasiado para nuestro sistema hormonal. Si además tenemos en cuenta que en cada uno de estos alimentos encontramos una combinación de distintas sustancias, el riesgo se multiplica", ha explicado Bennich.

La normativa europea actual sobre pesticidas no contiene ningún criterio específico que defina oficialmente qué sustancias son consideradas disruptores endocrinos, y los legisladores están tardando en incorporar los nuevos puntos de vista científicos, sobre todo en lo referente a los efectos que una dosis baja de disruptores endocrinos pueden tener sobre la salud humana.

No obstante, la Comisión Europea tiene previsto resolver esta situación para diciembre de 2013. Hasta entonces, la Fundación Vivo Sano y PAN Europe continuarán desarrollando campañas activas de divulgación para prevenir a los ciudadanos sobre los riesgos de este tipo de tóxicos en los alimentos.

La Diputación aprueba dos sondeos más para "luchar contra el déficit hídrico provincial"

ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en junta de gobierno dos actuaciones con las que quiere "contribuir a reducir el déficit hídrico que sufren más de 40 municipios de la provincia de Almería", de forma que ha adjudicado un sondeo en el municipio de Benizalón por importe de 76.800 euros y ha destinado una partida para financiar otro tras modificar la subvención que solicitó Suflí para diferentes actuaciones.

   En el caso de Benizalón, se trata de una adjudicación que será cofinanciada con fondos Feder a la empresa Perforaciones Sierra de los Filablres SL por un importe de 76.800 euros. En el de Suflí, se trata de una obra que se va a financiar con la subvención que concedió Diputación a todos los Ayuntamientos de municipios menores de 1.000 habitantes para la ejecución de inversiones, según informa la institución en una nota
   Por otro lado, la junta de gobierno ha dado 'luz verde' a un total de ocho certificaciones de obras por valor de 269.768,04 euros. La junta de gobierno también ha aprobado la primera distribución económica a ayuntamientos de la provincia para el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio del Plan Concertado Correspondiente al año 2012. Se ha distribuido un montante que asciende a 229.491 euros entre un total de 15 ayuntamientos.

La Junta restituye la paga de julio para sus empleados públicos

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presentará la próxima semana un nuevo decreto ley que dejará "sin efecto" varios artículos de su plan de ajuste, entre ellos el relativo a la eliminación de la paga adicional de julio para todos sus empleados públicos tras la decisión del Ejecutivo nacional de suspender la paga de Navidad.

   Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que ha detallado que el Consejo de Gobierno ya ha debatido este martes sobre el contenido de ese nuevo decreto ley, "que dejará sin efecto durante 2012 la aplicación de los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 24 del decreto ley 1/2012 de medidas fiscales y administrativas".
   Según Vázquez, esta modificación --que se incluirá en un decreto que se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo martes-- "supone en la práctica que la paga adicional de julio la recibirán todos los colectivos" de empleados públicos, de forma que "se deja sin efecto la eliminación del complemento específico que se hizo" en el decreto ley aún vigente.
   Ha explicado que, de momento, todo el resto del decreto sigue vigente, aunque no se cierra la puerta a otra posible modificación. "Lo que ya está decidido al día de hoy es que los funcionarios tendrán la paga íntegra de julio porque no queremos que sufran un doble castigo por parte del Gobierno de la Nación, que es el que decide estas agresiones a los empleados públicos", ha indicado Vázquez.
   A su juicio, ya va siendo hora de que dejemos de "maltratar y agredir" a los empleados públicos, que son el corazón del sistema democrático de este país. Ha insistido en la "voluntad" de la Junta de defensa "a ultranza" de los trabajadores públicos y de los servicios públicos y en que no se va a permitir una "doble penalización" a esos empleados públicos.
   Ha manifestado que la cifra global que supone el mantenimiento de esa paga adicional no está cuantificada aún y serán los servicios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública los que cuantificarán el impacto económico de esa medida.
   Vázquez ha explicado que el no pagar la paga de Navidad, algo que tiene alguna "trampa" que se conocerá "en los próximos días", supone un "no gasto y una nueva disponibilidad de recursos para la Junta que cubrirá otros asuntos que antes había recortado, como la paga adicional de julio".  
   Según ha recordado el portavoz del Gobierno andaluz, la medida del Ejecutivo nacional sobre las 37,5 horas semanales obligó a la Junta a adoptar medidas en relación con los empleados públicos en su plan de ajuste para evitar el despido de 24.000 personas.
   "El Gobierno andaluz decidió repartir entre todos los empleados públicos el esfuerzo y el sacrificio para salvar puestos de trabajo", ha indicado Vázquez, quien ha querido dejar claro que se trata de medidas tomadas desde una voluntad política de aminorar el coste sobre determinados grupos de trabajadores que se podían ver en el paro.
   Ha recalcado que eso, evidentemente, sigue vigente porque era una decisión política para salvar puestos de trabajo, apuntado que, sin duda, lo que sí se solapaban eran las decisiones sobre la eliminación, por un lado, de la paga de navidad, adoptada por el Gobierno central, y, por otro, de la paga adicional de julio.    
   Ha informado además de que todo el Consejo de Gobierno quiere que se abra un proceso de estudio pormerizado de los decretos ley aprobados por el Gobierno de la Nación con nuevos recortes y ajustes para que se vea de qué manera se puede conseguir que impacte menos en el conjunto de la ciudadanía y se evite "un doble sufrimiento" a los empleados públicos. De momento, según ha insistido, se ha tomado la decisión sobre la paga adicional de julio.
   De otro lado, Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, no ha planteado en el Consejo de Gobierno que se lleve a cabo una consulta popular en Andalucía sobre los recortes, tras ser preguntado sobre ello.

La Junta no ha recibido "aviso" del Gobierno sobre la posible "intervención" de Andalucía

SEVILLA.- El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado este martes que la Junta no ha recibido "ningún aviso" del Ministerio de Hacienda en relación con posible "intervención" de la comunidad autónoma. 

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez, que ha sido preguntado sobre si alguien del Gobierno central ha advertido a algún miembro del Ejecutivo andaluz sobre una posible intervención de la comunidad, ha respondido que "de momento no hay ninguna noticia sobre ningún tipo de intervención y ningún aviso por parte del Ministerio de Hacienda".
   Miguel Ángel Vázquez ha vuelto a expresar el rechazo del Gobierno andaluz al reparto "desequilibrado" del objetivo de déficit entre administraciones.
   Ha mostrado su preocupación por que si bien, antes de la moratoria de un año otorgada por el Eurogrupo, el déficit máximo permitido para la administración del Estado era del 3,5, mientras que para las comunidades era del 1,5 por ciento, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves, el "punto de margen se lo ha atribuido íntegramente" el Ejecutivo de la Nación.
   Así, ha agregado que el objetivo para este año será tres veces superior para las comunidades autónomas, de 1,5, frente al 4,5 para la administración general del Estado. Ha agregado que lo más grave es que para el año 2013, el déficit de la administración del Estado será del 3,8, mientras que a las regiones se les impone el 0,7, es decir, "cinco veces más esfuerzo" que a la administración estatal.
   Para Miguel Ángel Vázquez, esto se llama claramente "deslealtad institucional" porque el Gobierno ha sido "liberado de sus obligaciones y se las ha endosado a las comunidades" y luego se culpará a éstas de la desviación del déficit cuando la diferencia de objetivo es "salvaje y brutal".  
   En su opinión, todo esto tiene una "clara intencionalidad política, que es agredir a las comunidades por la vía de la asfixia financiera".
   Ha insistido en que la reunión del CPFF del pasado jueves se convirtió en un "trágala y en un abuso" para las comunidades y volvió a poner de manifiesto que toda la política del Gobierno de Mariano Rajoy está "dinamitando consensos constitucionales y acuerdos de la transición democrática que afectan al modelo de convivencia de este país".
   "Ha dinamitado el modelo social y económico y ahora va a por el modelo de Estado con su agresión al Título VIII y con el intento de disminuir el peso político de comunidades autónomas y ayuntamientos", ha señalado Vázquez, para quien es una necesidad imperiosa que el Gobierno de la Nación "abone el clima de diálogo".    
   Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que para el Gobierno andaluz es imprescindible que se convoque de manera urgente la Conferencia de Presidentes de la Comunidad y ha indicado que el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, manifestará por carta al presidente del CPFF el "malestar" de la Junta a raíz de los acuerdos adoptados en la reunión del pasado jueves.  
   Ha apuntado además que Griñán tiene intención de plantear una oferta de diálogo y cita a los partidos políticos andaluces para poder abordar los temas que repercuten e inciden en la comunidad autónoma.
   De otro lado, Miguel Ángel Vázquez ha manifestado, tras ser preguntado sobre el hecho de que la Junta aún no haya publicado la orden sobre las directrices de los Presupuestos andaluces para 2013, que ello obedece a que a día de hoy no se ha recibido ninguna información sobre el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que habitualmente se hacía en mayo y, al parecer, no se hará hasta finales de julio.
   Ha indicado que, en ese sentido, las posibilidades de desarrollar el Presupuesto andaluz están ahora "mermadas por la falta de información del cuadro macroeconómico" por parte del Gobierno de la Nación.
   A este respecto, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha indicado que aunque hay una cierta "precariedad de información", ello no quita que todos los departamentos de la Junta estén reflexionando ya sobre los presupuestos andaluces para 2013.
   De otro lado, ha indicado que está previsto que en este mes se apruebe en Consejo de Gobierno el Plan de Choque por el Empleo, dotado con 200 millones de euros.

La Fiscalía del TSJ andaluz abre una investigación sobre las participaciones preferentes

SEVILLA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación sobre las prácticas desarrolladas por diferentes entidades bancarias respecto a las denominadas participaciones preferentes en la Comunidad autónoma, según ha anunciado este martes el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. 

   El Defensor, que ha realizado este anuncio en una rueda de prensa tras reunirse en Sevilla con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón; calcula que en Andalucía son unas 60.000 las personas afectadas por estas obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones, en su mayoría personas de avanzada edad.
   Chamizo ha resaltado que la cantidad de afectados hace que esta investigación sea "complicada", pero espera que, a raíz de la misma, se identifiquen las posibles responsabilidades civiles e incluso "penales en algunos casos" que se hayan podido producir.
   Asimismo, aunque ya son "muchas sentencias" las que están fallando a favor de afectados que denuncian de forma individual, el Defensor ha animado a que se inicien acciones conjuntas a las que puedan sumarse los afectados, para así obtener "soluciones colectivas".
   El Defensor del Pueblo ha lamentado el "relato dramático" de muchas personas que se han dirigido a la Oficina a transmitir sus quejas porque se ha jugado "con los ahorro de toda su vida". Chamizo considera que las entidades han "engañado" tanto a personas mayores como jóvenes, y que además ahora "intentan ofrecerles como canje otro producto similar con pérdidas".
   Por este motivo, a pesar de no tener competencia directa sobre los bancos, la cantidad de quejas recibidas por distintos afectados en la Oficina del Defensor (unas 500 en total) ha llevado a la entidad a iniciar distintas acciones encaminadas a "tratar de que los afectados puedan disponer de su dinero".
   En este sentido, además de instar a la Defensora a nivel estatal a que trasladase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la necesidad de investigar estos casos, este lunes Chamizo se reunió con la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz Carrasco, quien a su vez le transmitió que la Administración andaluza está iniciando acciones en este sentido.
   Por último, tras proponer el Defensor un estudio sobre posibles acciones "en el ámbito civil o penal" para atender los derechos de las personas afectadas por estos productos financieros, Chamizo ha apuntado que finalmente la Fiscalía General del Estado ha dado orden de que se inicien.  
   En la reunión con el fiscal superior también se ha realizado un repaso de los contactos que se mantienen con la red de fiscales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para preparar una próxima reunión, se han abordado las actuaciones conjuntas con las fiscalías de vigilancia penitenciaria, así como la Fiscalía de Menores, concretamente para preparar intervenciones en las funciones de tutela y protección de menores en centros de acogida y centros de reforma.