sábado, 16 de junio de 2012

Obama suspenderá la deportación de jóvenes inmigrantes indocumentados

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha decidido suspender la deportación de jóvenes inmigrantes que han vivido durante más de cinco años en Estados Unidos y les ha abierto la puerta de la inserción laboral. Este enérgico gesto dirigido a la comunidad latina, uno de los principales graneros de votos para Obama, se produce a algo más de cuatro meses de las elecciones presidenciales y cuando el candidato republicano, Mitt Romney, se dispone a emprender la campaña electoral.

   Aunque Obama ha aclarado que esta laxitud de la regulación migratoria está sometida a ciertas condiciones, el presidente estadounidense ha ensalzado el propósito de "remendar y hacer más justa y ecuánime" la situación migratoria de miles de jóvenes.
   "Son estadounidenses en su corazón, en sus mentes, en todo menos sobre el papel", ha subrayado. "No tiene sentido expulsar del país a estos jóvenes que de cualquier manera que se les mire son estadounidenses", ha agregado.
   Bajo el nombre de Dream Act (ley del sueño), Obama aboga por que los inmigrantes sin la documentación regularizada de entre 16 y 30 años, y que hayan vivido al menos cinco años consecutivos en Estados Unidos puedan continuar en el país, además de trabajar. Así pues, alrededor de 800.000 personas podrían verse beneficiadas por esta iniciativa legislativa.
   La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, ha explicado que este viraje en la política migratoria no contempla la concesión de un permiso de residencia permanente ni de la nacionalidad estadounidense.
   La Dream Act permitirá que los jóvenes menores de 30 que llegaron a Estados Unidos antes de los 16, que no tengan antecedentes penales o supongan una amenaza a la seguridad y que hayan sido unos buenos estudiantes o hayan servido en el Ejército, obtendrán dos años más de margen para su regularización antes de que se oficialice su deportación, ha precisado Napolitano.
   En un mensaje a los escépticos, la Casa Blanca ha remarcado que esta medida es "buena para la economía, buena para la seguridad y es lo que se debe hacer". En este sentido también se ha pronunciado el presidente norteamericano. Esta ley hará "más justa, eficiente y equitativa" la política de inmigración estadounidense, ha enfatizado Obama. "Esto no es una amnistía, ni una inmunidad, ni tampoco un camino hacia la concesión de la ciudadanía: esta es una medida temporal y provisional", ha incidido.
   Este anuncio emplaza a Romney a que se pronuncie sobre un asunto que divide al núcleo del Partido Republicano. Con el ascenso de figuras carismáticas como Marco Rubio, senador por Florida, la férrea oposición del ala más conservadora republicana ha mantenido la Dream Act en punto muerto, a pesar de que al final de la pasada legislatura hubo atisbos de consenso entre el Partido Demócrata y el Republicano.
   No obstante, la aparición de Romney, de corte más moderado que sus antecesores en el partido, vaticinaba un cambio en las posturas migratorias de los republicanos, de la mano del senador cubano-estadounidense Rubio. Las críticas de las que estaba siendo objeto el Gobierno de Obama por las numerosas promesas electorales incumplidas en materia migratoria también han adelantado este anuncio.
   Por contra, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el congresista republicano Lamar Smith, ha recriminado esta medida por "garantizar una amnistía a millones de posibles inmigrantes ilegales".
 "Muchos inmigrantes ilegales aducirán de forma falsa que vinieron aquí cuando eran niños y el Gobierno no tendrá otra opción que considerar que sus reclamaciones son verdaderas", ha criticado Smith, "y una vez que
   De acuerdo con un estudio elaborado en el año 2009, cuatro millones de menores indocumentados habían nacido en Estados Unidos. Asimismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a un total de 396.900 inmigrantes ilegales durante el pasado año, la cifra más alta en la historia de la agencia.

Miles de empleados públicos rechazan en Sevilla los ajustes de la Junta

SEVILLA.- Miles de empleados públicos --unos 5.000, según los organizadores, y alrededor de 1.500, según los datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía--, convocados por diversas plataformas y el sindicato Safja, se han manifestado este sábado en Sevilla para mostrar su rechazo a los ajustes planteados en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio para el 2012-2014 de la Junta de Andalucía, que contempla una rebaja de los salarios de este colectivo, y a la que le han exigido que recorte en la "duplicidad de gastos" que, en su opinión, genera la "administración paralela" del Gobierno andaluz.

   Fuentes de Safja han señalado que ésas han sido las principales reivindicaciones que se han podido escuchar en el manifiesto que se ha leído en torno a las 13,30 horas, a la conclusión de esta marcha, que ha discurrido entre la plaza de la Encarnación de Sevilla y el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
   Al grito de consignas como 'Griñán y Valderas nos roban la cartera' o 'No somos responsables. Gobierno irresponsable', los manifestantes, procedentes de las ocho provincias andaluzas, según las fuentes consultadas, han mostrado su rechazo a los "recortes" del Ejecutivo andaluz, que atribuyen, "en alguna medida", a la creación, desde la propia Junta, de una "administración paralela" conformada por empresas públicas que "duplican el trabajo de los funcionarios".
   Es ahí "donde hay que recortar", según los manifestantes, "y no en el bolsillo y en los derechos sociales adquiridos en muchos años por los funcionarios, que no somos los responsables de esta situación". De esta manera, desde Safja entienden que los recortes en los sueldos de los empleados públicos suponen "una forma de compensar" la "duplicidad de gastos" que, en su opinión, acarrea la "integración de personal en esas empresas públicas" que conformarían la que denominan "administración paralela".
   Se trata de algo que estas plataformas "vienen denunciando desde hace un año y medio, aproximadamente", y que ha ocasionado "un despilfarro que ha desembocado en esta situación", que, además, se ha visto "agravada por la actual crisis económica mundial".  
   La manifestación de este sábado ha sido convocada por plataformas provinciales de empleados públicos de la Junta de Andalucía, la Asociación Aidós y la Asociación Al Andalus, y a ella se han sumado representantes de la Asociación Defiendo mi Derecho, Asociación El Tercer Lado y la Plataforma de Opositores.

Moody's rebaja un escalón la calificación de Andalucía

MADRID.-   La agencia Moody's ha revisado el rating de diez comunidades autónomas españolas y ha rebajado la calificación de siete de ellas, entre las que se encuentran País Vasco, Madrid, Galicia, Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

   En un comunicado, la agencia de calificación explica que esta medida se produce después de que el pasado miércoles rebajara en tres escalones la evaluación de la deuda española, que pasa de 'A3' a 'BAA3', con perspectiva negativa, y la dejara a un paso del bono basura.
   La agencia de calificación ha rebajado tres peldaños el rating de la deuda a largo plazo, con perspectiva negativa, a las regiones de País Vasco, que pasa de 'A2' a 'Baa2', y a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia, que todas ellas pasan de 'A3' a 'Baa3'.
   Asimismo, rebaja en dos escalones el rating de Extremadura (de 'Baa1' a 'Baa3', con perspectiva negativa), mientras que baja uno el de Andalucía (de 'Baa2' a 'Baa3', también con perspectiva negativa) y el de la Comunidad Valenciana (de 'Ba3' a 'B1')
   Mantienen el mismo rating que en la última revisión, el pasado 17 de mayo, aunque con perspectiva negativa, las comunidades de Murcia y Cataluña, ambas con 'Ba1', así como Castilla-La Mancha, con 'Ba2'.