lunes, 16 de julio de 2012

El Gobierno considera la ampliación horaria comercial un "primer paso"

MADRID.- El Gobierno considera la ampliación de los horarios comerciales aprobada para 2013, de 72 a 90 horas semanales en días laborables y de ocho a diez el mínimo de aperturas anuales en domingos y festivos, un "primer paso en un camino que ha empezado a recorrer", por lo que no descarta la adopción de "medidas de más alcance" en esta materia.

   "Hemos buscado el más amplio acuerdo posible con las comunidades autónomas, pero esto no significa que con este Real Decreto Ley se agote la liberalización", ha afirmado el secretario de Estado de Comercio Interior, Jaime García-Legaz, durante la presentación de un estudio de la UNED encargado por el Ministerio de Economía.
   El estudio, realizado por el profesor de Economía Aplicada y Estadística Pedro Cortiñas el pasado mes de junio, analiza el impacto sobre el PIB, el empleo y la red comercial que tendrían distintos escenarios de liberalización horaria en el comercio. Cortiñas subrayó que cuanta más libertad se dé en aperturas en festivos mejores resultados se obtiene sobre la demanda.
   El escenario que más se acerca a las medidas aprobadas por el Gobierno el pasado viernes contempla una ampliación de 72 a 90 las horas de apertura semanal y de 8 a 16 los festivos, una medida que podría favorecer un incremento del PIB nacional del 0,78%, lo que supone una estimación de valor de unos 8.263 millones de euros.
   Además, generaría 162.272 puestos de trabajo directos e indirectos en el conjunto de la economía, con lo que el paro disminuiría un 2,86%, y propiciaría la creación de 17.310 nuevos locales comerciales. Estos incrementos se sustentan en un incremento del gasto en consumo final de los  hogares de un 1,3%.
   Según el informe, solo en el sector del comercio minorista se generarían de forma directa 60.262 puestos de trabajo, que en términos equivalentes de tiempo completo serían 47.945. De estos, 7.651 corresponderían a las grandes superficies y cadenas y 40.295 al pequeño comercio.
   En el caso de la liberalización horaria total, una iniciativa que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, el estudio señala que se podría traducir en un incremento del PIB del 1,63%, lo que supondría un valor estimado de 17.187 millones de euros; en la generación de 337.581 empleos en la economía, y en la apertura de 31.670 locales comerciales.
   Estas estimaciones no recogen el posible impacto del incremento del IVA, pero, según el autor del estudio, si afectara al consumo, una mayor liberalización puede actuar como atenuante o freno a los efectos que tuviera sobre el empleo y la facturación del sector en las cantidades señaladas.
   Frente a los recursos anunciados por comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía contra la nueva norma, García-Legaz defendió que los informes jurídicos del Estado "son concluyentes" en el sentido de que éste puede legislar en defensa del interés de la economía.
   Para García-Legaz, la ventaja de la libertad total de aperturas en la Comunidad de Madrid es que "dentro de unos meses se podrá medir" el resultado y permitirá que otras comunidades autónomas "basen sus decisiones en resultados concretos".

Fitch ve "improbable" que las CCAA cumplan los objetivos de déficit sin recortes

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los nuevos objetivos de déficits marcados para las comunidades autónomas españolas para 2013 y 2014 son "muy ambiciosos" y ve "improbable" que se alcancen sin más recortes en el gasto, según apunta la agencia en un comunicado. 

   "Creemos que es improbable que las regiones sean capaces de cumplir con este objetivo sin más recortes en el gasto, incluso aunque se beneficien (aparentemente solo en 2014) de mayores ingresos tras la subida del IVA anunciada recientemente por el Gobierno", señala Fitch, que recuerda que las comunidades autónomas reciben el 58% de la recaudación de este impuesto.
   El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó en su reunión celebrada la semana pasada que las comunidades tendrán que reducir su déficit desde el 1,5% de 2012 al 0,7% en 2013 y al 0,1% en 2014, en comparación con el 1,1% y el 1% exigido hasta ahora.
   La agencia de calificación señala que estos objetivos parecen "muy ambiciosos" teniendo en cuenta los resultados de 2010 y 2011 y el actual entorno económico, y añade que el Gobierno central aún no ha anunciado las razones de este cambio en el objetivo de déficit.  
   Fitch subraya además que el "ansia" del Ejecutivo central en respetar los objetivos de déficit se refleja en el anuncio del CPFF de que las autonomías deberán informar cada mes al Gobierno sobre su posición presupuestaria y en que se celebrarán encuentros regulares para evaluar cualquier potencial de desviación.
   Respecto al mecanismo para aliviar las dificultades de las comunidades autónomas a la hora de financiarse, con la creación de un fondo que atenderá determinados vencimientos de sus emisiones, Fitch cree que es un elemento positivo para el rating de las autonomías, porque puede reducir los costes de financiación e indica un mayor apoyo del Gobierno.
   "Consideramos que la condicionalidad del programa va a ser positiva, ya que se alinearán los gobiernos central y regionales en su compromiso para alcanzar los objetivos marcados", añade.

De Guindos asegura que no pretende recentralizar los servicios de las CCAA

BARCELONA.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, ha asegurado este lunes que el Gobierno no pretende recentralizar servicios de las comunidades autónomas hacia el Estado y ha considerado que servicios como la sanidad y la educación deben proveerse desde las comunidades. 

   En una conferencia en Iese en Barcelona, el ministro ha argumentado que "hay medidas buenas y medidas malas, tanto en la administración central como en las autonomías", pero ha reiterado que no hay que apostar por el centralismo, sino por la mejora de la eficiencia y la eliminación de solapamientos.
   "La solución no es la recentralización, sino que la toma de decisiones conjunta se haga de forma eficiente", ha añadido, y ha sostenido que el Estado es el responsable de las cuentas públicas de todas las administraciones.

Andalucía paralizará su plan de ajuste tras las medidas del Gobierno

SEVILLA.-   El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, planteará este martes en el Consejo de Gobierno que se paralice la tramitación del proyecto de Ley que contempla el plan de ajuste de la Junta para evitar que "se recorte dos veces" a los funcionarios en Andalucía tras las medidas aprobadas el pasado viernes por el Gobierno de la Nación en el Consejo de Ministros.

   Así lo ha anunciado este lunes el propio Valderas en rueda de prensa en Sevilla junto al portavoz de IU en el Congreso y diputado por Sevilla, José Luis Centella, y al portavoz de IULV-CA en el Parlamento andaluz, José Antonio Castro, durante la que ha defendido que ha llegado el momento de "plantarse" ante el intento del PP de "acorralar a Andalucía", por lo que planteará a su socio en el Gobierno andaluz, el PSOE-A, la necesidad de "derogar" varios artículos del plan de equilibrio económico financiero de la Junta o incluso "el plan entero".
   Valderas considera que, con las medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros, el Ejecutivo central ha dado un "hachazo" a la Comunidad andaluza que se suma al "bloqueo y asfixia a las cuentas autonómicas" que se viene ejerciendo desde Madrid, por lo que IULV-CA es partidaria de dar una respuesta a través del Consejo de Gobierno como del Parlamento andaluz.
   De este modo, además de presentarlo este martes en Consejo de Gobierno, IULV-CA también trasladará al Parlamento la petición de la "paralización absoluta" del plan de ajuste, al considerar que el "recorte" planteado por el Ejecutivo la semana pasada en cuanto a los funcionarios suple el que contemplaba el plan de ajuste autonómico.
   Y es que Castro ha asegurado que IULV-CA está dispuesta a llegar "como máximo" a la obligación del déficit marcada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria estatal, y que "sólo con la aplicación de la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad para los funcionarios de la Administración general de la Junta", ya se suma "en torno a 600 millones de euros", cuando lo estipulado en el Capítulo I --el que atañe al personal-- del plan de ajuste de la Junta rondaba los 747 millones.
   Así, "asumiendo el decreto de recortes publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es posible que estemos eliminando todo el Capítulo I y parte del IV" del plan de ajuste andaluz, ha indicado Castro, que ve incluso posible que, con la aplicación de este decreto, el ajuste para Andalucía "se vaya por encima de los 2.700 millones impuestos por Madrid".
   Además, el coordinador general de IULV-CA ha instado a realizar una "fuerte movilización social" para defender los intereses de Andalucía y del Estatuto de Autonomía ante el "acorralamiento desde posiciones neoliberales", comenzando con el apoyo de la fuerza política a las movilizaciones sindicales convocadas para el próximo 19 de julio.
   En esta línea, Castro ha anunciado que el Grupo de IU solicitará la realización de un pleno extraordinario en el Parlamento, con la intención de protagonizar un "encierro" en la Cámara andaluza 24 horas antes del mismo en "una jornada de reflexión y difusión sobre las agresiones del PP a nuestra tierra".
   En línea con esta "respuesta" al "bloqueo económico premeditado e impulsado por el Gobierno" a Andalucía, IU ha pedido la comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, para que "explique los motivos por los que se niega a reconocer la deuda con Andalucía", que IU cifra en 2.100 millones de euros.
   Centella ha criticado que la respuesta del Gobierno sobre que "no existe ninguna deuda contraída por la Administración General del Estado" con Andalucía no sólo supone un "agravio" a la Comunidad, sino que se sitúa "fuera de la legalidad" al incumplir lo estipulado en el Estatuto de Autonomía.
   En este sentido, ha señalado que Montoro tiene ahora la opción de declararse "insumiso ante una ley orgánica" como es el Estatuto o "cumple con la legislación", aseverando que IU está dispuesta a pedir la dimisión del ministro si no rectifica.