viernes, 1 de junio de 2012

Las Cáritas del Mediterráneo denuncian que la UE "fomenta" la inmigración irregular

MADRID.-   Las Cáritas del Sur y del Norte del Mediterráneo, reunidas en la Conferencia anual MigraMed, consideran que las políticas "restrictivas" de la Unión Europea "fuerzan a las personas a realizar viajes peligrosos en el que arriesgan sus vidas, generan y potencian la migración irregular y fracasan a la hora de salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas".

   Según ha informado Cáritas Española, presente en la conferencia celebrada en la ciudad italiana de Cagliari, todas las Cáritas del Mediterráneo expresaron su "preocupación" por estas políticas, "puesto que se centran principalmente en la devolución, externalización, control de fronteras y la criminalización de las personas migrantes, y no en el cumplimiento de los derechos humanos y en el bienestar de los necesitados".
   La organización señala que "las enormes operaciones de control fronterizo de la UE fuerzan a las personas a encontrar rutas alternativas a través de la actividad de contrabandistas y traficantes" mientras que sus políticas de externalización del control de fronteras "colocan en una situación de especial responsabilidad" a países que tradicionalmente han sido territorios de tránsito, convirtiéndolos así en lugares de destino donde los derechos de los migrantes son vulnerados.
   "Resulta inadmisible que en nuestro mundo de abundancia aún hoy seamos testigos de personas que arriesgan y pierden sus vidas al cruzar el Estrecho para llegar a Europa. Durante el viaje, las personas migrantes se enfrentan a diversos tipos de abuso, explotación y tráfico de personas", denuncia Cáritas.
   Por ello, pide a la UE que se "abstenga de potenciar" la migración irregular, vele por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y posibilite medios legales en relación a la movilidad humana con políticas migratorias "realistas", y que se abstenga de detener a migrantes y solicitantes de asilo, ya que, según afirman, "la detención debe ser empleada exclusivamente como última ratio en casos excepcionales.
   Cáritas recuerda que la Doctrina Social de la Iglesia ampara el derecho a buscar una vida mejor y en paz en un lugar diferente al de origen, así como el derecho a gozar de condiciones de vida decentes en el mismo, y señala que tanto el Derecho Internacional como el Derecho de la Unión Europea reconocen el derecho a salir de cualquier país, incluido el propio, y volver al mismo; así como el derecho a solicitar asilo, el derecho al asilo y el principio de no devolución.

Andalucía registra un 0,44% de déficit y un 0,60% en términos homogéneos

MADRID.- Andalucía ha registrado un déficit en el primer trimestre del 0,44 por ciento y del 0,60 por ciento en términos homogéneos, es decir, descontando los anticipos a cuenta, según ha adelantado ese viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   Si se contabiliza el dinero que el Estado ha adelantado, Andalucía registra un déficit de 633 millones de euros y es una de las siete regiones con saldo negativo, el mencionado 0,44 por ciento, aunque en conjunto, las comunidades autónomas alcanzaron el equilibrio presupuestario.
   Por otro lado, si no se contemplan los adelantos realizados por el Gobierno a las comunidades, el déficit andaluz fue de 863 millones de euros (-0,60 por ciento). Atendiendo a esta variable, todas las comunidades registraron déficit en el primer trimestre menos el País Vasco (+0,25 por ciento). Las regiones con más déficit fueron Navarra (-1,44 por ciento), Murcia (-0,85 por ciento) y Comunidad Valenciana (-0,70 por ciento) y en total, las 17 sumaron 4.787 millones de euros, el 0,45 por ciento del PIB.
   El Gobierno no ha querido cuantificar estos anticipos porque hay comunidades que han necesitado más que otras, aunque ha dicho que la influencia de estas medidas tanto en el déficit del Estado como de las comunidades se diluirá en los próximos meses.
   Con o sin anticipos, la cifra de las comunidades al cierre del primer trimestre es inferior a la del año anterior, cuando ascendió a 8.090 millones de euros (-0,75 por ciento del PIB), cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no concedió estos anticipos.
   El ministro ha valorado que las comunidades autónomas "están haciendo un gran esfuerzo para conseguir sus objetivos de déficit por lo que el plan del Gobierno está dando resultados desde el primer día del año". Así, ha destacado que están "en línea" para conseguir el objetivo de déficit puesto para este año, el 1,5 por ciento del PIB.
   Sin embargo, preguntado por si puede garantizar que las comunidades cumplirán ese 1,5 por ciento pactado, Montoro ha insistido en que las regiones están en una buena senda, tal y como muestran los datos, aunque ha dicho que es pronto para garantizar el cumplimiento.
   Según ha dicho, celebra los datos del primer trimestre, pero "en absoluto" está confiado porque la confianza consiste en trabajar y poner medidas. "No cabe otro tipo de confianza", ha dicho.
   En este sentido, ha recordado que, de momento, se han aprobado todos los planes de saneamiento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) menos el de Asturias, que sigue trabajando con el Ministerio de Hacienda.
   Finalmente, Montoro ha recordado que es la primera vez que se publican estos datos en términos de Contabilidad Nacional gracias a la puesta en marcha de la Ley de Estabilidad, lo que supone "un avance muy importante" para la clarificación y conocimiento del sector público y de las comunidades. "Es realmente un paso muy positivo en clave de transparencia", ha dicho.

La consejera de Fomento y dirigentes de PSOE e IU apoyan la dación en pago

SEVILLA.- La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, representantes de los grupos municipales de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla y asociaciones sociales englobadas en el colectivo 'Compromiso social por el progreso de Sevilla' han firmado en Sevilla la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicita al Congreso de los Diputados la modificación de la Ley Hipotecaria a favor de la dación en pago, de manera que se eviten los desahucios de aquellas familias que no han podido afrontar el pago de sus hipotecas y que, a pesar de ser desalojados de sus viviendas, están obligados a hacer frente al pago del inmueble. 

   La recogida de firmas que se celebra en Sevilla se realiza ante la sede del Banco de España en la plaza de San Francisco. La plataforma 'Compromiso Social por el progreso', promotora de esta iniciativa, está formada por 27 organizaciones, entre ellas CCOO y UGT, que defienden la introducción de cambios en la Ley Hipotecaria, de manera que la entrega de la vivienda a una entidad financiera en caso de imposibilidad de impago suponga la cancelación del compromiso hipotecario y, por tanto, el ciudadano quede libre de la deuda.
   Las organizaciones prevén que las 500.000 firmas necesarias para esa ILP se consigan antes del verano, dentro de esta campaña que comienza ahora en toda España.
   Tras efectuar la firma, la consejera de Fomento y Vivienda ha mostrado su disposición de "estar al lado de las víctimas de la crisis, así como tener conciencia de Justicia social y para resolver un problema gravísimo que afecta a miles de familias andaluzas y de todo el Estado".
   La consejera ha animado a los ciudadanos a firmar dicha ILP "tener sentido de la Justicia social", ya que "las victimas no pueden seguir pagando la crisis", de forma que espera conseguir no las 500.000 firmas necesarias sino "millones de firmas que se lleven al Congreso para que la iniciativa salga adelante".
   "La política debe ser una herramienta que permita resolver los problemas de la mayoría social y no se debe poner del lado de los poderosos", ha agregado la consejera, quien resalta que la Junta de Andalucía "se pone del lado de los desahuciados, escuchando a las víctimas de esta situación terrible y dramática".
   En ese punto, ha indicado que la Junta ya está trabajando eh herramientas y mecanismos "que permitan resolver problemas de los desahuciados, aunque no es el único problema, también hay cuestiones como alquileres, viviendas vacías, por lo que estamos trabajando para que las próximas semanas se lleven a cabo un paquete de medidas con la gente y para la gente", todas ellas desde "la participación ciudadana y la transparencia".
   Por su parte, tanto el secretario general de UGT Sevilla, Juan Antonio Gilabert, como el secretario general de CCOO Sevilla, Alfonso Vidan, ha recordado que ambos sindicatos y otras organizaciones sociales elaboraron esta ILP con la finalidad de "hacer una ley para que las personas que tengan dificultades porque se quedan sin trabajo puedan seguir teniendo una vivienda, pues no hay mayor castigo de que las personas que estén en paro encima no puedan pagar el préstamos y les echen a la calle, cuando la vivienda es un derecho básico".
   Ambas centrales piden que las organizaciones políticas se "mojen" y han explicado que con esta ILP pretenden que las personas que pierden su vivienda por no poder pagar su hipoteca "terminen su obligación con el banco con la entrega de la vivienda y no tengan que seguir pagando, además de perder la vivienda", además de pretender que la modificación de la Ley Hipotecaria "arbitre medidas para evitar desahucios, que son un atentado contra la dignidad de una persona", por lo que proponen el llamado 'alquiler social', que permite permanecer en la vivienda "sólo pagando el 30 por ciento de sus ingresos durante cinco años".
   "Hay que darles una oportunidad a esas personas y no echarlas como perros", han aseverado los sindicatos, quienes han recordado que en Sevilla hay 80.000 hogares en los que no entra ningún ingreso y en los últimos años 14.000 desahucios, mientras que desde 2009 ha aumentado un 133 por ciento la cifra de desahucios.
   Por su parte, el secretario general de Facua-A, Rubén Sánchez, ha indicado que la dación en pago se demanda como fórmula "para entregar viviendas en el caso de familias que van a ser desahuciadas y ahora los bancos les exigen más dinero aparte de la vivienda, con el argumento de que sus pisos han bajado su valor de mercado, valor que hincharon en la época de la burbuja y la banca falseó para ganar mucho dinero, estableciendo valores desproporcionados dentro del gran negocio fraudulento durante la época de la burbuja inmobiliaria".
   Sánchez ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que "diga qué va a hacer con las viviendas de Bankia, el banco nacionalizado y la primera inmobiliaria del país, que tiene multitud de pisos, que se pueden vender y alquilar con un precio justo pero no salen al mercado porque continúan buscando la especulación".
   Le pregunta a Rajoy "qué se va a hacer con esas familias a las que Bankia sigue amenazando con desahucio, pero ahora Rajoy podría paralizar los desahucios de Bankia y dar oportunidad a las familias de permanecer en las viviendas hasta que mejore la situación económica". "No entendemos como este banco sigue con fraude a consumidores y con prácticas lamentables y crueles de echar a decenas de familias a la calle", ha aseverado.
   El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha reconocido que los desahucios "no eran un gran problema hace unos años, cuando la economía no había generado problema hasta el punto de plantear las situaciones increíbles de ahora, por lo que ahora claramente se justifica que se aborde una revisión de la Ley Hipotecaria".
   Espadas cree que los partidos "deben tomar partido y no permanecer al margen" y destaca que con esta ILP "los ciudadanos tomen la calle y la voz con planteamientos muy claros", tras lo que resalta que los ciudadanos "van por delante que la respuesta de los partidos políticos", por lo que considera que esta ILP "es una señal positiva para la democracia y a la que los partidos deben responder".
   Espadas ha asegurado que como senador colaborará para que esta modificación normativa que contemple la dación en pago "sea una posibilidad y sea una opción que puedan tener las personas con riesgo de desahucio".
   Por su parte, el portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha expresado su apoyo a la plataforma a favor de la ILP, y se ha sumado al discurso de la consejera, toda vez que "en un momento de crisis tan brutal como éste, y lo que te rondaré morena, parece inasumible e inaceptable que los que son víctimas de la crisis, las personas que pierden su vivienda por no poder pagarla sean los paganos de la crisis".

Más de 29.500 proveedores de ayuntamientos andaluces han cobrado 2.675 millones de euros

MADRID.- Un total de 29.597 proveedores de ayuntamientos andaluces han cobrado ya facturas por valor de 2.675,6 millones de euros, tras el mecanismo de pago puesto en marcha por el Gobierno, que en el conjunto del país ha beneficiado a 106.286 proveedores de las entidades locales con un total de 9.263 millones de euros, según ha anunciado este viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha afirmado que estas cifras ponen de manifiesto que "casi la totalidad" de pequeñas y medianas empresas (pymes), así como autónomos, han cobrado ya más de 1,7 millones de facturas que 3.774 corporaciones locales tenían pendientes con ellos.
   De los 106.283 proveedores a los que se les han abonado facturas pendientes, 36.904 son personas físicas, 68.768 pequeñas y medianas empresas y 611 grandes empresas. De la cantidad total abonada a los proveedores, 7,9 millones de euros se devolverán por las entidades locales mediante créditos a diez años con dos de carencia, y a un tipo de interés del 5,939 por ciento, mientras que casi 1,3 millones procederán de retenciones de la participación de ingresos del Estado a estas administraciones que no aprobaron un plan de ajuste o fueron considerados desfavorables por el Ministerio de Hacienda.
   Del total de 4.623 corporaciones que, inicialmente, comunicaron obligaciones de pago pendientes de pago, se han abonado finalmente las de 3.774 entidades: 2.296 con plan de ajuste y 1.478 sin plan. El resto están excluidas del procedimiento, bien por haber pagado a los contratistas, bien porque éstos no han aceptado acogerse al mecanismo, aunque las respectivas entidades locales mantengan la deuda con ellos.
   El Ejecutivo recuerda que para estas administraciones se ha ofrecido una segunda oportunidad, de manera que se les habilitará un plazo en la primera quincena de junio para solventar las incidencias que impidieron formalizar las operaciones de préstamo en el marco del mecanismo de pago a proveedores y podrán concertar los préstamos en el mes de julio.
   Para poder acogerse a esta prórroga, las administraciones deberán cumplir uno de estos supuestos: elevaron un plan de ajuste al Pleno municipal antes del 31 de marzo; elevaron un plan de ajuste, se aprobó por el Pleno, pero no fue valorado favorablemente por el ministerio; el Pleno aprobó el plan pero no fue aprobada la concertación de la operación de préstamo por el órgano competente de la corporación local; o el órgano competente de la corporación aprobó la formalización de préstamos por importe o por plazo de amortización distintos por los que debieron ser aprobados.
   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado en su página web una nota explicando los plazos y los requisitos que deben cumplir las entidades que se quieran acoger a esta prórroga extraordinaria.
   En cuanto a los proveedores de las comunidades autónomas, Montoro ha recordado en la rueda de prensa que su departamento tiene de plazo hasta el 5 de junio para evaluar los planes de ajuste. Entre el 1 y el 15 de junio se producirá la firma de los contratos de préstamo entre las entidades de crédito y las comunidades y a partir del 30 de junio comenzarán las transferencias a las cuentas corrientes elegidas libremente por los proveedores.
   Según el ministro, las cifras sobre el resultado del plan de pago a proveedores para los ayuntamientos indican que el mecanismo "se ha hecho real", ya que "ya se ha pagado la práctica totalidad" de las facturas que las corporaciones locales tenían pendientes con pymes y autónomos. Así pues, Montoro ha subrayado la "importancia" que ha supuesto este mecanismo de pago para los ayuntamientos, al que también se han acogido las comunidades autónomas, porque "supone cumplir los compromisos, hacer más transparente la administración local y promover una inyección económica para las empresas de nuestro país".
   Montoro ha hecho hincapié en que el pago de las facturas pendientes "se ha materializado en horas, en pocos días" y esto demuestra que el Gobierno tiene "una política clara". "Así hacemos economía, para que en una época de escasez de crédito ésta pueda ser suplida", ha añadido.

El PP-A cifra en 772.000 las facturas pendientes de la Junta

CÓRDOBA.- La portavoz adjunta del Grupo PP-A en el Parlamento andaluz Rosario Alarcón ha advertido este viernes que la Junta de Andalucía cuenta oficialmente con 772.000 facturas pendientes, lo que supone que hay más de 5.000 pymes y autónomos andaluces que "están en peligro ante el impago de la Junta", a lo que se unen "más facturas que no están ni contabilizadas".

   Así lo ha destacado la popular en rueda de prensa en Córdoba, en la que se ha mostrado "orgullosa" porque el Gobierno de Mariano Rajoy permite que ya "pueden cobrar los 177.000 proveedores que tenían facturas pendientes con las administraciones locales gracias a la partida de 35.000 millones de euros que el Ejecutivo central ha destinado al pago a proveedores".
   Asimismo, la portavoz del PP-A ha presentado las 32 propuestas de resolución que el portavoz en el Parlamento, Carlos Rojas, ha presentado y evidencia el "marcador sabor andaluz de las medidas del Gobierno de Rajoy y la falta de transparencia e información del PSOE y su nuevo cómplice: IU".
   Alarcón ha asegurado que "el Gobierno de Rajoy ha garantizado la prestación por desempleo a los más de 1.300.000 andaluces en paro, las pensiones a los 1.400.000 pensionistas andaluces --con una subida del tres por ciento y 1.000 millones de euros más para las pensiones mínimas-- y el cobro del PER con una partida para Andalucía cifrada en 1.147.700 millones de euros".
   Por primera vez, "y gracias al Gobierno del PP", el pago de la deuda andaluza se ha fraccionado en diez años". La portavoz popular ha añadido que los desempleados que estén recibiendo cursos de formación seguirán recibiendo 400 euros y que las mujeres que decidan formar una empresa y sean menores de 30 años podrán capitalizar el cien por cien de su prestación por desempleo.
   Por todo ello, Alarcón ha acusado al Gobierno de PSOE-IU de la Junta de "ocultar la realidad" a los andaluces "fomentando el miedo", por lo que, a su juicio, "deberían explicar los verdaderos beneficios que está suponiendo para los andaluces las medidas emprendidas por el Gobierno de Rajoy en vez de engañar y enturbiar la que está siendo la gestión que está salvando a muchos andaluces de la ruina ante la incapacidad del cogobierno de la Junta".

Ahora que viene 'Chunguito' a llevarse de aquí Cajamar / Apunte de Argárico

No sabe 'Cajamar' la que se le avecina. En pocas semanas, entrará triunfante en la sede central de la plaza de Barcelona su nuevo consejero delegado, más conocido por 'Chunguito' entre los amigos-compañeros, y Gisbert como el alcoyano de pantalón corto y rol de botones en la antigua Caja de Ahorros del Sureste de España, de la que acabó siendo el director general de la ahora tristemente célebre Caja de Ahorros del Mediterráneo (y antes de Alicante y Murcia) tras licenciarse en Ciencias Económicas, simpatizar, y mucho, oportunamente con el PSOE de su cuñado Mira-Perceval, y aprovechar la experiencia desgranada para él por el legendario director general de toda la vida y yerno del fundador de la entidad Antonio Ramos Carratalá, el falangista cartagenero Francisco Oliver Narbona, quien menos mal que se trasladó a Alicante (guardando a continuación en una cómoda su vieja camisa azul añil) después de ciertos episodios acaecidos y protagonizados en su ciudad natal inmediatamente finalizada la Guerra Civil.

Pues bien, éste su pupilo financiero, ha hecho luego carrera profesional y política de la mano del PSOE y a la sombra de la derecha económica alicantina más golfa, hasta detentar cargos de director general de Economía en la Generalitat Valenciana en la época de Joan Lerma, en el Banco Hipotecario de España con Felipe González, en el inoperante ICO de Zapatero con el catedrático valenciano-aragonés Aurelio Martínez, y en el Ministerio de Economía con el también alicantino Pedro Solbes, hasta terminar recalando en la Caja Rural de Valencia y al frente de la resultante de las sucesivas fusiones de cajas y cooperativas de crédito en la Comunidad Valenciana, comercialmente denominada como Rural Caja. Y ahora le toca el asalto político a la fortaleza cooperativa de Almería, en territorio socialista pero ocupada por gente demasiado cándida y despolitizada, como su presidente Antonio Pérez Lao, actual consejero-delegado Juan de la Cruz Cárdenas y su director general Manuel Yebra. 'Tres pardillos', seguro que piensa de ellos Juan Antonio Gisbert.

Quien abandonó la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2000, con seis millones de euros de indemnización por despido, porque el entónces presidente de la Generalitat Valenciana, el también cartagenero Eduardo Zaplana, quería manejar la entidad a su antojo y el director general se resistía a la intrusión de los contrarios políticos de turno en el coto privado para altos directivos en que se había convertido ya la Caja desde su llegada a los mandos y estando en la cúpula un empresario e ingeniero, Román Bono, insaculado desde la línea sucesoria establecida para sus retoños por antiguos presidentes conniventes con Oliver Narbona y su suegro. Pero que dejó la Caja del Mediterráneo con 30 millones de euros en líquido antes de ser invitado igualmente a marcharse.

Así, Gisbert, el antiguo botones de la sucúrsal de Alcoy abandonaba bien 'apargatado' su sillón y daba paso a un paisano de peripecia muy parecida, Roberto López Abad, pero más moldeable para la nueva casta política emergente, que situó en la presidencia a un empresario hecho a si mismo con un patrimonio por matrimonio, e idóneo por su anterior experiencia financiera, Vicente Sala, recientemente desaparecido. Y ahí comenzó el proceso que acaba de hacer crisis en la caja murciano-alicantina de una forma supuestamente programada hace tiempo desde fuera de la sede de Oscar Esplá por conocedores de sus intersticios y con casi seguras complicidades de altura en el Ministerio de Economía, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España, tal como se sospecha hace tiempo tras las reiteradas denuncias del abogado Diego de Ramón desde antes del año 2000 y hasta la fecha.

Mientras tanto, Gisbert no se resignaba a jubilarse a edad tan temprana (46 años) pese a contraer poco después una grave enfermedad, felizmente superada, y prueba a volver a la política en el área económica en la medida que la recuperación de su salud se lo permite. Lo consigue de la mano de sus viejos amigos socialistas y en la primera etapa de Zapatero lo hizo con cierto reconocimiento hasta asignarlo a pilotar un proceso de redimensión del sector financiero rural. Ahora lo culmina desembarcando en el buque insignia de esta flota, fondeado en Almería, puerto de mar donde no piensa habitar al estar a 300 kilómetros de su mansión en La Calita, junto al Mediterráneo de los alrededores de la ciudad de Alicante. 

A los de 'Cajamar' trata de convencerlos ahora de que gran parte de la sede central se traslade a Madrid pero no les está revelando sus verdaderas últimas intenciones de situar en Alicante a medio plazo la 'almendra' de la entidad por ser la ciudad que él domina, reside y donde puede aprovechar a algunos cuarentones de la actual CAM, que llevan varias semanas visitándole para que sepa de viva voz que puede contar con ellos para el asalto final de la entidad almeriense-malagueña desde las faldas del castrense Monte Benacantil. Todo lo demás es 'pan, pijo y habas', que dicen en Murcia donde, paradójicamente, encontrará Gisbert una primera gran resistencia a sus pretensiones cesaristas al manejar a partir de julio más de la mitad de los activos de todas las cajas rurales españolas, dándole la vuelta a la inicial absorción de valencianos por almerienses.

El conocido abogado murciano Diego de Ramón ya se apresta a involucrar a Gisbert, en base a su biografía, en los acontecimientos de la CAM, solicitando su comparecencia en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional de la mano del juez Velasco como instructor, y anteriormente por Grande-Marlaska, nuevo presidente de la Sala de lo Penal, dado que los directivos hoy cuestionados y que sucedieron a Gisbert pertenecían a su círculo más íntimo, por ser la mayoría reclutados por él (caso paradigmático del muy presunto Daniel Gil Mallebrera, trasmutado de maestro de escuela en Monóvar, nada menos que en responsable de inversiones de la Caja), lo que induce a pensar que, por su proyección, Gisbert nunca se fue del todo y que no puede ser ajeno a algunos de los 'modus operandi' experimentados y sujetos actualmente a investigación criminal por la Fiscalía Anticorrupción.

Como dice un viejo periodista almeriense, editor y sesudo amigo mío, con un buen chalé en Viator donde ubicó en su día su preciada rotativa de papel prensa, 'todo está en Internet, donde lo que entra no sale', y Gisbert tiene bastantes entradas en Google, algunas muy ilustrativas sobre el personaje que va a irrumpir en la mejor cooperativa agrícola de España, hecha día a día por hombres de un corte muy diferente y estilo de gestión, que nada tienen que ver con los que ahora se intenten imponer desde protagonismos genéticos de finales malogrados por balances muy cuestionados. Por eso no tendrá que olvidar este alcoyano ambicioso, de poder y dinero, que 'Cajamar' tiene unos activos que son 3,5 veces superiores a los de Rural Caja, y que hasta hace muy poco tiempo ambas eran enconadas competidoras.

En el año 2000, la caja murciano-alicantina, entonces dirigida por Juan Antonio Gisbert, financió un estudio titulado La vivienda y el sector de la construcción en España, que se publicó en forma de libro con 441 páginas. Dicho estudio fue realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), con la firma de los catedráticos José García Montalvo y Matilde Mas Ivars.

 Los autores señalaban la sobredimensión del sector inmobiliario -ya en el año 2000- y advertían de que otros países en los que se habían producido fenómenos similares, posteriormente habían experimentado depreciaciones importantes de sus activos inmobiliarios. Mencionaban especialmente el caso de Japón, según ha contado muy bien ahora el periodista valenciano José Juan Cabezuelo, muy vinculado entónces al Ivie. 

 La Caja del Mediterráneo, modelada por Gisbert, hizo a continuación todo lo contrario de lo que se le indicaba en el estudio que financió pese a saber que acabaría sus días a manos de la trampa del ladrillo. Algo que, afortunadamente, nunca hizo 'Cajamar' pese a las mismas provincias mediterráneas en las que se expanden desde hace una década y que hoy le hace a la almeriense poder presentar 30.188.686 de euros en activos frente a los 11.378.057 en calderilla que trae el pillo levantino que es Gisbert, dispuesto a alzarse con el santo y la limosna desde el desprecio intelectual, que no muestra pero siente profundamente, hacia el mundo andaluz de las finanzas

A lo mejor, su soberbia le hace saltar por los aires en poco tiempo y antes de lo que imagina, por su profundo desconocimiento de lo almeriense y la génesis intrínseca de 'Cajamar'. "No te equivoques, 'Chunguito', con los pitarrosos", le diría yo como consejo de un almeriense de adopción que soy desde 1972 aunque emigrado a la 'terreta' por razones del guión.
Continuará.

Ordenan procesar al exviceconsejero de Medio Ambiente por parar un hotel en Cabo de Gata


ALMERÍA.- Una jueza de Almería ha ordenado incoar procedimiento abreviado contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil 'Círculo Agroambiental' para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

   El auto del Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería acuerda, sin embargo, el sobreseimiento de las actuaciones contra el exdelegado del Gobierno andaluz en la provincia Miguel Corpas y el extitular de Medio Ambiente, Clemente García al no quedar debidamente justificada durante las diligencias su participación en los hechos ya que, según subraya, "no dictaron materialmente las resoluciones" por la que se paralización de la obra.
   La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por 'Círculo Agroambiental', a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003. La Junta alegó entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada.
   La jueza indica en el auto, fechado el día 25 y por el que ordena la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que tanto la resolución dictada "materialmente" por Segura de Torres el 7 de junio de 2010 como la emitida por Jiménez Martín una semana después confirmando la anterior en alzada presentan indicios de ser "arbitrarias" ya que "impidieron la ejecución de actos administrativos firmes" en alusión al fallo del Supremo.
   En esta línea, señala que podrían haberse dictado "prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos" que, además, según remarca, conllevan una indemnización económica a favor de la empresa promotora "previa declaración de lesividad o revisión de oficio" al tratarse de un presunto delito de prevaricación administrativa.
   En concreto, la resolución objeto del procedimiento advertía tanto a 'Círculo Agroambiental' como al Ayuntamiento de Níjar que no podría "ejecutarse ningún trabajo o actividad que pudiese afectar directa o indirectamente" al paraje hasta que no se diera vía libre a la adecuación del proyecto, una posibilidad que desde la administración andaluza tildaron de "altamente improbable". En concreto, la promotora debía adaptar el proyecto de hotel en 'El Campillo de Gata' a lo previsto "en la directiva 92/43/CEE y normativa concordante" ya que la zona, enclavada en el parque natural, es Lugar de Interés Comunitario (LIC).
   El auto, que adelanta este jueves el diario 'El País' y contra el que cabe recurso de reforma y subsidiariamente de apelación ante la Audiencia Provincial, da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas en el procedimiento para que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.
   Con respecto a García y Corpas, la magistrada considera que no procede seguir el proceso contra ellos al no quedar "debidamente justificada" su participación ya que no dictaron materialmente las resoluciones.
   La Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente sancionador por falta grave, a la espera de que se resuelva la causa penal, contra 'Círculo Agroambiental' al estimar que la empresa vulneró la normativa referente a los espacios protegidos cuando este dio inicio a los trabajos previos para la construcción del hotel al carecer de autorización ambiental unificada.
   El expediente, cuya multa podría oscilar entre los 240.000 y los 2,4 millones de euros, se inició porque la Junta de Andalucía consideró que el inmueble era "incompatible ambientalmente" con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que califica la zona de B2 o área natural de interés general.
   La mercantil propiedad de los herederos del empresario Marcos Eguizabal cesó de forma voluntaria la actuación a requerimiento de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de Medio Ambiente. La Guardia Civil levantó también acta de infracción.
   El Tribunal Supremo (TS) archivó el procedimiento incoado tras la demanda de la Junta después de que ésta desistiese de continuar con el recurso de casación interpuesto contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ya desestimó en 2009 otro recurso de la Administración en el mismo sentido por "defectos formales" en la argumentación y ratificó la validez de la licencia municipal de obras concedida para la construcción del hotel.

Rosalía Martín dice que la "única solución" al hotel del Algarrobico es su derribo

EL EJIDO.- La parlamentaria andaluza por Almería y coordinadora provincial de IULV-CA, Rosalía Martín, ha señalado este jueves que la "única solución que cabe" al conflicto del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras, pasa por "dar cumplimiento" a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que declara que viola la Ley de Costas y proceder a su demolición. Ha indicado, asimismo, que el derribo del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones es una "prioridad" para la formación. 

   Martín ha hecho estas declaraciones en un comunicado a raíz del apoyo a la apertura del hotel dada por 14 municipios del levante del Almanzora y por el secretario general del PP de Almería, Javier Aureliano García. "No nos extraña nada, ya que son alcaldes tanto de PP como PSOE que han permitido en sus localidades construcciones ilegales que ahora tienen que derribar sus propietarios, sobre todo colonias de ingleses, y quedarse en la calle por la dejación de funciones de sus administraciones. Quienes apoyan El Algarrobico son quienes han propiciado estas situaciones en municipios del Levante", ha asegurado.
   En esta línea, ha subrayado que el acuerdo programático de gobernabilidad para la Junta de Andalucía se incluye la ley de Participación institucional que fijará responsabilidades políticas, "algo que bien se podría aplicar a este caso del hotel de Carboneras cuyos gastos de demolición --ha ahondado-- no tiene que pagar la ciudadanía, sino quienes han permitido que se llegase a construir en zona protegida".
   Tras remarcar la necesidad de que se puedan exigir responsabilidades "a aquellos cargos públicos que incurran en ilegalidades y que vayan contra el interés general", ha afirmado que "no le extraña nada" que el PP abogue por abrir el hotel. "Ya estamos acostumbrados a ver cómo cuando llegan las elecciones se posicionan al lado de la ciudadanía y cuando llegan al gobierno hacen todo lo contrario", ha indicado.

El PP pide la comparecencia de Planas para explicar "por qué no han llegado" 22 millones de la crisis del 'E.coli'

ALMERÍA.- El parlamentario andaluz del PP por Almería y presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara autonómica, José Cara, ha solicitado este jueves la comparecencia del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, para explicar "qué ha pasado" con parte del montante de las ayudas aprobadas en 2011 a raíz de la crisis de la bacteria 'E.coli', ya que, según ha señalado, "hay dinero que no ha llegado y que fue prometido por el Gobierno andaluz".

   Cara ha trasladado en un comunicado que llevará la voz de las organizaciones agrarias al Parlamento andaluz para preguntar a Planas sobre todas las dudas que actualmente tienen los agricultores relativas a este asunto y que espera que aclare en su intervención cuál es el motivo "por el que de los 55 millones de euros que iban a venir a toda Andalucía, sólo han llegado 33 millones de euros".
   En esta línea, solicitará explicaciones también sobre el cinco por ciento de expedientes "que aún no se han resuelto" y que fueron tramitados por agricultores que solicitaron ayudas tras los daños causados por la crisis del E.coli.
   "Desde el PP esperamos que el consejero explique al campo almeriense y a los agricultores por qué no ha venido el dinero a nuestra tierra y por qué los agricultores andaluces han tenido que llevar a cabo más trámites burocráticos que el resto de agricultores españoles para solicitar unas ayudas que son justas", ha asegurado.
   Cara se ha mostrado convencido de que si un año después "la situación se ha solventado y hemos salido airosos de los ataques a nuestros productos" ha sido "gracias" al "excelente" trabajo que diariamente realizan los agricultores y a la "extrema calidad de nuestras frutas y hortalizas que son cultivadas con un gran respeto al medio ambiente y a la salud de los consumidores".
   Por otra parte, ha instado a la Junta de Andalucía a que tome ejemplo de las actuaciones que el Gobierno que preside Mariano Rajoy está llevando a cabo en materia agrícola, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y "empiece a tomar decisiones que favorezcan a un sector que lo está pasando realmente mal desde hace varios años".
   En este sentido, ha recordado que entre las "primeras medidas" que adoptó el Gobierno del PP se encuentra la reducción del sistema de módulos a los cultivos hortícolas, "lo que va a suponer que 17.000 agricultores almerienses --ha ahondado-- se ahorren 60 millones de euros después de que el Gobierno de España haya hecho efectiva la rebaja fiscal del 0,26 al 0,16, y en el caso de la lechuga, cultivo muy importante en el Levante almeriense, al 0,13".
   Por último, ha señalado que otro aspecto importante a resaltar es que aunque la campaña ha acabado "demasiado pronto, por la escasez de precios", no ha habido "ningún problema grave" relacionado con el tomate, y la primavera ha sido "aceptable" en relación con este cultivo, porque no se ha producido ninguna alerta por haberse superado el cupo de tomate.

La Junta apunta que "tiene que ser muy respetuosa" con la legalidad en el caso de Campillo de Gata

SEVILLA.- El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha apuntado este jueves que el Gobierno andaluz "tiene que ser muy respetuoso con la legalidad", en referencia al procedimiento abreviado incoado contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil 'Círculo Agroambiental' para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

   Planas, en declaraciones a los medios antes de presidir en Sevilla una reunión extraordinaria del Consejo Andaluz de Medio Ambiente, ha afirmado que aún tiene que conocer con más detalles la decisión judicial, si bien, ha asegurado que desde la Junta "tenemos que ser muy respetuosos, estrictamente respetuosos, con la legalidad en cuanto al ordenamiento jurídico y los procedimientos".
   Igualmente, el consejero andaluz ha lamentado que se haya producido esta situación y ha anunciado que espera que el Gobierno andaluz "tenga elementos suficientes para poder responde a la imputación".
   Cabe recordar que la causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por 'Círculo Agroambiental', a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003. La Junta alegó entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la Comunidad por carecer de autorización ambiental unificada.

Los delegados provinciales de la Junta comenzarán a nombrarse a final de junio

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno empezará a nombrar a finales del mes de junio a sus delegados en las provincias andaluzas, cada una de las cuales contará con un delegado del Gobierno de la Junta, que tendrá labores de coordinación, y con cinco delegados territoriales cuyas respectivas áreas serán asuntos económicos y de empleo; educación, cultura y deporte; fomento, infraestructuras y turismo; salud y políticas sociales, y agricultura, pesca, medio ambiente y ordenación del territorio.  

   Tras una reunión de coordinación en Sevilla con los actuales delegados del Gobierno de la Junta en las provincias, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha explicado que está previsto que el martes 5 de junio pasen por Consejo de Gobierno, casi en su totalidad, los decretos de estructura de los servicios centrales de las distintas consejerías y se empezará, a continuación, con los nombramientos en esos servicios centrales y centros directivos.
   Asimismo, según ha explicado, en el plazo aproximado de un mes, se procederá a la nueva estructura periférica de la Junta, que reflejará una reducción de en torno al 50 por ciento de los cargos, lo que está obligando a hacer algún tipo de adaptación de la ley. Así, los nombramientos de la estructura periférica también empezarán a producirse dentro de un mes.
   La consejera ha destacado que con esa reducción de cargos en un 50 por ciento se garantiza "una administración autonómica austera y, al mismo tiempo, con eficacia y eficiencia", al tiempo que conformará una estructura "potente, solvente y cercana" a los ciudadanos. En los próximos días se profundizará en las competencias específicas de cada área.
   En vista de que las consejerías de Fomento y Vivienda y de Turismo y Comercio están en manos de consejeros de Izquierda Unida, se prevé que el delegado territorial en cada provincia del área de fomento, infraestructura y turismo sea nombrado esté adscrito a dicha formación.
   No obstante, la consejera de Presidencia ha querido dejar claro que los delegados son "delegados del Gobierno y las delegaciones territoriales forman parte de la estructura" del Gobierno. "Todos somos un gobierno único y con un programa único, aunque en este caso nuestra afiliación pertenezca a un partido u otro", ha señalado Díaz, quien ha insistido en que se trata de "delegados del Gobierno andaluz y no de un partido político".
   Respecto a si está prevista una consulta a los secretarios provinciales del PSOE-A en relación con los nombramientos de los delegados en las provincias y si todos estarán nombrados antes del congreso regional del partido de los días 6, 7 y 8 de julio, Díaz ha querido dejar claro que el calendario orgánico no afecta al calendario del Gobierno andaluz.
   "La fecha de los procesos congresuales del PSOE no influye para nada en el día a día y en el desarrollo de este Gobierno", ha sentenciado la consejera, quien ha apuntado que por las fechas que se están barajando mucho delegados podrán estar nombrados con anterioridad al congreso del PSOE-A y otros con posterioridad. 
"Los delegados son delegados del Gobierno y su prioridad es Andalucía y el trabajo en el territorio y, en ese sentido, se que la voluntad de los secretarios provinciales del PSOE también es esa, por lo que no creo que haya ningún tipo de fricción", ha recalcado.  
   En cuanto a otros contenidos de la reunión, Susana Díaz ha explicado que se ha mandato a los delegados mayor implicación, cercanía y facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración autonómica. Se han tratado, provincia por provincia, cuáles son en este momento los temas más importantes que está abordando el Gobierno andaluz en el territorio y las demandas que hay de distintos municipios y sectores.
   También se ha hablado del plan ajuste, de manera que se ha mandato a los delegados del Gobierno, según Díaz, a explicar en el territorio que en Andalucía hay una hoja de ruta distinta frente a las "imposiciones" del Gobierno de la Nación. También se ha analizado el reparto de las 250 medidas y de las 30 leyes que se recogen en el acuerdo por Andalucía entre las distintas consejerías y cómo se van a desarrollar. Díaz ha puesto el acento en que una de las prioridades será la Ley de transparencia.

El pago por el uso de carreteras en España supondría un coste medio de 3 céntimos por kilómetro

MADRID.- La aplicación de un pago por el uso de la red de carreteras españolas conllevaría una tarifa media para vehículos ligeros de 3,1 céntimos de euro por kilómetro recorrido si se aplicaran los mismos parámetros recogidos en la actual Euroviñeta, según un estudio presentado por el Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la colaboración Público Privada (Cecopp).

    Asimismo, la Administración podría obtener con la puesta en marcha de la tarificación por uso de infraestructuras unos ingresos iniciales cifrados en torno a 14.700 millones de euros si optara por sacar a concesión la explotación del sistema.
    Por otro lado, el estudio señala que podría generarse un ahorro total de 101.678 millones de euros en el período 2013-2043 que se produciría en la partida de gastos e inversores de los presupuestos públicos derivados de la construcción, mantenimiento y explotación de carreteras durante el período de vigencia de las concesiones.
   El informe realizado por Cecopp y coordinado por el profesor de la Universidad Politécnica de Madrid José Manuel Vassallo detalla las tarifas medias que se cobrarían en la red de carreteras españolas de aplicarse la denominada Euroviñeta. Desde Cecopp resaltan que este análisis no constituye un encargo por parte de la Administración pública, sino que es un estudio orientativo sobre una futura aplicación de medidas de pago en las carreteras españolas.
    De este modo, la implantación de esta directiva en autovías y autopistas interurbanas españolas supondrá una tarifa media para vehículos pesados de 7,9 céntimos de euro por kilómetro lo que se traduciría en un coste real de 8 euros por cada 100 kilómetros circulados si su aplicación se produce el próximo año.
    En el caso de los turismos, la implantación de la medida arroja una tarifa media para vehículos ligeros de 3,1 céntimos de euro por kilómetro transcurrido a partir de 2017.
   Por otra parte, el estudio contempla la posibilidad de incluir, además de la tasa de infraestructura, una tasa por costes externos de carácter marcadamente medioambiental.
   Esta tasa suplementaria tiene por objeto cobrar a los vehículos por los gastos que producen como consecuencia de los efectos provocados por el tráfico en el medio ambiente. La tasa "ecológica" cuenta con dos componentes: la tasa por contaminación atmosférica y tasa por contaminación acústica.
   Desde Cecopp subrayan que esta tarifa verde sería muy reducida para los vehículos ligeros, mientras que la tasa se elevaría considerablemente en el caso de los más pesados. Asimismo, la implantación de turismos más ecológicos provocará, según sus predicciones, una reducción progresiva en el coste de la misma.
   De esta manera, un viaje en vehículo ligero que recorra el itinerario entre Madrid y Valencia debería abonar una tarifa de 11,53 euros por 357 kilómetros transitados. A su vez, un tipo de vehículo pesado deberá costear un importe medio de 24,95 euros por el mismo itinerario.
    El estudio apuesta por el sistema DSRC o la tecnología satélite como los medios de cobro más convenientes que permitan un flujo libre de vehículos. "La aplicación de un sistema de cobro de flujo libre requeriría una importante armonización y adaptación legislativa para combatir y evitar el fraude".
   El nuevo sistema de peaje se implantaría en las redes de carreteras de alta capacidad, tanto del Estado como de las autonomías, así como en las carreteras convencionales. Además, se incorporarían a aquellas redes secundarias que pudieran ser susceptibles de recoger un importante desvío del tráfico.