jueves, 21 de junio de 2012

Los pensionistas andaluces no abonarán sus fármacos si superan los límites

SEVILLA.- La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que los pensionistas andaluces no tendrán que adelantar a partir del 1 de julio el pago de los fármacos que retiren de las farmacias con cargo a una receta pública, más allá lógicamente de los tramos fijados en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y que comprenden una horquilla mensual de pago que va de los 8 a 18 y 60 euros (en función del nivel de renta de cada contribuyente).

   Montero, que ha defendido que la comunidad tiene competencia para llevar a cabo esta medida, ha explicado en rueda de prensa en Sevilla que el RDL 16/2012 fija para todo el Estado el que los pensionistas abonen por adelantado el pago de sus medicinas, un dinero que luego le sería reintegrado de forma semestral si supera sus límite mensuales en función de los topes fijados por Sanidad para su nivel de renta.
   Según ha precisado, el sistema que permitirá ahora a los pensionistas andaluces no tener que adelantar más dinero hasta su reintegro definitivo a los seis meses que el que fija el Gobierno central es gracias a la historia clínica digitalizada Receta XXI.
   En concreto, este sistema, "accesible prácticamente al 100 por cien de los andaluces" y que ya permite a los usuarios retirar sus medicinas sin necesidad de acudir a los centros de salud para renovar sus tratamientos en caso de que sean crónicos, recogerá ahora una pestaña o suerte de 'contador de euros' en cada historial digitalizado de cada paciente.
   De esta forma, y una vez superado el límite fijado por Sanidad de copago mensual de las recetas de un pensionista andaluz dado, el mismo no tendría que pagar más por alentado la retirada de nuevos fármacos durante ese mismo mes, ya que el contador 'avisará' al farmacéutico de que ese usuario ha llegado al tope de abono de ese usuario.
   A modo de ejemplo, Montero ha expuesto un caso común y real: una persona pensionista que padezca Alzheimer, hiperplasia benigna de próstata, insuficiencia cardíaca, EPOC y diabetes, que además requiera de absorbentes y tiras reactivas, tendría que abonar más de 42 euros al mes por los 22 medicamentos necesarios para controlar estas enfermedades (el 10% del coste total del tratamiento, estimado en 424 euros mensuales). Salud evitará a este paciente tener que esperar más de medio año para que le devuelvan los 204 euros extra que pagará por seis meses de tratamiento (unos 40 euros superan el tope cada mes), ya que el sistema Receta XXI de la comunidad detectará cuándo ha llegado al pago de los 8 euros impuesto por el Gobierno central e informará a la farmacia de que no tiene que seguir cobrando al usuario ese mes.
   De hecho, la estrategia digital Diraya permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto significa que la Consejería de Salud podrá cada mes actualizar en qué situación laboral se encuentra el ciudadano y hasta cuánto le corresponde pagar antes de que vaya a la farmacia. Asimismo, garantizará a los usuarios en paro que han perdido derecho a prestación que no paguen nada cuando retiren sus fármacos.
   "Con esta medida, y en estos momentos de crisis, intentamos ayudar a los pensionistas andaluces frente a un decreto de Rajoy que supone en la práctica una impuesto para la enfermedad de los más débiles y una bajada real de las pensiones, ya que el Estado está empezando a dejar de ocuparse den los pensionistas", ha reprochado Montero.
   Del mismo modo, ha defendido que con esta medida Andalucía se salva de las "posibles tensiones de Tesorería" que otras comunidades pueden sufrir "cuando a los seis meses tengan que devolver ese dinero a sus pensionistas, pero puedan tener problemas incluso para devolver esos pagos por adelantado como consecuencia de esta crisis".
   En este mismo sentido, ha resaltado que Andalucía también quedará exenta de los posibles "picos de tensión de Tesorería" que también puedan sufrir otras comunidades para obtener liquidez con los que hacer frente al reintegro de las cantidades abonada de más por sus ancianos.
   Junto a ello, ha resaltado que el sistema andaluz evitará al paciente tener que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del tope que le corresponda y esperar cada seis meses la devolución, minimizando así el coste de los trámites burocráticos necesarios para ejecutar los abonos.
   Según los datos que maneja el departamento que dirige Montero, cerca de medio millón de pensionistas andaluces mayores de 65 años consume más de cinco recetas al mes.
   No obstante, los datos que maneja Salud revelan que la imposición de esta normativa va a afectar al colectivo de los pensionistas andaluces (1.679.801 en la actualidad), que ha recibido la medicación prescrita por su médico de manera gratuita desde la década de los 60. A partir del 1 de julio, Sanidad les obligará a contribuir con entre el 10 por ciento y el 60 por ciento del coste del tratamiento hasta un máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros.
   Más concretamente, 1.414.873 pensionistas (el 85% del total) estarán en el tramo que pagarán 8 euros al mes según la norma, 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes, y 4.033 pensionistas (el 0,2%) hasta 60 euros mensuales.
   Además, 1.169.228 andaluces en activo tendrán que pagar más al retirar sus medicinas de las oficinas de farmacia. En concreto, 1.148.402 aportarán el 50% del coste (se trata de la población con una renta comprendida entre 18.000 y 100.000 euros que antes de la entrada en vigor del Decreto asumía el 40%), y 20.826 usuarios abonarán el 60% (con una renta por encima de los 100.000 euros, antes contribuían con el 40% del coste también).

Elsur presenta un nuevo ERE sobre 143 personas, el 40% de su plantilla de servicios municipales en El Ejido

EL EJIDO.- La empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido, ha presentado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter extintivo sobre 143 empleados, lo que supone un 40 por ciento de la plantilla actual de esta empresa participada en su mayoría por el socio privado Agua y Gestión, y en un 30 por ciento por el propio Ayuntamiento de El Ejido. 

   Fuentes sindicales de CCOO y del propio comité de empresa han confirmado hoy la intención de poner en marcha este nuevo ERE que ha sido registrado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería, ya que la empresa se encuentra en concurso de acreedores voluntario desde el 5 de julio del pasado año dado su estado de insolvencia, que achaca principalmente a una deuda con el Ayuntamiento ejidense de alrededor de 80 millones de euros, es decir, casi un 80 por ciento de su activo.
   El expediente, que se ha trasladado a última hora de la mañana a las partes implicadas en formato físico distribuido en dos grandes volúmenes, está planteado para reducir el número de trabajadores según el sector y cargo sin proponer nombres concretos. Así, según un primer análisis, estaría basado principalmente en la falta de recursos derivados de la disminución del canon de 12 millones de euros aprobado para este ejercicio por parte del Ayuntamiento de El Ejido así como de otras fuentes de financiación para la empresa.
   Elsur, que según el último sondeo cuenta con 358 trabajadores, constituye además el epicentro de la supuesta trama de corrupción municipal investigada en el marco de la operación 'Poniente', en la que se indagan supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y contra la hacienda pública; lo que ha dado lugar a medidas como el bloqueo del pago de deudas a través del plan de pago a proveedores promovido por el Gobierno, entre otras.
   Con esto, el Juzgado de lo Mercantil deberá ahora dirimir los términos del expediente y determinar si incluye o no el mismo en el concurso de acreedores. Por su parte, el comité de empresa de Elsur, cuya mayoría es ostentada por los representantes sindicales de CGT y USO, se reunirá este jueves para dar a conocer a los empleados los pormenores del ERE y contemplar en este sentido qué actuaciones pueden desprenderse de esta acción.
   La empresa mixta, que asumió a los trabajadores de todas las subcontratas que poseía y que llegó a tener hasta casi medio millar de empleados después de que un juez de lo Social confirmara que se había producido una subrogación ilegal de trabajadores, ya había estudiado en sus órganos la posibilidad de ejecutar un nuevo ERE ante sus posibilidades económicas, si bien ya había sometido a la plantilla a un ERE rotativo y suspensorio durante 18 meses.
   Igualmente, la empresa ya intentó presentar a principios de abril del pasado año un ERE extintivo sobre 156 empleados con una indeminización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, y que contemplaba la reducción de hasta el 56 por ciento de la plantilla en algunas de sus áreas, como la de jardines, entre otros aspectos. No obstante, este ERE fue archivado por la Junta --aún con competencias sobre el proceso-- ante un defecto de forma a la hora de nombrar al interlocutor de dicho expediente.
   En cualquier caso, la amenaza de ERE sobre Elsur ha sido constante durante el último año, ya que incluso el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), trasladó al inversor privado de la empresa mixta de servicios municipales Elsur una propuesta sobre 105 personas y que se mostraba como alternativa al que la mercantil presentó con anterioridad ante el juzgado, que contemplaba 155 despidos.
   Asimismo, el expediente de regulación de empleo extintivo ha sido uno de los asuntos planteados en los distintos consejos de administración de Elsur en los últimos meses, si bien el alcalde y también presidente del citado consejo recientemente se ha mostrado contrario a que se active un ERE en Elsur, pese a reconocer que el canon destinado este año por el Ayuntamiento al servicio es de 12 millones de euros "pensando en el nivel de los servicios que realmente podemos pagar", según se refirió.
   En relación a la empresa, Góngora adelantó este martes que el Ayuntamiento va a contratar en las próximas semanas una asistencia técnica para revisar "determinadas partidas" con las que se financiaron obras realizadas por la empresa mixta de servicios municipales, Elsur principalmente fuera de canon y con facilidad para su constatación.

Miles de andaluces se manifiestan contra los "recortes" del Gobierno

SEVILLA.- Miles de andaluces, unos 56.000, según los sindicatos UGT y CCOO,  y unos 16.600, según datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, se han manifestado este tarde de miércoles en todas las capitales andaluzas para "defender sus derechos y mostrar la respuesta contundente que se merecen las políticas, recortes y agresiones del Gobierno central, rechazando esas agresiones".

   CCOO y UGT pretenden que en esta convocatoria, efectuada a nivel nacional bajo el lema 'No te calles. Defiende tus derechos', los andaluces "tomen las calles" y rechacen "la extorsión económica y la especulación financiera, se opongan a la opción ideológica de la derecha político-económica que nos está arruinando", además de seguir "mostrándose en contra de la reforma laboral y de los recortes de la Junta de Andalucía".
   En Andalucía, todas las manifestaciones han empezado en torno a las 20,00 horas y han salido, en el caso de Almería, de Puerta Purchena, donde, según los sindicatos, se han concentrado 4.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno lo cifra en 1.000 personas; de la Plaza Asdrúbal en el caso de Cádiz, con 8.000 asistentes según las centrales y 2.500 según el Gobierno; de la Glorieta Cruz Roja de Córdoba, con 5.000 asistentes según los sindicatos, en unos datos coincidentes con los de la Delegación del Gobierno.
   En Granada salieron de la Plaza del Triunfo, con 9.000 participantes, según los sindicatos, y 2.000, según el Gobierno; en Huelva, de la fuente de los Bomberos, con 7.000 personas asistentes, según sindicatos, y 800 personas, según el Gobierno; en Jaén, de la Plaza de las Batallas, con 4.000 personas, según las centrales sindicales y 800 según el Gobierno; en Málaga, unas 9.000 personas salieron de la Alameda de Colón según los sindicatos y 1.000 según la Delegación del Gobierno en Andalucía; y en Sevilla la manifestación ha salido de la Puerta de Jerez, con 10.000 asistentes, según los sindicatos, y 3.500 según la Delegación del Gobierno en Andalucía.
   Los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y UGT-A, Manuel Pastrana, han participado ambos en la manifestación de Sevilla y consideran que "los recortes en las comunidades autónomas y su afectación a los trabajadores son un exponente más de esta política económica que hay que cargarse, y hay que hacerlo desde la movilización ciudadana".
   El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha vuelto a insistir en que a estas concentraciones están llamados todos los ciudadanos y, en concreto, todos los empleados públicos de la Junta, para mostrar su rechazo contra las políticas de recortes del Gobierno central y contra el Plan de ajustes de la Junta de Andalucía.
   Asimismo, Pastrana, quien ha participado en la protesta de Sevilla junto a Francisco Carbonero, ha advertido de que el sindicato no va a asumir ni recortes ni despidos ni disminución en los derechos.
   Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha asegurado que "hay razones más que sobradas para que la gente salga a la calle a rechazar las políticas de recortes impuestas desde Europa y rechace la reforma laboral, que está empobreciendo a la gente".
   Tras pedirle a Rajoy que "no mienta más", Carbonero ha reiterado su llamamiento a la movilización, de forma que se muestra seguro de que "si los gobiernos persisten en esta política, al final saldrán" y ha advertido de que, en el caso de España, "Rajoy no llegará a la próxima legislatura si mantiene estas políticas".

Sindicatos y entidades pactan las condiciones de Cajas Rurales Unidas, que incluye un plan de prejubilaciones

ALMERÍA.-   La dirección y las organizaciones sindicales de Cajamar Caja Rural y de Ruralcaja han alcanzado y firmado este miércoles el preacuerdo laboral de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, que será rubricado formalmente la próxima semana y que contempla un plan de prejubilaciones al que podrán acogerse los empleados de todos los centros de trabajo de la entidad que cumplan 55 años en 2012, o los empleados de Cajamar o Ruralcaja en la Comunitat Valenciana que cumplan 54 ó 53 años en 2012.

   En ambos casos los empleados que se acojan a la prejubilación deberán contar con una antigüedad mayor o igual a seis años. Se trata de una medida que afecta a un número potencial de aproximadamente 550 empleados y que tiene especial significación en el ámbito de la Comunitat Valenciana, según informa Cajamar en un comunicado.
   Quienes decidan acogerse a este plan de prejubilaciones recibirán una renta mensual equivalentes al 95 por ciento del salario neto fijo percibido en el último año, que será revalorizable al 1,5 por ciento anual hasta los 64 años. En materia de pensiones además de una aportación extraordinaria para la jubilación, en función de la antigüedad, se garantiza el aseguramiento de las contingencias de riesgo --fallecimiento o incapacidad, entre otros-- durante el periodo de prejubilación.
   La reestructuración de plantilla contempla también que, en materia de movilidad geográfica, los empleados que deban ser trasladados de oficina recibirán complementos durante los primeros años de desplazamiento, y si la distancia fuera de más cien kilómetros percibirán también una ayuda para vivienda de 600 euros mensuales durante los dos primeros años del traslado y un complemento por desplazamiento de 360 euros mensuales durante los cinco primeros años del traslado.
   Respecto a la homologación de condiciones laborales y económicas es especialmente significativo el planteamiento en la homologación del plan de pensiones al introducir una financiación progresiva que mejora la financiación para los colectivos de más antigüedad en los años previos a la jubilación.
   En general, las entidades aseguran que "se armonizarán las condiciones laborales, manteniendo sustancialmente los derechos de ambas plantillas". A partir del mismo momento en que la fusión sea efectiva quedarán homogeneizadas la jornada y horario, ayudas de estudios y medidas de conciliación de la plantilla, con lo que progresivamente se acometerán la "armonización" de los sistemas de retribución, las clasificaciones profesionales, el plan de pensiones, el complemento 2009 o la bolsa de vacaciones.
   Por parte de Cajamar, el documento ha sido firmado por los secretarios generales de las secciones sindicales de CC.OO., UGT y CGT, Matías Iglesias Casquero, José Martínez García y Antonino López López, respectivamente; así como por el director de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez Jurado. Por parte de Ruralcaja lo han suscrito los secretarios generales de las secciones sindicales de CC.OO. y UGT, César Cabrera Bellés y Luis Tortajada Pastor, así como el director del Área de Medios, Felipe Aguado Hernández.
   Para el director de Recursos Humanos de Cajamar Caja Rural, Javier Rodríguez, y el director de Medios de Ruralcaja, Felipe Aguado, el preacuerdo supone "una buena solución que genera expectativas a medio y largo plazo" ya que es una "solución no traumática" a la reestructuración de la plantilla, que supone un "importante sacrificio" puesto que "nos vemos obligados a prescindir de un talento muy valioso para la caja".
   Así, consideran que las bases del marco laboral para Cajas Rurales Unidas "respetan de forma general" las condiciones actuales de ambas plantillas, "generando expectativas de mejora en el medio y largo plazo". Por su parte, los agentes sindicales han valorado este acuerdo que supone "estabilidad" en el empleo" y "continuidad" en las condiciones sociales y económicas" para la plantilla.
   "Este preacuerdo prevé la salida ordenada de alrededor de unas 550 personas en toda España, si bien estas salidas se darán principalmente en la Comunidad Valenciana, Málaga y Almería, y asegura el mantenimiento de los puestos de trabajo", según señalan desde los sindicatos que han participado en la negociación.

La Junta comparte con Chamizo que "no es momento de peleas gratuitas"

SEVILLA.-   La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado "bueno" el llamamiento "al consenso y el diálogo" entre los partidos realizado por el Defensor del Pueblo en funciones, José Chamizo, y ha defendido que "hay que pensar que hay miles de familias que lo están pasando mal y no es el momento de peleas gratuitas".

   Díaz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, al ser preguntada por la intervención de Chamizo en comisión parlamentaria en la que instó a los diputados "a resolver los problemas del personal" y dejar de lado "la pelea" política porque "la gente está muy enfadada, hasta el gorro de todos ustedes".
   "El Defensor del Pueblo es un hombre didáctico y lo explica en un lenguaje en el que se le entiende perfectamente, pero eso es lo que manifestamos los socialistas hace tiempo cuando llamábamos al consenso, al acuerdo y a pensar en los intereses de los ciudadanos por encima del interés de los partidos políticos", ha asegurado la titular de Presidencia, que se ha mostrado convencida de que "en estos momentos hay que preservar el valor de este país y pensar que hay miles de familias que lo están pasando mal y no es momento de peleas gratuitas".
   Tras subrayar que cuando el PSOE planteó "un gran pacto de Estado entre todos los partidos políticos y entre el Gobierno y las administraciones nos referíamos a eso", Díaz ha considerado "bueno que el conjunto de los representantes públicos, porque el Defensor del Pueblo también es un órgano de extracción parlamentaria, llamen al consenso y el diálogo". "Lo ha hecho de una manera muy didáctica en el que se le ha entendido todo, pero es algo que Griñán llamó a ese diálogo y consenso que hoy los ciudadanos nos demandan", ha concluido.