jueves, 14 de junio de 2012

Desmantelar El Algarrobico cuesta 7,3 millones de euros, según Greenpeace

MADRID.- Greenpeace estima en 7.320.646 euros el coste de desmantelar de forma selectiva la construcción de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras. Se trata de una cifra en la que también está incluida la recuperación posterior de la playa y que difiere de los 8,5 millones de euros que calculó la Junta de Andalucía que costaría el derribo y que no incluía esa restauración medioambiental.

   El colectivo ecologista y el equipo técnico de arquitectos y expertos en medio ambiente n'UNDO han presentado este jueves un informe con el que se pretende demostrar que "el peor ejemplo del ladrillazo en la costa española puede pasar a ser ejemplo de creación de empleo y de sostenibilidad ambiental", según ha explicado la responsable de Costas, Pilar Marcos.
   Y es que el informe, elaborado durante seis meses en base a más de planos de la construcción, prevé que en la demolición se podrían generar 379 puestos de trabajo, 530 horas de cursos, 150 personas formadas y casi 40.000 metros cúbicos de material recuperado, es decir, el 98 por ciento del edificio.
   Esto se podría llevar a cabo gracias a lo que denominan una "demolición selectiva" que, frente a la tradicional que genera "una gran cantidad de residuos no seleccionados", pasa por el "aprovechamiento máximo de los recursos" y una reducción de los vertidos. Calculan que se tardaría unos 24 meses y permitiría ahorrar un 11 por ciento de los costes.
   El miembro de n'UNDO Alejandro del Castillo ha explicado que el informe, 'El Algarrobico, la oportunidad bajo los escombros', pretende que el edificio se convierta en "un centro de pruebas" de recuperación de entornos y un punto de encuentro de la I+D en el que se podrían ensayar técnicas contra incendios o de demolición ordenada. Además se convertiría en un proyecto educativo en el que implicar a colegios, institutos o universidades para enseñar campañas de recuperación ambiental.
   En definitiva, se trata de "revertir la imagen negativa de El Algarobico y de Carboneras" y, tras la demolición, la gestión y reciclaje de los residuos, la recuperación de la playa, el arroyo y el perfil de la montaña, tener un nuevo enfoque de cómo el turismo sostenible y medioambientalmente respetuoso es "un sector con futuro".
   Permitiría convertir este caso en "referencia aplicable a otros muchos casos del litoral español" y que esos algo más de siete millones de euros "no fueran un gasto sino una inversión", han subrayado.
   Marcos ha explicado que la diferencia entre la estimación del coste que propone el informe, que ha sido enviado a la Junta de Andalucía, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Carboneras, y los entre 100 y 300 millones de euros que calculó la Administración General del Estado es que estas cantidades incluyen las indemnizaciones a Azata, algo con lo que no está de acuerdo Greenpeace ya que la promotora "sabía que estaba construyendo en la playa".
   La responsable de Costas de la organización ecologista tiene claro que si el Algarrobico no se derriba es "por falta de voluntad política".
 "Si la hubiera, en lugar de dar cifras al tuntún se habría tirado ya y Cañete y Griñán son los responsables de hacer desaparecer el edificio", ha subrayado Marcos, que ha criticado que las únicas actuaciones de las administraciones públicas en este sentido se hayan producido en época electoral.
   A su juicio, no hay que esperar a que se resuelva el pleito sobre la licencia de obras porque con las sentencias del Tribunal Supremo y del TSJA, conocida esta misa semana, se demuestra que "la licencia es ilegal".
 "Lo que hay que hacer es darle la vuelta a la tortilla, que la promotora y el Ayuntamiento sean perseguidos en los tribunales y si éstos siguen manteniendo que obraron de buena fe y que tuvieron todos los parabienes de la Junta y del Estado para construir, deben denunciar y justificar que creían que era un solar urbanizable", ha añadido.
   Además, sobre la moción de los alcaldes de la Mancomunidad del Valle del Almanzora debaten este jueves en favor del Algarrobico, y que se suma a la aprobada por unanimidad por los catorce municipios de la Mancomunidad del Levante Almeriense, Marcos ha dicho que la presión de los alcaldes "no es vinculante" y ha rechazado su propuesta para insta a la Administración andaluza y la central a que reactiven el proyecto con el objetivo de crear empleo.
   "Nos sobran ejemplos de temporalidad en hoteles de la zona y de toda España por sobreoferta de camas hoteleras, de hoteles cerrados, de ERE's, de proyectos a medio construir por falta de liquidez", ha señalado Marcos, para quien si el hotel llegara a abrirse supondría, además, que las arcas públicas tendrían que costear aspectos como el abastecimiento de agua dulce, la gestión de residuos o los accesos.

Uno de cada tres ancianos ayuda con su pensión a sus familiares, según la Cruz Roja

BARCELONA.- Uno de cada tres ancianos han ayudado económicamente a alguno de sus familiares con sus pensiones en los últimos dos años, y uno de cada cuatro han tenido que acoger de nuevo a algún hijo en su casa, ha concluido el III Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja de Cataluña. 

   El presidente de la entidad, Josep Marquès, ha explicado en rueda de prensa que las personas mayores se están convirtiendo en "un pilar imprescindible para paliar las secuelas de la crisis" y son un colectivo que debe cuidarse para evitar un efecto dominó que alcance al conjunto de la sociedad.
   Tras analizar el impacto de la crisis en 674 usuarios mayores de 65 años, la entidad de ayuda humanitaria ha detectado que el 70% de ellos han visto disminuir su capacidad de ahorro, debido al encarecimiento de los precios y al incremento de las cargas familiares.
   También el 70% creen que "esta crisis es más grave que las anteriores" y que las nuevas generaciones vivirán peor que las actuales debido al deterioro del Estado del Bienestar.
   "Cualquier política referida a la vejez puede tener repercusiones sobre el conjunto de las familias y la sociedad", ha recordado Marquès, animando a las instituciones a abordar medidas en este ámbito.
    El estudio revela que se han invertido los flujos de solidaridad intergeneracional por los cuales los más jóvenes contribuyen al bienestar de los mayores a través de la financiación del sistema de pensiones.
   "Ahora ya son más los mayores de 65 años que apoyan a las generaciones más jóvenes", ha destacado Marquès, cifrando en un 20% los ancianos que prestan ayuda económica a sus hijos, un 10% los que ofrecen apoyo alimentario y un 6,5% los que han acogido a algún hijo en casa.
   El impacto de la crisis económica tiene consecuencias sobre la alimentación de los mayores ya que, un 20% de ellos asegura no poder comer con regularidad fruta, carne ni pescado.
   Además, el hecho de tener que destinar sus pensiones a ayudar a sus familiares ha obligado a la mitad de ellos a privarse de ir al dentista y revisarse la visión.
   Marquès ha alertado de que dos de cada cuatro ancianos no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada y que el 80% de ellos no pueden permitirse ningún gasto en ocio y descanso.
   Debido a todos estos factores, los mayores "tienen la percepción de ruptura del progreso social a causa del deterioro del Estado del Bienestar".

La Mancomunidad del Almanzora pide abrir el hotel del Algarrobico

ALMERÍA.- La Mancomunidad de municipios del Valle del Almanzora ha aprobado con los votos favorables de los 16 alcaldes del PP y PSA, y la "inhibición" de los regidores del PSOE la moción que aboga por la apertura del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras.

   La asamblea, que integran 26 ayuntamientos, ha respaldado por mayoría el contenido textual de la moción elaborada por el primer edil de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), en el que se insta alcanzar un acuerdo que, partiendo de la "legalidad incuestionable" del hotel, "posibilite su conclusión y reactivación" con el fin de crear "cientos de puestos de trabajo de forma inmediata en la construcción y otros muchos, a medio plazo y de forma estable, en el sector turístico en el levante almeriense".
   Según ha explicado el presidente de la entidad y alcalde de Alcóntar, Antonio Ramón Salas (PP), el apoyo se sustenta en el "sentido común" ya que la demolición del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones "traería unas consecuencias desproporcionadas" a las comarcas de su entorno y "haría quedar bajo mínimos la credibilidad de la provincia de cara a futuras inversiones".
   "¿Qué credibilidad y que imagen proyectarían las administraciones y que dudas generaría sí a un empresario con todos los permisos en regla se le ha dejado construir y luego no se le ha dejado terminar la obra?. Estoy convencido de que lo pagaríamos caro en un futuro a corto plazo", ha defendido en su intervención Salas, para quien el derribo del inmueble de Azata constituiría "una barbaridad". "El sentido común aconseja rehabilitar el hotel para ayer", ha apuntillado.
   Ha hecho referencia, en esta línea, al coste de la demolición, que ha fijado en unos 300 millones de euros, y a la "pérdida de 500 puestos de trabajo".
 "Hemos perdido el norte y no puedo entender cómo, desde la esfera política, se puede defender su derribo cuando somos los que tenemos que dar la cara ante los ciudadanos y defender sus intereses". Al hilo de esto, ha criticado la "inhibición" de los regidores del PSOE "que no son capaces --ha añadido-- de no dejarse plegar por los intereses de su partido".
   Por su parte, el portavoz de los nueve alcaldes socialistas que integran la Mancomunidad del Almanzora y primer edil de Serón, Juan Antonio Lorenzo, ha indicado la decisión de inhibirse, tal y como se ha hecho constar en acta, ha sido "meditada al margen de opiniones personales" y responda al "respeto" por un conflicto que están "en manos de la Justicia y de otras administraciones".
   "Más allá de juicios de valor y de prejuiciar, no queríamos influenciar y queríamos ser coherentes con lo que defiende el PSOE-A, y hemos decidido que no procedía intervenir", ha trasladado Lorenzo, para quien la moción "no debía haberse incluido nunca en el orden del día de la asamblea ya que no cabe en una Mancomunidad a la que queda lejos de su ámbito de influencia" el controvertido hotel.
   En alusión a la sentencia hecha pública el miércoles por la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) restablece el paraje como "espacio protegido no urbanizable", ha señalado que, si bien no ha decantado el sentido de la decisión de los ediles del PSOE, "sí nos ha ratificado en que debíamos inhibirnos". Lorenzo ha declinado entrar a considerar el voto favorable que los regidores socialistas dieron a la moción en el seno del pleno de la Mancomunidad del Levante y se ha limitado a asegurar que la "respeta".
   El presidente de la entidad ha precisado que comunicará el resultado de la votación al primer edil de Carboneras y, a partir de ahí, "nos pondremos a su disposición en lo que estime oportuno para trabajar en favor de la apertura del hotel siempre --ha matizado-- dentro del ordenamiento jurídico vigente y guardando lo que debe ser la buena praxis política".
   La Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, integrada por 14 ayuntamientos de los que tres están gobernados por el PSOE, respaldó por "unanimidad" la moción que recoge, según se subraya en el texto, el sentir de "decenas de pymes y centenares de trabajadores de la zona que confían ante la que está cayendo" en poder superar con esta reactivación "la falta de actividad y el paro".
   Sostiene, asimismo, que la Junta de Andalucía creó las "condiciones urbanísticas adecuadas con instrumentos de planeamiento urbanístico" para programar el desarrollo turístico del municipio "carente de infraestructuras hoteleras dignas" y que el polémico inmueble debía ser la primera consecuencia de ese plan.
   El escrito lamenta, asimismo, que "la paralización de la obra y la consiguiente y sistemática propaganda mediática hayan cortado de raíz esas posibilidades con perjuicios irreparables" y cuestiona que el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones suponga la recuperación del entorno natural.
   En esta línea, señala que "no hay nada que recuperar porque realmente no hay nada" y se pregunta si existe "algún estudio técnico fiable que garantice la restauración medioambiental" ya que, según subraya, la "reversibilidad de espacio construido a natural ha sido descartada por todos los técnicos y expertos cualificados que han visitado la construcción".
   En concreto, alude como problemas la escasa consistencia del terreno, el tratamiento dado al cerro en bancadas para el asentamiento de la edificación escalonada, la disposición de los cimientos de la edificación anchos y profundos, la imposibilidad de efectuar recubrimientos artificiales por las pronunciadas pendientes y "sobre todo" la fuerte acción erosiva en esta zona del viento y las lluvias torrenciales, lo que, sumado --señala--, haría que persistiese tras la demolición "una imagen de ruinas a perpetuidad, antagónica con el fin ecológico y naturista perseguido".

Andalucía decide aumentar del 5 al 7,5% la rebaja de sueldo de sus altos cargos

SEVILLA.- El Gobierno andaluz ha decidido aumentar del cinco al 7,5 por ciento la rebaja de sueldo que aplicará a los altos cargos de la Junta, según han informado hoy fuentes del Ejecutivo autonómico.

   Esta medida, que afectará al presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros y directores generales, será una de las novedades que se introducirá en el decreto que aprobará en las próximas semanas el Consejo de Gobierno dentro del plan de ajuste financiero.
   Con esta nueva rebaja, el sueldo del presidente y de los altos cargos de la Junta de Andalucía acumula un descenso del 22,5 por ciento desde el año 2010, según las fuentes consultadas.
   Esta reducción del 7,5 por ciento del sueldo de los altos cargos permitirá a la Junta un ahorro adicional que podría destinarse a compensar la merma de ingresos a los funcionarios con ingresos más bajos.

El Gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios

MADRID.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.

   En concreto, en el borrador se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.
   En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.
   En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.
   En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.
   De hecho, en una carta el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".
   En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
   De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.
   La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.
   En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.
   El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
   En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".
   Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".
   Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.
   Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.
   Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.

Alicante, Almería y Murcia sólo tendrán dos vías férreas en el corredor mediterráneo ferroviario

MADRID.- El Ministerio de Fomento quiere tener terminado en el año 2016 el tercer carril del Corredor Mediterráneo de mercancías, aunque este calendario solo es válido por ahora para el tramo entre Valencia y Barcelona. La Región de Murcia, Almería y Alicante no entran en estos planes a la vista de la información que ofreció la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. 

En respuesta a una pregunta de Convergencia i Unió, Pastor adelantó que el proyecto constructivo de este carril estará terminado en el primer trimestre de 2013 y que el plazo de ejecución será de tres años, según las primeras estimaciones de los técnicos.
El proyecto para la implantación del tercer carril en dicho corredor ha sido encargado a Ineco, la consultora de ingeniería del Grupo Fomento, a la que está sirviendo de base para su elaboración un informe técnico «muy completo» de los gobiernos autónomos de Valencia y Cataluña, detalló la ministra. Dicho informe deja fuera a la Región de Murcia.
Ana Pastor reiteró su apuesta por el Corredor Mediterráneo, infraestructura que «tiene una importancia trascendental en nuestro país» y cuya ejecución es «fundamental para este Gobierno». Ha adelantado, asimismo, que en julio presentará en Tarragona, tal y como se comprometió con los representantes de la industria petroquímica, los estudios que se están elaborando, «para que todos los empresarios y la sociedad civil puedan aportar a este proyecto lo que sea lo mejor para la industria petroquímica, pero también para la industria del sector del automóvil». 
Pastor ha destacado la importancia que este tramo del Corredor Mediterráneo tendrá para la actividad de los puertos que muestran una evolución creciente, con un incremento del 8,6 % hasta el mes de mayo. El portavoz de Fomento del grupo parlamentario catalán, Pere Macias, ha subrayado la importancia del tercer carril, porque el futuro e inversiones de muchas empresas, como la Ford, o la industria química de Tarragona, dependen del calendario de su puesta en marcha.

El colapso de la eurozona afectaría al turismo


FRANCFORT.- Un colapso de la zona euro tendría un efecto paralizante en las aerolíneas y grupos hoteleros de Europa, debido a que los consumidores y las empresas reducirían sus presupuestos de viaje y los precios se derrumbarían, dijo la consultora del mercado Euromonitor International.

En el peor de los casos, es decir, una disolución desordenada de la zona euro, Euromonitor indicó que el número de turistas que entran en los países europeos caería hasta un 11 por ciento, en medio de una profunda recesión y graves consecuencias para la economía mundial.
El gasto de los turistas se reduciría a un ritmo aún mayor, de un 17,3 por ciento, con los consumidores a la busca de ofertas y la baja demanda impactando en los precios, dijo en un informe basado en las conclusiones de una revisión de crisis económicas previas en tiempos de inestabilidad macroeconómica.
Un escenario menos severo sería una salida de Grecia, mientras que el resto de la eurozona quedaría intacto. Este panorama generaría una caída del 2,8 por ciento en el número de turistas, según estimó Euromonitor.
Si no ocurre ninguna de estas alternativas, la llegada de turistas a la zona euro caería un 0,7 por ciento este año, agregó.
Los griegos afrontan unas elecciones clave el domingo, que algunos temen que desencadene su salida del euro. Un quinto de los ingresos económicos del país provienen del turismo. Otros creen que Grecia podría beneficiarse de una salida de la zona euro, tras una caída del 15 por ciento en los ingresos turísticos en el primer trimestre de 2012.
El operador turístico británico Thomas Cook, que compite con TUI Travel, entre otros, dijo el mes pasado que prevé un aumento de las reservas a Grecia si la economía abandona la divisa común, ya que las vacaciones en la nación mediterránea serían más baratas.
En un derrumbe total de la zona euro, los hoteles verían un colapso del 15 por ciento de sus ingresos. El gasto en pasajes aéreos caería casi un 20 por ciento, con las compañías reduciendo los billetes baratos y los turistas cancelando sus planes u optando por trenes o autocares para ahorrar dinero.
"El impacto macroeconómico de una desintegración de la zona euro sería catastrófico", agregó.
Sin embargo, aerolíneas de bajo coste como Ryanair y EasyJet sufrirían mucho menos que compañías de bandera como la alemana Lufthansa o la británica British Airways, ya que se quedarían con los pasajeros más preocupados por el coste.

Arias Cañete quiere recuperar el "espíritu" del Plan Hidrológico de 2001

TOLEDO.- El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que quiere recuperar en el futuro Pacto Nacional del Agua el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, diseñado entre otros puntos para trasvasar más de mil hectómetros cúbicos anuales del Ebro a las cuencas mediterráneas que, según ha indicado, apoyaron prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Castilla-La Mancha.

   Así, ha explicado que este Pacto Nacional del Agua "obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas" que se desarrollan en España y cumplir con las obligaciones del país en la UE.
   Igualmente, ha avanzado que será "de larga duración" y tendrá carácter "estratégico y vertebrador" para todo el territorio nacional, además de dar como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, "que contemple acuerdos y materialice sus objetivos".
   En su comparecencia, ha explicado a petición de la Izquierda Plural que la ruptura de ese consenso y la modificación del Plan Hidrológico Nacional dieron paso a un nuevo periodo donde se pasó de acusar al anterior Gobierno de realizar "obras faraónicas para trasvasar agua", a planificar e iniciar, que no finalizar, "obras faraónicas para desalar agua".
   Con ello, ha indicado que el programa de desaladoras ha dado los siguientes resultados: de las 51 instalaciones programadas, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción. Igualmente ha señalado que se ha realizado una inversión de 1.664 millones de euros y faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas todavía en ejecución.
   "Hay instalaciones produciendo a la mitad de su capacidad por falta de demanda y algunas no llegan ni al tercio de su capacidad instalada. Y todo con precios de producción difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura", ha agregado.
   En este sentido, Arias Cañete ha recordado que en España no se depuran todas las aguas y se debe dar cumplimiento a lo que establece la directiva europea del Consejo sobre aguas residuales. De hecho, ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la Comisión Europea ha iniciado dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.
   Sobre la planificación hidrológica, el ministro ha resumido que se debería haber concluido en diciembre de 2009 y que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y nueve intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio.
   En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña. Por este motivo, dice que la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España.
   "La situación descrita obliga a la realización de una profunda reflexión y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones con la UE, pero sobre todo, planteando soluciones racionales que duren en el tiempo", ha añadido.
   Con ello, ha indicado que este "importante reto" ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos "lo antes posible".
   De hecho, ha puntualizado que el avance "más significativo" en este proceso ha sido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón y el inicio del periodo de información y participación pública del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
   "El Gobierno trabajará para lograr que, a lo largo del año 2012, el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia - Costa, Tinto - Odiel - Piedras, Guadalete - Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño - Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros", ha finalizado.
   En cuanto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Arias Cañete ha manifestado que España no se opone, ni romperá el consenso europeo, a que se transforme en el organismo especializado de la ONU para el Medio Ambiente.
   Así, ha explicado a petición del PSOE la consideración que aporta el Ejecutivo a dicho programa y de que España lo presida y ha destacado con ello que el Gobierno ha asumido hasta febrero de 2013 la presidencia de dicho programa.
   Igualmente, el ministro ha explicado cómo en la última de sus reuniones, el foro se centró en el tema general de 'La agenda ambiental en un mundo de transformación: de Estocolmo a Río', y el debate se articuló en torno a tres áreas, las perspectivas del medio ambiente mundial, la economía verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible.
   Desde la oposición, Leire Pajín, del PSOE, ha criticado que el Gobierno haya diseñado una hoja de ruta contraria a lo que pide la comunidad internacional y dice que no se puede ir a la futura cumbre de Rio +20 y prometer una hoja de ruta sostenible y después en el país "hacer lo contrario". En este sentido, cree conveniente que el ministro convoque y escuche a los portavoces parlamentarios para consensuar la postura española en dicha reunión internacional.
   En materia de agua, ha preguntado a Arias Cañete si los grupos parlamentarios van a tener la posibilidad de participar en el acuerdo y sobre qué premisas se va a sustentar dicho consenso. "Usted ha hablado de proyecto faraónicos y de desaladoras que van a tener que poner en marcha de forma muy clara", le ha advertido.
   Desde ICV, Laia Ortiz le ha recordado que el plan hidrológico de 2001 generó conflictos territoriales. "Me preocupa si el referente es volver a ese escenario de amenaza de trasvases. Lo que nos preocupa es la salud de nuestros ríos y ese plan hidrológico es lo que menos tenía en cuenta", ha agregado. Igualmente, ha avisado que, hasta ahora, lo propuesto por el Gobierno va en contra de la directiva marco de agua. "La alarma que fija este plan hidrológico y vuelve la pesadilla del trasvase y seguro que no es el mejor contexto para el trasvase", agrega.

El TSJA restablece el Algarrobico como espacio protegido no urbanizable

ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que permanecía suspendido de manera cautelar por dejar la puerta abierta a la reactivación del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico con "uso turístico" al considerar que "no es ajustado a derecho" y que, por tanto, la zona debe ser calificada como "espacio protegido no urbanizable" tal y como se recogía en la normativa de 1994, derogada hace cuatro años por la Junta andaluza.

   El Alto Tribunal andaluz, que anula en concreto la inclusión del sector donde se asienta el inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones en las zonas C3 o áreas degradadas del parque natural, sostiene, asimismo, que la modificación de la planimetría del PORN que la Junta de Andalucía hizo en 1997 y por la que convertía el paraje en urbanizable "no tiene validez alguna" porque, según subraya, "no puede cambiarse el nivel de protección de un área con una mera condición de errores", que, además, "no reunía los requisitos mínimos".
   Cabe recordar que en 1997 la Junta modificó los mapas alegando que la planimetría en la que el paraje de El Algarrobico aparecía como zona C1 o de interés general y, por tanto, como no urbanizable era errónea e la incluyó en las áreas D2 o urbanizable ordenado, lo que daba vía libre a su uso turístico. Un año después, el Ayuntamiento de Carboneras aprobaba el Plan Parcial que daría lugar a la posterior concesión de la licencia de obras para construir el "controvertido" hotel.
   La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, reprocha al Gobierno andaluz que cambiase el nivel de protección "fundamentándolo en que las reducidas dimensiones del BOJA hacía de difícil legibilidad" determinar con certeza en qué zona estaba incluido el paraje "cuando sin ningún género de dudas" se veía que se localizaba en subzona no urbanizable y concluye que este cambio "más bien parece haber sido una triquiñuela" para adaptar la norma medioambiental del parque natural al planeamiento urbanístico de Carboneras.
   "No puede aceptarse que por un mecanismo tan burdo como una mera corrección de errores se cambie la proyección de un suelo, pasando de especial protección a urbanizable", asegura el tribunal para el que la actuación de la Junta le parece "más bien una triquiñuela para hacer jugar a la inversa la jerarquización de los planeamientos urbanísticos, adaptando el PORN a las Normas Subsidiarias del municipio carbonero, lo que está vedado".
   A raíz de estas premisas, y en respuesta a la demanda de Greenpeace que sostenía que con el PORN de 2008 el Gobierno andaluz pretendía "dar solución a la existencia del hotel", el TSJA considera que efectivamente, a través de esta nueva normativa, se "redujo el nivel de protección" en la zona y, además, se "ampliaron los usos y actividades" permitidas en la zona al hacer posible nuevas edificaciones o la rehabilitación de las existentes en las áreas calificadas como degradadas.
   El fallo subraya que la Junta "no acreditó" en el expediente administrativo previo al decreto por el que se aprobó el PORN de 2008 que valor medioambiental de El Algarrobico "se hubiese reducido como para proceder a tal degradación del nivel de protección" y asegura que el PORN de 2008 se hizo para "adaptarse" a la existencia del establecimiento sin tener en cuenta la declaración de la zona como ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera, Humedal Ramsar y zona de especial protección del Mediterráneo, así como su inclusión en la Red Natura 2000.
   Añade, en esta línea, que si pudiera "sobreentenderse que una enorme masa de ladrillos, infringiendo la zona de servidumbre marítimo-terrestre y ocupando una gran extensión, supone de por si una degradación medioambiental, esta situación fáctica no es debida a la propia evolución natural de la zona sino a una agresiva acción humana, por lo que ha de ser resulta por otros cauces y no por modificando a la baja el nivel de protección de la zona".
   En concreto, indica que para corregir esta actuación, en alusión a la construcción del hotel, "no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio a las que remitía el PORN del 1994 y todo ello sin perjuicio del ejercicio de la competencia sancionadora de la administración. Este artículo estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización.
   La Consejería de Medio Ambiente publicó en BOJA el 23 de marzo la declaración del paraje de El Algarrobico como espacio protegido no urbanizable para, así, dar cumplimiento a una providencia del Alto Tribunal andaluz que le instaba por segunda vez a ejecutar las resoluciones judiciales dictadas cautelarmente en este mismo procedimiento en torno el nivel de protección que debía tener la zona y que obligaban "a otorgar al sector ST-1, conocido como El Algarrobico, la protección ambiental adoptada en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 como espacio protegido no urbanizable".
   El Tribunal Supremo (TS) declaró a finales de marzo que el hotel de Azata del Sol viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre confirmando un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005, amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

La Junta reitera su compromiso sobre la recuperación del Algarrobico y "la no viabilidad" del hotel

SEVILLA.- La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha reiterado este miércoles el compromiso de la Administración autonómica respecto a la recuperación ambiental del paraje de 'El Algarrobico' en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) y "la no viabilidad de la edificación que se asienta en estos terrenos". 

   De esta manera se ha posicionado la Junta de Andalucía ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que permanecía suspendido de manera cautelar por dejar la puerta abierta a la reactivación del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico con "uso turístico" al considerar que "no es ajustado a derecho" y que, por tanto, la zona debe ser calificada como "espacio protegido no urbanizable" tal y como se recogía en la normativa de 1994, derogada hace cuatro años por la Administración andaluza.
   La sentencia del Alto Tribunal andaluz, a la que ha tenido acceso Europa Press, anula en concreto la inclusión del sector donde se asienta el inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones en las zonas C3 o áreas degradadas del parque natural, y sostiene, asimismo, que la modificación de la planimetría del PORN que la Junta de Andalucía hizo en 1997 y por la que convertía el paraje en urbanizable "no tiene validez alguna" porque, según subraya, "no puede cambiarse el nivel de protección de un área con una mera condición de errores", que, además, "no reunía los requisitos mínimos".
   En este sentido, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que ha advertido de que la sentencia no ha sido notificada oficialmente al gabinete jurídico de la Junta, ha precisado en un comunicado que "no se suspende el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Cabo de Gata en su totalidad, sino sólo en lo que se refiere al sector ST1, conocido como 'El Algarrobico', que se incluye en la zona C3 del mencionado Plan".
   El departamento que dirige Luis Planas subraya que la primera valoración de la sentencia del TSJA es "de prudencia", pues el contenido exacto "no se conoce y no ha podido ser valorada adecuadamente" por la Administración.
   Por otro lado, ha recordado que, tras la providencia del TSJA de 24 de enero de 2012 y para dar cumplimiento a la nueva providencia de 6 de marzo de 2012, el Gobierno andaluz publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 23 de marzo la resolución --ya adoptada anteriormente-- que otorga al Sector ST1, conocido como 'El Algarrobico', la protección ambiental adoptada en el PORN de 1994 como espacio protegido no urbanizable.
   Por ello, aclara que El Algarrobico "contaba ya de manera cautelar tras esta publicación en BOJA del nivel de protección que se desprende de la nueva sentencia y que no es otro que el que le otorgaba el PORN de 1994".
   La posición de la Junta, según reitera la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, "no se ha modificado" y subraya el compromiso de la Administración autonómica respecto a la recuperación ambiental del paraje de 'El Algarrobico' y "la no viabilidad de la edificación que se asienta en estos terrenos".
   No obstante, apunta que, "una vez sea notificada y estudiada en profundidad la sentencia", la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente "adoptará las medidas que resulten oportunas para garantizar la protección ambiental de este enclave".
   En este sentido, la sentencia del TSJA indica que para corregir esta actuación, en alusión a la construcción del hotel, "no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio --artículo que estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización-- a las que remitía el PORN del 1994 y todo ello sin perjuicio del ejercicio de la competencia sancionadora de la administración".

Para Greenpeace, Junta y Gobierno están "sin argumentos" para no demoler el hotel de El Algarrobico

ALMERÍA.- La organización ecologista Greenpeace ha asegurado este miércoles que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central se han quedado "sin argumentos" para no tirar el hotel de Azata de Sol ubicado en el paraje El Algarrobico, en Carboneras después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado definitivamente el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar al considerar que "no es ajustado a derecho", por lo que devuelve a la zona el nivel de protección que recogía la normativa de 1994, que calificaba el lugar de "espacio protegido no urbanizable". 

   Según ha expresado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, esta sentencia, sobre la que no cabe recurso, supone una "nueva victoria" que, unida a la sentencia del Tribunal Supremo que señala que el inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre; conlleva la declaración "ilegal" del hotel.
   De esta forma, el último pronunciamiento judicial es interpretado desde la asociación ecologista como un argumento más a favor de los conservacionistas, quienes indican que el texto respalda "lo que siempre hemos denunciado, que la Junta de Andalucía pretendió legalizar el hotel burdamente en 2008 el hotel". Con esto, valoran la sentencia, que "marca el fin de las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo en octubre de 2011".
   Marcos advierte que el nivel de protección que hasta ahora se le brindaba a esta zona a través del PORN de 2008 "abría la puerta a la legalización" del hotel por contemplar un "uso turístico", al estar detallada como subzona C3, para núcleos habitados preexistentes y otras zonas transformadas, frente al nivel de protección del PORN de 1994, que calificaba de área natural de interés general el paraje como subzona C1.
   Así, llama la atención que la sentencia del TSJA apunta que al recuperar su anterior nivel de protección, basta con aplicar el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 para restablecer la legalidad urbanística. "Es decir, que las edificaciones contrarias al planeamiento, como es el caso del hotel de El Algarrobico, deben ser demolidas sin indemnización", aclara Marcos.
   El Alto Tribunal andaluz sostiene, asimismo, que la modificación de la planimetría del PORN que la Junta de Andalucía hizo en 1997 y por la que convertía el paraje en urbanizable "no tiene validez alguna" porque, según subraya, "no puede cambiarse el nivel de protección de un área con una mera condición de errores", que, además, "no reunía los requisitos mínimos".
   Cabe recordar que en 1997 la Junta modificó los mapas alegando que la planimetría en la que el paraje de El Algarrobico aparecía como zona C1 o de interés general y, por tanto, como no urbanizable era errónea e la incluyó en las áreas D2 o urbanizable ordenado, lo que daba vía libre a su uso turístico. Un año después, el Ayuntamiento de Carboneras aprobaba el Plan Parcial que daría lugar a la posterior concesión de la licencia de obras para construir el "controvertido" hotel.

El alcalde de Carboneras erre que erre

El alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), ha dicho este miércoles que el Ayuntamiento "acata" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que restablece como "espacio protegido no urbanizable" El Algarrobico si bien ha trasladado que continuarán "trabajando por la apertura" del hotel del Azata del Sol.
   "Hemos promovido y seguiremos promoviendo acciones para luchar por los intereses generales del municipio y para conseguir la apertura del hotel", ha indicado en declaraciones a Europa Press Hernández, quien ha avanzado que en dos semanas prevé convocar a agentes económicos y sociales de la provincia a una "mesa pro-Algarrobico".
   Tras precisar que los servicios jurídicos aún deben estudiar el contenido del fallo, que no ha sido notificado al Consistorio, el regidor ha señalado que el tribunal de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJA "saca los colores a la Junta de Andalucía" aunque ha reconocido que la aplicación del tenor literal de la resolución podría "obligar" al cambio de la normativa urbanística vigente en el municipio desde 2009 y en el que el sector donde se asienta el hotel esta calificado como urbanizable.
   Hernández ha expresado su confianza en que, al margen del resultado del pleno en el que la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Almanzora debate una moción en defensa del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, a la primera reunión de la "mesa pro-algarrobico" acudan entidades como Asempal, la Cámara de Comercio, o partidos como Equo, a los que se va a convocar y que se suman a las instituciones que ya fueron invitados en un encuentro celebrado en febrero.
  
La promotora argumenta con datos

  La promotora del hotel construido en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, ha trasladado este miércoles su "máximo respeto" el fallo que restablece la zona como espacio protegido no urbanizable aunque ha recordado que cuando adquirió los terrenos del sector ST-1 en 1999 el proyecto "cumplía con toda la normativa vigente" al ser el suelo urbanizable.
   El director general de Azata, José Rodríguez, ha indicado que, tras esta resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se "asiste de nuevo" a la anulación de una ordenación urbanística que estaba "aprobada por la administración", lo que, según ha advertido, crea una "gran inseguridad jurídica a la hora de considerar nuevas inversiones".
   Ha señalado, en esta línea y tras matizar que la promotora no es parte en el proceso que se inició a raíz de una demanda de Greenpeace contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras, que el fallo supone una "contradicción" entre el "interés general expresado por la ciudadanía a favor de la apertura del hotel prácticamente terminado y que generaría puestos de trabajo" con la aplicación de una norma "a instancias de grupos ecologistas sin representación popular".
   "Cuando Azata compró los terrenos en 1999 existía un Plan Parcial para este sector aprobado por el Ayuntamiento y se nos concedió licencia porque el proyecto cumplía con la ordenación vigente", ha remarcado para, a continuación, reiterar que la "sociedad demanda medios de vida y los ecologistas no lo van a permitir".
   El Alto Tribunal andaluz, que ha anulado en concreto la inclusión del sector donde se asienta el inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones en las zonas C3 o áreas degradadas del parque natural, sostiene, asimismo, que la modificación de la planimetría del PORN que la Junta de Andalucía hizo en 1997 y por la que convertía el paraje en urbanizable "no tiene validez alguna" porque, según subraya, "no puede cambiarse el nivel de protección de un área con una mera condición de errores", que, además, "no reunía los requisitos mínimos".