viernes, 13 de julio de 2012

Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS
A partir de septiembre
Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):
- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.
- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.
- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.
- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.
- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA
- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.
- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.
- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.
- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.
- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.
- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.
-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.
- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO
- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.
- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.
- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.
- Se facilitará su movilidad.
- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.
- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.
- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.
- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.
- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.
- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.
- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.
- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.
- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.
- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.
- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS
- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.
- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES
- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA
- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.
- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.
- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

La nueva Ley de Costas ampliará a 75 años la concesión a viviendas

MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.

La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.
El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.
La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.

Lo prohibido sigue prohibido

La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Excluye diez núcleos del dominio público

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.

La CEOE ve "un problema" que en su día se abriera la puerta a inmigrantes

MADRID.-   El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que abrir las puertas a la inmigración cuando la tasa de paro española estaba baja, en niveles del 8%, ha generado un problema que ahora dificulta un poco más la recuperación del empleo en España.

   "Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar trabajadores y prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente", ha señalado Rosell en declaraciones a la Cope.
   El dirigente empresarial ha precisado que ese paro del 8% no era real ni tampoco la economía española podía asumir ese flujo de inmigrantes. "Entre todos lo hicimos mal. Por tanto, ahora va a ser difícil esa recuperación con más incremento del empleo, aunque no hay que olvidar que España en este siglo es el país de Europa que más empleo ha creado, a pesar de la destrucción de empleo de los últimos tiempos", ha subrayado.
Por otra parte, la Organización Médica Colegial (OMC) agradece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) su decisión de seguir prestando asistencia médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en contra de lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, en defensa de "una asistencia digna para todos en estos momentos de crisis".
   La OMC considera que esta entidad ha marcado un "ejemplo a seguir" ya que defiende la objeción de conciencia ante la retirada de la asistencia sanitaria a estos ciudadanos "por considerar que atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica".
   De hecho, los médicos piden al Gobierno que "reflexione" tras esta decisión a fin de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas "en momentos de crisis y sufrimiento social".
   Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.
   En concreto, la Asamblea General, celebrada el 15 de junio, aprobó un documento que incluía un punto en el que se expresaba que "el médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario e igualmente independiente de si este es extranjero no registrado, ni autorizado, como residente en España, correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades el reconocimiento y control de esta condición".
   Por su parte la Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó un documento, publicado el 25 de junio, en el que exponía que el Real Decreto-Ley 16/2012 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, comprometía 10 artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido al deber del médico de atender a todos los pacientes, en concreto, el 6.2 que dice "el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados".

El Gobierno eleva del 15% al 21% la retención en el IRPF por actividades profesionales

MADRID.- El Gobierno aumentará de forma temporal del 15% al 21% la retención en el IRPF por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

   Esta medida fiscal, que aparece en las referencias del Consejo de Ministros, no figuraba entre las anunciadas el miércoles en el Congreso por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y tampoco ha sido comunicada en la rueda de prensa posterior a la reunión de los miembros del Gobierno, en la que junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han comparecido los titulares de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente.
   Otra medida no anunciada y que figura también en las referencias es un aumento de la base máxima de cotización al Sistema de Seguridad Social de cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014.
   Como compensación, el Ejecutivo también elevará la cuantía de la pensión máxima en esos años un punto adicional a la variación del IPC. De la misma forma, se incrementa un punto porcentual la base mínima de cotización de los autónomos.
   Por otro lado, se asimilan los rendimientos del trabajo a efectos de cotización a la Seguridad Social con respecto al tratamiento que se les otorga en la tributación a efectos del IRPF.
   De la misma forma, se homogeneizan los recargos por retraso en el abono de cuotas a la Seguridad Social en el 20%, con independencia de cuál sea el tiempo de retraso en el pago.
   Además, el Gobierno ha acordado proponer medidas para acercar la edad real a la edad legal de jubilación y abordar iniciativas en el ámbito de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.
   En este mismo sentido, se presentará una propuesta de regulación del factor de sostenibilidad, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y sus prestaciones.
   Otras medidas fiscales que se suman a la subida de IVA son la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.
   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.
   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
   De la misma forma, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.

El IVA subirá el 1 de septiembre para no perjudicar al turismo

MADRID.-   La subida del IVA por la que se eleva el tipo general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10% entrará en vigor el próximo 1 de septiembre para no perjudicar a algunas actividades de la economía española, como el turismo.

   Así lo ha avanzado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha recordado que agosto es un mes "muy importante" para el turismo y para el comercio.
   Además, el ministro ha recordado que todas las subidas de este impuesto realizadas a lo largo de la historia se han anunciado con cierto tiempo por las exigencias técnicas que requiere la modificación.
   El cambio en el impuesto no implica modificaciones en el tipo superreducido, el que grava los bienes de primera necesidad, que se mantendrá en el 4% actual.    
   Montoro ha adelantado también que se realizará una nueva clasificación de los productos gravados por el IVA, de forma que algunos productos que ahora se gravan al tipo reducido pasarán al tipo general.
   Esta nueva clasificación no afecta a los productos gravados por el tipo superreducido, como la leche y el pan y algunos productos culturales como los periódicos y los libros, salvo la compra de vivienda nueva, que dejará de gravarse al 4% a partir de enero.
   Los mayores cambios se aplicarán en el IVA reducido, que a partir de septiembre solo gravará el transporte, la hostelería y la cesta de la compra, lo que deja fuera numerosos productos, incluidos los servicios funerarios.
  Tributarán al 21% las entradas a espectáculos culturales como teatros, cine y parques de atracciones, la peluquería, los cosméticos y los servicios mixtos de hostelería.
   Según Montoro, el aumento de IVA está en línea con lo anticipado ya en el Programa de Estabilidad español presentado en el mes de abril, en el que el Ejecutivo programó la política tributaria de cara a los próximos años.
   Esta política, según el ministro, se debe basar más en la imposición indirecta para poder reducir los gravámenes sobre el trabajo, de modo que la subida fiscal se compensará con una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social en un punto este año y en otro punto en 2014.
  Montoro ha explicado que el Gobierno ha decido subir el IVA en este momento porque era algo "obligado" por las circunstancias, las recomendaciones que llegaron de Europa y por la "prioridad absoluta" de reducir el déficit en el actual momento.
   "No hay más remedio", ha dicho Montoro, tras recordar que el Rajoy admitió en el Congreso que el proyecto del Partido Popular se basaba en bajar impuestos, aunque haya tenido que hacer justo lo contrario por circunstancias y por la excepcionalidad del momento.
   De hecho, se ha comprometido a compensar las subidas de impuestos en el futuro, algo que hará desde el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales que, a su juicio, favorecerá la creación de empleo y compensará los efectos negativos de la subida fiscal.
   Montoro ha obviado las críticas sobre las declaraciones que hizo en el pasado denunciado la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista, y ha recordado que su Gobierno también ha puesto en marcha otras medidas como el gravamen temporal del IRPF.
  De la misma forma, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de medidas fiscales que se suman a la subida de IVA, como la creación de un gravamen nuevo dentro del Impuesto de Sociedades del 10% sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.
   En este mismo impuesto, el Gobierno ha ampliado la limitación de la deducción por gastos financieros aprobada hace unos meses y la ha extendido a todas las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.
   También en este impuesto, el Gobierno ha elevado de forma transitoria los pagos fraccionados, de forma que el importe mínimo se eleva del 8% al 12%. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
   Además, se ha limitado durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a 20 millones de euros.
   En el IRPF, el Gobierno aumenta de forma temporal del 15% al 21% de la retención por rendimientos de actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de diciembre de 2013.

La dirección del PSOE desautoriza a Zarrías y respalda a Griñán ante sus discrepancias

MADRID.-  La dirección federal del PSOE salió hoy al paso de las últimas declaraciones de Gaspar Zarrías sobre el resultado del último congreso del partido en Andalucía. La vicesecretaria general del partido, Elena Valenciano, declaró que la posición del partido es la de apoyo cerrado y sin fisuras al presidente andaluz, José Antonio Griñán, destacando que no comparte las opiniones personales de Zarrías.  

   Gaspar Zarrías, que es secretario federal de Política Municipal del PSOE y presidente del partido en Jaén, había declarado esta mañana en Jaén que compartía "de la A a la Z" la actitud que mantuvo el secretario general del PSOE en esa provincia, Francisco Reyes, durante el XIII Congreso Regional del PSOE-A celebrado el pasado fin de semana en Almería, donde la reelección de José Antonio Griñán como secretario general registró un 29 por ciento de votos en blanco. Reyes fue uno de los dirigentes provinciales que no apoyó a Griñán.
   En rueda de prensa, Zarrías ha querido dejar claro que respalda "todo lo que hizo el secretario general del partido en Jaén" en el cónclave regional, al punto que se ha mostrado "plenamente convencido" de que él mismo "no lo hubiera hecho ni la mitad de bien que Reyes".
   Una vez conocidas esas manifestaciones, la número dos del PSOE a nivel federal, Elena Valenciano, declaró a Europa Press que la posición de la Comisión Ejecutiva Federal sobre el Congreso del PSOE andaluz fue claramente expresada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el discurso que hizo durante el mismo, y que "fue de apoyo cerrado y sin fisuras a Pepe Griñán".
   "La Comisión Ejecutiva Federal no comparte las opiniones personales de Gaspar Zarrías; muy al contrario, manifiesta su respaldo absoluto a José Antonio Griñán", aseguró.

El Gobierno fija como retribución máxima para los alcaldes el sueldo de un ministro: 68.981 euros

MADRID.- El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6 por ciento del presupuesto municipal.

   Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes que ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.
   El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un anteproyecto de reforma de la Ley de Gobierno Local, en la que trabaja desde hace meses, y ha aprovechado para anunciar otras medidas paralelas. Además de recortar salarios, se reducirá un 31 por ciento el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque hoy no se han dado más detalles
   El resultado que busca el Ejecutivo es que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta quedarse en 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41. Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales: el personal eventual no podrá superar el número de concejales.
   La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local persigue actualizar la estructura municipal del país, pero también busca ahorros. Según los cálculos del Gobierno, puede alcanzar los 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.
   En la ley se fijará un nuevo catálogo de competencias, aunque no varía demasiado del actual, según la información que se ha ido conociendo, salvo que no podrán prestar servicios de educación ni sanidad, de competencia autonómica. La gran diferencia es que los ayuntamientos no podrán ejercer más que esas competencias ya que para el resto no cuentan con financiación expresa.
   Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, se fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.
   Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones. La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. El Ejecutivo argumenta que el 71,3 por ciento de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".
   Según el Instituto de Estudios Fiscales, el gasto de ofrecer los servicios a los ciudadanos es cuatro veces más caro en los municipios de 5.000 habitantes. Así, el coste per cápita en los municipios de menos de 5.000 habitantes es de 2.613,57 euros, mientras que en el caso de los municipios de más de 100.000 habitantes suponen 652,91 euros.
   También se mejora la regulación de los convenios entre Administraciones. Hasta ahora eran "foco de endeudamiento" al no ir acompañado el traspaso de competencias de su correspondiente financiación. Con la reforma, los convenios por los que el Estado, las Comunidades Autónomas o cualquier Entidad Local deleguen el ejercicio de competencias en los municipios deberán ser aceptados expresamente por éstos y habrán de suponer una mejora en la eficiencia de la gestión pública.
   Igualmente, será condición indispensable para la firma de un convenio la contribución a eliminar duplicidades administrativas. La Administración que delega se reservará los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. La delegación de competencias irá siempre acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual.
   Junto a todo lo anterior, la reforma de la ley persigue redimensionar el sector público local, formado por un gran número de entes, organismos, sociedades, fundaciones y consorcios públicos, que habían proliferado en los últimos años. Se establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2014 para que se corrija el déficit de estas entidades y se determina, en caso contrario, a fecha 1 de agosto de 2015 su disolución.
   Por último, se fortalece la figura del interventor municipal y de los funcionarios con habilitación nacional con el objetivo de aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y el control financiero y presupuestario en la gestión local, ya que se recupera su dependencia funcional de la Administración General del Estado. Al mismo tiempo, se promueve la colaboración del Estado con las Intervenciones locales.

El Gobierno plantea a las CC.AA. homogeneizar los sueldos de los funcionarios

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha planteado a las comunidades autónomas la conveniencia de homogeneizar los sueldos de los funcionarios en todas las regiones, con el fin de que las retribuciones sean similares en toda España, según han indicado fuentes gubernamentales.

    Montoro, que lanzó esta propuesta en el Consejo de Política y Fiscal celebrado ayer jueves, se produce en un momento en el que su Departamento ha aprobado un paquete de ajuste que afecta específicamente a los empleados públicos, con medidas como la suspensión de la paga extra de Navidad, la reducción de los liberados sindicales o la disminución de los días de libre disposición, los llamados 'moscosos', que pasarían de seis a tres.
    El Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas quiere unificar las retribuciones que perciben los funcionarios en función de su categoría y poner orden en la disparidad de criterios que existen por ejemplo con los complementos del sueldo, que varían de una comunidad a otra.  De hecho, esas variaciones también existen con los 'moscosos', ya que en algunas ocasiones las autonomías añaden los suyos propios.
    Esta propuesta para unificar los sueldos de los funcionarios va en línea con la que ya ha anunciado el Gobierno de Mariano Rajoy de fijar los sueldos de los alcaldes de toda España de acuerdo con unos baremos que estarán recogidos en  los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que atenderán a aspectos como la población o el tamaño del municipio.

El fondo de financiación para las CC.AA. contará con 18.000 millones

MADRID.- El nuevo fondo de apoyo a la financiación de las comunidades autónomas contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) con cargo a ingresos futuros.

   Así lo ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado el decreto ley que regulará esta nueva vía de liquidez para los gobiernos autonómicos, que no tendrá personalidad jurídica.
   "Los ministerios de Hacienda y Economía han realizado una estimación de cuánto se puede llegar a disponer en función de las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y su déficit público hasta fin de año, y el máximo serán 18.000 millones de euros, si bien la cifra final dependerá de cuántas comunidades se adhieren al mecanismo", ha puntualizado el ministro.
   Así, el Tesoro proporcionará 12.000 de esos millones de euros "sin modificar su calendario de emisiones" y los restantes 6.000 millones de euros provendrán de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado "con cargo a ingresos futuros".
   La gestión de estas ayudas recaerá tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ofrecerán los préstamos "partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido". Las ayudas estarán garantizadas por los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas, para "garantizar que mantienen la responsabilidad de devolución".
   Las comunidades que "voluntariamente" decidan adherirse a esta asistencia tendrán que cumplir unos estrictos condicionamientos presupuestarios y financieros, según ha dicho De Guindos, quien no ha precisado no obstante qué requisitos se aplicarán.
   Para poder acceder a las ayudas, los gobiernos regionales que lo soliciten tendrán que presentar un plan de ajuste y deberán informar "puntualmente" de la ejecución presupuestaria. De hecho, "en última instancia" el Gobierno central conserva incluso la capacidad de intervenir las comunidades autónomas que incumplan los vencimientos de deuda.
   En el plano financiero, los condicionamientos buscarán "garantizar que la senda de endeudamiento de las comunidades es sostenible en el tiempo y permite que sus cuentas públicas no se vean desbordadas por la evolución de los costes financieros".
   El ministro ha asegurado además que este mecanismo se mantendrá en vigor "mientras persistan las dificultades" de financiación para los gobiernos autonómicos, ya que su objetivo fundamental es asistir a los gobiernos regionales en un momento en que sufren "grandes dificultades para acceder a los mercados, no solo por los elevadísimos costes sino incluso por el propio acceso, la disponibilidad".
   "En este principio general del Gobierno de responsabilidad global del conjunto de las cuentas de las administraciones públicas y, simultáneamente, en ese compromiso de solidaridad en el Estado, lógicamente se va a proporcionar un nuevo sistema que evite esta situación de dificultad, que podría llegar a ser límite", ha concluido De Guindos.
   Este mecanismo ya fue avanzado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde también se aprobó el plan de ajuste del Principado de Asturias y se apercibió a ocho comunidades autónomas de los riesgos de que no consigan cumplir los objetivos de déficit de este ejercicio.
   Preguntado por este asunto, el ministro ha vuelto a declinar "por lealtad" precisar qué regiones son las que tienen mayor riesgo y con las que comenzará a reunirse bilateralmente a partir de la próxima semana, y ha reiterado que todas las administraciones cumplirán con sus compromisos. "Todos estamos en lo mismo y todos vamos a cumplir", ha asegurado.
   "El Gobierno trata con el mayor respeto a todas las comunidades. Lo que estamos haciendo es equilibrar el estado de las autonomías. Está en la Constitución, y en el CPFF de ayer activamos la ley (de Estabilidad Presupuestaria), que contempla un ámbito preventivo de abordar bilateralmente los problemas de las regiones que estén en mayor riesgo de no llegar. Pero no es el momento de señalar a nadie, sino de trabajar con ellas", ha zanjado.

Bruselas obligará a España a aumentar la frecuencia de las ITV

BRUSELAS.- España se verá obligada a aumentar la frecuencia de las ITV a coches y motocicletas que tengan más de seis años, que deberán someterse a controles anuales, según una propuesta legislativa presentada este viernes por la Comisión Europea. En la actualidad, la normativa española sólo introduce los controles anuales a los coches a partir del noveno año, mientras que las motos viejas pasan la ITV cada dos años.

   El objetivo de esta iniciativa, que debe ser respaldada por los Veintisiete y la Eurocámara, es salvar más de 1.200 vidas al año y evitar más de 36.000 accidentes relacionados con fallos técnicos de los vehículos.
   Los fallos técnicos causan el 6% del total de accidentes de coche, lo que representan 2.000 víctimas mortales al año en la UE. Esta proporción se eleva al 8% en el caso de los accidentes de moto, según los datos de Bruselas.
   La propuesta aumenta la frecuencia mínima de los controles técnicos para los coches, que deberán pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda dos años más tarde y una vez al año a partir del sexto año. La normativa europea actual contempla inspecciones cada dos años a partir del sexto año.
   En el caso de España, la normativa vigente obliga a los coches a pasar la primera ITV a los cuatro años, la segunda a los seis años, la tercera a los ocho años y anualmente desde el noveno año. La legislación europea forzará a adelantar las inspecciones anuales al sexto año.
   La propuesta de Bruselas fija por primera vez a nivel de la UE controles para motocicletas, que no existen en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Malta, Holanda, Portugal y Rumanía. En España, las motos ya están obligadas a pasar la ITV, pero la norma europea obligará a que los controles sean anuales a partir del sexto año, en lugar de cada dos años como sucede en la actualidad.
   "No creo que esté sirviendo a ningún lobby", ha dicho el comisario de Transportes, Siim Kallas, al ser preguntado por las críticas que le acusan de favorecer indebidamente al negocio de las ITV. Kallas ha insistido en que las estadísticas demuestran que a partir del sexto año los vehículos tienen más fallos técnicos.
   "Si conducimos un coche que no está en buenas condiciones para circular, nos convertimos en un peligro para nosotros mismos y para quienes nos acompañan", ha insistido Kallas. "Es más, somos un peligro para todos los demás usuarios de la carretera que nos rodean", ha señalado.
   La norma aumenta además la frecuencia de las inspecciones técnicas para los automóviles y furgonetas con un kilometraje excepcionalmente alto, 160.000 kilómetros en cuatro años. Estos vehículos deberán pasar la ITV anualmente a partir del cuarto año.
   Finalmente, Bruselas fija estándares comunes de calidad para las inspecciones técnicas y obliga a controlar los componentes de seguridad electrónicos. La normativa actual, que data de 1977, no obliga a controlar gran número de fallos técnicos que tienen graves implicaciones para la seguridad, como por ejemplo el ABS o el control electrónico de seguridad.
   Los Estados miembros tendrán libertad para imponer requisitos de control más estrictos que los que marca la UE.

Interventores y secretarios municipales volverán a depender de Hacienda

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que los interventores y los secretarios municipales volverán a depender de este departamento y no de los alcaldes, con lo que se pretende devolverles "la objetividad" en su trabajo de fiscalización de los municipios.

   "Es una vuelta a lo que ya tuvimos en España y que nunca debimos perder: la objetividad de esa gestión para la transparencia en el manejo de los presupuestos públicos y la independencia en la toma de decisiones", ha explicado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.
   El proyecto incluye una nueva lista de competencias, con la prohibición a los municipios de ejercer ninguna otra, y la eliminación de órganos intermedios como mancomunidades y pedanías, creadas "pretendidamente para organizar mejor los servicios públicos pero que no tienen sentido". 
Además, como ya se había anunciado, las diputaciones asumirán las competencias de las localidades de menos de 20.000 habitantes que no cumplan con una evaluación de calidad que deberán pasar.
   Montoro ha confirmado también la reforma de la Ley Electoral para reducir un 30 por ciento el número de concejales, lo que a juicio del gobierno pemitirá "aligerar y favorecer la toma de decisiones políticas".

Hacienda amonesta a Andalucía por poner en riesgo el objetivo de déficit público

MADRID.- El Gobierno ha sacado la tarjeta amarilla a ocho comunidades autónomas, parece que Andalucía entre ellas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha confirmado que ha advertido a "varias regiones" aunque se ha negado a facilitar su nombre. El ministro les ha pedido que "inicien las correcciones" pertinentes ya que "estaban poniendo en riesgo" el objetivo de déficit para este año, según publica 'Expansión'.

Montoro ha anunciado también que pone en marcha los mecanismos del plan de estabilidad por lo que ahora se inicia un proceso "bilateral" de negociación entre el Ministerio y las CCAA que han sido advertidas por el Gobierno.
"No se trata de hacer una publicidad que incida negativamente en nadie", ha insistido el responsable de Hacienda para evitar dar el nombre de las Autonomías advertidas. No obstante, Montoro ha querido subrayar que con el aviso del Gobierno lanza un "mensaje claro y contundente" de que cumplirán con los objetivos marcados "sea cual sea su color político".
Aunque Montoro ha rechazado dar nombres, según fuentes de las comunidades, las regiones apercibidas podrían ser: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura. Castilla-La Mancha, por su parte, niega que se encuentre entre las comunidades señaladas.

Una nueva máquina mejora el procesamiento de restos vegetales de la agricultura protegida

ALMERÍA.- La Estación Experimental de la Fundación Cajamar acoge las pruebas de una nueva máquina diseñada en España para procesar restos vegetales provenientes de la agricultura protegida, ya que a la hora de procesar los restos vegetales de la agricultura es necesario su picado para reducir el volumen y hacer más sencillo cualquier proceso posterior. 

   Según informa la Fundación Cajamar en una nota, los restos vegetales de final de la campaña agrícola suelen ir acompañados de unas cuerdas plásticas o biodegradables que dan soporte a la planta, grapas y clips plásticos o metálicos que sirven de sujeción.
   Hasta ahora no existía la maquinaria adecuada que procese este tipo de residuos con garantías, ya que la mayoría de ellas están pensadas para restos vegetales forestales y no específicamente para el tipo de resto vegetal que se genera asociado a la  producción intensiva bajo plástico. Esto hace que dichas máquinas se atranquen con facilidad o no sean ni siquiera capaces de procesar el resto vegetal.
    Las pruebas realizadas en la Estación Experimental de la Fundación Cajamar, a las que han asistido representantes municipales, comercializadoras del sector, empresas de gestión de residuos y agricultores, con un prototipo de picadora que es capaz de procesar sin problemas este tipo de materiales ofrecen resultados satisfactorios.
   La máquina diseñada y fabricada por los Talleres Guillen, de Archena, en la Región de Murcia, está pensada para trabajar con los diversos tipos de restos vegetales que genera la agricultura bajo plástico al final de cada campaña. Las pruebas se han realizado con melón, pimiento y tomate de ciclo largo, estas dos últimos con distintos tipos de rafias, biodegradables y plásticas.
   Los cultivos de sandía, melón, calabacín, pepino, berenjena, tomate, pimiento y judías verdes centran la producción de la agricultura protegida española. Anualmente estas 62.594 hectáreas de agricultura protegida existentes generan 1.734.420 toneladas de residuos vegetales, que se pueden aprovechar para biomasa y generación de compost natural.
   Según los fabricantes, la picadora es capaz de procesar una hectárea de invernadero en una hora de trabajo y puede reducir el volumen hasta un 60 por ciento, dependiendo del material de origen. El uso de este tipo de maquinaria en las explotaciones agrícolas puede repercutir de manera positiva en el agricultor que necesitará de menos portes para retirar el residuo y por lo tanto realizará una gestión más eficiente.
   Aunque la prueba ha sido un éxito, y ha picado los restos vegetales tanto con rafia plástica como sin ella, la presencia de rafia plástica es aún el principal problema en la gestión de los restos vegetales ya que dificulta su uso en compostaje o en alimentación ganadera.

Analistas prevé una caída del 2,1% del PIB y una tasa de paro del 33,7% a final de año en Andalucía

MÁLAGA.- Las previsiones de Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja, para este año 2012 estiman un descenso del Producto Interior Bruto (PIB) en Andalucía del 2,1 por ciento, lo que supone una mejoría de cuatro décimas con respecto a los anteriores datos. Esto se debe principalmente a un retroceso algo menor de lo previsto para el primer trimestre del gasto en consumo en los hogares y al menor deterioro de la actividad en el sector servicios.

   Estos datos en Andalucía "son algo mejores que la anterior previsión, pero habrá que esperar datos futuros" para su actualización, según han explicado este jueves en la presentación del informe 'Previsiones económicas de Andalucía. Verano 2012' el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía, Francisco García, y la coordinadora del informe, Felisa Becerra, quienes han señalado que se trata de unas previsiones "afectadas por la incertidumbre".
   En cuanto al consumo privado, han previsto que descenderá en 2012 un 2,3 por ciento dada la situación del mercado laboral o el impacto del proceso de consolidación fiscal sobre la renta de los hogares. Asimismo, aún será más acusada la caída en un 8,1 por ciento de la inversión y de un 6,5 por ciento del gasto en consumo de las administraciones públicas.
   Han indicado que todos los sectores experimentarán la caída del Valor Añadido Bruto (VAB), destacando, principalmente, la caída en el sector de la construcción (-7,4 por ciento) y el retroceso de servicios del 0,9 por ciento, dado que éste último representa alrededor de dos tercios del PIB andaluz.
   En cuanto al sector servicios, han señalado que el retroceso que podría experimentar a lo largo del año está en gran medida afectado por el menor dinamismo de la actividad turística en comparación con 2011.
   El Indicador de Actividad Turística de la región prevé que la actividad se mantenga estable en 2012, dado el menor ritmo de crecimiento de la demanda extranjera con respecto al pasado año y el retroceso de la demanda nacional.
   Por su parte, la agricultura podría experimentar una tendencia contraria a años anteriores al registrar un descenso del VAB cercano al tres por ciento. Tanto la industria como la construcción, especialmente ésta última, prolongarían y acentuarían la negativa trayectoria de 2011, tal y como han manifestado.
   Las perspectivas para el mercado laboral señalan una caída del empleo del cuatro por ciento en el promedio de 2012, y que afectaría a todos los sectores productivos.
    Este descenso, han señalado, junto con el previsible aumento de la población activa, hace previsible que la tasa de paro "siga repuntando" y se sitúe en el promedio del año en torno al 33,7 por ciento --1.350.000 personas-- lo que supone 3,3 puntos superior a la registrada en 2011.
    Han señalado que estas cifras estarían en los niveles de mediados de 1995 y 1996 --la crisis de 1993 y 1994-- "cuando también la tasa de paro se disparó en Andalucía". Por otro lado, han señalado que, con las perspectivas de caída del PIB de este año, no se prevé que el mercado laboral pueda registrar mejoras, por lo que "la destrucción de empleo continuaría".
PROVINCIAS
   En cuanto al análisis territorial, en el primer trimestre de 2012 la actividad económica habría descendido en cuatro provincias, como son Almería, Jaén, Cádiz y Huelva, siendo este descenso más "intenso" en las dos primeras, según las estimaciones realizadas.
   Sevilla y Córdoba, por su parte, habrían mantenido "cierta estabilidad", mientras que Málaga y Granada serían las provincias que han mostrado "un ligero avance", aunque con tasas inferiores al 0,5 por ciento interanual.
   Ante estos datos, han apuntado que en algunas provincias se empiezan a deslumbrar datos positivos, por lo que se espera que "sea el inicio o que al menos la situación se empiece a levantar".
   Así, para el conjunto de 2012 se prevé "un comportamiento bastante similar", por lo que las provincias de Almería, Jaén, Cádiz y Huelva pueden ser las que sufran "una mayor contracción de la actividad", siendo menos intensa en Málaga, Granada y Córdoba.
   Desde Analistas han recordado que el entorno económico internacional sigue marcado "por las tensiones financieras", en particular en la zona euro, con un fuerte descenso de las primas de riesgo de España e Italia. Así, respecto a la economía española, la Comisión Europea estima que el PIB se contraerá un 1,8 por ciento en 2012 y un 0,3 por ciento en 2013, siendo el país de la zona euro para el que se proyecta una previsión más negativa en 2013.  
IVA
   Por otro lado, cuestionados por la subida del IVA anunciada por el Gobierno y si podría afectar, Becerra ha recordado que las medidas "están aún por perfilar" por lo que "habrá que esperar" para, como ha explicado, en el momento que se produzca la subida del IVA ver si "podría afectar más o menos".
   "Es difícil aventurar todavía efectos en términos de décimas, por lo que hay que ser prudentes y esperar porque en el primer trimestre no se preveía que el consumo de los hogares creciese en tasa intertrimestral", ha incidido Becerra.
   También, en relación con la subida del IVA en el sector turístico y si repercutirá, ha insistido en que "es complicado saberlo porque se ha anunciado la subida del IVA sin nada más", por lo que, una vez aprobado definitivamente y sabiendo si, finalmente, afectará al sector turístico, "habrá que valorarlo".
   "El turismo está dependiendo de la demanda extranjera, quizá esa demanda, al margen de la subida del IVA, pueda afectar; tiene otros elementos que puedan influir, como cambios o situación económica de países emisores", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "no sólo es un factor, por lo que para valorar escrupulosamente, hay que tener muchos elementos, y hay que ser prudentes", ha manifestado. 
   Por último, desde Analistas Económicos de Andalucía han querido subrayar que las bases están puestas "para que el desarrollo se manifieste más pronto que tarde".

Marruecos convoca al embajador español por el despliegue de la Guardia Civil en Chafarinas

MADRID.- El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos, Saad Dine el Otmani, ha convocado al embajador español en Rabat, Alberto Navarro, para solicitarle "aclaraciones" por el próximo despliegue de la Guardia Civil en las islas Chafarinas.

   El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el lunes que un destacamento de la Guardia Civil controlará desde las islas Chafarinas la inmigración ilegal y la entrada de droga en España a partir del 1 de agosto.
   El jefe de la diplomacia marroquí ha expresado al embajador español su "preocupación" por estas declaraciones, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo marroquí, Mustafa el Jalfi, citado por la agencia de noticias oficial MAP.
   Para Rabat, la decisión adoptada por España supone una "acción unilateral". El Jalfi ha advertido de que este tipo de medidas "exigen una coordinación total con las autoridades marroquíes competentes y la adopción de iniciativas comunes".
   El ministro de Exteriores de Marruecos también ha pedido al embajador de España "aclaraciones" por unas declaraciones "inaceptables" de Fernández Díaz sobre el Desastre de Annual, aunque la agencia MAP no aclara a qué palabras en concreto se refiere. El titular de Interior realizó esta semana en Melilla un homenaje a los caídos en esta batalla, ocurrida en 1921.

Greenpeace cifra en "más de 66 millones de euros" el "derroche" por la "mala" gestión de la costa en Andalucía

SEVILLA.- Greenpeace ha cifrado en "más de 66 millones de euros" el "derroche" por la "mala" gestión de la costa en Andalucía, según destaca en la duodécima edición del informe 'Destrucción a toda costa 2012' que ha presentado este jueves.

   En el documento, destaca cómo la "mala" gestión costera con actuaciones como regeneración de playas, dragados, espigones y reconstrucción de paseos marítimos, supone "un derroche constante de dinero público que podría evitarse con una política de gestión integral de la costa".
   "Sólo en los casos analizados en Andalucía, Greenpeace ha descubierto cómo se han malgastado 66 millones de euros en poner parches que implicarán nuevos gastos en los próximos años", ha resaltado.
   La organización ecologista ha destacado como ejemplo la "constante" dilapidación de recursos económicos que requiere el mantenimiento de los arenales andaluces como consecuencia de la degradación urbanística. Así, sólo en 2011 fueron necesarios "13 millones de euros, a 16.250 euros el metro cuadrado, para regenerar la playa de los Baños del Carmen (Málaga), y 1,6 millones para recuperar las playas entre el puerto de Garrucha y el río Almanzora en Almería".
   Además, la política actual de costas, según apunta Greenpeace, "no está teniendo en cuenta la mayor amenaza a la que nos enfrentamos, el cambio climático, una inaceptable falta de visión de futuro que supondrá para Andalucía un gasto cercano a los 600 millones de euros hasta 2100 debido a la intensificación de los temporales y las sequías, así como la subida del nivel del mar".
   "Al futuro derroche de dinero en Andalucía, hay que añadir el dinero que el Estado se gasta en los más de 8.000 kilómetros de costa española cada año, con cien millones de euros como media", ha indicado. "El saneamiento integral de las aguas en la Costa del Sol necesitarían 500 millones de euros", ha añadido.
   Una de las principales conclusiones del Informe es que al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. La mala gestión también se traduce en pérdidas pues, según Naciones Unidas, en Andalucía se ha perdido, debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras, "más del 50 por ciento de los humedales costeros, y con ellos los beneficios económicos y ambientales de estos ecosistemas en pesca, turismo u otras actividades".
   "El caso más extremo se encuentra en las marismas del Guadalquivir, donde se ha perdido el 83 por ciento de su superficie original", según añade.
   Por otro lado, ha subrayado "otra cifra a destacar" como es la que se deriva de "esconder los lodos contaminados de Fertiberia (Huelva), que supone un coste de 38,5 millones de euros".
   "Proyectos como los de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), la demanda de la mancomunidad de municipios del levante almeriense para abrir el hotel de El Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), o el desarrollo urbanístico en torno al Cabo Trafalgar, suponen el disparatado resurgir del ladrillo", ha advertido.
   En este sentido, apunta que "el principal perjudicado" de esta política es el turismo, con ""un modelo con exceso de alojamientos, carga ambiental y menores ingresos. De entre 115 destinos turísticos mundiales, la Costa Brava (Cataluña), las islas Baleares y las Canarias aparecen en los últimos puestos en valoración de excelencia; y la Costa del Sol, el último lugar por falta de atractivo estético y su escasa calidad ambiental.
   Por último y continuando con el factor turístico, Greenpeace resalta que el Parque Nacional de Doñana reporta unos beneficios anuales a este respecto de 206 millones de euros.

La actividad turística caerá un 1,5% en 2012 por la subida del IVA

MADRID.- La actividad turística se contraerá un 1,5% en 2012 por la subida del IVA, según las previsiones de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, que revisa así a la baja sus estimaciones realizadas en mayo, cuando cifró en un 0,3% la caída del sector turístico.

   Dada la evolución del turismo en los últimos meses, Exceltur preveía que el sector cerrara el año con una caída del 0,6%, si bien el incremento del tipo reducido del IVA del 8% al 10%, el que se aplica al turismo, supondrá cerrar el ejercicio con un descenso del 1,5%, la primera caída desde 2009.
   "Si somos el sector locomotora del rescate no parece que con estas medidas se beneficie al único sector generador de empleo", lamentó el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda.
   Tras expresar su rechazo a la medida que considera muy negativa para el sector, pidió que su implantación sea "como muy pronto a principios de octubre", cuando haya pasado el grueso de la temporada, aunque ha matizado que lo ideal sería en enero de 2013.
   En una rueda de prensa para valorar las expectativas para el verano, el 'lobby' turístico ha augurado además que ese incremento del IVA supondrá una caída de más de 2.000 millones de euros de facturación si se repercute al consumidor final.
   En cualquier caso, una subida inmediata del IVA supone para los empresarios turísticos unas pérdidas seguras de 103 millones de euros procedentes de los paquetes vacacionales ya vendidos a los turistas extranjeros con precios cerrados.
   Por todo ello considera que la coyuntura actual es "muy poco propicia" para subir el IVA, una medida que, a su juicio, parte de lecturas equivocadas "sobre la potencia de un sector". "Estamos llegando muy cerca, si no se ha traspasado ya del límite de resistencia del sector", advirtió Zoreda.
   El 'lobby' turístico considera que Europa y España mantiene un escenario "atípico, incierto y volatil', lo que hace a los empresarios ser muy pesimistas respecto al tercer trimestre estimando una caída de facturación (67%) de márgenes y resultados (46,9%).
   Los hoteles de costa, junto con las empresas de ocio y alquiler de coches en sitios dependientes del turismo extranjero esperan un verano favorable con aumentos leves. Por el contrario las empresas de transporte de pasajeros y las agencias de viajes esperan descensos de ventas por caída de consumo y gasto por parte sobre todo de los españoles.
   Los empresarios de Baleares y Canarias esperan mantener de forma generalizada los resultados del pasado año, al igual que la Comunidad Valenciana o la costa andaluza. Por el contrario los empresarios del norte de España, la zona de interior y las ciudades prevén un verano más complejo en el 2011.
   Las previsiones de cara a fin de año se ven confirmadas con la evolución registrada en el segundo trimestre cuando la actividad turística cayó un 0,9%, aunque se crearon 5.042 nuevos puestos de trabajo.
   Este descenso se justifica por la "ralentización de la demanda española, que no se recupera, ni tiene visos de recuperarse", y que se suma a la recuperación que ya se está produciendo en países turísticos competidores de España como Túnez.
   "El descenso de la actividad turística y la creciente preocupación por el incremento de tasas aeroportuarias y la subida del IVA se ha traducido en un deterioro del nivel de confianza por parte de los empresarios españoles", explicó Zoreda.
   El turismo extranjero continúa siendo el principal sostén del turismo español, incluso registrando importantes volúmenes de afluencia, no así de gasto, especialmente mercados emergentes como Rusia, Japón, o los países nórdicos.
   Ante esta situación Exceltur pide que el sector no sea gravado con más impuestos ni sobretasas que lo penalizan y lo hacen menos competitivo frente a otros países. "Somos un sector rescate pero no somos un corcho que pueda flotar en cualquier circunstancia en un contexto cada vez más incierto", concluyó Zoreda.